La discapacidad en la Argentina ha tenido diversos paradigmas a lo largo de la historia, desde el paradigma de la inutilidad al de las necesidades especiales, en consonancia con el contexto histórico, político y social de cada etapa histórica. Sin embargo, a pesar de la subsistencia de los paradigmas de la rehabilitación, en lo sanitario y de las necesidades especiales, en lo político y social, resulta necesario repensar el marco actual en el que se encuentran las personas con discapacidad a pesar de la generosa normativa vigente que, paradójicamente, fue iniciada por la dictadura militar de 1976 con la sanción de la Ley 22.431. Significa buscar un nuevo paradigma que lleve a una mejor relación de los integrantes de un colectivo tan vulnerable con el medio físico, con la sociedad y sus organizaciones y con el Estado y sus instituciones, para que puedan mejorar su calidad de vida en vista de la reiterada, persistente y cruda irrelevancia que los circunda en la actualidad. Comenzando por tener como sujeto, a esa persona que tiene una o varias patologías que lo llevan a constituirse en un ser con discapacidad y como objeto, allanar las dificultades que le ocasiona su pérdida de la capacidad funcional con motivo de las patologías que lo aquejan podemos esbozar la necesidad de un nuevo paradigma que debe convertirse en real para que este colectivo tenga una activa participación como ciudadano y como ser productivo, al igual que mejorar su calidad de vida en consonancia con los Derechos Humanos. Frecuentemente, se suele asociar a la accesibilidad con la referida al medio físico, aquella que se refiere a las barreras arquitectónicas en edificios públicos y privados como en el transporte, lo cual se encuentra legislado en la Ley Nº 24.314 previendo su eliminación y prescribiendo la modalidad en la cual debe construirse o adaptarse la edificación en el ámbito público y privado. De igual modo, en la Ciudad de Buenos Aires, las Ordenanzas Municipales Nº 39.892 y 47.818, reglamentada por el Decreto Nº 1.184/95, al igual que la Ley 962 de Ascensores, cumplen el mismo objetivo. Sin embargo, el incumplimiento de la normativa vigente impide el acceso de las personas con discapacidad motriz a la mayoría de las oficinas públicas, instituciones educativas, bancarias y de tipo social o comercial, al igual que muchos edificios de propiedad horizontal que fueron construidos con anterioridad a 1997. Nuevamente, la desidia estatal impide el ejercicio de los derechos de estos ciudadanos a peticionar, a formarse, a realizar un trámite o simplemente, a tomar un café con un amigo... Eso sí, sin contar con los innumerables obstáculos que se encuentran en la vía pública tales como mesas de bares, ocupando la mayoría de la vereda o puestos de flores y carteles publicitarios de diferente tipo. La ausencia estatal en el control y el incumplimiento mencionado en su edificación constituyen una de las mayores barreras junto con la inaccesibilidad del transporte público de pasajeros, ya sea automotor, ferroviario o de subterráneos. Esta última, resulta sumamente grave porque impide el derecho de "entrar, salir y permanecer en el territorio argentino" establecido por el art. 14 de nuestra Constitución Nacional, lo cual se ve agravado por la ausencia de fiscalización, con respecto a la expedición de los pasajes gratuitos, de acuerdo a lo establecido por el Decreto Nº 38/04, como por las continuadas prórrogas de la renovación del material rodante y de la falta de un modelo único que permita uniformar el parque de las empresas transportistas en el caso del transporte automotor y el incumplimiento de las concesionarias de los servicios ferroviarios y de subterráneos con respecto a sus obligaciones de acondicionar sus accesos, lo cual es soslayado por la Secretaría de Transporte de la Nación y por la misma Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). También sucede lo mismo con el acceso a las escuelas, bancos y comisarías, impidiendo su acceso al derecho de enseñar y aprender, comerciar y peticionar a las autoridades tanto a nivel nacional como provincial y la Ciudad de Buenos Aires. Según el Informe 2004 de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, los bares y confiterías todavía son inaccesibles: 48, con ingreso desnivelado; 28, con ingreso por escalera; 51, con ingreso con escalón y 69, sin rampas y con respecto a los baños, se han detectado 25, con sanitarios en el primer piso y 9, en el subsuelo, siendo esto lo general en el sector privado, incluyendo entidades bancarias. La protesta escolar puso sobre el tapete las enormes deficiencias de la infraestructura en las instituciones educativas, las cuales son de toda índole pero respecto de la accesibilidad nos encontramos con que, todavía, muchas de ellas son inaccesibles. Pero ello nos hace olvidar de la accesibilidad a nivel comunicacional que afecta a las personas con discapacidad visual y auditiva, lo cual se evidencia en la ausencia de información oral y escrita en oficinas públicas, al igual que de intérpretes en lengua de señas. Sin dudas, los trámites y gestiones, al igual que cualquier otro acto de la vida cotidiana, se ven obstaculizadas por la falta de elementos que permitan asegurar la autonomía de estas personas y ello vulnera su derecho a insertarse en nuestra sociedad. En consecuencia, la accesibilidad no es solamente una cuestión referida exclusivamente al medio físico porque, en realidad, se trata del acceso a los derechos establecidos por nuestra Constitución Nacional que se encuentra vulnerado por la indiferencia social y la inacción estatal. Esta cuestión resulta prioritaria, teniendo en cuenta la postergación de este sector social que, en algunos casos, no puede viajar ni tiene acceso a la educación, a la salud y a ese bien tan preciado como el trabajo, constituyendo una flagrante violación a sus Derechos Humanos. La accesibilidad como paradigma es un imperativo categórico que debe ser impuesto por el Estado, como forma de promover "el bienestar general" y no, como siempre, para pocos. Y es hora de cambiar los paradigmas, para poder construir una Argentina para todos y no, para los mismos de siempre... - Prof. Juan Carlos Sánchez, Cs. Jurídicas, Políticas y Sociales (I. S. P. "Dr. Joaquín V. González")