Discurso pronunciado por la historiadora Margarita López Maya en la sesión solemne de la Asamblea Nacional (27-08-04) con motivo de la ratificación de Hugo Chávez Frías como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, luego del referendo del domingo 15 de agosto de 2004. Hemos sido convocados aquí, a la sede emblemática de la representación de la soberanía popular, a objeto de expresar el regocijo que deberíamos sentir todos las venezolanas y venezolanos por la feliz culminación del referendo revocatorio presidencial, cuyo resultado ha sido la ratificación en su cargo del Presidente de la República. Para mí, es mucho el honor y la responsabilidad de dirigirme a Uds., representantes de los poderes públicos, y al pueblo mismo, en quien reside la soberanía de esta nación. He aceptado esta invitación, como he aceptado una y otra vez en estos últimos tres años concurrir al espacio público, para ofrecer a mis conciudadanos y conciudadanas mis modestos servicios como investigadora y analista del proceso sociopolítico contemporáneo y reciente. Hoy, cuando considero que pudiéramos estar en el umbral que conduce a una nueva fase de la lucha política en Venezuela, no puedo hacer menos. Confieso, sin embargo, que albergo la esperanza de que la nueva fase, que intuyo está gestándose y exhorto a todos y todas a que con sus esfuerzos lo hagan posible, me permitirá regresar pronto a los archivos, bibliotecas y a la silenciosa tranquilidad de mi estudio, lugares más privados donde me corresponde estar y desde donde he salido temporalmente para contribuir con la reconstrucción de la sociedad y de la República. El 15 de agosto de 2004 se desarrolló el acto del referendo revocatorio presidencial. En santa paz. Desde la madrugada, las ciudades y los campos de este país despertamos dispuestos a hacer historia. Durante esas 24 horas las mujeres y hombres de Venezuela estuvimos en la mira de los pueblos del planeta; medios de comunicación globalizados siguieron hora a hora el desenvolvimiento del acto. La gente de esta nación nos volcamos hacia las urnas electorales en un clarísimo mensaje político de que habíamos aceptado el reto de medirnos democráticamente entre dos opciones, y que confiábamos en que la institución estatal del Consejo Nacional Electoral nos garantizaría un proceso transparente. Cada uno de nosotros hizo un promedio de siete horas de cola, al rebasarse la logística planificada para el acto. En las elecciones de julio de 2000, seis millones 600 mil venezolanos concurrieron a votar, el 15 de agosto de 2004 lo hicieron casi 10 millones, es decir más de tres millones de votantes más, que tuvieron que hacer uso de los mismos centros de votación. En medio de esta incomodidad, la voluntad de la gente permaneció inalterable y serena. Nos habíamos hecho a la idea de votar y no nos iríamos sin cumplir con nuestro propósito. El primer boletín oficial del 16 de agosto mostró un resultado claro y una tendencia irreversible. Fue respaldada poco después por todos los observadores internacionales. La opción del NO triunfaba en una relación de casi 60-40, es decir, el pueblo había hablado claro: deseaba que el Presidente finalizara su período constitucional. Con la culminación del proceso revocatorio y su resultado, la sociedad venezolana tiene la valiosa oportunidad de superar esta fase de la lucha hegemónica que se ha venido librando desde finales de 2001, y que se ha caracterizado por la utilización de estrategias insurreccionales para hacerse del poder por parte de las fuerzas de oposición. Considero que estamos ante la puerta que nos conduce a un camino más democrático para desarrollar nuestra actividad política. Gracias a este «contacto con la realidad» de la relación de fuerzas que existe en el seno de nuestra sociedad, tenemos ahora la posibilidad de optar por un sendero de reconocimiento de los adversarios políticos como iguales, de respeto y tolerancia a sus diferencias, y de voluntad para encontrar los puntos en común para construir con ellos algunos consensos, y para reconocer los puntos irreductibles de las diferencias, para acordar sobre nuestras diferencias irreductibles los procedimientos democráticos para manejarlos. La ausencia (de la mayoría) de la representación de las fuerzas opositoras hoy en la sede de la Asamblea Nacional es síntoma de las dificultades que confrontan sus dirigentes para abrir esa puerta y pasar a ese camino. Sin embargo, no perdemos la expectativa de que algunos de buena o mala manera -voluntaria o forzadamente- terminarán dando el paso. Los venezolanos y venezolanas queremos retornar a días más normales, a una cotidianidad menos llena de zozobras. Los políticos harían bien en hacer sus mayores esfuerzos para contribuir en la satisfacción de nuestra demanda. Los invito en lo que sigue a compartir una reflexión sobre el porqué y el cómo de esta confrontación política que vivimos y que afanosamente buscamos superar. Esbozaré en una primera parte de mi exposición los ingredientes principales que desbordaron los cauces del viejo régimen político e hicieron naufragar la democracia representativa. Emergió de allí la propuesta de la democracia participativa como proyecto alternativo con actores también alternativos. Considero que a partir de las elecciones de 1998, cuando ganó esta alternativa, a contracorriente de la propuesta que predominó en la década previa más acorde con el neoliberalismo y el poder hegemónico mundial, en Venezuela se ha venido mostrando una sociedad fragmentada entre dos visiones de país, dos visiones de futuro y dos aspiraciones de liderazgo que hasta ahora se perciben como excluyentes. La lucha hegemónica se plantea entonces en términos maniqueos de todo o nada. A fines de 2001 la confrontación política así propuesta habría de desembocar en un callejón sin salida, por la fuerza tan pareja que parecían tener ambos proyectos políticos. Comenzó una fase «insurreccional» en la disputa hegemónica en Venezuela, una fase, que con el resultado del referendo, tiene la posibilidad de cerrarse para dar paso a la sanación de las heridas por ella producidas. En la segunda parte de mi exposición deseo exponer algunos de los desafíos de corto, mediano y largo plazo, que considero que tenemos como sociedad, si hemos de sobrevivir como tal en el siglo XXI y labrar un destino mejor para nuestros hijos e hijas, los ciudadanos y ciudadanas que cosecharán los frutos que nosotros ahora estamos sembrando. La lucha hegemónica y su fase insurreccional Un grupo de ciudadanos y ciudadanas que suscribimos un documento público elaborado en los días del golpe de Estado de 2002, intitulado "Un diálogo por la inclusión social y la profundización de la democracia", sostuvimos que la sociedad venezolana venía labrando, desde la masacre de El Amparo en 1988 y el Caracazo de 1989, un proceso social y político, en parte reactivo y en parte orgánico, que reivindicaba la necesidad de un cambio profundo por una mayor justicia e inclusión social a través de la profundización de la democracia. Afirmábamos que ese anhelo era anterior al proceso sociopolítico que llevó al poder en 1998 a Chávez y la alianza de fuerzas que entonces lo apoyaba, y que independientemente de la suerte que este corriera, le sobreviviría. Sostuvimos esa percepción porque compartimos la idea de que si bien los problemas de la sociedad venezolana eran de vieja data, algunos tan viejos como la conformación misma de la sociedad, también percibíamos en nuestro haber dividendos positivos derivados de nuestra trayectoria social en el tiempo, en especial desde la democracia instituida en 1958. Estábamos convencidos, y sigo convencida, de que con ese bagaje, negativo y positivo, debíamos avanzar en esta etapa inédita que nos tocaba. Reconocimos en nuestras discusiones que algunas de nuestras más graves debilidades, provenían de nuestra historia de colonización, portadora de lacras de desigualdad e injusticia en todos los ámbitos de la vida en sociedad, que la república en casi 200 años no había superado. También pensamos que esos problemas históricos se potenciaron con el deterioro socioeconómico sostenido que hemos sufrido desde fines de los años 70, y del cual aún no vemos salida. A esto, añadimos los funestos efectos de programas de ajuste y reestructuración económica de naturaleza neoliberal, divorciados de nuestra realidad, que agudizaron y profundizaron la exclusión económica, social, cultural y política, aquí en Venezuela y en todo el continente. Pero así como desnudamos los defectos de construcción y desenvolvimiento de nuestra sociedad en el tiempo, también reconocimos el proceso de internalización de nuestros derechos como ciudadanos de una sociedad democrática, que nos aportaron los actores de la democracia representativa, hoy llamada de «Punto Fijo». Venezuela es hoy un caso paradigmático de democracia participativa en el mundo, porque ella se origina entre otras causas, de la democracia representativa previa, cuyo Estado entendió e inculcó en el pueblo, si bien no practicó a cabalidad, la democracia, entendiéndola tanto como un régimen de libertades públicas como un régimen con aspiraciones de igualdad y justicia social. A lo largo de los años 80 y 90, los ciudadanos y ciudadanas retiraron crecientemente su confianza y votos a nuestra democracia representativa y a sus actores hegemónicos. La incapacidad de esos actores para encontrar respuestas creativas a la crisis, su creciente insensibilidad social ante el agravamiento de la exclusión de las grandes mayorías, su ensimismamiento en una realidad cada vez más reducida a sus entornos privados y privilegiados, impulsó un rechazo de la política y de los políticos que prevaleció en el clima político de esos años. Con la masacre de El Amparo y el Caracazo, episodios imborrables por revelar el estado de descomposición de nuestra democracia, la sociedad tomó distancia frente a los partidos y los rechazó, comenzando el ciclo irreversible de su deslegitimación. Mientras tanto, comenzaron a emerger actores y proyectos alternativos, buscando afanosamente una alternativa dentro del juego democrático. En 1993, Rafael Caldera y Andrés Velásquez representaron esa alternativa. En 1998, los ciudadanos y ciudadanas, defraudados por la magnitud de las promesas incumplidas del presidente Caldera y la alianza de fuerzas políticas que sostuvieron su gobierno, junto con una debacle de los precios petroleros en los mercados mundiales, en parte importante responsabilidad misma del gobierno de Caldera y su política de apertura petrolera, optaron por un cambio más radical. En diciembre le dieron el triunfo a Chávez y al Polo Patriótico, con lo cual se produjo una modificación sustantiva de la lucha hegemónica precedente, al producirse el predominio político de actores nuevos, portadores de un proyecto alternativo al neoliberal que había predominado hasta entonces. El mapa electoral que emerge de las elecciones de 1998 muestra ya la sociedad polarizada económica, social, política y espacialmente que hoy somos y vemos con tanta claridad y preocupación. Ella es el resultado de más de 20 años de declive socioeconómico, retracción de la institucionalidad democrática, y desorientación política. Mientras Chávez, su alianza de fuerzas y su proyecto bolivariano ganan a nivel nacional de manera holgada, casi arrolladora en los barrios populares, en los espacios de residencia de sectores de ingresos altos y medios triunfan las distintas opciones de oposición que lo perciben como una amenaza a la democracia y la modernidad. Nuestras ciudades se disgregan entre territorios chavistas y escuálidos, cerrados sobre sí, sin comunicación, con unos espacios públicos donde apenas nos asomamos cuando marchamos unos en contra de los otros, confinados el resto del tiempo a nuestros hogares por la inseguridad y hostilidad de nuestras calles. El fenómeno de la polarización política vuelve a revelarse una y otra vez en cada comicio que se convoca, sea el referendo constitucional de 1999, las elecciones de 2000 ó ahora de manera un poco más pronunciada el revocatorio presidencial de 2004. Pero no vale equivocarse, no lo produjo el discurso de Chávez, si bien este lo ahondó y exacerbó, ni lo resuelve un mero cambio de discurso de Chávez, si bien esto ayudaría. Una sociedad dividida en dos toletes, uno que apoya la cristalización de fuerzas hegemónicas en el Estado que se dio a partir de 1998, y que ha probado en ocho comicios que es la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas y otro, una minoría considerable, que lo rechaza con vehemencia por sentirse ajena, en contra y excluida del proyecto de futuro que se dibuja desde el proyecto bolivariano. El proyecto político «bolivariano», comienza a materializarse, como es sabido, primero en la Constitución de 1999 y luego en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007 y otras leyes y normativas. Habiéndose intentado desarrollar en los lustros previos un proyecto político de orientación y de intereses cercanos al neoliberalismo y a factores de poder hegemónicos en el mundo, este cambio generó una reacción de aguda conflictividad política. Improvisaciones, torpezas y tendencias autoritarias del gobierno de Chávez entre 1999 y 2001 se combinaron para añadir más leña a este fuego. A fines de 2001 y hasta hoy, cuando los resultados del referendo revocatorio nos colocan ante la posibilidad de entrar en otra fase, los actores opuestos al proyecto bolivariano de Chávez y sus fuerzas sociales y políticas han buscado mediante estrategias de naturaleza principalmente insurreccional modificar a su favor la cristalización hegemónica ahora presente en el Estado. Pero han fracasado una y otra vez. El golpe de Estado el 11 de abril, la huelga general indefinida con un paro-sabotaje de la industria petrolera, peticiones de referendos consultivos que buscaron tramposamente constituirse en revocatorios al Presidente, «guarimbazos», operaciones con paramilitares, desobediencia militar, llamados a desobediencia tributaria, territorios liberados, marchas insurreccionales, crisis institucionales provocadas para crear ingobernabilidad, la etapa que acabamos de transitar en los últimos tres años y que ansiosamente deseamos cerrar, está plagada de violencia y muerte. Venezolanos y venezolanas, hombres y mujeres han muerto, han quedado heridos o discapacitados por la violencia de esta confrontación. Decenas de líderes campesinos han sido asesinados por defender la Ley de Tierras, el lunes 16 no más, tres hombres con pistola en mano se dirigieron a la plaza Altamira para cegar la vida de una señora simpatizante del SÍ y dejar heridos a otra decena de personas. En otras zonas de la ciudad, con mucho menos cobertura por parte de los medios privados de comunicación, dos simpatizantes de la opción del NO morían a balazo limpio en medio de sus celebraciones. Decenas de miles han visto deteriorarse sus vidas, como consecuencia de la ausencia del diálogo democrático entre actores políticos a lo largo de esta turbulencia, en razón de los estragos que estos actos han producido sobre la economía, y la vida cotidiana de nuestras ciudades y campos. Las Furias, diosas que desatan las pasiones y violencias políticas, son difíciles de aplacar una vez que se despiertan. Piden más y más sangre. Pero, así como los atenienses, de la mano de Atenea, la diosa de la sabiduría, fueron persuadiéndolas a calmarse, ofreciéndoles un altar en la polis, un reconocimiento a sus status y a sus poderes, aquí en Venezuela los ciudadanos y ciudadanas debemos comenzar a buscar que las aguas regresen a sus cauces y que se aplaquen las furias sedientas de sangre. Atenea y sus aqueos las persuadieron con la palabra, con el diálogo, con el reconocimiento. Así nosotros también debemos asumir el reconocimiento del otro, del que no nos gusta, y con ello enfrentar los importantes desafíos que tenemos por delante para aquietar nuestras furias, y alcanzar con esfuerzo una convivencia en paz, dentro de las diferencias y diversidades que ahora después de tanta confrontación vemos con más claridad, y orientar nuestras relaciones por claros procedimientos democráticos. Sobre estos desafíos quiero referirme en la segunda y última parte de mi exposición. La situación actual y las obligaciones de cada quien Amanecimos el 16 de agosto reconociendo una vez más la entercada realidad de nuestra transformación de las últimas décadas. Somos una sociedad fragmentada en dos pedazos, cuyos límites económicos, sociales, espaciales, culturales y políticos se trazan desde una lógica de clase. Quien es pobre es chavista , pues allí tiene la esperanza de un cambio para él o para sus hijos; el discurso y el proyecto bolivariano lo incluyen, le dan una identidad y una pertenencia desde la cual puede moverse en esta selva en que se ha convertido el planeta globalizado por el capital financiero transnacional. Si es de la clase alta, es antichavista , pues allí le prometen un imaginario occidental y moderno que es fundamentalmente blanco anglosajón y con el cual se identifica plenamente. Los dirigentes de la oposición son sus pares, confía en que ellos resguardarán sus propiedades y libertades ante las amenazas de las «turbas». Ellos le hacen sentir cosmopolita, ciudadano del mundo. Las clases medias se inclinan por uno u otro polo, pero las más visibles y poderosas tomaron el camino de la oposición. Levantadas en los últimos 25 años en sus territorios urbanos incomunicados con los sectores populares, educados en sus colegios privados, buena parte de ellos católicos, graduados en universidades que hoy, aun las públicas, pocos estudiantes de origen humilde asisten a sus aulas. Rodeados por un entorno familiar y de trabajo afín, donde los pobres eran cada vez una especie más remota, optaron por confundir «su» realidad con «la» realidad, «su» país con «el» país. Los medios de comunicación se encargaron de acentuar esta perversión, sobre todo en estos últimos años, donde un mundo parcial y deformado se presenta ante nuestros ojos cada vez que miramos el canal 33, 4 ó 2. Mientras tanto, desde el canal 8, el canal del Estado venezolano, emerge otro país, lleno de ancestros mestizos y mulatos, pleno de diversidad cultural y pobreza, un país que estaba escondido y silencioso, y que ahora marcha triunfante por las calles porque es mayoría. ¿Cómo restañar la brecha que se ha abierto entre estos dos países, cómo volver a converger en un proyecto de futuro? Presentaré a continuación algunos de los que considero son nuestros principales desafíos. Primer desafío Si hemos de tener democracia en el siglo XXI debemos reconocer que esta es el gobierno de las mayorías con respeto a las minorías. Creo que los resultados del 15 de agosto ilustran bien dónde está la mayoría y nos proponen este reto de reconocimiento. Hasta ayer nuestra democracia fue de élites, de minorías que pactando entre sí establecían las condiciones para un orden político que lograba controlar las mayorías a través de múltiples recursos. Hoy si la democracia venezolana ha de ser sustantiva, profunda, de verdad, es de las mayorías. Y mientras los pobres sean la mayoría absoluta de esta sociedad, ellos escogerán el gobierno nacional. ¿Podrán las élites entender y aceptar esto? ¿Es tan revolucionario esto de que la democracia es el gobierno de las mayorías y el respeto a las minorías? En América Latina y en Venezuela, ese parece ser el caso. Muchas veces han caído gobiernos por representar justamente a las mayorías en desmedro de las derechos y privilegios que se han arrogado las minorías dominantes de nuestras sociedades. Segundo desafío ¿Es posible que las mayorías dialoguen con las minorías, las respeten y se avengan a reconocerlas como iguales? El discurso del presidente Chávez ha sido exitoso en la medida en que ha sido clasista y ha sido revanchista. El resentimiento social de las mayorías excluidas por siglos, algunas como las comunidades indígenas desposeídas de todo atributo de ciudadanía, o pobres y/o empobrecidos más recientemente, encontraron en el verbo presidencial una voz que los representara y aliviara en su dolor. Pero ahora, si hemos de aplacar las furias, como dice la canción, no se trata de quitarte tú para ponerme yo, de seguir levantando la roncha del odio de clases y de la diferencia racial o cultural. Ahora es necesario, sin abandonar las transformaciones necesarias por tanto tiempo diferidas, reconocer que ciudadanos somos todos y todos debemos caber en este pedacito de territorio del planeta. El desafío de reconocer al otro sigue siendo una materia pendiente, sobre todo para el liderazgo y algunas de las bases de la oposición, que se niegan, pese a todas las evidencias empíricas, en reconocer que el otro no solo existe sino que es su igual y «por ahora» es la mayoría. Es también de urgencia que el oficialismo abandone el discurso ramplón según el cual todo opositor es un «oligarca golpista». Tercer desafío Si llegamos a este estado de esquizofrenia y enajenación a través de un proceso de larga data, tomemos conciencia que la solución del mismo nos llevará tiempo. La perseverancia no parece ser un componente muy visible de nuestra cultura política, pero debemos ahora como una cuestión impostergable cultivarla y exigirla de nosotros mismos y de nuestros dirigentes. El inmediatismo político de estos, combinado con niveles intolerables de ignorancia y oportunismo, nos puso casi a las puertas de una guerra civil en abril de 2002. El inmediatismo político de la Coordinadora Democrática ha llevado una y otra vez a sus bases en los últimos tres años por senderos que han ido conduciendo más que a una «batalla final», como han nominado algunas de sus irresponsables estrategias, a un suicidio político en primavera. Debemos exigirnos a nosotros mismos, y exigir a quienes practican el activismo social y político, que superen de una vez por todas, ese pensamiento improvisado, irresponsable y de mirada cortísima en el tiempo, y se tracen estrategias de manera inteligente, estudiadas, que obedezcan a un horizonte utópico, que trascienda el día siguiente para prolongarse en el mediano y largo plazo. La política es uno de los oficios más difíciles en una sociedad, cuanto más cuando esta tiene porciones enfermas por el miedo, la división y el rencor. Es hora de respaldar a nuestros políticos más serios y controlarlos para que nos representen responsablemente en la difícil tarea que tenemos todos por delante. Cuarto desafío El gobierno de Chávez, como legítimo representante del Estado venezolano, tiene la obligación primera, principal e ineludible de ponerse al frente del proceso de reencuentro, diálogo y reconciliación. Para ello debe pensar y actuar desde distintas ópticas, dimensiones de la vida social, y plazos temporales. El Estado y las élites que desde ella actuaron en el pasado son los principales responsables de que hoy la sociedad esté desgarrada en pedazos y que importantes sectores sean incapaces de verse unos a otros sin reconocerse como iguales, sin temerse u odiarse mutuamente. Desde los años 80 y 90, el Estado docente se retrajo de sus obligaciones de educación de calidad a los ciudadanos de esta república, obligando a los pobres a permanecer en la ignorancia o recibir una instrucción de ínfima categoría e impeliendo a los sectores medios a refugiarse en la educación privada, mayoritariamente religiosa. Se perdieron unos espacios de lo público invalorables para el aprendizaje de la convivencia ciudadana, para el reconocimiento y la solidaridad entre nosotros, independientes de nuestro origen étnico, condición económica, ubicación espacial o social. Se perdieron los espacios por excelencia donde desde la infancia recibimos referentes y valores comunes o similares sobre la vida que hemos de compartir. Con acierto el proyecto bolivariano se ha movido en dirección a recuperar la educación como derecho primordial de todo ciudadano. Pero debe verlo no solo como herramienta para superar la exclusión de los excluidos de ayer, para conferirles una ciudadanía cada vez más plena, sino también como el espacio por antonomasia donde han de recuperar su identidad venezolana y reconocerse como iguales en la diversidad, los hombres y mujeres de todos los estratos y de todas las procedencias étnicas que habitan esta tierra de gracia. Quinto desafío Es también obligación primera e ineludible por parte del Estado en sus distintos niveles político-administrativos, recuperar las condiciones de convivencia democrática perdida en nuestras ciudades, en nuestras urbes, desde hace décadas. Resultado de la globalización neoliberal, las ciudades latinoamericanas han profundizado su condición fragmentada, redibujándose los mapas urbanos para presentar, de una parte, enclaves articulados a los núcleos de la economía global, y de otra, espacios sin interés para esa economía, donde sectores mayoritarios quedaron abandonados a su suerte. El Estado, mientras tanto, se desentendió de sus obligaciones de seguridad ciudadana. En Venezuela, el sentido común privativista que ha buscado predominar en todos estos años de lucha política, favoreció la colonización, por los más diversos intereses privados, de los espacios públicos. Como resultado, hoy tenemos ciudades segregadas por clase: inhóspitas, inseguras, sucias en los lugares habitados por los excluidos, y resguardadas con barreras, rollos de alambres de púas, circuitos de protección eléctrica, vigilancia privada en las urbanizaciones, centros comerciales de las clases medias y altas, espacios que buscan infructuosamente erigirse en burbujas de modernidad en un océano de inseguridad. Ciudades sitiadas las llamó una urbanista, comparándolas con ciudades medievales donde unos grupos sociales encerrados en sus castillos se dejan convencer por dirigentes mediocres de hacer «planes de contingencia» contra los bárbaros que los asechan. Esta situación llegó a extremos inverosímiles con la brutal polarización de esta fase insurreccional y debe ser urgentemente revertida. Es desafío ineludible de alcaldes y otras autoridades locales ahora, atender a las ciudades para convertirlas en los espacios del encuentro y la convivencia de la diversidad que somos. Nuestros parques, plazas, calles, deben recuperar su función pública, debe crearse en ellas condiciones que garanticen el ejercicio pleno de los derechos humanos a la totalidad de la sociedad y no solo de una parcialidad de ella. En esta tarea tienen también un papel protagónico los sectores privados y las comunidades organizadas de todos los sectores sociales. Es imperativo despolarizar políticamente las gestiones locales, nuestras autoridades locales deben bajar el protagonismo político y fortalecer sus funciones como administradores y gerentes de los problemas básicos de la vida cotidiana, elegidos por nosotros para resolver, conjuntamente con las comunidades organizadas, los complejos y difíciles problemas del día a día. Los cuerpos de seguridad, pieza imprescindible para la vida en la polis, han sido en esta contienda ejércitos feudales puestos al servicio de las parcialidades políticas, produciéndose una máxima vulneración del derecho a vivir con seguridad que tenemos como ciudadanos, y desdiciendo de las condiciones mínimas en donde desarrollar una sociedad democrática. Es imperativo invertir recursos materiales y organizativos en los servicios básicos de agua, transporte, policía, basura, alumbrado, limpieza, ornato. Es necesario incentivar aceleradamente que las comunidades, en armonía con sus autoridades, diseñen e implementen programas y políticas culturales, que nos permitan apropiarnos de nuestras ciudades, sentirnos ciudadanos en ellas, orgullosos de ellas, percibirlas como amables, seguras, divertidas, bonitas, limpias, encontrar al otro como un prójimo y no como un malhechor dispuesto a violar nuestros derechos. Así como debemos elogiar los esfuerzos recientes por llevar bienes culturales a quienes nunca tuvieron acceso a ellos, es menester que estas nuevas políticas tengan como objetivo explícito el contribuir a la construcción de espacios de integración social. En definitiva, en la educación, la cultura y la ciudad, me parece encontrar tres grandes focos estratégicos desde dónde impulsar el reencuentro con el otro, la reconciliación, la salud social y la democracia participativa. Sexto desafío La oposición y los sectores de oposición en general enfrentan el considerable desafío de ponerse a derecho y reconstruirse a partir de sus fracasos y logros. Representantes de una porción considerable y respetable de la sociedad venezolana, por el beneficio de esta y por la salud de la república, es menester dejar atrás la confrontación insurreccional. En mayo de 2003 gobierno y oposición, con los auspicios de la OEA, el Centro Carter y el PNUD, firmaron un acuerdo donde se comprometieron aencontrar una salida a la crisis política dentro de las pautas establecidas por la Constitución de 1999. En el punto 12 de ese acuerdo, explícitamente se comprometieron a respetar y seguir los requisitos del artículo 72 de la Constitución, que se refiere a los referendos revocatorios y en el 13 a buscar la conformación de un nuevo CNE, que llevase adelante ese proceso. Estos pasos se consumaron y el revocatorio ha concluido de manera exitosa. La realidad no es siempre la que queremos, sino la que es. Francamente, no pueden liderar quienes carecen del instrumental cognitivo adecuado para captar y comprender la realidad que les rodea. La falta de coraje evidenciado por los líderes máximos de esta porción de la sociedad es motivo de perplejidad para la nación y para el mundo, y una afrenta a sus bases. Encuestas señalan que están en el punto más bajo de su legitimidad. Quizás para muchos de ellos su tiempo político ya pasó, y estamos en la presencia de figuras fantasmagóricas que se resisten a salir del escenario. O quizás es esa su manera de salir del escenario. En todo caso, no tendremos la democracia sustantiva y sana que anhelamos, si buena parte de los líderes de oposición no cambia de actitud, o emerge un liderazgo de relevo, que sea capaz de representar y orientar esa otra Venezuela que está inconforme y, en algunos sectores, radicalizada contra el gobierno. Constituye uno de los puntos más inciertos y preocupantes que hoy se ciernen contra la república. Pero no hay vacíos de poder que no sean llenados. Es deber de los ciudadanos y ciudadanas luchar por que el liderazgo emergente oficialista y de oposición sea democrático, realista e inteligente. Séptimo desafío No puedo dejar de mencionar el desafío que tienen frente a sí las élites profesionales, los intelectuales, los artistas, las universidades. Reconocer nuestra realidad y comprenderla en su transformación, herida, enferma, con todas sus potencialidades, es una materia en la cual este sector social ha sido aplazado una y otra vez. ¿Cómo salir adelante cuando un grupo significativo de los sectores pensantes de nuestra nación sigue ensimismado en un país que ya no existe? Creo que no faltaba ni una semana para el acto del referendo revocatorio, y una encuesta de la UCV, a contracorriente de las tendencias generales de prácticamente todas las encuestas medianamente objetivas, dio una firme ventaja al SÍ. Lo cierto es que la actual disposición anímica de muchos de nuestros intelectuales, estropea sus instrumentales cognitivos para entender los profundos cambios generados por las vicisitudes de la globalización sobre sociedades periféricas del capitalismo como la nuestra. También parece faltarle a muchos la humildad para reconocer malos cálculos y equivocaciones, o la disposición para ponerse al servicio de los cambios profundos que están exigiendo las grandes mayorías. A ellos los exhorto a abrir los espacios universitarios al debate de ideas, a la polémica, y sobre todo a la tolerancia con quien piensa de otro modo. Centrarse menos en exigencias de dinero y ofrecer más servicios a la sociedad en su totalidad y al Estado. Es en el seno de las universidades públicas donde deben formarse los médicos que necesitamos para Barrio Adentro y para toda otra política social que permita el ejercicio de los derechos económicos y sociales a los sectores populares. También necesitamos arquitectos, ingenieros y urbanistas para hacer ciudades integradas socialmente, cónsonas con nuestro perfil tropical y nuestra diversidad cultural; economistas creativos, que no copien recetas, que el país es petrolero y constantemente se sale de todo esquema; necesitamos odontólogos, farmaceutas, internacionalistas, humanistas, que tengan la sensibilidad social para poner sus preciosos conocimientos y destrezas al servicio de las difíciles tareas de construir un país que pueda sentirse orgulloso de sí mismo en el siglo XXI, un país creado por todos nosotros de tal forma que nos reconozcamos en nuestras idiosincrasias, donde quepamos y donde convivamos todos en paz y democracia. Octavo desafío Deseo terminar esta reflexión dirigiéndome al presidente Chávez, a la Asamblea Nacional, y a las máximas autoridades de los otros poderes públicos que hoy están presentes en la sede de la Asamblea. El pueblo habló claramente y el 15 de agosto ratificó al Presidente para que culmine su mandato. Tras ese respaldo parece haber dicho que el proyecto de país que los bolivarianos proponen es el que considera más adecuado para orientar la reconstrucción de la nación. La mayoría de los venezolanos y venezolanas parece valorar las iniciativas adelantadas por este gobierno que muy claramente desde 1998 aseveró que el centro medular de nuestros problemas estaba y sigue estando en la exclusión histórica y actual que padecen la mayoría de los venezolanos. El revocatorio logró la proeza de bajar en 10 puntos los niveles de abstención que esta sociedad venía mostrando en los últimos 20 años. Ha sido mérito de este proyecto repolitizar a venezolanos y venezolanas, darles sentido, dimensión de ciudadanía y de país. Pero aún falta casi todo por hacer. Es un desafío de grandes proporciones mantener el timón del Estado firme y derecho en la vía hacia una profundización de la democracia participativa, no cediendo a las tentaciones autoritarias y despóticas propias de una institucionalidad débil y una cultura política democrática, como la nuestra, con múltiples carencias. Es también un desafío ineludible, para el Presidente y su equipo de gobierno, encontrar las palabras y los espacios para dialogar una y mil veces con quienes se les oponen y sus dirigentes, buscando el retorno a la convivencia pautada por las leyes. Y quizás el mayor desafío es valorar y persistir tercamente en la urgente tarea de construir las instituciones de la V República, aquellas que nos garanticen justicia e inclusión y que, independiente de los hombres y mujeres que tomen las riendas del Estado en sus distintos aparatos y poderes, nosotros los ciudadanos y ciudadanas de a pie podamos estar tranquilos pensando que los nuestros, nuestros hijos e hijas y en general los hijos e hijas de todos los que han escogido este territorio del planeta para vivir, tendrán la posibilidad de realizar una vida buena y digna, en una sociedad que los respeta en la integridad de sus derechos humanos. Es un desafío a la altura de nuestra sociedad, que ha trabajado tanto en estos últimos años para construirse un futuro. Muchas gracias. * Margarita López Maya Historiadora con PHD en Ciencias Sociales, Profesora e investigadora de la UCV, Directora de la Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales Agencia Latinoamericana de Información y Análisis-Dos (alia2).