Hasta el gobierno de Germán Busch (1937-1939), la Constitución Política del Estado (CPE) se basaba en el constitucionalismo liberal, que otorgaba carácter sacrosanto a la propiedad privada. En la Convención de 1938, se introdujo el constitucionalismo social, que considera que el Estado es el conductor de la economía y admite la propiedad privada siempre que cumpla una función social, hecho reafirmado en la CPE de 1944, promulgada por Gualberto Villarroel. La de 1961, incorporó las conquistas de la Revolución de 1952 y la de 1967 mantuvo el carácter estatista que Gonzalo Sánchez de Lozada (GSL) quiso, pero no pudo eliminar. Al mantenerse el Régimen Económico y Financiero (REF) de la CPE, columna del estatismo boliviano, los neoliberales aplicaron sus reformas mediante disposiciones inconstitucionales como el Decreto 21060, de 29-VIII-85, y la Ley de “Capitalización” (o liquidación) de las empresas públicas. La arbitrariedad fue completada a fines de 1993, con la ilegal destitución del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Edgar Oblitas Fernández, y con el cuoteo (o reparto) del Poder Judicial entre los partidos sistémicos. Pese a lo anterior, la vigencia, así sea teórica, del REE de la CPE es la piedra en el zapato de los enajenadores del patrimonio público. Por esta razón, el 2001 (gobierno de Jorge Quiroga), se organizó el Consejo Ciudadano para las Reformas de la CPE, financiado por el BID, integrado, entre otros, por el actual Presidente Carlos Mesa, el ex vicepresidente Luis Ossio, el dirigente del Comité Pro-Santa Cruz, Juan Carlos Urenda, y el coordinador Ricardo Paz. El 18 de julio de 2004, con financiamiento de USAID, de la petrolera francesa Total y la coordinación de Ricardo Paz, se realizó un referéndum sobre el gas, destinado a autorizar su venta sin valor agregado, lo que ocurre antes y después de la consulta. Mesa estructuró la Unidad Coordinadora de la Asamblea Constituyente (UCAC), a cargo de Ricardo Paz, financiada por USAID, el Instituto Republicano Internacional (IRI), el Nacional Endowment for Democracy (NED) y el Instituto Nacional Demócrata (NDI). USAID ha financiado las reformas judiciales y el Banco Mundial los programas de modernización del Parlamento. Holanda cubre los gastos del Instituto para la Democracia Multipartidaria, que aglutina a todos los partidos con representación municipal y parlamentaria, desde el Movimiento Indígena Pachacutec de Felipe Quispe, hasta el MNR de GSL, pasando por el Movimiento Sin Miedo, del alcalde Juan del Granado, y el Movimiento al Socialismo, de Evo Morales. El respaldo económico foráneo llega a la Corte Nacional Electoral así como a la Oficina de Lucha Contra Corrupción, de Lupe Cajias. USAID financia, además, a la Federación de Asociaciones de Municipios (FAM) y la Asociación de Consejos de Vigilancia (ACOBOL). Si la Asamblea Constituyente, la elección de prefectos y el referéndum autonómico buscan refundar el país no deberían tener como base de sustentación los aportes de las petroleras, del BID, del Banco Mundial y de los consorcios mineros y petroleros. Los delegados a la Constituyente deben recordar que el REF postula la justicia social (artículo 132); la independencia nacional y el aprovechamiento de los recursos humanos y naturales en resguardo de la seguridad del Estado (artículo 133); la prohibición de que el poder económico privado ponga en peligro la independencia del Estado (artículo 134); el sometimiento de las empresas extranjeras a las leyes de la República (artículo 135); el dominio del Estado sobre el suelo, el subsuelo y los recursos naturales, las aguas fluviales y lacustres (artículo 136) y que los bienes de la Nación son inviolables (artículo 137). Los artículos siguientes determinan la propiedad del Estado sobre los recursos mineros y petroleros y el derecho a planificar nuestra economía. La CPE puede mejorarse, pero el pretexto de mejorarla no debe servir para eliminar el REF, que es la base para resistir la disgregación del país.