Humala y la represión de los conflictos sociales: ¿Qué hacer y qué no hacer?
04/07/2012
- Opinión
A puertas de cumplir su primer año de gestión, el presidente Ollanta Humala tiene que preocuparse: en estos casi 12 meses se ha metido en la cárcel a cerca de 12 mil personas, la misma cantidad que los recluidos durante los cincos años de la gestión anterior. También se ha duplicado el número de muertos producto de los conflictos sociales: de fines de junio del 2006 a igual fecha del 2012 los muertos por esta causa han pasado de 6 a 12.
Humala sabe que los conflictos aumentarán en los meses siguientes, en especial los relacionados con la minería. Según cifras del Ministerio de Energía y Minas, cerca del 13,59% del territorio del Perú ha sido concesionado a la minería, no obstante lo cual solo en el 1,07% se desarrolla actividad minera. Existe una gran oportunidad para la inversión y para los enfrentamientos, especialmente si se considera que la Ley de Consulta Previa, promulgada y reglamentada, no es retroactiva, lo que quiere decir que las zonas ya concesionadas no se revisarán. A esto habría que sumar que, después de mucho tiempo, los precios de los minerales han empezado a bajar ligeramente y la crisis —aunque de modo lento— se empieza a sentir, de lo que se colige que hoy más que nunca se necesitará que los proyectos se pongan en marcha y se garantice la tranquilidad de los inversionistas.
El Presidente tiene conciencia de que no le bastará con llevar programas sociales a las zonas de posible conflicto y de que, a pesar de la habilidad de la “progresista” ministra Trivelli, en algún momento el enfrentamiento entre los manifestantes y las fuerzas del orden será inevitable, como los serán también los heridos de ambos bandos. (Es de esperar que no haya muertos, como anuncian cada vez que hay un conflicto los congresistas de la república y muchos medios de comunicación.)
¿Qué hacer para que estos vaticinios no se cumplan? La recomendación de la mayoría de “especialistas” viene con la alerta temprana: incentivar la labor proactiva y preventiva del Estado; anticiparse a los conflictos desde las diferentes instituciones estatales encabezadas por la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social; potenciar el trabajo de los servicios de inteligencia de la Policía, las Fuerzas Armadas y la Dirección Nacional de Inteligencia, entre otras medidas. Todas las recomendaciones y cambios que se puedan dar —porque en este Gobierno ha quedado claro que lo posible está señalado por las empresas privadas y la gran prensa nacional— no impedirán, sin embargo, el enfrentamiento entre policías o militares y manifestantes. ¿Qué hacer, entonces?
Las reformas policiales de fines de la década desarrolladas en la mayor parte de Latinoamérica, a las que algunos llaman “democratizadoras”, buscaron profesionalizar los cuerpos policiales poniendo énfasis en desmilitarizar a la Policía, crear mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, fomentar la doctrina de policía comunitaria, combatir la impunidad y aminorar la corrupción transversal de los cuerpos policiales. No obstante, por diferentes factores, que van desde severas resistencias de los policías hasta límites presupuestales o el desconocimiento de la materia de los reformadores, el qué no hacer prima en estas reformas sobre el qué hacer. Por ejemplo, qué hacer frente a la “violencia social” o la “violencia política”, cómo controlar a los manifestantes, cuándo usar armas letales y cuándo no, son temas que la Policía peruana, como muchas otras en la región, ha ido resolviendo a su manera, en la práctica, con miles de heridos y ya casi 200 muertos desde que se pusieron en práctica tales reformas en el gobierno de Alejandro Toledo.
Qué se debe hacer en el momento del enfrentamiento para ocasionar la menor cantidad de heridos y evitar las muertes, es un problema que se vive no solo en el país sino también en otros de América del Sur, aunque con considerables diferencias. El 15 de junio pasado, en el departamento de Canindeyú, al noreste de Paraguay, un desalojo de campesinos sin tierra produjo un enfrentamiento que ocasionó la muerte 12 campesinos y 6 policías. A diferencia de lo que suele ocurrir en el Perú, allá se produjo la renuncia inmediata del Ministro del Interior, y el presidente, Fernando Lugo, asfixiado por la presión política, anunció en un mensaje a la nación que no renunciaría al cargo y asumiría los procesos judiciales correspondientes. Al día siguiente el Congreso vacó.
Qué hacer aquí para evitar los muertos es una pregunta que, parece, no tiene respuesta, aunque, a juzgar por los hechos de Cajamarca y Espinar, el Gobierno de Ollanta Humala nos ha demostrado qué no hacer.
Espinar: No es más de lo mismo, aunque lo parezca
¿Qué cosa somos para que nos mate? Hasta un animal tiene vida. Usted ha dicho en su campaña: te vamos a defender a los pobres de la mina, sus vidas defenderás has dicho. Ahora no queremos esa mina. ¡Que se vaya esa mina! (Video aquí)
Cuando apreciamos las imágenes de lo ocurrido en los enfrentamientos entre Policía y población en Espinar, pareciera que la situación no ha cambiado mucho en relación con los enfrentamientos producidos durante el gobierno aprista: manifestantes lanzando piedras a policías, policías lanzando piedras a manifestantes, uso de armas de fuego por los policías, policías heridos, muerte de manifestantes, denuncias contra dirigentes y manifestantes, estado de emergencia. No hay responsables policiales ni políticos.
En Espinar el enfrentamiento empezó el 21 de mayo, cuando cientos de policías llegaron a la comunidad de Tintaya Marquiri, a la entrada y alrededores de donde se suscitaría el principal enfrentamiento: la mina Xstrata Tintaya. Al día siguiente los choques se suscitaron en la comunidad de Alto Huancané, donde hubo ciudadanos heridos por arma de fuego. El 23 se desató el primer enfrentamiento en los alrededores de la mina: piedras, balas de goma, plomo y sangre volverían a tener una participación en el conflicto. Cinco días después, cuando el diálogo se había truncado una vez más, los manifestantes hicieron el intento, otra vez, de tomar la mina; como consecuencia, quedaron dos muertos y cientos de heridos entre policías y manifestantes. El 29 de mayo, con la provincia de Espinar en estado de emergencia, la Policía arremetió violentamente en la Municipalidad de Espinar y capturó al alcalde Oscar Mollehuanca, quien aún mostraba en el rostro las huellas del enfrentamiento. Con el alcalde, dirigentes y personal de la Vicaría de Sicuani detenidos, la confrontación violenta no se repitió.
¿Cuál es la diferencia?: El ejercicio del poder policial en la zona: la forma violenta como fue sacada la autoridad municipal, los dos muertos por uso de arma de fuego, y el control que han ejercido los policías en la zona antes, durante y después del estado de emergencia, marcan la diferencia con el gobierno anterior.
El reclamo de la ciudadana que citamos párrafos antes, sobre el porqué ese trato con ellos, refiere no solo a los muertos sino también a toda la actuación de la Policía en la zona de conflicto. Sus miembros entran en domicilios, repelen con palo y gas lacrimógeno a quienes consideran revoltosos, y así crean un clima constante de violencia. Las denuncias contra miembros de la Policía por sembrar pruebas incriminatorias al personal de la Vicaría de Sicuani y en las camionetas de Serenazgo de la Municipalidad son muestras del comportamiento policiaco en la zona. Este poder genera malestar, frustración y rabia en la población; incluso muchos de los que no participan de la protesta terminan involucrados, con lo que se genera que más gente se una a ella, en este caso para protestar contra los abusos policiales. Éste fue el caso del SUTEP en Espinar.
Por otro lado, el accionar de la Policía no solo se relaciona con el Gobierno, sino principalmente con la empresa minera, lo que debilita aún más la ya reducida confianza de los pobladores con la empresa, al punto que se ha acusado a los policías de estar financiados por la empresa. Luego de terminado o apaciguado el conflicto, el diálogo tiene que hacerse con muertos y heridos a cuestas, así como con una relación aún más difícil entre la mina y la población.
Cajamarca: La militarización del orden interno
¿Qué te hacen mis ollas, ah?/ ¡Las calles son del pueblo y no de las mineras! (Video aquí)
La situación que se vive en Cajamarca es diferente. Aquí el gran enfrentamiento aún no se ha producido, pues se prevé que ocurrirá cuando Yanacocha reactive el proyecto Conga. Sin embargo, no es necesario que se produzca el intento de tomar las instalaciones del proyecto para que estalle la violencia, porque ésta es una constante en todo Cajamarca como resultado del paro indefinido. No obstante que hay allá solo policías, la zona está militarizada: en la práctica, es la unidad de la Policía más militarizada, la DINOES, la que se ha hecho cargo del orden interno en Cajamarca.
Así lo ejemplifica lo acontecido el 31 de mayo del 2012 alrededor de las 5:30 de la tarde en la plaza Bolognesi de esta ciudad. Cientos de manifestantes se habían reunido alrededor de una olla común preparada por un grupo de señoras. Para evitar problemas con la Policía, no se habían bloqueado las vías. Los contingentes policiales empezaron a llegar cuando estas mujeres se encontraban preparando la comida.
Decenas de policías se aproximaron a donde estaban las señoras y las ollas, las rodearon y aseguraron la zona. Los gritos de la gente no se hicieron esperar: “¡Abusivos!”. “¡las calles son del pueblo y no de las mineras!”. En respuesta, un grupo de policías provistos de escudos y varas comenzaron a acercarse a los ciudadanos. En ese momento se apreció a una joven haciendo un gesto de tranquilidad, pero ya era tarde: el enfrentamiento había comenzado. En grupos de más de 5, los policías empezaron a desplegarse por la plaza; un grupo de manifestantes les respondió, los policías corrieron provistos de varas, insultando y golpeando, mostrando su actitud más autoritaria y represiva. En pequeños grupos, la Policía golpea a los manifestantes, los rodea de a uno y luego los mueles a palos; en algunos casos, como el de un periodista cajarmarquino, lo humilla y lo deja semidesnudo, para luego atacarlo otra vez con palos y, luego, subirlo a una camioneta policial. Entre gritos y gases lacrimógenos, un policía patea las ollas de comida. Ése era, al parecer, el propósito principal de este operativo.
En Cajamarca el enfrentamiento es constante y se torna cada vez más violento. Los policías toman la iniciativa: a la menor sospecha, a la menor concentración, se produce una acción policial cada día más violenta conforme transcurren los días del paro. No existe la posibilidad de hacer una protesta pacífica: las concentraciones de ciudadanos son repelidas con balas de salva, gas lacrimógeno y mucho palo.
Como en Espinar, la población de Cajamarca culpa a la mina del accionar policial; la acusa no solo de comprar a la Policía sino también de pagar a un grupo de personas disfrazadas de policías para que se paseen por la ciudad haciendo las labores de ésta. Si bien esta última aseveración no se puede comprobar, las acusaciones son verosímiles; por ejemplo, las camionetas en las que se trasladan los policías no pertenecen a la institución sino son particulares.
Según un trabajo realizado por el ex ministro del Interior Gino Costa en el 2009 para la mina Yanacocha, el sistema de seguridad de la empresa está compuesto por tres componentes: un equipo de seguridad de la propia empresa, la Policía Nacional del Perú y la empresa privada de seguridad Forza. En lo que se refiere a la Policía, existe un convenio no público entre ésta y la empresa por el que, por una bonificación especial a los policías y un aporte a la institución, la PNP se compromete a la protección de las propiedades y la integridad de sus miembros, al cuidado de las residencias de sus altos directivos y al acompañamiento de las unidades vehiculares que transportan bienes y equipos, entre otros. Además, la empresa cuenta con un contingente de efectivos de élite policial destacado en las instalaciones de la mina.
Otro aspecto de esta militarización del orden interno consiste en la poca información que transmiten los medios de comunicación nacionales con respecto a Cajamarca. Estos medios han olvidado que el abuso de autoridad también es un delito, y no muestran estas imágenes o las presentan completamente distorsionadas. Es la misma población la que, cámaras en mano, registra e identifica los abusos y protesta por el grado de insania e impunidad. El otro registro del conflicto constante de lo acontecido es el de la Policía: en cada acción hay policía filmando. Este registro de lo que sucede en pleno conflicto ha causado golpes y agresiones a periodistas y ciudadanos cajamarquinos por parte de la Policía.
¿Qué hacer?
El informe número 156 —“Violencia en los conflictos sociales”— de la Defensoría del Pueblo, publicado en marzo del presente año, ayuda a resolver este interrogante. Allí la DP recomienda al Ministerio del Interior, entre otras cosas, un plan de fortalecimiento de la Policía que permita que ésta cumpla de “manera especializada, efectiva y eficiente su función de reposición del orden interno” . Este plan debe contemplar una estrategia integral desde la etapa de formación en las escuelas policiales hasta la permanencia en unidades especializadas.
En relación con la Policía, el Informe de la Defensoría recomienda fortalecer las USE para que puedan cumplir sus funciones, así como mejorar la especialización y el equipamiento de la DINOES en su tarea de restablecer el orden interno Asimismo, propone la implementación de un marco legislativo sobre el uso de la fuerza y las armas de fuego por parte de la Policía en conflictos sociales.
Por último, creemos que son necesarias medidas concretas y rápidas para cambiar la situación de violencia que se vive en las zonas de conflicto. Urge que el Estado recupere su independencia y no se parcialice, menos aún en su función coercitiva. Con este fin, proponemos las siguientes medidas.
Primero, para reducir la desconfianza de la población con respecto a cuáles son los intereses de la Policía en la represión, proponemos que se hagan públicos todos los convenios suscritos por la Policía y las Fuerzas Armadas con las empresas dedicadas a la explotación de los recursos naturales en nuestro país. Existen escasos convenios públicos, la mayor parte son secretos.
Segundo, hacer públicos y denunciar los abusos de autoridad cometidos por los policías en las zonas de conflicto; que se informe al público cuántos policías han sido procesados por abuso de autoridad en las zonas de conflictos durante la gestión de Ollanta Humala, y cuál es su situación legal.
Tercero, sugerimos que los organismos de derechos humanos y los parlamentarios estén atentos a la implementación legal del uso de la fuerza y las armas de fuego por la Policía, para evitar el abuso y la impunidad de los cuerpos policiales.
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