Montevideo.- A principios del pasado mes de septiembre, el fallido asalto a un local de pagos de jubilaciones y pensiones permitió algo más que la detención de los delincuentes. Es que -a diferencia de otras ocasiones- en esta oportunidad la guardia policial estaba alerta (o alertada) al momento de efectuarse el atraco, por lo que se produjo un cruento tiroteo con el saldo de un muerto y varios heridos. Dicha circunstancia no solo permitió la captura de los "malvivientes", sino la requisa de un profuso y "pesado" arsenal integrado por armas que no están disponibles en el mercado formal. Pesquisas posteriores permitieron descubrir que cuatro pistolas automáticas utilizadas en el frustrado atraco, estaban registradas a nombre de integrantes de las Fuerzas Armadas. Al contrario de lo que cualquier observador desprevenido podría pensar, dicha constatación no terminó ni con un escándalo de proporciones, ni con Tribunales de Honor, ni con el procesamiento de los titulares. Es más, ni siquiera ameritó una interpelación del Ministro de Defensa Nacional por parte de la oposición, que justo ese momento "estaba mirando para otro lado"... Se supo sí por boca de las jerarquías castrenses, que en Uruguay existen 3000 fusiles y ametralladoras, 4000 armas automáticas y 10.000 granadas que fueron "importadas" al país por el personal militar y policial participante en las misiones de paz de la ONU como "bienes de uso personal". Si bien es comprensible que los acólitos de Ares gusten de jugar con fusiles y ametralladores en los polígonos de tiro, resulta incomprensible la importación ilegal de 10.000 granadas. Pero además, los efectivos uruguayos que participaron en las misiones de la ONU alcanzan solo a unos pocos centenares, por lo que deben haber habido "importaciones" suculentas en algunos casos. La explicación oficial para la aparición de estas armas en manos de los delincuentes es rayana a lo ridículo. Las autoridades militares dijeron que muchas veces los familiares de militares fallecidos venden sus armas al mejor postor, y que en otras ocasiones les han sido hurtadas por los delincuentes y no ha sido efectuada la denuncia pertinente. Como se ve, la explicación oficial empeora las cosas, sin embargo, nadie ha alzado la voz para pedir que se rindan cuentas de todo este despropósito. Preguntas sin respuestas Uno preguntaría ?a tenor de qué valoración se autorizó a los militares uruguayos a "importar" armas de guerra para su uso personal? ?Quien incluyó a las granadas en la lista? ?Por qué no existió un control estricto sobre su custodia? ?Qué se piensa hacer con los militares a cuyo nombre figuraban las pistolas utilizadas en el asalto de marras? ?Se seguirá permitiendo el ingreso de estos materiales en el futuro? Según datos oficiales, en este país de poco más de tres millones de habitantes hay 500.000 armas registradas. ?Cuántas hay que no lo están? ?Qué tipo de controles efectúan las Fuerzas Armadas sobre sus arsenales? Hace un par de meses, en una unidad militar del Departamento de Maldonado fueron hurtados varios kilos de explosivos por parte de ex-integrantes del ejército. Dicha circunstancia solo vio la luz cuando éstos lo utilizaron para volar una discoteca bajo contrato con un competidor. Luis Hierro, el duro ministro del Interior dijo que las armas utilizadas en el asalto de marras fueron vendidas a los "malvivientes" por el integrante de las Fuerzas Armadas que las "importó" y que recibirá el castigo pertinente (?cuál?). Explicó además que en este país existe un tráfico de armas clandestino que (ahora) se preocupará de combatir. Según esta versión que minimiza el problema de las armas de alto calibre y poder de fuego en manos de los militares, en nuestro país estaría entrando armamento vendido en Ciudad del Este (Paraguay). En este sentido el ministro Hierro solicitó la colaboración de su par argentino (se ve que no confía en su similar paraguayo) Carlos Corach. Según otras versiones, existiría aquí (existen en la región comprobadamente) organizaciones que se dedicarían a alquilar armas a los aspirantes a asaltantes. Dicen los expertos que muchos robos de pequeña o mediana monta tienen como fin recaudar los dineros necesarios para abonar este alquiler que -como es lógico- se paga por anticipado. Falta investigar si alguno de estos "Gun-Clubs" es regentado por alguno o algunos de los militares que han "importado" las armas utilizadas. Pero además, la captura de la "super banda" del caso ha provocado también un insólito enfrentamiento entre al justicia y el ministerio del Interior. En efecto, tanto el ministro Hierro como las altas autoridades policiales han criticado a los magistrados actuantes en el caso por la -según ellos- levedad de los cargos que se han levantado en contra de los delincuentes. Ello ha provocado una áspera polémica entre el primero y el tercer poder. Ante la solicitud de una mayor "severidad" hecha por el ministro, la judicatura ha respondido que la justicia no puede ser ni "severa" ni "tolerante". Debe ser simplemente justa o no es. Se supo luego que la policía utilizó viejos métodos de abierta tortura para lograr la confesión de los delincuentes apresados en la ocasión, consiguiendo así desbaratar a la banda. Según han denunciado, por lo menos a dos de ellos se les aplicó la picana eléctrica, a uno incluso en el pene. Lejos está esta realidad de la imagen idílica que proyectan nuestros gobernantes en los foros internacionales.