México

Ayotzinapa: Fue el Estado

Alberto Carral

16/11/2014

Opinión

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La masacre de los mártires de Ayotzinapa es sólo un ejemplo de la forma en que opera el siniestro narco-Estado mexicano. Lo hace no sólo en Guerrero, no sólo en Michoacán, no sólo en Tamaulipas, no sólo en Veracruz, sino en todo México, mediante un sistema muy eficiente de organización del crimen, cuya matriz no se encuentra al margen, sino al interior del Estado mismo. Iguala, es apenas uno de los centenares de municipios del país en los que la delincuencia organizada[1] opera a sus anchas, gracias a la protección de políticos y agentes del Estado infiltrados por los propios grupos criminales. El negocio que controlan es vasto y muy productivo, ya que, además de estar involucrados en 22 tipos de delitos, desde el narcotráfico, el tráfico y trata de personas, el secuestro y la extorsión, hasta el fraude electrónico, el contrabando, la piratería y el tráfico de armas, han logrado infiltrar el 78 por ciento de los sectores económicos de México mediante empresas legalmente constituidas[2].

El negocio es tan enorme, que la delincuencia organizada y sostenida desde el Estado se vale de los más inhumanos métodos para imponer a la sociedad el despojo, la rapiña y la explotación del capitalismo salvaje en todas las actividades potencialmente lucrativas, llámense minería, petróleo, electricidad, gas, turismo, construcción, comercio en gran escala, o lo que sea. El control de lo territorial, político y social de México, es posible gracias a la interesada intervención del gobierno de Estados Unidos, con la franca y abierta colaboración de los jefes del cartel nativo. La mafia extranjera y sus operadores locales, dominan un conjunto muy amplio de instituciones del Estado y de la sociedad civil mediante su involucramiento en el reparto del botín, haciendo a sus personeros co-partícipes de los beneficios económicos y políticos de tan inconfesable como evidente alianza.

Lo sucedido los días 26 y 27 de septiembre a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa en la ciudad de Iguala, en el sureño estado de Guerrero, es la modalidad más típica de funcionamiento del narco-Estado mexicano. No se trata de una “anomalía” ni de un evento excepcional. Iguala pone de manifiesto la esencia misma de una forma de Estado que nada tiene de "fallido" y que, por el contrario, ejerce descarnada y sistemáticamente su furia y su poder en todos los rincones del país. "Operativos" como el desplegado en la ciudad de Iguala, es obvio, no son decididos (no pueden serlo) por un presidente municipal de medio pelo y por su narco-esposa. Se trata de demostraciones de fuerza del narco-Estado que tienen el propósito de mantener el control del territorio y el sometimiento de la población que en ellos habita.

Aquel 26 de septiembre, en el evento de celebración del Informe de actividades de la inefable señora Abarca, presidenta del DIF[3] local y emparentada con uno de los líderes del cartel de los Guerreros Unidos, se encontraba entre los invitados de primera fila Juvenal Mariano García, ni más ni menos que el coronel de caballería Diplomado de Estado Mayor de la 27 Zona Militar, con sede en Atoyac (Guerrero)[4]. Es vox populi que, además, Abarca y su esposa tenían una excelente relación con el 27 Batallón de Infantería acantonado en Iguala, a tal grado que la plaza comercial Galerías Tamarindos —la más importante de la ciudad—, donde Abarca invirtió 25 millones de dólares, está frente a una de las entradas a las instalaciones del 27 Batallón, el cual “cedió” los terrenos para el estacionamiento y los accesos.

Esa es una de las principales claves para entender lo que pasó en Iguala, y para explicar por qué el gobierno de Peña Nieto trata de ocultar la verdad. Si el caso Ayotzinapa se investigase a fondo, entonces la esencia del narco-Estado quedará al descubierto y sería posible fincar cargos a los responsables de todos los órdenes de gobierno, de los tres poderes de "la unión", y de los grupos empresariales que se benefician de este sistema corrompido y criminal, no sólo en el comercio y los negocios inmobiliarios, sino también en el turismo, la manufactura, la industria extractiva, los medios de comunicación, y otras actividades económicas.

La masacre de Ayotzinapa es un crimen horrendo, propio de los más feroces regímenes fascistas. Por desgracia no ha sido el único. De 2007 a la fecha, se estima que han sido asesinadas en México 120 mil personas y que más de 22 mil han sido víctimas de desaparición forzada. Poco sabemos de lo que pasó con los masacrados en Tlatlaya, Ciudad Juárez, La Marquesa, Culiacán, Chihuhua, Torreón, Durango, y tantos otros que tristemente han pasado desapercibidos para la mayoría de los mexicanos, lo mismo en Michoacán, Tamaulipas, Morelos, Tabasco, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, que en Jalisco, Colima, Nayarit, Quintana Roo, Puebla, Guanajuato y Baja California. No hay duda: fue el Estado. Ha llegado la hora de fundar una República democrática y limpia.

[1] En un informe entregado al Senado mexicano en septiembre de 2010, llamado, “La paradoja de la sanción penal, factores legales y económicos que determinan el éxito y fracaso de la lucha contra el crimen organizado”, Edgardo Buscaglia indica que el 72 por ciento de los 2,457 municipios del país está infiltrado por células operativas del narcotráfico, y de éstos, el 8 por ciento está totalmente “feudalizado” por la delincuencia organizada. Ver Sergio Castro Bibriesca; Narco en México: 72% de municipios infiltrados; 78% del PIB y 65% de campañas electorales financiadas, en el portal de Revolución Tres Punto Cero: http://revoluciontrespuntocero.com/el-narco-en-mexico-72-de-municipios-infiltrados-78-del-pib-y-65-de-campanas-electorales-financiadas/.

[2] Edgardo Buscaglia; México pierde la guerra, en la revista Esquire de marzo de 2010.

[3] Desarrollo Integral de la Familia, instancia gubernamental frecuentemente encabezada por las esposas de los mandatarios en turno.

[4] Marcela Turati; Inacción militar que olió a complicidad, en la revista Proceso, núm. 1984, del 7 de noviembre de 2014.

Fotos: Telesur

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