Las autoridades mexicanas no pueden desoír las denuncias de abusos contra manifestantes ocurridos en el marco de la Cumbre América Latina, el Caribe y la Unión Europea llevada a cabo en mayo de 2004 en Guadalajara. El abierto rechazo de las autoridades del Estado de Jalisco de cumplir con su responsabilidad de esclarecer lo sucedido en las manifestaciones perpetua un clima de impunidad, dijo Amnistía Internacional en un informe publicado hoy al cumplirse más de seis meses de los hechos. Más de un centenar de personas fueron detenidas en la ciudad de Guadalajara entre el 28 y el 29 de mayo de 2004 en las protestas que se realizaban con motivo de la clausura de la Cumbre. El informe de Amnistía Internacional documenta graves abusos cometidos por agentes municipales y del estado durante y después de las manifestaciones, incluyendo torturas y malos tratos a las personas detenidas. "La forma en la que se dieron muchos de los arrestos, el trato recibido por las personas detenidas, las denuncias de tortura y malos tratos y la falta de una investigación independiente ponen en entredicho los procesos penales llevados a cabo para procesar a los acusados," dijo Amnistía Internacional. Amnistía Internacional ha tenido conocimiento de que a varios detenidos se les coaccionó, golpeó o amenazó para obtener declaraciones de culpabilidad o señalar a presuntos responsables de los hechos violentos. Hasta la fecha, cuarenta y cinco personas enfrentan distintos cargos por su presunta participación en los hechos violentos, quince de ellas continúan en prisión. Los ocho ciudadanos extranjeros detenidos fueron expulsados del país a principios de junio sin permiso para volver a entrar por un periodo de tres años. Amnistía Internacional es consciente de las dificultades que implica el mantenimiento del orden durante una cumbre, especialmente cuando ciertas facciones causan violencia. La organización condena la violencia dirigida contra la policía, pero la actuación policial debe respetar siempre y plenamente las normas internacionales de derechos humanos. "Son preocupantes las detenciones de varias personas que tuvieron lugar en redadas posteriores a los disturbios, simplemente por su forma de vestir o apariencia sospechosa, contraviniendo las normas internacionales que protegen la libertad personal." "Es lamentable que hasta la fecha las denuncias de violaciones de los derechos de los detenidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no hayan sido investigadas exhaustivamente y con imparcialidad," dijo Amnistía Internacional. "Esto demuestra nuevamente que las autoridades, en particular de varias entidades federativas, continúan ignorando su obligacion de respetar los derechos humanos." Amnistía Internacional insiste en la obligación del Estado mexicano de esclarecer lo acontecido y sancionar los responsables. El informe además subraya la necesidad urgente de promover reformas al sistema de justicia penal y seguridad pública a todos los niveles del estado con el fin de garantizar la protección efectiva de los derechos humanos para evitar que hechos como los ocurridos en Guadalajara se repitan. Información de contexto El pasado 28 de mayo de 2004 unas tres mil personas participaron en las manifestaciones en Guadalajara, estado de Jalisco. Si bien la mayoría de los asistentes se manifestaron de forma pacífica, se registraron actos de violencia por parte de un grupo de individuos que se enfrentó a los cuerpos de seguridad causándoles varias heridas. Un informe Especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) concluyó que los cuerpos de Seguridad Pública de la ciudad de Guadalajara, del estado y de agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco incurrieron en graves violaciones de los derechos humanos durante y después de las detenciones, señalando, entre otros abusos, un total de 19 casos de tortura. Hasta la fecha, las recomendaciones contenidas en dicho informe han sido rechazadas.