En el día de ayer, la Comisión de Defensa Nacional del Senado solicitó al Ministerio de Defensa Nacional la ampliación de los antecedentes de "dos o tres" oficiales de la Armada para los que el Poder Ejecutivo solicitó venia para ascenderlos a Capitanes de Navío. Al parecer, existen algunas "dudas" sobre su actuación en tiempos de dictadura. El presidente de la comisión, el tupamaro Eleuterio Fernández Huidobro, se negó a dar los nombres de los marinos, y enfatizó que no se trata de un "cuestionamiento" de los designados, sino de "un pedido de ampliación de información". "No voy a hacer comentarios sobre la ampliación de información que estamos pidiéndole al Poder Ejecutivo porque nos hemos comprometido a mantener la reserva a los efectos de no manosear el nombre de ningún oficial", explicó el senador del Movimiento de Participación Popular. Al ser preguntado sobre la designación del capitán de navío Ernesto Serrón como integrante de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), Fernández Huidobro se manifestó desconocer la situación, ya que esa "fue una designación directa que no necesita venia" y dijo desconocer "por completo el caso". Serrón fue Jefe de la Inteligencia Naval hacia 1980, sustituyendo en el cargo al capitán Juan Craigdallie. Los dos están denunciados como represores por el marino Daniel Rey Piuma, quien ese año desertó de la marina y denunció internacionalmente las violaciones a los derechos humanos cometidas en el arma, en la que fungía como perito dactiloscópico, fotógrafo, y falsificador de documentos. En 2003, el presidente Jorge Batlle designó a Craigdallie como agregado naval adjunto en la embajada uruguaya en Buenos Aires, y delegado ante el Coordinador del Area Marítima del Atlántico Sur (Camas), el organismo del Mercosur responsable del control del tránsito marítimo en la región. Ello provocó una dura protesta del gobierno de Néstor Kirchner, quien no aceptó la designación. Ahora, el presidente Tabaré Vázquez designa a su sucesor en la dirección de inteligencia naval como integrante del organismo binacional que regula lo referente al río Uruguay, y el gobierno argentino ha pedido nuevamente explicaciones, aunque mucho más discretamente que entonces. Consultado por la prensa, Rey Piuma (quien vive en Holanda y está amenazado de muerte por sus denunciados) confirmó la pasada semana que Serrón "estaba vinculado a tareas directas de represión y de tortura". Explicó que "antes de que entrara en la Dirección de Inteligencia de Prefectura, era Jefe del S2 de Punta del Este; todos los S2 de todo el país, sea del Ejército, la Marina, la Aviación, estaban encargados de tareas de represión, de detención y de torturas de gente que estaba vinculada a la resistencia." Hasta el cierre de esta edición, el gobierno uruguayo seguía insistiendo en que no hay motivos para cambiar la designación de Serrón porque no existe ninguna denuncia concreta contra él. Sin embargo, aún en el caso de que no hubiera empuñado una picana eléctrica en su vida ni hubiera ordenado nunca torturar a alguien: Serrón estaba ahí, Serrón sabía, Serrón escuchaba, Serrón veía, y nunca dijo nada. Lo mismo se aplica a todos y cada uno de quienes integraron las Fuerzas Armadas durante la dictadura: los que no violaron los derechos humanos fueron cómplices de los que sí lo hicieron. Ninguno salió impoluto de la barbarie porque el silencio también es delito. Eso sólo debería bastar para que este gobierno respetuoso de los derechos humanos evitara al menos designarlos en cargos de importancia. Sería también lógico que no los continuara ascendiendo como si nada hubiera pasado salvo que alguien les haya visto la cara mientras lo torturaban; y nadie podría criticar al presidente Vázquez si decidiera "descabezar" los mandos como lo hizo el presidente Kirchner no bien asumió el gobierno. Hasta ayer, estos militares que vienen desde la época del oprobio podían extorsionar al gobierno y al pueblo uruguayos con los cuerpos de los detenidos desaparecidos torturados por ellos hasta la muerte (que escondieron durante 30 años como sangriento botín de guerra). Ahora ya no hay excusas para hacer lo que se debe. - Andrés Capelán. Montevideo/Comcosur