Los acontecimientos ocurridos en las últimas semanas en Costa Rica han puesto de manifiesto algunas de las debilidades del neoliberalismo. Simultáneamente el país presenció la renuncia de cuatro ministros y del coordinador del equipo económico, y las denuncias sobre la forma en que algunos de los principales dirigentes políticos se han apropiado de recursos públicos y han participado en su distribución para pagar favores que benefician a algunas grandes corporaciones. Una movilización popular se opuso a la concesión monopólica de la revisión técnica vehicular que se ha otorgado a una compañía mayoritariamente extranjera, al reducido aumento salarial en el sector público –que no cubre ni siquiera el aumento en los precios- y a la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica (TLCEUCA). Las limitadas conquistas negociadas, que incluyen la posibilidad de revisar la concesión mencionada, un aumento de un 0.5% más de lo que se había aprobado en la negociación salarial y una cláusula en que el gobierno "toma nota de que " el movimiento mencionado se opone a la aprobación del TLCEUCA, fueron sin embargo, el detonante para la renuncia de los ministros de hacienda, comercio exterior, presidencia y transportes, así como del asesor del equipo económico del gobierno. En este sentido, la línea dura del neoliberalismo muestra que no está dispuesta a hacer ninguna concesión al movimiento popular, mientras que otro sector mantiene el estilo tradicional de la clase dirigente costarricense y, dentro del neoliberalismo, acepta algunas demandas populares en aras de detener el aumento de la agitación social. En este sentido, se hace evidente que dentro del sector neoliberal hay rupturas que pueden ser aprovechadas por el movimiento popular. La denuncia simultánea de que el ex presidente del país y presidente del partido gobernante, Rafael Ángel Calderón, podría estar involucrado en el tráfico de influencias y la distribución de comisiones para lograr la aprobación de la concesión de una millonaria compra de equipo médico, por parte de la institución encargada de la salud pública, pone en el tapete otro aspecto del neoliberalismo: la manera en que se usa el déficit fiscal como excusa para justificar el desmantelamiento del estado social o benefactor. Los dirigentes políticos nacionales que participaron en la distribución de $8 millones de dólares en comisiones que, aparentemente, pagaremos entre todos/as los/as costarricenses, no evocaron el déficit fiscal para señalar la ausencia de recursos públicos. Tampoco lo han hecho cuando se trata de pagar servicios, ahora privatizados, que son más caros que antes, cuando se trata de reconocer a empresas concesionarias altas sumas de dinero que debe reconocer el Estado o cuando se otorgan exenciones o reducciones tributarias a las empresas exportadoras (las más dinámicas en el momento actual). El mismo sector del neoliberalismo que hace una "crisis de gabinete" por un aumento salarial que representa una suma similar a $8 millones de dólares (para 150.000 empleados/as públicos/as), se reparte alegremente las granjerías a las que puede acceder a través del poder político. Nos preguntamos cuánto de la deuda pública –que en el discurso oficial es un elemento fundamental del déficit fiscal- ha sido generada por las comisiones que debemos pagar por las compras y equipamiento de las instituciones públicas. En este otro sentido, se hace evidente otra debilidad del neoliberalismo: un discurso insostenible de lógica formal que utiliza los equilibrios macroeconómicas –en este caso en las finanzas públicas- para justificar todas las medidas neoliberales, cuando detrás del déficit en las finanzas públicas lo que hay son sectores que ya no quieren apoyar con sus recursos el mantenimiento de los programas sociales, y que quieren apropiarse de los fondos públicos sin compartirlos con otros sectores sociales. En otras palabras, se trata de una cuestión de prioridades en la obtención y asignación de los recursos públicos. El déficit fiscal se inventa como problema para justificar el desmantelamiento del estado social o benefactor, pero se ignora cuando se trata de redefinir recursos en beneficio de quienes detentan el poder político y económico. Por último, se ha mostrado no sólo la potencialidad de la movilización popular para lograr algunas conquistas, sino el descontento creciente frente a las políticas actuales, ya que la mayoría de la población mostró su apoyo al movimiento y expresó su repudio a la forma en que la policía reprimió a quienes hacían bloqueos en la vías públicas. * María Eugenia Trejos. San José, Costa Rica.