Las instituciones valen
por lo que hacen;
no por el simple hecho
de ser parte del Estado. Una resolución infame La primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió dar continuidad a la línea de impunidad para los criminales de la guerra sucia, al resolver sobre la prescripción del genocidio del 10 de junio de 1971, perpetrado por órdenes directas de Luis Echeverría Álvarez. Determinó ese tribunal que la convención de Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de lesa humanidad sólo se aplica a hechos ocurridos después del 2002, cuando la adoptó el Senado de la República con reservas o "declaraciones interpretativas". Con ello, la Corte puso en crisis todo el esquema ideado por el gobierno de Vicente Fox para conocer y resolver los delitos históricos del régimen priísta. Se veía venir: la Corte había dado múltiples muestras de sometimiento a las líneas políticas de Vicente Fox. Dos ejemplos significativos son la controversia constitucional por el presupuesto federal para el 2005 y el desafuero a López Obrador. Para no perder totalmente la figura, la Corte decidió que, en el caso concreto de la matanza del 10 de junio de 1971, revisará tres cuestiones: a) sí, de acuerdo con la legislación vigente en la época en que ocurrió el crimen, el genocidio prescribe en 30 años; b) si por algún motivo el delito sigue vigente (o sea que aún puede ser castigado); y c) si durante el sexenio de Echeverría se interrumpió el término que operara la prescripción para la prescripción (El Universal, 24 de febrero, 2005 pág. 1). No es necesario ser muy inteligente para darse cuenta de que, aun cuando se ejercitara acción penal contra Echeverría y sus cómplices por alguna de las 3 salvedades que hizo la Corte, la defensa del genocida se facilitaría enormemente. Con tan infame determinación, la Corte se hace cómplice de los asesinos, como bien dijo doña Rosario Ibarra de Piedra (La Jornada, 24 de enero del 2005, página 5). Golpe mortal a la Fiscalía Lo que decidió la Corte constituye un golpe mortal a la Fiscalía que encabeza Ignacio Carrillo Prieto, quien hace desesperados esfuerzos por amortiguarlo. Dijo este agente del Ministerio Público que cuenta con elementos para mantener viva la acusación hasta el 2012 (La Jornada, cit.). Pero no pudo ocultar su rabia cuando fue preguntado acerca de la inutilidad de su dependencia, pues contestó: "Los mexicanos no formamos un pueblo de pendejos ni de serviles, somos hombres y mujeres libres, somos ciudadanos en busca de justicia" (El Universal, cit., pág. A-18). Pero Rafael Macedo de la Concha sí considera necesario poner distancia del Fiscal, al declarar que considera que el genocidio aún no ha prescrito, pero que "Ahí están los elementos, ahí está lo que la fiscalía ha creído conveniente a su juicio establecer" (La Jornada, cit). A kilómetros se advierte que el fiscal huele a difunto político. Su protagonismo se perdió. Y por eso hay medios que formulan juicios severos como éste: "ante el fracaso de su fiscalía especial a cargo de Ignacio Carrillo Prieto, puede decir (el gobierno de Fox) que fue el judicial el que extendió un certificado de impunidad a los acusados de genocidio (editorial de La Jornada al 24 de febrero de 2005). Los acuerdos políticos entorpecen la justicia Los políticos del sistema acostumbran negociar: una diputación por un desaparecido; un voto de exoneración a cambio de una gubernatura. Es lo que estamos viendo ahora con la Corte: se une a los arreglos entre el PRI y el PAN (y una parte del PRD) para alargar el manto de impunidad para Echeverría y demás responsables de delitos de lesa humanidad. Como siempre, la que sale lastimada es la justicia. Estos lamentables sucesos actualizan la demanda de que se cree una Comisión de la Verdad independiente de todas las instancias de gobierno y de todos los partidos políticos. Nadie que tenga compromiso con la oficialidad puede elucidar el complicado tema de la guerra sucia. Parecía que los ministros de la Corte estaban por encima de los intereses económicos y políticos dominantes. La resolución del 23 de febrero último patentiza que no es así.