El Salvador

El pueblo debe impulsar y defender los cambios

Víctor Regalado

24/02/2014

Opinión

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Ya es tiempo de comprender que todos los cambios que en beneficio de las grandes mayorías de la población se están dando con el actual gobierno, no son un regalo caído del cielo. Estos cambios son el fruto de años de lucha, el sacrificio de muchas vidas, y el sacrificio de familias truncadas. Por eso podemos afirmar que son cambios nacidos de las necesidades del pueblo, del sacrifico del pueblo, y de las luchas reivindicativas del pueblo; que por eso, estos cambios son para favorecer al pueblo, y por lo tanto deben ser impulsados y defendidos por el pueblo. Es decir que estos cambios son del pueblo, para el pueblo, y por el pueblo.

Entendemos que el Estado es un pacto o contrato social mediante el cual se crea toda una estructura social, económica y política, para regular a la colectividad dentro de una nación. Pero entendamos también, que son quienes detentan el poder económico y político quienes han creado las leyes que regulan todo ese aparato que constituye el Estado. Y que en El Salvador, como en muchos países de América Latina es un pequeño grupo de familias las que desde hace mucho tiempo poseen el poder económico y político, y son quienes han creado las regulaciones legales existentes.

Dentro de este razonamiento la constitución es la norma suprema del Estado, es decir, el documento establecido o aceptado para regirlo, de ahí que se le llame carta magna. Este documento, se supone, garantiza al pueblo sus derechos y libertades.

Ahora bien, como decimos que los cambios que se están dando son para el pueblo y el pueblo tiene que defenderlos, es justo pensar que en el momento en que no se respetan sus derechos y libertades, es necesario dar el paso y defenderlos, y si para eso es preciso hacer un nuevo pacto de Estado y rejuvenecer esa norma que lo rige, pues debe hacerse. Por algo será que al pueblo se le llama El Soberano.

Es preciso que tengamos bien presente que en nuestra sociedad hay una barrera, a un lado nos encontramos las mayoría a la que podemos llamar pueblo, que somos los que vivimos de nuestro trabajo; y al otro lado la minoría acostumbrada a tener el control del Estado porque poseen el poder económico. Bien dice Marx que « El Estado no es el reino de la razón, sino de la fuerza; no es el reino del bien común, sino del interés parcial; no tiene como fin el bienestar de todos, sino de los que detentan el poder. »

Por otro lado, ese aparato llamado Estado necesita de funcionarios públicos para poder mantenerse en pie y funcionar. Esos funcionarios son pagados por el Estado para ejercer sus funciones, y el pago que reciben proviene del dinero que el Estado recoge de los impuestos de la población, que en nuestro país provienen en su mayoría de los sectores más pobres de la población, mientras los del otro lado de la barrera, de cualquier manera evaden pagarlos. Quiere esto decir que los funcionarios públicos están pagados con el dinero recogido de la población y que es su deber velar por que se cumpla el fin último para el que ha sido creado o fundado el Estado: que se respeten los derechos y libertades de la población.

Ahora, como en democracia son las grandes mayorías quienes deben determinar la manera como debe ejercer su poder el Estado; es el pueblo –el de este lado de la barrera y no la minoría que siempre ha gobernado- quien debe encarrilar a los funcionarios cuando el Estado tiende a irse por la tangente.

Pero veamos el caso de la fiscalía General de la República (FGR), los $10 millones -ya se habla de 45 millones o más- entregados por la Isla de Taiwán al ex presidente Francisco Flores Pérez. Si pese a que hay suficientes elementos para judicializar este caso, la Fiscalía no lo hace antes del 31 de mayo, cuando prescribe el delito de peculado que se supone cometió el ex presidente Flores Pérez, el Fiscal General de la República, no estará cumpliendo con la función para la que ha sido nombrado.

Y luego veamos el caso de los magistrados de la Sala de lo Constitucional quienes emitieron una resolución que prohíbe que los funcionarios públicos participen en la campaña electoral para el próximo 9 de marzo. Con el simple razonamiento de que antes de ser funcionarios son ciudadanos, y que son funcionarios sólo mientras se encuentran en las labores para las que han sido designados, concluimos que la sentencia violenta sus derechos políticos ciudadanos y atenta contra el principio constitucional que permite a todos los salvadoreños apoyar a su partido de preferencia. Acaso los funcionarios no son trabajadores, como el resto de trabajadores de la población, que después de su jornada de trabajo pueden hacer política. ¿Por qué a unos sí y a otros no, se les aplica esta absurda resolución?

Ante ese Estado que se preocupa nada más por el bienestar de la minoría que detentan el poder económico, el pueblo debe tomar el sitio de soberano que le corresponde y decirle a esos funcionarios que sus patronos ya no son los que antes se sirvieron del Estado para sus fines personales, robando, y asesinando a quienes se oponían, sino que ahora el patrón se llama pueblo.

Y como este cambio en la manera de gobernar es un cambio para favorecer al pueblo, y esos cambios deben ser impulsados y defendidos por el pueblo, es tiempo de comprender que es necesario ganar todos los espacios necesarios y salir a la calle de manera pacífica a defender lo que se ha logrado con este gobierno. Es necesario, sin decir una sola palabra, ir a sentarse alrededor de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía General de la República y no moverse de ahí durante dos horas, un día, una semana o hasta que el Fiscal General de la República y los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional entiendan el silencioso discurso de los mil, 10 mil, 100 mil, 300 mil gentes del pueblo sentadas frente a sus oficinas.

El Salvador, Jueves 20 de febrero de 2014

Víctor Regalado

"El Independiente"

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