La lucha contra la dictadura y las violaciones a los derechos humanos trascurridas en esos años no es un espacio vacante, una tierra de nadie o una mesa de saldos. Es una herida abierta, una reparación pendiente, un drama que no ha concluido. Las propias autoridades del Ejército, que se acaban de comprometer ante el país a realizar una investigación acerca de la existencia de cementerios clandestinos en unidades militares, están reconociendo lo que viene diciendo desde hace años, que es necesario que la verdad se conozca. Es más, hay una investigación judicial en curso y se está a la espera de los resultados de las pesquisas de los antropólogos forenses. Por eso no resulta pertinente la convocatoria que difunden una serie de asociaciones “sociales” de los militares para realizar, mañana 18 de mayo, un homenaje al Ejército y a los soldados caídos durante la década del 70. Tal como informa La República en su edición del domingo, la concentración a realizarse en el aniversario de la Batalla de las Piedras es impulsada por el Círculo Militar, el Centro Militar y las unidades simbólicas del Ejército y la Fuerza Aérea. Resulta un contrasentido la realización de un homenaje de carácter institucional, con funcionarios pertenecientes en la actualidad a los cuerpos armados de la nación, cuando todavía no se tiene cabal conciencia de los extremos de actuación de esa institución y de los oficiales que la comandaban y de algunos de los que en la actualidad la comandan. Funcionarios, en servicio activo, que al tiempo que con palas y topadoras buscan restos humanos en sus cuarteles, convocan públicamente a defender la actuación del Ejército, sin saber a ciencia cierta cuánto de verdad y cuánto de falsificación hay en la “historia oficial” de la institución homenajeada. Desde el punto de vista histórico, el pasado de las fuerzas armadas uruguayas, fruto de una ocultación sistemática, de los 60 en adelante es un gran misterio, un signo de interrogación sobre un área importante de la realidad nacional. De la realidad pasada y también presente. Quien calla otorga, se ha dicho con razón, cuando puede y debe contestar. Desde 1985 se han publicado trabajos serios y documentados acerca de la actuación de mandos relevantes del Ejército. Desde el libro de ese año de SERPAJ con Luis Pérez Aguirre al frente, hasta trabajos más recientes, como “Vivir en Libertad” o el formidable “Tiempos de dictadura” de Virginia Martínez publicado recientemente. Estos trabajos son un aporte serio al conocimiento del pasado militar. A la vez, en la medida que sustentan sus afirmaciones en la trascripción de documentos oficiales (del Ejército o del gobierno) constituyen una forma seria e ineludible de interpelación. En términos más elusivos pero también de condena, el propio Informe de la Comisión para la Paz, beatificado, canonizado y oficializado por todas las autoridades civiles y religiosas del país, aporta elementos de condena que no pueden ser soslayados. Cuando, en los libros mencionados, lo que se difunde con rigor científico atañe a la conducta de los que hoy convocan a homenajes y sentimientos de encendida devoción a la patria y a la salvación nacional que, según ellos, heroicamente protagonizaron, nadie tiene el derecho a hacerse el sota. ¿Son verdaderos o son falsos los reglamentos a los que sometieron a miles de presos en el Penal de Libertad y que ahora se conocen públicamente? ¿Son verdaderos o falsos los testimonios que acusan a algunos oficiales por su participación en el Plan Cóndor, el asesinato de Michelini y Gutiérrez Ruiz y el secuestro de Gatti, Duarte, Tassino y Liberoff, para nombrar apenas a algunos de los cientos de desaparecidos cuya situación sigue sin conocerse? Si los documentos del Plan Cóndor o los que regulaban la vida de los presos son verdaderos, los que los redactaron e impusieron, desde Bordaberry y Gregorio Álvarez para abajo, se parecen más a los jefes nazis de los campos de concentración europeos que a los caudillos fundadores del Ejército Nacional en las guerras por la independencia. Como confusión histórica no la podría haber peor, ni una mayor impostura. Pero la gravedad del episodio no termina ahí. Una de las entidades que convoca al homenaje al Ejército es el Centro Militar. La misma está integrada por ex jerarcas de la fuerza y, a la vez, por oficiales que revistan en la actualidad en la estructura militar. Oficiales con mando de tropa, hoy; en carrera por los ascensos, hoy; con las potestades en el uso de la fuerza que, hoy, les otorga la Constitución y las Leyes Orgánicas militares. Esos oficiales, que tienen vedada legalmente cualquier actividad política salvo el voto, no debieran estar autorizados a participar en una demostración antidemocrática como la de mañana, convocada por los que, en su momento, atentaron en forma pertinaz y prolongada contra las instituciones democráticas. - Hugo Cores es dirigente del PVP-Frente Amplio. La República