Enseñanzas del paro agrario que enfrentó al TLC y estremeció al país
La protesta que dio un viraje a la historia
06/10/2013
- Opinión
Futuro: semanas de intensas movilizaciones y cortes de caminos; altos niveles de represión con muertos, heridos y detenidos; desabastecimiento de productos en ciudades como no se veía desde hace al menos 40 años. A ese precio, el Paro Agrario Popular sacó del anonimato a cientos de miles de colombianos; la fortaleza para denunciar la vorágine de las fuerzas policiales, la complicidad de los medios de comunicación masiva y la generación de conciencia social en sectores adormecidos. Mientras en La Habana se negocia la paz, dentro de Colombia se configura el futuro político y social en una gran batalla alimentada por el TLC firmado en 2011.
El Paro Agrario Nacional que se inició el pasado 19 de agosto y se prolongó durante casi tres semanas dejó al país desconcertado. Colombia se vio obligada a reflexionar sobre la necesidad de aplicar reformas que desde hace décadas, y con distintos lenguajes, reclaman amplios sectores nacionales. Uno de los principales temas fue la ausencia de una política agraria que ejecute con acierto el presupuesto del ministerio de Agricultura y que dé respuesta efectiva a las dificultades que enfrentan campesinos y pequeños productores en materia de competitividad, soberanía alimentaria, políticas de desarrollo y estabilidad social.
El debate también evidenció las políticas erradas que el Gobierno aplica como efecto del Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado con Estados Unidos y sus nefastas consecuencias, especialmente para los sectores productivos más vulnerables. Aun cuando resulte prematuro realizar un balance sobre los efectos del TLC, aprobado en 2011, ya se puede advertir el impacto negativo que ha tenido en algunos sectores de la economía del país, como en los pequeños y medianos productores.
Este acuerdo tiene también su antecedente en los convenios de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Upov) que no sólo han socavado la autonomía de los pueblos y alterado dramáticamente la existencia del campesinado, sino que además se han impuesto como condición para la firma de TLCs con Estados Unidos y con la Unión Europea (UE).
Un claro ejemplo de ello es la controvertida resolución 970 de 2010 del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) que hasta hace un mes, cuando se desataron las protestas, había pasado desapercibida por amplios sectores sociales. Sin embargo, un documental que se extendió a través de las redes digitales reveló que los campesinos que empecinadamente mantenían la tradición de cultivar sus propias semillas, tomando el 15% mejor de cada producción para volver a sembrar, estaban siendo criminalizados, judicializados y que sus cosechas eran destruidas porque se resistían al uso de las semillas certificadas, es decir aquellas que han sido alteradas genéticamente por multinacionales como Monsanto, Dupont y Syngenta, entre otras.
Bajo el pretexto de las normas fitosanitarias para el control técnico de la producción y la comercialización de semillas, más de 60 toneladas de arroz de alta calidad, 12 toneladas de algodón, seis de sorgo, cuatro de maíz, otras tantas de arveja y cacao, entre diversos productos, fueron destruidas porque, según el ICA, la semilla no estaba certificada y había sido empacada en costales diferentes a los exigidos. Más allá de estas argumentaciones, lo cierto es que estas políticas agrarias esconden los perversos intereses de multinacionales que desean adueñarse de la propiedad intelectual de las semillas y, bajo el sofisma de las alianzas estratégicas y la amistad entre países, se promueve al saqueo, el sometimiento de los pueblos y la monopolización de la industria alimenticia.
La destrucción de los cultivos no sólo viola los derechos de los campesinos, sino que además, como algunos de ellos afirman, es un crimen de lesa humanidad. La siembra y la guarda de las semillas criollas o nativas que ancestralmente conocen los agricultores se convirtió así en motivo para la criminalización en Colombia y es posible que los campesinos sean sancionados, judicializados y encarcelados. El ICA decretó que las únicas semillas que se pueden cultivar son las semillas certificadas, las demás son ilegales.
Razones y consecuencias
Además de esta imposición, la llegada de productos libres de aranceles sumió al agro colombiano en la miseria al no poder competir en precios en el mercado. Esto llevó a que el sector agrícola convocara a un gran paro nacional. Las desafortunadas declaraciones del presidente Juan Manuel Santos, minimizando la protesta social y acusándola de estar infiltrada por la subversión o viciada por intereses políticos, llevaron a que otros sectores, solidarios o igualmente inconformes, decidieran sumarse al paro. La protesta provocó una crisis en el país de enormes proporciones y la parálisis en casi todo el territorio nacional. Como nunca se había visto al menos en los últimos 40 años, Bogotá se vio afectada por el desabastecimiento de productos y por el bloqueo en las carreteras de municipios aledaños.
El Paro Agrario Popular evidenció las contradicciones del sistema; el enorme abismo que hay entre la democracia formal y la real, hecho que supuso una ruptura en el manejo de las relaciones entre gobierno y gobernados y obligó al replanteo de varias políticas nacionales. Desde mediados de septiembre, cuando se iniciaron las conversaciones con algunos sectores sociales y productivos para lograr el desbloqueo de las vías y la suspensión del paro, se diseñó una agenda de negociación de seis puntos. Allí se incluyen tanto la derogación de la resolución 970 del ICA como la salvaguarda para productos como papa, leche, tomate, pera, arveja y cebolla en el marco de los TLC con Estados Unidos y otros países, como el que se piensa firmar con China en próximos días. También se negocian programas de subsidios, apoyo tecnológico, insumos, créditos y la adjudicación de un impuesto para el desarrollo agrario.
Lecciones
El paro mostró la precariedad del agro y la vulnerabilidad de importantes sectores sociales del país que aportan al sostenimiento de la economía nacional. También probó que la policía actúa como escuadrones de muerte adiestrados para violentar ciudadanos y que el derecho a la manifestación y la protesta pública no está del todo garantizado en el Estado colombiano. Sin embargo lo más novedoso y llamativo de estas jornadas es que la misma sociedad desafió la hegemonía informativa de los medios masivos de comunicación y se asumió como constructor de su relato y de su propia historia.
Pocos ciudadanos fueron ajenos al impacto que produjo la publicación de videos (grabados por los mismos campesinos) que luego fueron difundidos masivamente a través de las redes digitales. En estos registros se comprobó la violenta acción de la policía contra los manifestantes; la violación de múltiples derechos; asesinatos; saqueos; invasión a la propiedad privada; hostigamiento, incluso contra menores de edad; arrestos y estigmatizaciones.
Se demostró que el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía de Colombia funciona como un escuadrón de muerte al amparo del Estado y que algunos agentes emplean armas letales no convencionales e infiltran la protesta social para generar pánico y caos. Esta brutal acción de la policía no es nueva en el país, aunque por primera vez se mostró de manera masiva su violento accionar contra la población desamparada y de-sarmada. Pero también por primera vez los ciudadanos denunciaron los hechos sin que mediaran los mass media.
Como hacía mucho tiempo no ocurría, millones de colombianos sintieron de manera colectiva un profundo malestar social. La ferviente respuesta de una sociedad que puede sentir como propio el dolor del campesino y de otros sectores abusados; que intenta contraponer a la desinformación reinante las razones legítimas para la inconformidad, hace pensar que se ha roto el monopolio de la información por parte de los medios tradicionales, que ha llegado el momento de integrar propuestas y asumir la directriz del poder real, el del constituyente primario, que es posible incidir y actuar de manera colectiva para alcanzar un objetivo común.
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