Tras la jornada del 9 de junio en Sucre (de que dábamos cuenta en nuestro último boletín) se fueron levantando las manifestaciones y bloqueos pero se mantuvo encendida una polémica en varias dimensiones. Por un lado los movimientos sociales que no dependen directamente del MAS (FEDJUVE y COR alteñas, CONAMAQ, CEPESC, CEPEMB, MST, Coordinadora de Cochabamba) insistían en que con el cambio de Presidente nada había cambiado y que se debía mantener las movilizaciones hasta conseguir los dos grandes objetivos planteados (Nacionalización de los Hidrocarburos y Asamblea Constituyente). Mientras las organizaciones más orgánicamente vinculadas con el MAS (CSUTCB y Federaciones departamentales, Bartolinas, Colonizadores), sin dejar de afirmar la importancia de esas dos consignas se iban entusiasmando más y más con la perspectiva electoral que inevitablemente se abre con el nuevo Presidente. P! or otra parte el bloque oligárquico concentrado en Santa Cruz seguía advirtiendo que si el Congreso no convocaba a Referéndum Autonómico lo harían ellos mismos, a la vez que exigía que se mantuviera la fecha del 12 de agosto para la elección de prefectos. Pero el tema que fue ocupando cada vez más el primer plano fue el de la renuncia de todos los parlamentarios para que las elecciones que debe convocar el presidente Rodríguez sean generales. Y ha sido precisamente esta demanda (a todas luces secundaria, y que nada resuelve) la que ahora marca la coyuntura. Asamblea Constituyente versus Referéndum Autonómico Un Encuentro Nacional de organizaciones, celebrado en Cochabamba el 18 de julio, planteó que el Presidente debía proceder a la nacionalización de los Hidrocarburos y la Convocatoria inmediata a Asamblea Constitu¬yente, además de agilizar el juicio de responsabilidades contra Sánchez de Lozada y sus cómplices, rechazando la elección de prefectos y pidiendo que el Referéndum Autonómico se celebre junto con la elección de constituyentes, para lo cual concedían al Gobierno una tregua hasta el 23 de julio. En el mismo sentido se manifestó el Pacto de Unidad, y de manera más zigzagueante también el MAS. Mientras tanto los cívicos de Santa Cruz (apoyados por los respectivos comités de Beni, Pando y Tarija, y enfrentados con los del resto del país) exigían empezar por el Referéndum Autonómico, y como gran cosa se mostraban dispuestos a aceptar un “Congreso Constituyente” (un congreso ordinario que dedicaría su primer año a reformar la Constitución). Pero su discurso amenazante chocaba con varios obstáculos: por una parte el descrédito que le van creando las actitudes fascistas de la “Unión Juvenil Cruceñista”; por otro lado la advertencia del Comandante de las FFAA en el sentido de que éstas no reconocerían ningún tipo de “auto-convocatoria” departamental; y finalmente el creciente apoyo de la población a la Asamblea Constituyente, apoyo que según encuestas poco sospechosas supera el 80 por ciento, y más todavía en la ciudad de Santa C! ruz. Por lo demás se va profundizando el debate social sobre estos temas, y en un Seminario Internacional convocado por el Capítulo Boliviano de Derechos Humanos (con participación de ambos “bandos”) se pudo llegar a la conclusión de que la demanda autonómica del movimiento cívico cruceño (que ha ido madurando y ahora se plasma en propuestas concretas de reformas constitucionales) puede ser aceptable en todos los aspectos y para todos los departamentos, menos en el tema crucial del control de la tierra. Pero en general las propuestas de ambos bandos siguen muy enquistadas. El rol del presidente, el rechazo a los parlamentarios y la modificación del Artículo 93 de la C.P.E. El Art. 93 de la Constitución establece claramente que cuando tiene que asumir la presidencia el Presidente de la Corte Suprema, éste está obligado a convocar a elecciones de Presidente y Vicepresidente para completar el período constitucional. Consecuente con este precepto, Rodríguez Veltzé se entiende a sí mismo como un presidente interino cuya única responsabilidad es convocar a elecciones. Desde esta perspectiva se viene moviendo con un estilo discreto y en permanentes reuniones con diversos sectores sociales y empresariales, a la vez que se esmera en hacer buena letra con el Congreso Nacional. Sin embargo el único tema que une a todas las organizaciones, instituciones y personas del país es la más vehemente descalificación de ese Congreso Nacional, de manera que pidiendo su renuncia o cese colectivo se han producido manifestaciones, pequeños paros, recolecciones de firmas, e incluso amenazas de tomar las casas de los parlamentarios. Y es una vez más esta instancia la que ha pasado casi cuatro semanas sin poder tomar un decisión. La renuncia colectiva era prácticamente imposible, pues bastaba que unos cuantos parlamentarios no lo hicieran para impedir esa salida, y desde el principio hubo algunos (como Dante Pino) que descaradamente se negaban a renunciar, o bien indignaban más a la opinión pública exigiendo una indemnización por los casi dos años que dejarían de cobrar sus dietas y privilegios. Por tanto la única solución viable parecía ser la ! reforma del Artículo 93 (aprovechando que estaba incluido en la última “Ley de Necesidad de Reformas”) con el fin de posibilitar que las elecciones a convocar puedan ser generales. Las negociaciones interpartidarias fueron muy largas y se vieron entorpecidas por la propuesta coincidente de la NFR y el MAS, que planteaban sí la renuncia de todos los parlamentarios, pero no para que se elija a otros en su lugar, sino para que se elija Asamblea Constituyente. Pese a la coherencia de esta propuesta (cuyo punto flaco era la prolongación innecesaria del mandato del actual Presidente), ante el peligro de que Rodríguez Veltzé convocara a la mera elección de Presidente y Vicepresidente, el MAS se plegó al acuerdo de modificar el citado artículo, cosa que ocurrió, para satisfacción casi general, en los últimos días. La nueva situación El Congreso Nacional ha reformado el Art. 93 (a tiempo de rechazar la reforma de todos los demás artículos contenidos en la Ley de Necesidad) y ha promulgado una ley interpretativa del Art. 109 para darle más legalidad a la elección (“selección”) de prefectos. En consecuencia ha convocado a elecciones generales (Presidente, Vicepresidente, Senadores y Diputados, cuyo mandato terminará el 6 de agosto de 2010) y simultáneamente a elección de Prefectos para el primer domingo de diciembre (cuyo mandato terminará junto con el de los actuales alcaldes y concejales). Finalmente ha establecido como fecha para la celebración del Referéndum Autonómico y para la elección de constituyentes (en las condiciones que lo defina la próxima ley de convocatoria) el primer domingo de julio de 2006. Por su parte el Presidente ha emitido los correspondientes decretos de convocatoria. De manera que! ahora el panorama parece haberse aclarado: nos encaminamos a elecciones generales (que incluyen la de prefectos) y nomás los cívicos de Santa Cruz han tenido que aceptar que el Referéndum Autonómico va a coincidir con la elección de asambleístas. A estas alturas los ánimos se están ya acomodando a la propuesta de candidaturas y frentes. ¿Un “empate catastrófico”? Este concepto de Álvaro García Linera nos puede servir para interpretar la situación. Ninguno de los bandos en pugna (ni el social-popular, ni el cívico-oligárquico) ha podido imponer su agenda, y pese a las protestas y denuncias que surgen de ambos lados parece que la coyuntura se electoraliza y que tendremos la pesada paz social típica de una campaña electoral. Éste es el “empate”, y si entre los movimientos sociales hay más voces descontentas que en el bando oligárquico (incluso con amenazas de más movilizaciones), tal vez se deba a que en aquel bando hay menos conciencia acerca de la imposibilidad real de romper el empate. La cuestión de “correlación de fuerzas”, y su análisis, lamentablemente suele estar ausente de los balances populares. Pero no nos hagamos ilusiones. El empate es “catastrófico” porque es evidente que con las próximas elecciones no se resuelve nada (las petroleras siguen ocultando información y siguen vendiendo nuestro gas a precios irrisorios, y el viejo estado colonial sigue intacto, y no tiene ningún sentido que elijamos Poder Ejecutivo y Poder Legislativo sin sabe qué va a definir sobre ellos la próxima Constituyente). Por tanto lo único que se consigue con este empate es una tregua de seis o siete meses y, pasada la borrachera electoral, tanto la acumulación de pobreza (y de sus diferentes expresiones), como la acumulación de discriminación colonial, volverán a poner en jaque al nuevo Gobierno, al nuevo Congreso y al estado en general. Parece que tiene razón García Linera, realmente nos hallamos ante un empate catastrófico. - Bolivia Press 2005, Nº 9 (8 de julio) Boletín electrónico quincenal del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB). www.cedib.org