Aquel viernes, tardecita noche, terminaba una semana de alta tensión e incertidumbre en nuestro país. Una tensión que casi se igualó a aquellos días de marzo de 1999 luego de la muerte de Luis María Argaña, ocurrida el 23.

 

Es que a la masacre de Curuguaty, ocurrida el 15 de junio de 2012, siguieron días de gran conmoción y reposicionamiento en torno de la destitución de Fernando Lugo. En los primeros días, la masacre fue presentada por la televisión y los grandes medios como obra de “malvados campesinos” que emboscaron a “indefensos policías”. No habría tiempo para dilucidar nada porque desde el mismo día de la masacre toda la clase política tradicional, en coincidencia con casi todos los grupos de poder económico de nuestro país, actuarían articuladamente en una campaña por la destitución de Fernando Lugo.

 

El Partido Colorado y el Partido Liberal Radical Auténtico, el oviedismo y Patria Querida no darían ni siquiera la posibilidad de contar los votos. “La sentencia estaba predeterminada”, había denunciado el defensor de Lugo, el actual senador Adolfo Ferreiro. Efectivamente, la copia de la sentencia ya estaba circulando antes de la sesión principal.

 

Desde Uruguay, el presidente José Mújica, en su programa radial del 5 de julio, comentaba: “sobran las versiones por todas partes que ese sector instigador del coloradismo paraguayo está muy ligado al fenómeno del narcotráfico y a muchísimos episodios dolores de la historia reciente del Paraguay”.

 

El diputado Oscar Tuma encabezaría el libelo acusatorio en la Cámara de Diuptados. Oscar Tuma había pedido, a principios de ese año, al entonces presidente de la Comisión Permanente del Senado, Efraín Alegre, que exija a las autoridades del Ejecutivo dotar de efectivos policiales el desalojo de los campesinos que ocupaban Marina Cue. Efraín Alegre, efectivamente, había remitido la nota.

 

La vertiginosidad de la trama política para derrocar a Lugo ensombreció la tragedia y las primeras investigaciones periodísticas que señalaban que las tierras donde ocurriera la masacre no pertenecían a Blas N. Riquelme sino que al Estado paraguayo.

 

Aquel viernes 22, exactamente una semana después de la masacre, unas 15.000 personas se opusieron al juicio político exprés con un cerco policial de gran envergadura y con un cerco de algunos medios televisivos que infundían miedo a la gente y planteaban no salir a manifestarse por si ocurriera “otro marzo paraguayo”.

 

A su destitución, Fernando Lugo agradeció a la prensa y dijo que salía por las “puertas grandes del corazón”.

 

En tanto todo esto ocurría, los familiares de los campesinos asesinados recibían los cuerpos de su gente atados en un hule negro. El caso ahora está para juicio oral. Están imputados solamente los campesinos, presentados por el fiscal Jalil Rachid como invasores de propiedad que se organizaron para emboscar a los policías.