Llueve sobre mojado en Guatemala. Por segunda vez en los últimos siete años, el país centroamericano acapara la atención mediática y la consternación de la comunidad internacional. En la primera de ellas, con ocasión del huracán Mitch en 1998, compartió portadas de periódicos con sus maltrechos y devastados vecinos centroamericanos. Esta vez lo hace con Pakistán, asolado por un terremoto de dimensiones enormes y consecuencias aún incalculables. Hasta donde las cifras provisionales nos permiten conocer, la magnitud de la catástrofe es aún peor que la del Mitch: las cifras son impactantes en términos absolutos y aún más dramáticas, si cabe, en términos relativos. El propio Gobierno guatemalteco ha estimado que unos 3 millones y medio de personas (en un país de algo más de 11 millones) han resultado damnificadas, que una tercera parte del territorio (36.000 km2, un área bastante superior a la extensión del vecino El Salvador) ha sido devastada y que 12 de los 13 departamentos con mayor densidad de población han resultado gravemente afectados. Tsunamis políticos A la vista de lo sucedido estos días en Centroamérica, ¿cabe la posibilidad de hacer alguna lectura positiva de todo lo sucedido? Puede que sí, si somos capaces de alzar la mirada y trascender las imágenes espantosas que nos traen los medios de comunicación; si somos capaces de vislumbrar que, del mismo modo que todo conflicto contiene un potencial positivo y transformador de la realidad, las catástrofes humanitarias sin duda alguna tienen una incidencia directa en la vida política de un país y pueden contribuir a visualizar, desbloquear, acelerar o resolver situaciones y procesos que habían caído en el estancamiento, la inmovilidad o el olvido. A modo de ejemplo, a escasos kilómetros de Guatemala, el terremoto de Managua en 1972 supuso el principio del fin de la larga dictadura de los Somoza. Pero no nos vayamos tan lejos en el tiempo y observemos las consecuencias políticas de fenómenos ocurridos en pleno siglo XXI. Recientemente, en EEUU, la determinación con la que Rudolph Giuliani reaccionó tras el 11-S le elevó a los olimpos, mientras que el Katrina ha hundido a George W. Bush en las encuestas de popularidad, obligándole a alterar su programa de Gobierno y probablemente a introducir algunos cambios sustantivos en su política exterior. Del mismo modo, en otras latitudes, la unánimemente aplaudida gestión que el Primer Ministro tailandés hizo del tsunami le sirvió en bandeja una holgada mayoría absoluta, a pesar de que el país seguía y sigue enfrentando uno de los mayores episodios de violencia política de las últimas décadas en las regiones sureñas de mayoría musulmana. Y continuando con los efectos políticos del tsunami, cabe destacar en positivo el acuerdo de gestión conjunta de la ayuda humanitaria que el Gobierno de Sri Lanka y la longeva y poderosa guerrilla de los Tigres Tamiles se vieron obligados a firmar, incrementando con ello la confianza entre las partes y posibilitando el tímido y momentáneo avance de unas enquistadas conversaciones de paz. Finalmente, tal vez el ejemplo reciente más paradigmático de hasta qué punto las catástrofes humanitarias pueden llegar a determinar el curso político de un país lo encontramos en la región indonesia de Aceh, epicentro del tsunami. En dicha provincia, con decenas de miles de muertos a causa de las inundaciones y casi 30 años de guerra a sus espaldas, el tsunami se convirtió en una verdadera oportunidad para la paz al permitir entablar negociaciones entre las temibles Fuerzas Armadas indonesias y la guerrilla del GAM. Dichas negociaciones cristalizaron el pasado 15 de agosto en un acuerdo de paz que hasta el momento se está implementando felizmente y sin mayores contratiempos. Stan: ¿Una oportunidad para Guatemala? Es probable que el huracán Stan no lleve consigo la semilla de la paz o la democratización (puesto que Guatemala es formalmente una democracia y firmó la paz en 1996), pero sí tal vez puede ayudar a visibilizar los enormes problemas estructurales que arrastra un país que desapareció del mapa tras la firma de los acuerdos de paz de 1996, engullido tal vez por la euforia internacional que desataron los que en su día fueron considerados los acuerdos de paz más ambiciosos de la historia. Pero, ¿cuáles son los principales (e invisibles) problemas que alberga el país y que la atención mediática generada por los efectos del Stan puede ayudar a poner en la agenda de Gobiernos y medios de comunicación? En primer lugar, la violencia y la inseguridad ciudadana. Como la energía, la violencia se transforma pero no se extingue en Guatemala, hasta tal punto que las cifras de mortalidad asociadas a la violencia del presente año se acercan peligrosamente (y amenazan con superar) a las de la época del conflicto armado (1960-96). Albergando una de las tasas de homicidios más altas del mundo y habiéndose convertido en uno de los países más peligrosos de América Latina, Guatemala asiste atónita y temerosa a la irrupción de decenas de maras (pandillas juveniles armadas vinculadas al crimen organizado) que llevan a cabo acciones extremadamente violentas. Si bien este fenómeno es común e igualmente preocupante en toda Centroamérica, en Guatemala algunas fuentes estiman en 30.000 los miembros de dichas maras, una cifra superior a cualquiera de las guerrillas contemporáneas más poderosas. En segundo lugar, la impunidad y el fracaso del sistema judicial. Sólo así se explica que los máximos responsables de las atrocidades cometidas durante la guerra (incluso aquéllos acusados de genocidio) sigan ejerciendo destacados cargos públicos y moviendo los hilos del poder; que las Fuerzas Armadas y los órganos de inteligencia de tiempos de la guerra sigan siendo las instituciones más influyentes del país; que proliferen bajo el amparo y cobijo del Estado numerosos aparatos clandestinos que ejecutan con gran sigilo y profesionalidad (la que les otorga tantos años de servicio público en el Ejército o la policía) campañas de limpieza social o de hostigamiento continuo contra ONG, magistrados o periodistas; que los “linchamientos” menudeen en áreas rurales en las que no hay el menor resquicio de la presencia del Estado o que los antiguos paramilitares -ex Patrullas de Defensa Civil-, los ejecutores (forzados o voluntarios) del trabajo sucio durante la guerra, consigan paralizar reiteradamente y por la fuerza el país para exigir (y posteriormente conseguir) indemnizaciones por los “servicios prestados al Estado”. Y todo ello, por supuesto, sin que las decenas de miles de víctimas del conflicto armado hayan recibido ninguna de las compensaciones recomendadas por la Comisión del Esclarecimiento Histórico y asumidas en su día por el Estado guatemalteco. En tercer lugar, la llamada violencia estructural y la no superación de los motivos que originaron el inicio del conflicto armado. Guatemala sigue estando a la cola de los países latinoamericanos (exceptuando Haití) en los principales indicadores socioeconómicos (pobreza, desigualdad, concentración de la tierra, analfabetismo, desnutrición, etc.) y políticos (participación electoral, corrupción, vulneración de derechos humanos y libertades fundamentales, etc.). Toda esta violencia del sistema se ceba especialmente en los pueblos indígenas, que constituyen una amplia mayoría de la población y que siguen sufriendo (a pesar de gozar de varios instrumentos jurídicos nacionales e internacionales que los protegen) discriminación en masa e incluso racismo de Estado. Estos tres problemas se ven debidamente azuzados y perpetuados por dos aspectos que actúan de modo transversal: el incumplimiento sistemático de los Acuerdos de Paz de 1996 y el olvido en el que, como tantos países en fase de rehabilitación posbélica, ha caído Guatemala por parte de la comunidad internacional. Cuando ha pasado casi una década de la firma de la paz, sólo se ha implementado un porcentaje irrisorio de los acuerdos y la mayoría de los compromisos han tenido que ser “reubicados” en el calendario casi completamente por falta de voluntad política. Los acuerdos de paz, por tanto, están heridos de muerte casi antes de que hayan empezado a rodar y ya parece imposible que se erijan en la agenda de cambio político capaz de ilusionar a la población, de aglutinar mayorías a su entorno y, sobre todo, de refundar el país. Aseguran algunos centros de investigación que Guatemala es uno de los países que más dificultades atraviesan tras la finalización de un conflicto armado reciente. El Stan puede ser una oportunidad para Guatemala. Y como todas las oportunidades, se puede aprovechar o no. - Jordi Urgell es investigador de la Escuela de Cultura de Paz Fuente: Agencia de Información Solidaria: http://www.infosolidaria.org/