El director ejecutivo de la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS), Leonel Herrera, informó a Transparencia Activa que pedirán al fiscal General de la República, Luis Martínez, que investigue de oficio la adjudicación de frecuencias televisivas y radiales durante las cinco administraciones gubernamentales anteriores, pues afirma que en algunos casos se hicieron fraudulentamente.

 

“Sabemos que la Fiscalía investigará el proceso de subasta que se hizo durante la administración del anterior titular de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), Astor Escalante. Queremos que esta sea una investigación completa, no parcial”, afirmó Herrera.

 

“Sabemos que la Fiscalía investigará el proceso de subasta que se hizo durante la administración del anterior titular de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), Astor Escalante. Queremos que esta sea una investigación completa, no parcial”, afirmó Herrera.

 

A juicio del director de ARPAS, el Ministerio Público no debe limitarse a una investigación coyuntural, sino ampliarla a las frecuencias asignadas en los últimos 25 años por supuestas irregularidades cometidas por exfuncionarios de la SIGET, al otorgar permisos para operar el espacio radioeléctrico.

 

“El señor fiscal se va a encontrar con muchas sorpresas, debe hacer una auditoría del espectro radioeléctrico. Hay frecuencias que ya no se utilizan y concesiones que se hicieron sin una resolución pasando por alto la ley”, denunció Herrera.

 

De acuerdo al comunicador, existen frecuencias cuyos dueños no usan el espacio otorgado, sino que la ocupan como un negocio al rentarlas o venderlas a precios elevados, algo que considera ilegal.

 

“Nosotros hicimos una solicitud de información y nos encontramos con un cuadro donde se especifican las concesiones otorgadas, pero sin número de resolución. La Fiscalía puede investigar el uso que le están dando a esas frecuencias”, aseguró Herrera.

 

Agregó que muchos propietarios de frecuencias televisivas y radiales son “testaferros o prestanombres”, pero que en realidad son otros los dueños.

 

Hace dos años un grupo de organizaciones, entre las que estaban ARPAS, Iniciativa Social para la Democracia (ISD) y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) interpusieron una demanda de inconstitucionalidad ante la  Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, contra el método de subasta pública en la asignación de frecuencias.

 

Según las organizaciones, la subasta pública solo favorece a quienes cuentan con mayores recursos y deja de lado la oportunidad de competir a organizaciones comunitarias o medios públicos.

 

Actualmente, la Asamblea Legislativa estudia un proyecto de ley de radiodifusión comunitaria y otro de medios públicos, que buscan darle mayor respaldo legal a este tipo de espacios de comunicación. Las organizaciones sociales rechazan la subasta pública como único método para obtener frecuencias televisivas y radiales.

 

June 4, 2014