Mientras redactamos este boletín se multiplican las manifestaciones de protesta, huelgas de hambre, bloqueos y movilizaciones en los más diversos puntos del país. Veamos un resumen de los conflictos y sus sujetos: • En El Alto la Federación de Juntas Vecinales por la expulsión de Aguas del Illimani, la aprobación de la ley de Hidrocarburos, la convocatoria a Asamblea Constituyente y el Juicio de Responsabilidades. • En Cochabamba la Coordinadora del Agua, la Federación de Regantes y el MAS, por una Ley de Hidrocarburos que retenga el 50 por ciento de regalías para el país, además de Asamblea Constituyente. • En Sucre la Federación de Campesinos, con apoyo de instituciones urbanas (y aparentemente también de la CIDOB y la CONAMAQ), por la pronta convocatoria a Asamblea Constituyente, antes que un referéndum autonómico, y también por las grandes demandas nacionales de ley de Hidrocarburos y Juicio de Responsabilidades, además del rechazo a la inmunidad para ciudadanos de EEUU. • En Camiri está el conflicto más fuerte (con bloqueo de la carretera a Yacuiba y la Argentina) exigiendo que dicha ciudad se la sede de la renovada empresa de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos; demanda que por cierto encuentra dura competencia por parte de las instituciones de Villamontes y Tarija, que reclaman la misma sede. • En Yapacaní (Santa Cruz) exigiendo que se haga efectiva la asignación de 3 % de regalías petroleras para los municipios no productores y del 10 % para municipios productores. • En Pailón (Santa Cruz) bloquean la carretera a Trinidad para que el Gobierno atienda sus demandas locales. • En Entre Ríos (Bulo Bulo) en demanda del 40 % de las regalías petroleras departamentales para su municipio. • En Patacamaya (La Paz) la población demanda la creación de más carreras en su universidad. • En Lahuachaca (también La Paz, provincia Aroma) el bloqueo ha sido muy efectivo en demanda de la creación de una Normal en dicha población (demanda que curiosamente ya fue satisfecha). • En Ivigarzama la población bloquea por un conflicto de límites con el municipio de Chimoré. Eso por el momento, y gracias a que la Confederación de Transportistas suspendió su paro nacional de 48 horas porque se dieron cuenta de que dicha movilización “pasaría inadvertida” en medio de tantas otras. A través de tantas y dispersas manifestaciones sociales no resulta fácil orientarse (imaginamos que tampoco lo será para el Gobierno), pero podemos intentar sacar algunas conclusiones provisionales. Dispersión de los movimientos sociales y algunas consignas nacionales Ésta es la primera característica que salta a la vista. El setenta por ciento de las movilizaciones son por demandas no sólo locales sino localistas, lo que está indicando una notable falta de claridad acerca de las prioridades nacionales. ¿Tiene sentido, por ejemplo (y al margen de la concesión gubernamental), pedir la creación de una Normal cuando el estado no tiene recursos para pagar los tristes sueldos de los maestros actuales? ¿Tiene sentido pelear por la sede de YPFB o por límites intermunicipales cuando el país mismo está a punto de perder la base material de su existencia? Aquí hay una indudable responsabilidad de los dirigentes, también hay una culpa directa del Gobierno, y de los medios de comunicación, por la sistemática desinformación que uno y otros practican; por lo que se detecta la perentoria necesidad de difundir información objetiva y oportuna, tarea en la que todos tenemos una parte de responsabilidad. Pero al mismo tiempo las movilizaciones sí muestran que en muchos sectores se extiende la convicción de que hay tareas nacionales que son prioritarias, aunque no siempre igualmente jerarquizadas. Entre ellas podemos citar la exigencia de una nueva Ley de Hidrocarburos (que recupere la propiedad nacional de los mismos), la convocatoria a una Asamblea Constituyente (con soberanía para re-fundar de veras el país) y un juicio responsabilidades que lleve a la cárcel a los responsables de la actual miseria en que se debaten la población y el estado (además de la estratégica y paradigmática lucha de El Alto por la salida de una transnacional del agua); y de manera mucho más aislada aparece claridad respecto del rechazo al TLC con EEUU. ¿Cabrá esperar que estas grandes metas se vayan extendiendo a la conciencia general y se conviertan en una única movilización a escala nacional? Mucho dependerá de la sensatez de los dirigentes y de la capacidad que todos desarrollemos para difundir información. La nebulosa de la Ley de Hidrocarburos La prensa informa de un proceso hasta ahora acelerado de aprobación de más de 140 artículos de la nueva Ley de Hi- drocarburos (aparentemente con notable desinterés por parte de los diputados de todos los partidos, que se ausentan de las deliberaciones), pero sin que hasta ahora se pueda saber cuál es su contenido exacto. Según dicha información, se han dado pasos positivos como ser la supresión de los mayoristas, el fin del monopolio del transporte por parte de Transredes, la posibilidad de veto a una concesión por parte de los pueblos indígenas, la devolución (en los nuevos contratos) de las concesiones otorgadas en áreas protegidas, la potestad estatal de autorizar o no proyectos de exportación. A esto hay que añadir la ya antigua aprobación del Artículo 5 que establece la propiedad nacional de todos los hidrocarburos producidos y la correspondiente “migración” de los contratos. Pero quedan grandes dudas que hasta ahora no logramos aclarar. La fundamental tiene que ver con los alcances de esa recuperación de propiedad. No hay datos que permitan saber si el estado (a través de YPFB o de otra instancia) tendrá la potestad de determinar los precios de exportación, concretamente del gas, y los precios de los carburantes en el mercado interno sobre la base de una estructura de costos. Muchos analistas temen que la tal recuperación sea meramente declaratoria, como ocurría en el proyecto de ley del Ejecutivo, con lo que se mantendría el actual estado de cosas. En el plano negativo se tiene que contabilizar la consolidación de la Superintendencia de Hidrocarburos, y sobre todo la reciente aprobación de la propuesta del Presidente de Diputados, que consiste en mantener el 18 % de regalías (¡incluso para los campos antiguos, que hasta ahora pagaban 50!) y un 32 % de “impuesto directo” a toda la producción en boca de pozo. No están claros los alcances de esta propuesta (que ha ganado por 59 votos contra 58, sería interesante saber quiénes fueron los 14 irresponsables que no asistieron a tan trascendental votación), pero sí está claro que se trata de una derrota del movimiento popular (al menos por el momento, pues las movilizaciones siguen) y de una reversión de las conquistas de octubre. Peor todavía es la incertidumbre respecto del futuro de la ley después de que sea aprobada en Diputados (ya que el Senado está más a la derecha); y la decisión final en sesión de Congreso da para hacer apuestas. Si los analistas, los estudiosos y los medios de comunicación no contamos con información fidedigna al respecto, podemos temer que los movimientos sociales, incluso los que están enarbolando las consignas formalmente correctas (por ser estratégicas y de alcance nacional), queden satisfechos con una “aprobación” de la nueva ley de Hidrocarburos, sin saber si en realidad ésta está cumpliendo mínimamente su tarea de recuperar las riquezas nacionales. Al respecto el hermetismo de la Cámara de Diputados no parece que sea inocente. Se impone por tanto la necesidad de obtener información fidedigna y de ampliar el debate al respecto, sobre todo al interior de los movimientos sociales, ya que son demasiado grandes los intereses que están en juego para que nos creamos que se está aprobando así nomás la nueva ley. Centro de Documentacion e Informacion Bolivia – CEDIB Bolivia Press 2005, Nº 3 Cochabamba, 5 de marzo