México, DF.- Colima, Coahuila, San Luis Potosí, Chiapas y el Distrito Federal son los únicos estados de la República Mexicana que ya cuentan con una ley para prevenir, atender y sancionar la violencia doméstica, donde se tipifica como delito y causal de divorcio la agresión física psicológica en contra de las mujeres, sin importar su estado civil. Hasta ahora solo cuatro estados han aprobado una ley específica sobre violencia intrafamiliar, mientras que los estados de Oaxaca y Guerrero ya modificaron los códigos Penal, de Procedimientos, Civil, Procesal Civil, la Ley Estatal de Divorcio y de Salud en materia de violencia intrafamiliar. Además, hay propuestas de reforma e iniciativas de ley en el mismo sentido en los estados de Baja California, Nuevo León, Sonora, Morelos, Guanajuato y Jalisco que todavía no han sido aprobadas en sus congresos locales, ya sea porque la iniciativa esta en proceso de elaboración porque luego de ser presentada paso a la tradicional "congeladora legislativa . En Guerrero, el Movimiento de Solidaridad Contra la Violencia Sexual (Moscocovis), integrado en 1989 como organización plural, estimo que las modificaciones hechas por el ejecutivo no son suficientes para garantizar la integridad de las mujeres. La historia se remonta al 7 de junio de 1995 cuando presentan dos iniciativas de ley: la de justicia para las víctimas de delitos sexuales y una más sobre violencia doméstica y maltrato emocional para que fueran incorporadas al programa de gobierno trianual, pero que no progresaron. El pasado 31 de marzo Alma Clarisa Rico Díaz, secretaria de la Mujer de esa entidad, firmó junto con el gobernador Angel Aguirre la Iniciativa de ley Contra la Violencia Intrafamiliar, pero no paso como un cuerpo legislativo nuevo. En cambio se hicieron algunas modificaciones en reglamentos y códigos. Así que el próximo 25 de noviembre, Organizaciones No Gubernamentales de Guerrero iniciarán manifestaciones públicas frente al palacio de gobierno para exigir a los diputados el cumplimiento de los compromisos de la sociedad civil y la actualización del marco jurídico para gozar de leyes justas que protejan los derechos humanos. Esa misma fecha les servirá para iniciar una campaña de recolección de 10 mil firmas para presionar a que se legisle más profundamente en torno a la violencia intrafamiliar. En Nuevo León, la ley de violencia esta archivada aunque fue presentada desde el 15 de septiembre por el Equipo Interinstitucional Contra la Violencia, compuesto por 22 organizaciones que incluye tanto a las delegaciones estatales y municipales del gubernamental Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), instancias académicas, así como la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El anteproyecto del grupo multidisciplinario propone la creación de un Consejo Estatal Contra la Violencia Familiar y se detallan las actividades específicas para el Gobierno estatal en sus ramas ejecutivas, de salud, educación de desarrollo social, la procuración de justicia y el Instituto Estatal de la Juventud y el Deporte. Las dificultades que enfrentara este proyecto son fundamentalmente la integración del Congreso Local de Nuevo León, mayoritariamente integrado por representantes del conservador Partido Acción Nacional (PAN), partido que en las discusiones de la ley federal opuso la mayor resistencia organizada al querer eliminar de la iniciativa general la figura delictiva de violación conyugal. En el central estado de Aguascalientes, el colectivo Mujer Contemporánea ha iniciado un proceso público de discusión sobre las leyes familiares que hoy rigen la vida de las parejas en el estado, sin llegar a profundizar en el tema de la violencia intrafamiliar, que en un estado conservador como lo es Aguascalientes representa un tema prácticamente intocable. En este primer intento se propone la modificación de los contratos matrimoniales eliminando los estereotipos de padre proveedor, madre-ama de casa, así como igualar los requisitos como edad, la obligatoriedad de la mujer de vivir a un lado del marido, o los impedimentos para el mismo. Códigos familiares como el de Aguascalientes todavía establecen que la mujer debe pedir permiso al esposo para trabajar, la supremacía de la opinión del varón, la custodia de las hijas para las madres y la de los hijos para el padre. La propuesta actual solo incluye, en principio, que la violencia intrafamiliar tanto física como psicológica sea causal de divorcio. La propuesta federal además de tipificar el delito de violación conyugal, protege a la mujer y a las hijas e hijos, pues una vez que ha sido levantada la denuncia contra el agresor, éste debe salir del hogar conyugal -y no la víctima como hasta ahora ocurre-, puede perder la patria potestad de las y los hijas/os, y hasta los bienes materiales que se tengan en la sociedad conyugal. Estos ejemplos son una muestra de la necesidad de cambiar a fondo el marco legal que rige la vida familiar en cada uno de los estados y de como sólo la presión social de grupos de hombres y mujeres podrán modificar legislaciones cuyos fundamentos datan de la edad media. Hoy, 19 estados de la República siguen sin atender la recomendación que la Comisión Nacional de Derechos Humanos hiciera a todos los ejecutivos estatales, para que enviaran las iniciativas de ley que fueran necesarias a fin de actualizar sus legislaciones con lo dispuesto en la Convención para la Eliminación de Todas las formas de Discriminación en contra de las Mujeres (CEDAW por sus siglas en inglés) firmada y ratificada por el Senado de la República en 1981. La CNDH en el estudio comparativo del cual se desprende la recomendación antes mencionada, asegura que "sí bien es cierto la violencia no es un tema expresamente considerado en la CEDAW, el Comite para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en Contra de la Mujer, en su décimo primera reunión de 1992, hizo ver que los actos de violencia cometidos en contra de una mujer constituyen una violación a los derechos fundamentales, independientemente de que sean cometidos por un agente del Estado o por un particular. En el segundo caso, la responsabilidad deriva de la negligencia en cuanto a evitar este tipo de actos". Vale la pena recordar también a los ejecutivos estatales y a las y los legisladores, este 25 de noviembre, Día Internacional en contra de la Violencia hacia las Mujeres, que el no contar con una legislación para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra de las mujeres es inconstitucional, toda vez que el Senado de la República al ratificar las convenciones y los tratados internacionales firmados por el gobierno de México, acepta que dichos ordenamientos jurídicos se vuelvan leyes constitucionales. Por tanto, al aprobar tanto la CEDAW como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Eliminar la Violencia en contra de las Mujeres (Convención de Belem do Para ), los estados de la república tienen la obligación de adecuar sus legislaciones locales a fin de que se pueda traducir la igualdad jurídica de varones y mujeres, si la norma se aplica, en una igualdad real de oportunidades para el desarrollo de unos y otras. (Con información de Sonia del Valle, Lucía Lagunes , Ma. Aurora Mota) 25 de Noviembre: Día Internacional en Contra de la Violencia Hacia las Mujeres.