Los resultados de las elecciones municipales de ayer domingo indican con claridad que tiende a consolidarse la presencia electoral de la izquierda en el Interior del país y que, a diferencia de las elecciones anteriores, esto ocurre también cuando lo que se eligen son autoridades locales. El gran respaldo electoral recibido en un indicador del rotundo fracaso de los partidos tradicionales en la conducción de los asuntos departamentales, y marca otro escalón en el proceso de descaecimiento del clientelismo y la corrupción como mecanismos de cazar votos de incautos. A la vez, está indicando el reflejo hacia todo el país de la impronta que el gobierno nacional está dando a su gestión. Para la fuerza política es otro acrecentamiento del desafío de conducir políticamente el cambio y por tanto de dar señales de vida y ser capaz de producir un pensamiento orientador para todo el país. Un desafío que el estado actual de la organización interna del FA difícilmente será capaz de asumir. Los cambios propios, la adecuación del instrumento FA a las nuevas responsabilidades políticas se impone con más rigor que nunca. En el plano nacional, el gobierno sigue mostrando dinamismo e iniciativas en varios terrenos. En otros, el peso muerto de las malas administraciones anteriores sigue operando como una traba más importante que lo esperado. 1- Cuando las palancas están engripadas La derecha se empeña en seguir atacando al Estado en forma genérica. Siempre como sinónimo de burocratización y despilfarro. Pero el Estado que la izquierda ha heredado no es el “concepto Estado”, una abstracción válida para cualquier período o para cualquier lugar. No. Es una realización específica, resultado de un proceso histórico y fruto de determinadas políticas, que respondían a los intereses políticos y materiales de los grupos dominantes. En el fondo, el Estado uruguayo es el resultado del fracaso del capitalismo dependiente, cuya aceptación fue un dogma intocado durante decenios por los partidos conservadores y los intereses hegemónicos. Este aparato no fue organizado para servir a la mayoría de la población animado con criterios republicanos y democráticos. Estas son constataciones simples pero que conviene no olvidar. Ahora que empieza a verse por dentro, el Estado muestra hasta qué punto es inepto para cumplir las funciones socialmente justas que se enuncian en la Constitución y las leyes orgánicas de las empresas públicas. Ahora, cuando por la decisión soberana del pueblo se intenta cambiar el rumbo al país, buena parte de los instrumentos no funcionan. Una porción de los jerarcas más antiguos son poco confiables, lo que agrava el hecho que la izquierda llega con poca experiencia de administración nacional a lugares claves, en medio de equipos gerenciales que han sido ingresados o ascendidos con los criterios de los partidos dispensadores de privilegios y regalías. 2 – La miseria no es “un hecho de la naturaleza” Los logros económicos y sociales del gobierno de izquierda, como siempre lo supimos, y se anunció, serán lentos, poco espectaculares. El país no cuenta con las reservas y los recursos naturales de Argentina ni de Venezuela. Esa lentitud es perversa. Esa tardanza -que no es despreocupación- dilata la situación de injusticia y exclusión social en la que viven cientos de miles de uruguayos que constituyen la preocupación central del programa y la voluntad del partido que ha accedido al gobierno el 1º de marzo. Ahora bien, esta demora en lograr la mejoría social debiera ser explicitada: mostrar ante el pueblo las razones externas e internas de nuestro descalabra económico. La dependencia, el daño que nos infligieron las políticas del FMI, las leyes leoninas que regulan el comercio internacional en beneficio de los países ricos, el papel de los banqueros, los especuladores y los usureros en el estancamiento económico del país. La responsabilidad de los dirigentes políticos que dieron cobertura a las deformaciones y amputaciones que nos impuso el modelo neoliberal. Y las trenzas mafiosas que se han ido tejiendo en estos últimos años. La izquierda debe hacerlo como un elemento de educación cívica, de comprensión pública, de toma de conciencia ciudadana. Y junto con la explicitación, se hace necesaria la adopción de medidas drásticas con los responsables de delitos contra el patrimonio nacional, contra los bienes de todo el pueblo. Sería funesto que los grandes expoliadores del Estado quedaran impunes. Desde el punto de vista simbólico tendría un efecto éticamente negativo. Una especie de todo da igual, que es incompatible con la identidad y las tradiciones republicanas del país y con los valores que la izquierda ha realzado. Si el “público señalamiento” de los corruptos se demora. Si también la justicia tarda, estaremos perdiendo uno de los factores principales por los que la gente ha dado su apoyo a la izquierda. 3- El gobierno y los conflictos de clase En otro orden de temas, en estos días ha cobrado gran importancia el conflicto que mantienen los trabajadores con la empresa francesa GASEBA. Por el momento en que ocurre, durante las primeras semanas de un gobierno de izquierda y por los reclamos que dan origen a la acción gremial, el conflicto reviste una enorme significación como anticipo, como prueba y condensación. El gremio ha desenvuelto una línea de acción caracterizada por su tenacidad en la defensa de ciertos valores propios de los trabajadores. Para empezar el rechazo al despido de los dirigentes sindicales elegidos por los operarios. La empresa actuó con un olímpico desprecio por las normas existentes en el país y se mantuvo arrogante en la defensa de los despidos. Pese a los años transcurridos, el gremio no abandonó el reclamo de la reposición de sus compañeros. Al mismo tiempo, la organización obrera asumió la actitud que el Estado, con los gobiernos anteriores, no quiso cumplir: denunciar las irregularidades operativas, comerciales y la falta de seguridad de los servicios prestados por la trasnacional francesa. El sindicato no confundió gremialismo con corporativismo. Junto con los intereses solidarios con sus compañeros, el gremio supo actuar como un fiscal público denunciando los perjuicios que para el país aparejaba el incumplimiento de sus obligaciones por parte de la concesionaria francesa. Un servicio caro y malo. Ausencia de inversiones e incumplimiento en la mejoría de las instalaciones, la conducta de GASEBA tiene grandes analogías con otras empresas, privadas y extranjeras, a las que se les otorgó determinados servicios públicos. Su negligencia ha contribuido a colocar al país en los umbrales de una crisis energética importante. Pero la lógica de la empresa es enriquecerse lo antes posible, despreocupándose de las implicancias que su conducta tiene para los intereses del país. Y el sindicato obrero denunciando, reuniendo documentación, proponiendo otros caminos. Para defender lo suyo y lo de todos. 4- Cumpliendo con las leyes En los últimos 15 días el conflicto se endureció con una huelga de hambre que mañana cumplirá veintiún días y con la ocupación del local principal de la empresa. Para el gobierno popular se trataba de un desafío importante y tempranero. Y se respondió de acuerdo a lo que esperado. Exigiendo el cumplimiento de la ley, la reposición de los despedidos a través del Ministerio de Trabajo y de la Dirección Nacional de Trabajo. Con mucha claridad y mucha firmeza en defensa de los derechos de los trabajadores y de las leyes del país. También la intervención del Ministerio de Industria ha sido de una defensa neta de los intereses del país en una zona tan delicada como es la disponibilidad energética. Si alguien pretendió echar leña a la hoguera para hacer de este conflicto gremial un factor de rozamiento del gobierno con las organizaciones sindicales, se equivocó feo. Tanto el sindicato del gas como el PIT-CNT actuaron con firmeza y con claridad política, sabiendo y haciendo saber que en el país hay cosas que cambiaron decisivamente y que las relaciones del sindicalismo con este elenco no son las mismas que cuando los Ministros de Trabajo, o sus cuadros dependientes, eran un brazo más del poder de las patronales. 5- Del lado de la justicia social En momentos que crece la agremiación, y el sindicalismo tiende a recuperar su peso histórico en la vida del país, cuando se abren nuevas perspectivas a partir de la convocatoria a los Consejos de Salarios, es importante que todos tomemos conciencia de la situación en la que estamos. Podrá haber hasta ahora insuficiencias y errores en el accionar del gobierno. Declaraciones que no satisfacen y gestos que desconciertan. Pero estos episodios, que hacen a la cuestión medular de las relaciones del capital con el trabajo, muestran el signo principal que se propone lograr esta administración: que se la identifique como un gobierno consustanciado con el valor de la justicia social, de la mejora de la situación de los humildes y de la gente de trabajo. Y eso ha quedado completamente claro en los hechos que comentamos. - Hugo Cores es dirigente del PVP-567´- Frente Amplio. La República, Montevideo, 10 de mayo 2005