Abel Areco, abogado de Demoinfo, mesa de organizaciones sociales y radios comunitarias, señaló respecto a la actual persecución por parte del gobierno a radios comunitarias, que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) no tiene en cuenta a la hora de cerrar las radios si brindan “un servicio a la comunidad, si es una herramienta esencial de la comunicación formando a la comunidad, etc”.

 

La semana pasada se incautaron 4 radios, en Pastoreo y Campo 9, en Caaguazú, recordó. La Fiscalía intervino a pedido de Conatel.

 

Indicó que actualmente hay una política para barrer a las radios comunitarias, impulsada por políticos y medios comerciales.

 

 

Areco recordó que por resolución se suspendieron de todos los trámites y recepción de carpetas para licencias de radios comunitarias, con el argumento que se encargaría la revisión de la reglamentación de las radios difusoras de pequeño y mediano alcance.

 

El abogado estima que en ese tiempo la entidad se dedicó a rastrear las radios comunitarias para iniciar las intervenciones.

 

 

El mismo también señaló que por su naturaleza, las radios comunitarias por lo general no tienen recursos, se operan de manera voluntaria, y las gestiones y pedidos de la Conatel son altamente burocráticas. Esto dificulta a muchas radios cumplir fácilmente. Además, las gestiones para las documentaciones se deben realizar en puntos alejados como la capital, lo que dificulta aún más.

 

Areco reveló que hay expedientes de radios comunitarias que están en la Conatel hace 6 años, esperando licencia, cuando que en realidad ya deberían estar en 3 meses.

 

Otra situación preocupante que denuncian varias organizaciones es que tener una licencia tampoco es ninguna garantía, pues la Conatel busca cualquier detalle en los papeles para realizar incautaciones e intervenciones.

 

El argumento de la Conatel es que no existe disponibilidad de frecuencias, pero sin embargo se siguen habilitando de manera ágil emisoras comerciales.