La Corte Constitucional de Colombia en el día de ayer (19 de octubre) y en un acto que racionalmente se podría calificar como previsible, yo no sé si alguien esperaba lo contrario, desde luego yo no, declaró la exequibilidad del Acto Legislativo 02 del año 2004. Con el señalado acto, el Congreso de la República consagró en el actual ordenamiento jurídico-político del país la figura de la reelección presidencial con características inmediata. El fallo proferido por el Alto Tribunal, sin duda, despeja el camino para una eventual reelección del Presidente Álvaro Uribe Vélez, hasta ahora el mayor beneficiado con esta importante y singular reforma. Así, el Presidente Uribe Vélez, sin salir victorioso del todo con el pronunciamiento de la Corte, pues hay que esperar el fallo que ella emita sobre las garantías electorales, si está alegre, feliz diría yo. Y al decir verdad, también lo están la Casa Blanca, el Departamento de Estado, el Pentágono, el Fondo Monetarios Internacional, el Banco Mundial y las multinacionales de los EEUU y de Europa, como no, pues su candidato podría quedarse en la Casa de Nariño cuatro años más. En el suelo propio: los militares, los principales gremios económicos y financieros, los adictos y adeptos al uribismo, y los narcoparamilitares, y como no podía ser de otro modo, no ocultan su satisfacción de que Uribe, su pupilo, el candidato de la guerra por ganar, y de la paz por perder, podría estar en la primera línea de salida si se consolida, como seguro sucederá, su candidatura a la reelección. La Corte Constitucional con su falló de exequibilidad, ha desestimado más de una docena de demandas que pesaban contra el Acto Legislativo en mención, pues consideraron los que impetraron tales demandas que la reforma acusaba serios vicios de forma, de fondo, y entraba en serias contradicciones con importantes derechos consagrado en la Constitución Política de Colombia. Las demandas que fueron instauradas en su día provenían de las más diversas vertientes ideológicas y políticas que existen en el espectro político del país y ellas no eran un embeleco, una añagaza del antiuribismo militante como confesos amantes de la reelección y de la gestión de Uribe llegaron a pensar en su momento. Así y de esta manera, desde la sanción presidencial del Acto legislativo, hecho que ocurrió el 27 de Diciembre del año 2004, hasta el día de ayer, el centro de gravedad sobre la constitucionalidad o no del mencionado acto se trasladó a la Corte Constitucional. Es de anotar que los recursos interpuestos ante este importante organismo demandaban su pronunciamiento no sólo sobre los aspectos relacionados con lo procedimental de la reforma sino que además de demandar un juicio en lo atinente al fondo, pues lo era necesario, también lo hacían en lo referente al hecho de sí el Congreso de la República tenía la competencia para reformar de algún modo el sistema electoral y la arquitectura política del Estado. Otros, quisieron con sus demandas, en cambio, que la Corte se pronunciara sobre la inconveniencia o no de la reforma. Justificando el fallo De este relicario de demandas; sopesadas y serias la gran mayoría de ellas, la Corte Constitucional tuvo en cuenta para acometer el polémico fallo que ayer fue dado a conocer a los medios, y en donde da por exequible la reforma adelantada por el Congreso, sólo aquellas que gravitaban alrededor de la formalidad de la reforma. Según el Presidente de la Corte Constitucional, Manuel José Cepeda, ésta no se centró en los aspectos sustantivos de la reforma, pues, según su criterio y el de las dos terceras partes de la Corte, éste organismo no tenía la competencia para juzgar el fondo (1) de la reforma. ¿No la tenía o no quería juzgarla? Quiero anotar que en lo jurídico como en el mundo de la democracia, igual de importante es la forma como el fondo de las cosas. Visto así el asunto, para la Corte no hubo ni antes, ni durante el trámite de la reforma en el Congreso conflicto de interés alguno, razón por la cual se desestimaron los señalamientos que se hicieron desde algunas demandas en el sentido de que algunos congresistas estaban impedido para votar la reforma, pues se rumoró en su momento que varios de los parlamentarios habían recibido prebendas burocráticas para votar afirmativamente el texto de la reforma. En otro aparte del fallo, este órgano concibió también que la discusión del acto legislativo estuvo precedido por los debates necesarios sobre lo atinente a los impedimentos y las recusaciones, y que por esta razón no halló vicios de inconstitucionalidad en cuanto hace referencia a este acápite. Resalta la Corte, y con demasía, que las ponencias durante la discusión de la reforma fueron votadas con el debido quórum y bajo el régimen de mayoría exigido. Es decir, que para la Corte el proyecto de reforma constitucional gozó de buena salud en su trámite. Lo que la Corte constitucional no quiso ver Según la Corte Constitucional, todo se dio de manera pulcra, dentro de la norma. Para las dos terceras partes (2) de este organismo el que Congresistas tales como Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, ---los casos más sonoros--, hayan recibido y al parecer importantes incentivos burocráticos, la primera por votar a favor del proyecto --- cuando se sabía que iba a votar en contra--- en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes en su primer debate, y el segundo, por ausentarse en la votación, no constituye, según su criterio, ningún conflicto de interés. Y así y por el estilo la Corte ha desestimado los principales argumentos de las distintas demandas, que sumaban en su totalidad 18. Y si en el trámite de la reforma de la reelección, la Corte no ve ningún vicio, en lo que hace alusión al contenido y a la conveniencia de esta figura; la misma no entró a hacer ninguna valoración, pues lo consideró un campo no a tratar. Así, resulta cuando menos risible que la Corte le diga al país y al mundo entero que la inequidad que genera y consagra la reelección en Colombia no es un asunto de su incumbencia. Nada más distante de la realidad que esta apreciación, pues todos sabemos que la figura de la reelección Presidencial tal y como se ha producido en el país, busca y por todos los medios favorecer en principio al Presidente Uribe, que es quien hoy detenta el poder y quien de manera más animosa y a través de sus congresistas amigos más ha impulsado la reforma. Y ello para no referirnos al proceder invasivo del Gobierno mientras se tramitaba la reforma en el Congreso, y en donde en más de una ocasión vimos al Ministro del Interior, Sabas Pretel de la Vega; haciendo unas encendidas intervenciones cuyo fin era convencer a los Congresistas indecisos de la conveniencia de darle paso a la reelección; pues si ésta no se lograba con Uribe, decía, lo demás sería el caos, la catástrofe integral. Ante esta flagrante violación al principio de la independencia de poderes, la Corte, o al menos los magistrados que votaron a favor de la reforma prefirieron sin rubor alguno mirar para otro lado, no sin antes hacer uso de la aritmética jurídica a su favor, y de cara a validar el acto legislativo. Al parecer les sentaba mejor esta nueva posición, les era más cómoda, quizá. Y también miraron hacia otro lugar ante la violación del principio democrático, del pluralismo, la participación y la igualdad; principios que fueron abierta y clamorosamente violados por el Congreso al concebir la Reelección de manera inmediata. Quienes salvaron (3) su voto ante el fallo, muy bien han argumentado y documentado porqué la Corte no debió aprobar el examen del fallo. En consonancia con lo anterior hay que señalar que, la reforma que consagra la reelección y que hoy santifica la Corte, excluye, margina, segrega, y, por tanto, beneficia dentro del grupo de funcionarios públicos del Estado y del Gobierno sólo al Presidente de la República, que es entre otras cosas el único funcionario en ejercicio de sus funciones que puede aspirar a ser reelegido potencialmente como Presidente. ¿No ve la Corte aquí ninguna anomalía? Este principio segregacionista consagra la inequidad y la desigualdad; elementos que contravienen el ordenamiento interno y también una serie de tratados internacionales que el Estado colombiano ha suscrito y que viajan en la dirección de potenciar la igualdad de oportunidades y la equidad en los más diversos campos de la vida social y política. Frente a ello el vigía del ordenamiento jurídico en el país manifiesta hoy y para desconcierto de muchos un claro desinterés, cuando no una silenciosa voluntad de beneficiar la figura de la reelección amparándose en el precepto de no entrar en el fondo de la reforma. ¿No fue acaso la Corte instaurada para defender la voluntad del Constituyente primario y los derechos constitucionales de todos los colombianos? La Corte: una de cal y otra de arena. La Corte Constitucional con su fallo ha reculado, ha preferido juzgar la forma y no el contenido y la conveniencia misma de la reforma realizada por el poder legislativo. Si se ha pronunciado, como lo ha hecho, sobre la competencia y los límites del Congreso es porque le daba vergüenza no hacerlo y porque además le era suyo definir los linderos del poder del legislador, del cual ha dicho y es una verdad de perogrullo, que en él no radica la soberanía. Era lo menos que se podía esperar que dijera. En esta ocasión la Corte Constitucional ha dado una de cal y otra de arena, declara, efectivamente, que el Congreso no puede bajo ningún aspecto otorgarle facultades al Consejo de Estado para expedir una norma que reglamentara la reelección, y, por otra concibe que el Congreso si estaba facultado para aprobar una reforma del calibre de la reelección inmediata, lo que avaló con una votación de 6 a 3. Al referirse a la competencia del Congreso de la República, sin duda, la Corte se ha pronunciado sobre el fondo de la reforma, lo extraño es que no haya querido ahondar más en el meollo del asunto y haya dado por buena la reforma; que todos sabemos contraviene la voluntad del constituyente primario, cuando en su momento, y en particular en 1991, él se pronunció en contra de cualquier posibilidad de que la reelección en Colombia fuera una realidad, y todo para frenar las tendencias autoritarias y el evitar el abuso de poder de quien estando ya instaurado en el aspire a perpetuarse en este. De esta manera, la Corte acepta que el Congreso tiene importantes límites, pero, sin objeción alguna, se muestra silenciosa y pusilánime cuando acepta que el legislativo modifique de manera sustancial el sistema electoral imperante, la naturaleza del régimen político y sobre todo, que no musite ni una sola palabra frente a una reforma, que tal como está, ha sido diseñada a imagen y semejanza de las ambiciones personales de Uribe y del grupo que lo acompaña. ¿Intimidaciones y algo más en la decisión de la Corte? La jurisprudencia de la Corte nos pone de presente, sin embargo, que sí tenía y tiene este organismo toda la legitimidad y la legalidad para pronunciarse sobre el fondo de la reforma, otra cosa es que no haya querido hacerlo por distintos motivos, entre ellos, la parcialidad de algunos de los magistrados que la componen y quienes han virado hoy más hacia el ala del Gobierno, sobre todo después de la aceptación de Andrés Pastrana como Embajador en Washington. Otra razón que explica el hecho que se aduzca la falta de competencia de la Corte para pronunciarse sobre los aspectos nodales de la reforma puede ser la avalancha de presiones y hasta de intimidaciones (4) que se han ejercido desde distintos frente del Gobierno; lugar desde donde se ha acusado y en reiteradas ocasiones que la Corte cogobierna y que se hace necesario establecer un reforma que la prive, según el gobierno, de esa incomoda capacidad. No han sido escasos los momentos en que el Gobierno ha amenazado con presentar al Congreso importantes proyectos en los que se anuncia una capital reforma a la justicia. Aún recordamos muchos las diatribas de Fernando Londoño, Ex ministro del Interior y de Justicia de este Gobierno contra la Corte, y lo mismo ha hecho el actual Ministro del Interior, Sabas Pretel de la Vega; sólo que de modo más solapado pero igual de intemperante y corrosivo. En varios momentos se habló desde el Gobierno, sobre todo cuando se sabía que la correlación de fuerza en la Corte no le era favorable al mismo, que el máximo organismo no actuaba en derecho, que hacía política desde la justicia, que desde allí se rezumaba un antiuribismo y que se daba por seguro que se opondría a la reelección. Así, todos los mensajes lanzados desde el gobierno, o en su defecto desde sus más conspicuos amigos (5) , sin duda, han hecho mella en la moral de la Corte y nadie puede garantizar que el no querer entrar a tratar el fondo de la reforma constitucional tenga que ver con esta serie indebida de presiones. Hoy cabría hacer las siguientes preguntas a quienes en otro momento y desde las entrañas del Gobierno tildaron a la Corte de cogobernar y tomar decisiones políticas y no jurídicas ¿Hoy si es patriota la Corte y fortalece a la democracia con su fallo, como lo plantean y entre otros, Carlos Holguín Sardi (6) , El Editorial del Tiempo y hasta el mismo Ernesto Báez (7)? ¿No es su fallo acaso una decisión política? ¿Cogobierna o no la Corte con haber aprobado el acto legislativo? ¿Es antiuribista la Corte como se dice o decía? Pero si los mensajes temerarios y las presiones pudieron incidir de modo en que el Gobierno y, en particular, el Presidente Uribe lo requería a afecto de que la Corte no se pronunciara sobre el fondo de la reforma, --su reforma--, y donde habían justificadas razones para que la Corte la declarara inexequible, no menos fuerza empieza a cobrar la idea de presuntos sobornos y compra de la conciencia de algunos magistrados, fundamentalmente y como es obvio, de quienes votaron a favor de la exequibilidad del acto legislativo que aprobó la reelección inmediata. Así, ha trascendido a los medios de información un toma y dame entre los magistrados Rodrigo Escobar Gil y Jaime Araujo Rentaría. A lo mejor escuchemos más, no nos sorprendamos. El primero ha amenazado con denunciar por injuria y calumnia al segundo, pues éste último, según Escobar Gil; le había gritado en una de las sesiones donde se discutía la reforma, que, él tenía una ferviente prisa por aprobar la reelección, porque, seguro, el gobierno le remuneraría por su voto a favor de considerar exequible la reforma. Nadie habla de las pruebas sobre el particular, lo cierto es que ellos son magistrados y se entienden, y también y como dice el adagio popular, cuando el río suena es porque piedras lleva. La cosa en este frente pinta mal, las denuncias sobre soborno y otro tipo de prebendas cobra fuerza; lo que pone en duda la transparencia del fallo, lo cual se suma a la mucha opacidad y turbulencia con la que venía del Congreso la famosa reforma. En medio de este clima de crispación y de dudas instaladas y vociferadas se ha conocido en el día de hoy la posibilidad inminente que el magistrado Jaime Araujo Renteria, y quien votó en contra de la exequibilidad de la reforma presente su renuncia al Alto Tribunal en los próximos días, pues aduce una inconformidad con el fallo y con el papel de la Corte en este caso, lo cual lo deja plasmado en los siguientes términos “La reelección presidencial jamás debió pasar el examen de constitucionalidad porque se evidenciaron doce vicios insubsanables de trámite en la aprobación de la reforma (…)Yo tengo una idea clara de constitucionalidad donde creo que la Corte está hecha para ser guardián de la Constitución y cuando uno cree que está arando en el desierto con molinos de viento, pues el que debe hacerse a un lado es uno y no los demás” (8) Otro de los que salvó el voto frente a la exequibilidad de la Reforma, en este caso, el Magistrado Alfredo Beltrán, ha concebido el fallo favorable de la Corte del siguiente modo “Me parece una tremenda equivocación. Otros considerarán que los equivocados son los que salvamos el voto. En todo caso, la mayoría tuvo los votos, pero no la razón” (9) La reelección : un proyecto fríamente calculado La Corte con su fallo sienta un muy mal precedente en relación con el poder legislativo, y más con el ejecutivo; que fue y a todas luces el que capitaneo de principio a fin la reforma constitucional de la reelección. Con su pronunciamiento afirmativo el Alto Tribunal deja la puerta abierta para que alguien, ---con el mismo apetito de Uribe y con unos acompañantes del talante de quienes hoy le rodean, y con una mayoría lograda a punta de prebendas y componendas--- pueda modificar y a su antojo la Constitución. Esta reforma ha sido diseñada y en exclusiva para el actual Presidente. Todo el mundo lo sabe y lo ve, los únicos que no lo han querido ver fueron los magistrados que votaron a favor de la reforma. Con ella da el actual mandatario por cumplido uno de sus objetivos y el cual era prolongar su periodo presidencial, potencialmente al menos, más allá más de lo constitucionalmente permitido hasta hace unos días atrás. Con esta reforma Uribe convierte en realidad su vieja y premeditada idea de la reelección, de ello sabe mucho José Obdulio Gaviria, Consejero Presidencial, y cómplice de primer orden en el logro de esta meta. Y es en el cumplimiento de este objetivo, de esta cuadratura, sin duda, donde se debe comprender y sin más, la estrategia del millar y más de un consejo comunitario realizado por el Presidente a lo largo y ancho del país, y en donde encaja y sin ninguna duda el asistencialismo barato que hoy promueve entre las comunidades con resultados de corto aliento, pero eso sí, efectivos desde el punto de vista mediático. Amén de trabajar y con tesón, imprimiendo al menos él, pues la mayoría en Colombia sufre el desempleo, una profunda ética frente al trabajo, lo cual ha recogido y de buena manera su equipo de propaganda. Los resultados sobre el particular están a la vista, pues pese a todos sus desafueros conserva una imagen positiva en importantes sectores de la sociedad, en todos los estratos, por demás, y de igual manera conserva un número muy importante a su favor cuando de intención de voto se trata. A manera de sorna, Uribe y su grupo heteróclito lo tenían todo fríamente calculado. Ha trabajado con una acuciosa mentalidad estratégica y la reelección la tiene casi en el bolsillo. ¿Quien gana y quien pierde ante una eventual reelección de Uribe? La reelección inmediata estaba cantada, tanto en el Congreso como en la Corte Constitucional con su conocido y controvertido fallo. La alegría entre los Uribístas más confesos es inocultable. En la Casa Blanca, el Pentágono y entre la mayoría republicana del Congreso norteamericano se respira un aire de tranquilidad, pues Uribe, --su amigo, como dice Bush Hijo---, garantiza la subordinación plena del Gobierno y el Estado colombiano ante los intereses socioeconómicos y geopolíticos de la potencia del Norte. Así, una eventual reelección de Álvaro Uribe Vélez es altamente necesaria y conveniente para el Gobierno americano. Y lo es por diversas razones: Una, porque le posibilita al imperio proseguir con la guerra química y eccocida que hoy libra en contra de nuestra selva y contra nuestros campesinos e indígenas, y todo ello bajo la espuria cruzada moral de combatir a las drogas; dos, porque utilizando como pretexto la anterior coartada, puede y así lo hará, profundizar aún más su pretendida lucha contra el terrorismo, la cual en Colombia adquiere unas connotaciones de una lucha antisubversiva, y contra toda expresión del movimiento popular que se oponga a sus planes hegemónicos en el país. Tres. Colombia es una buena plataforma para actuar como tenaza desde el punto de vista político y desde lo parainstitucional contra la Revolución bolivariana en Venezuela, y para ello y sin objeción alguna se ha prestado Uribe en no excepcionales momentos. Cuarto, Colombia bajo el Presidente Uribe muestra una incondicionalidad inconmensurable frente al leonino Tratado de Libre comercio (TLC) que se negocia con EEUU, y es al mismo tiempo y sin reservas alguna un laborioso y entusiasta impulsor del mismo en el conjunto de los países de la región. Y si la Casa Blanca está dichosa con la noticia de una eventual reelección del Presidente Uribe, gracias a un sector de la Corte Constitucional, no menos cierto es que en el mundo del narcoparamilitarismo la euforia no se ha podido contener. Y no ha sido posible toda vez que el grueso de la comandancia de las AUC y que está pedida en extradición por el gobierno de los EEUU podría librarse de ir a purgar cárcel si Uribe cumple con lo que el señor Comisionado de Paz, Luís Carlos Restrepo, – más conocido como el señor de la ternura—, les dijo hace un año de manera secreta en Santa Fe de Ralito a ellos y era que el Presidente Uribe podía obviar la extradición de los mismos apelando a la figura de la discrecionalidad; si y sólo sí la desmovilización se cumplía conforme lo acordado. Y no sólo por esto se sienten bien los narco-paramilitares, pues de sobra es conocido que con Uribe, y con la ley de justicia y paz que elaboró para ellos y a su medida, sus crímenes de guerra y de lesa humanidad quedarán casi que en la impunidad. Y ello para no hacer mención que ante una eventual reelección del actual presidente, el poder de los paramilitares en instituciones como el Congreso, alcaldías, Gobernaciones, la Fiscalía y algunos centros universitarios (10) se podría consolidar. Amén y una vez más, que con Uribe los narcoparamilitares legalizarían las tierras que a peso de sangre y terror han robado a los campesinos a lo largo y ancho del país, y las cuales suman, según algunos cálculos conservadores, más de cuatro millones de hectárea de tierra. El bando de los ganadores ante una posible reelección de Uribe está claro y también el de los perdedores. Entre éstos últimos se encuentran los campesinos, los indígenas, los sindicalistas, los afrodescendientes, los desplazados, en fin, el conjunto del movimiento social que enfrentará las embestidas de su política de “seguridad democrática”; que no es otra cosa que un marco de agresión permanente contra importantes sectores sociales de la población que se oponen a su “embrujo autoritario” y a la profundización del modelo neoliberal sin paliativos de ninguna especie. Contra éstos sectores van las detenciones masivas y sin causa legal alguna, pero también la desaparición, la tortura, el desplazamiento y como no, el exilio. Consideraciones finales El sector mayoritario de la Corte Constitucional ha declarado exequible la reforma constitucional que consagra la reelección inmediata de Presidente en Colombia. Con su decisión no sólo ha renunciado a ejercer de cancerbero de la Constitución Política., su función por excelencia, sino que ha tirado por la borda el reconocimiento y el respeto que se había granjeado entre muchos sectores sociales por audaces y valerosos conceptos jurídicos en los que el bien común, la igualdad y la equidad se ponían por encima de cualquier consideración individual o de grupo. Si bien la reelección de Uribe no está garantizada del todo con el actual fallo, pues falta que la Corte se pronuncie a más tardar el 11 de Noviembre sobre las garantías electorales de la oposición, nadie duda que el Alto Tribunal – yo espero equivocarme--- terminará quitando cualquier rémora que se enhieste como un obstáculo para que Uribe pueda presentarse y sin atenuante alguno a la reelección. Competir con Uribe como candidato a ser reelegido no es, ni será asunto fácil. Y no lo es porque él está en campaña desde que empezó su periodo presidencial, y porque goza de unas prerrogativas inigualables. Tiene a su disposición la nómina del Estado y ya mostró su eficacia para nombrar en las embajadas y consulados a familiares y amigos de Congresistas que apoyaron sus proyectos de ley. Cuenta aún con importantes organismos estatales en manos del Estado, lo que servirá, con ley de garantías o no, como botín burocrático a efecto de ganarse apoyos y acompañamientos de cara a su reelección. Tendrá a su disposición el presupuesto de importante Ministerios, que seguro, será un aspecto fundamental a la hora de movilizar a un electorado que se mueve sobre la base del favor, sobre prácticas clientelistas. También cuenta con el apoyo mediático, y en especial con el Diario el Tiempo, que como es de público conocimiento, desde hace mucho rato definió su preferencia, que no es otra que Uribe y ello si juzgamos su Editorial de hace unas semanas atrás y si tenemos en cuenta que el Jefe del Partido de la U (Juan Manuel Santos) y el vicepresidente actual de la República hacen parte de esa casa periodística. Y que decir, sin duda, de la maquinaria narco-paramilitar que orientará, seguro, el voto en su área de influencia hacia su reelección como lo hizo en la candidatura pasada. El desafió de la oposición en la perspectiva de evitar que Uribe se quede cuatro años más en la Casa de Nariño no es fácil. Así la Corte le termine de despejar el camino para que se pueda presentar a la reelección, no implica de modo alguno ello que ya esté reelegido. Antes tiene que ganar, y las elecciones se convertirán en un plebiscito para él y también para la oposición. Si se aspira a hacerle frente de manera seria a Uribe, a su candidatura quiero decir, como se arguye en diversos sectores del movimiento social, y en especial en amplias expresiones de la izquierda, no dudo que se debe anteponer al consabido cálculo político, al empedernido fraccionamiento y al endocanibalismo secular que ha caracterizado a su actuar, un proyecto ético-político que sea capaz en esta coyuntura de enfrentar desde el ideario democrático al proyecto autoritario, cuando no de paramilitarización creciente de la sociedad, la economía y la política, y que nos propone y encarna Uribe y sus fieles acompañantes de turno. El momento exige una gran dosis de sensatez política y también de amplia y profunda convergencia de los sectores que se oponen al proyecto de arrasamiento de los mínimos resquicios democráticos que hoy existen en el país. La base de este proyecto social y político que confronte a Uribe, y que recoja las más polifónica voces, ---sin equivoco de ninguna naturaleza---, no debe ser otro que el de la búsqueda de una solución negociada al conflicto social y político que vive Colombia, y en donde la equidad, la inclusión, la igualdad de oportunidades y el respeto a la diferencia en su más disímiles formas sea el inicio de una convivencia conflictiva pero no violenta en el país. Es camino es duro, manos a la obra. Notas (1) Dice sobre el particular la Corte Constitucional en el comunicado de Prensa donde da a conocer la naturaleza del fallo, lo siguiente: “En cuanto a los vicios de fondo, también se reitera que a la Corte le esta vedado controlar las reformas constitucionales por su carácter material, es decir, que no puede ejercer un control de fondo para juzgar si la reforma es contraria al contenido de la Constitución. En la Carta de 1991 no existen cláusula pétreas (…) Principios inmutables”. Ver Comunicado de Prensa. Corte Constitucional, 19 de Octubre del año 2005. Pronunciamiento sobre la sentencia relativa al Acto Legislativo que permite la Reelección Presidencial. Bogota, Octubre 19/2005, pag 1 (2) La Corte Constitucional la integra un total de 9 Magistrados. Ellos son: Jaime Araujo, Alfredo Beltrán, Álvaro Tafur, Jaime Córdoba, Rodrigo Escobar, Humberto Sierra, Marco Monroy, Clara Inés Vargas y Manuel José Cepeda, su Presidente. (3) El texto completo del salvamento de voto de los magistrados Alfredo Beltrán y Jaime Araujo Renteria, se puede consultar y en su integridad en el Diario el Tiempo, Sección Política, Santa fe de Bogota, 21 de Octubre, 2005 (4) Sobre los señalamientos de intimidaciones contra la Corte Constitucional, ver comunicado del Expresidente César Gaviria Trujillo a nombre del Partido Liberal. El Espectador, Bogotá, 21 de Octubre, año 2005. (5) Uno de los mensajes lanzados contra la Corte por el senador Enrique Gómez Hurtado, furibundo seguidor de Álvaro Uribe Vélez, y a quien éste le nombró a un hijo en la Embajada de Francia, dice lo siguientes: “Aquí tenemos un Tribunal que hace lo que le parece (…) No hay Corte Constitucional sino una Corte Constituyente, y eso implica un costo muy serio para la estabilidad que ya está produciendo resultados negativos en varios campos” Declaración recogida por el Diario El Tiempo. Primer Plano. Bogotá, Octubre 2005. (6) Presidente del Directorio Nacional Conservador. (7) Líder paramilitar, miembro de las AUC. (8) Declaración recogida por Caracol Radio. La versión impresa de la misma aparece en el Diario El Espectador, Bogotá, 21 de Octubre. 2005 (9) Ver El Diario el Tiempo, 21 de Octubre 2005. (10) El caso paradigmático es el de la Universidad de córdoba, donde se sabe que la Convención colectiva de Profesores y Trabajadores de ese centro educativo se tenían que ir a negociar en Santa fe de Ralito. Es de público conocimiento que los paramilitares colocaron como Rector a Víctor Hugo Hernández, y previo a ello asesinaron a Hugo Iguarán, quien competía con aquel por la dirección de la Universidad. Víctor Hugo Hernández (2002) 15 meses después debió salir de la rectoría. Con todo y ello la hermana de Carlos Castaño logra ingresar a trabajar en este centro educativo. A Hernández lo reemplaza Claudia Sánchez y se dice que por influencia de los paramilitares. Bajo su dirección varios familiares de Salvatore Mancuso han ingresado a trabajar en la Unicor. Se conoce que los Consejos directivos de la Universidad se realizaban en Ralito. Sobre el particular, el Representante Gustavo Petro denunció esta situación en la Comisión Sexta de la Cámara. Ver Diario El Tiempo, Nacional, Bogotá, 5 de Junio 2004. pag 1-6 - Hugo Paternina Espinosa, cursa un doctorado en Antropología Social en la Universidad Autónoma de Madrid.