El llamado de Robertson para asesinar al líder democráticamente elegido de Venezuela es inmoral, ilegal, y debe ser investigado. ____________ El lunes 22 de agosto, el tele-evangelista de extrema derecha y partidario de Bush, Pat Robertson, lanzó un llamado para asesinar al presidente democráticamente elegido de Venezuela, Hugo Chávez. Pat Robertson, precandidato presidencial del Partido Republicano en 1992, junto con los millones de partidarios de su Club 700, constituyen un componente clave del Partido. Robertson dijo en su programa regular de televisión del lunes que "si Chávez piensa que estamos intentando asesinarlo, yo pienso que realmente deberíamos salir adelante y hacerlo". En una alusión indirecta a anteriores invasiones de los EE.UU. a países como Vietnam e Iraq, agregó que: "Resulta mucho más barato que comenzar una guerra. Tenemos la capacidad de sacarlo, y pienso que ha llegado el momento de ejercer esa capacidad. Es mucho más fácil que unos agentes secretos hagan el trabajo y se acabó". El Presidente Bush, la Secretaria de Estado Condoleezza Rice, el líder de la mayoría en el Senado Bill Frist, el Presidente de la Cámara Dennis Hastert, y el líder de la mayoría de la Cámara Tom DeLay, deberían estar haciendo fila para condenar en los términos más fuertes posibles estas declaraciones inmorales de un líder de su base política, que hacen una mofa del cristianismo y desmienten las pretensiones republicanas de que defienden el derecho a la vida. En lugar de ello, el portavoz del Departamento del Estado, Sean McCormack, se refirió simplemente a la declaración de Robertson como "inapropiada". Invocar el homicidio terrorista contra un presidente democráticamente elegido no es " inapropiado"; es ilegal, es inmoral, debe ser condenado en el lenguaje más fuerte posible, y debe ser investigado por potencial violación de la legislación federal e internacional. Afortunadamente, hay algunos/as congresistas que entienden las implicaciones de este acto extremista. El representante Serrano dijo que los comentarios eran "intolerables". El representante Lee juntó su voz para decir que "el presidente Bush debería rápida y claramente condenar el llamado de Robertson al asesinato del líder democráticamente elegido de Venezuela, especialmente considerando que su nuevo Subsecretario de Estado para la Diplomacia Pública, Karen Hughes, ha estado presente en el programa de Robertson". Además, el Consejo Nacional de Iglesias manifestó que "el llamado de Robertson al asesinato del presidente venezolano Hugo Chávez es vergonzoso al punto de ser increíble. Es contrario a toda lógica que un clérigo pueda descartar tan alegremente millares de años de ley judaeo-cristiano, incluyendo el mandamiento de que no debemos matar". El reverendo Jesse Jackson Jr. dijo que la retórica de Robertson, "sobre todo si se lo lleva a efecto, socava la diplomacia y el diálogo internacionales, y no tiene ningún lugar en el mundo de hoy". El Vice presidente venezolano José Vincent Rangel comentó en una rueda de prensa en Caracas que "antes, llamaban abiertamente al derrocamiento de Chávez, ahora el llamado es para asesinarlo". Agregó que "el fundamentalismo religioso es uno de los problemas más grandes que enfrenta el mundo de hoy." Robertson consistente con la política del gobierno estadounidense El gobierno de los EE.UU. ha estado trabajando para crear un clima hostil al gobierno democráticamente elegido de Venezuela, durante años. Más que marcar un contraste, las declaraciones de Pat Robertson son consistentes con las acciones de la administración Bush. La administración Bush apoyó el golpe de 2002 contra el Presidente Chávez, y ha continuado financiando a líderes del golpe en sus esfuerzos de derrocar al Presidente Chávez, incluso después del golpe, conforme con lo documentado en www.venezuelafoia.info. Recientemente, los EE.UU. han intensificado esfuerzos por aislar a Venezuela en la región (si bien estos esfuerzos han sido rechazados en buena parte por otros líderes latinoamericanos). Hacia inicios de esta semana, el Secretario de la Defensa Rumsfeld continuó el ataque retórico de la administración Bush contra el presidente Chávez, reiterando viejos e infundados reclamos con respecto a Venezuela. Sin embargo, en agosto de 2004, Chávez ganó un referéndum sobre su presidencia con el 59%, resultado que fue certificado por la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Centro Carter. Su popularidad se ubica actualmente por sobre el 70%, mucho más alto que la de su contraparte estadounidense. La política de antipatía del gobierno de los EE.UU. hacia Venezuela responde más a que este país propone una visión económica alternativa para el hemisferio, que a cualquier preocupación no fundamentada con respecto a la democracia. El Presidente Chávez ha emprendido una serie de reformas económicas, tales como canalizar miles de millones de las ganancias de la industria petrolera hacia programas masivos para el cuidado médico, la educación, la alfabetización y el agua potable, y promover la integración regional; propuestas que ponen en evidencia los esfuerzos fallidos de la administración Bush de promover la globalización corporativa, estableciendo un Área de Libre Comercio de las Américas. El modelo económico neoliberal del "libre comercio" de los EE.UU. no ha podido propiciar el crecimiento en la región; según el Center for Economic and Policy Research, los latinoamericanos han experimentado un crecimiento económico de menos del 0,5% per cápita en los últimos 25 años. Mientras tanto, las políticas económicas de Chávez (combinadas con las ganancias petroleras) han convertido a Venezuela en la economía de crecimiento más rápido de la región. Empero, la aversión del gobierno estadounidense por la visión de Chávez de una economía nacional orientada al desarrollo más que al libre comercio para las corporaciones estadounidense, no le otorga al gobierno de los EE.UU., -ni a sus partidarios- una licencia para matar. En sus comentarios, Robertson invocó la Doctrina Monroe, el instrumento primordial de la política de los EE.UU. de intervención y dominación en el Hemisferio Occidental desde 1823. "No podemos permitir que esto suceda en nuestra esfera de influencia", agregó. La implicación del gobierno de los EE.UU. en el derrocamiento de gobiernos democráticamente elegidos, en el pasado, pesa fuertemente en las mentes de los latinoamericanos, de países como Chile, Guatemala, Haití, Granada y República Dominicana. Es más, el gobierno de EE.UU. ha estado vinculado con el asesinato, en 1963, del presidente vietnamita del sur Ngo Dinh Diem, así como los asesinatos del presidente de Congo Patrice Lumumba, del presidente chileno Salvador Allende, y de atentados repetidos a la vida del presidente cubano Fidel Castro. Un elemento de los comentarios de Robertson tiene poco asidero en la realidad de los EE.UU. o de Venezuela. Afirmó que si se asesinara a Chávez, él "no pensaba que se suspendería ningún envío de petroleo". El Presidente Chávez ha indicado en varias ocasiones que los envíos del petróleo de Venezuela, que representan aproximadamente el 15% de las importaciones de EE.UU., continuarán regularmente mientras ese país no cometa actos violentos de agresión contra la soberanía de Venezuela. Varios artículos que citan sus declaraciones reiteradas sobre este tema están disponibles en www.venezuelanalysis.com. Venezuela está ampliando sus exportaciones a otros países, incluyendo China, el Caribe y Sudamérica, pero ha mantenido los envíos a EE.UU., que abastecen al Litoral Este con aceite de calefacción y mantienen funcionando las 14.000 gasolineras de Citgo, de propiedad venezolana. Pero en el caso de un ataque contra la integridad física del líder venezolano, la cesación inmediata de exportaciones de la cuarta fuente más grande de EE.UU. estaría prácticamente garantizada. La hostilidad continua del gobierno de los EE.UU. hacia el Presidente Chávez ha creado un clima tal, que un líder republicano se permite llamar a que su país mate a un jefe de Estado elegido, como parte de una política exterior barata. Los comentarios de Robertson constituyen un llamado de alerta respecto a la necesidad de implementar una nueva política de relaciones exteriores con Venezuela: una basada en el respeto a una democracia vigente y un importante aliado económico. Obligaciones bajo el Derecho federal e internacional Pat Robertson debe ser investigado y potencialmente enjuiciado por este hecho. Bajo el Título 18 de la Sección 1116 del Código de los EE.UU., "quienquiera que mate o intente matar a un funcionario extranjero, huésped oficial, o persona internacionalmente protegida será castigado". La Sección 878 del mismo título declara como crimen "la amenaza con conocimiento y voluntad" de cometer el crimen antedicho. Le corresponde al ejecutivo actuar con el mayor peso de la ley. El gobierno de los EE.UU. también tiene obligaciones bajo el derecho internacional de prevenir y castigar actos de terrorismo contra jefes de Estado extranjeros, si esos actos se conciben o se planean en territorio de los EE.UU. La Convención de 1973 de Naciones Unidas sobre la Prevención y el Castigo de Crímenes contra Personas Internacionalmente Protegidas declara como crimen el "asesinato, el secuestro u otro ataque contra la libertad de una persona internacionalmente protegida; .. [ incluyendo ] una amenaza para cometer un tal ataque". Una persona internacionalmente protegida significa un jefe de estado (u otras personas especificadas). EE.UU. es también signatario a la Convención de 1971 para Prevenir y para Castigar los Actos de Terrorismo que Toman la Forma de Crímenes contra las Personas y la Extorsión Relacionada de Trascendencia Internacional, de la OEA. El Artículo 8a obliga a los estados signatarios a comprometerse a cooperar entre sí, tomando todas las medidas que pueden considerar efectivas, bajo sus propias leyes, y especialmente aquellas establecidas en esta convención, para prevenir y castigar los actos del terrorismo, especialmente el secuestro, el asesinato, y otros atentados contra la vida o la integridad física de aquellas personas a quienes el Estado tiene el deber, según el derecho internacional, de dar protección especial, como también la extorsión en conexión con esos crímenes. Esto incluye a los jefes de Estado extranjeros como personas internacionalmente protegidas. La Christian Broadcasting Corporation (CBN) debe también ser investigada por la ilegalidad potencial de usar las ondas radiales bajo licencia federal para invocar el asesinato de un jefe de estado democráticamente elegido. A la luz de la multa de $550.000 contra la cadena CBS, por ventilar accidentalmente un "malfuncionamiento de guardarropa", sería irónico en el extremo si no se castigara similarmente a CBN por ventilar un llamado al homicidio terrorista. Si el gobierno estadounidense no tuviera una historia de provocación con ataques infundados en las relaciones EE.UU.-Venezuela, habría poco motivo de preocupación por los comentarios de Robertson. Pero en vista de los hechos históricos de la participación de los EE.UU. en el derrocamiento de gobiernos democráticamente elegidos, junto con su actual agresión hacia Venezuela, esta incitación al homicidio terrorista por un partidario clave de Bush resulta preocupante. Es hora de pasar la página en nuestra política hacia Venezuela y de construir relaciones de respeto con el líder democrático más popular de América Latina. Traducción: ALAI Deborah James es directora de economía global de Global Exchange, San Francisco.