Con las imágenes todavía frescas del fantasma del fracaso de la recién pasada Reunión de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en Cancún, donde los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea fueron adversados por los países agrupados en el G-21, firmes en la convicción de luchar por la eliminación del proteccionismo a la agricultura; y con fuertes temores por parte de Estados Unidos de que en el plano regional la historia pudiera repetirse, como producto de su intransigencia demostrada en el proceso de negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA); el 19 y 20 de noviembre de 2003, se llevó a cabo en Miami la 8ª. Reunión Ministerial del ALCA.

La 8ª. Reunión se presentaba como un encuentro clave para el futuro de esta iniciativa que pretenden implementar a partir de enero de 2005. La franca oposición al ALCA de la República Bolivariana de Venezuela, la postura crítica de Brasil en materia agrícola, compras gubernamentales y derechos de propiedad intelectual, y el posicionamiento de los gobiernos del Mercosur, configuraban un escenario inequívoco de confrontación y falta de entendimiento con el gobierno estadounidense en los puntos sustantivos del ALCA; de allí la ingente necesidad de darle una salida que evitara una ruptura y diera continuidad al proceso conducido por Estados Unidos.

Era evidente que la propuesta inicial estadounidense de un “ALCA profundo” resultaba insostenible --sólo gobiernos obsecuentes, como el de El Salvador, lo seguirían apoyando-- y no superaría la oposición de algunos de los países sudamericanos, con lo cual se correría el riesgo de ver fracasar el proceso ALCA; de allí la táctica de Estados Unidos –apoyada por Brasil-- de decantarse por una salida de emergencia, que evada y postergue la discusión y los acuerdos sobre los temas centrales y controversiales del ALCA, situación que modifica --con relación al proyecto inicial--, el grado de participación de los 34 países que lo integran.

Durante cuatro días Miami se transformó en una ciudad militarizada[1], las calles del centro de la ciudad quedaron abandonadas de la población oriunda y sus permanentes turistas, y varios millares de policías y efectivos militares --equipados cual si fueran a enfrentar una cruenta batalla con algún portentoso ejército enemigo--, fueron el paisaje que recibió a decenas de miles de personas que se dieron cita para expresar su inconformidad con el ALCA.

Las organizaciones sociales se dieron cita en Miami para presentar sus diagnósticos, debatieron sobre las perniciosas implicaciones que el ALCA generaría en la vida de los pueblos del continente y delinearon sus propuestas alternativas. Otra de las actividades importantes fue la marcha contra el ALCA, ésta se llevó a cabo a lo largo de un circuito delimitado previamente y bordeado por la policía; fue una auténtica fiesta pacífica que contó con la participación de millares de mujeres y hombres de los más diversos sectores sociales de todos los países de las Américas; no obstante, al finalizar la jornada el ambiente se malogró con las acciones violentas producto del uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía contra los manifestantes, esto derivó no sólo en la detención de más de doscientas de personas, sino de varias decenas de lesionados y heridos.

Previo a la reunión de Miami se dibujaban al menos tres escenarios. El primero pudo haber sido que Miami se convirtiera en otro Cancún, con el coste que supondría para Estados Unidos un nuevo fracaso –ahora en el marco de la negociación regional—, derivado de su sempiterna posición proteccionista en materia agrícola. En el segundo escenario, poco o nada probable, Estados Unidos pudo haber cedido en su férrea postura proteccionista ante los gobiernos del continente, pero esto le hubiera reportado un importante retroceso respecto de su posición unilateralista compartida con la Unión Europea en el seno de la OMC, lo cual era simplemente inadmisible para ellos.

El tercer escenario, que se convirtió en la opción asumida en Miami, y que le representa a Estados Unidos una salida airosa, fué lograr un acuerdo mínimo, que da pie a un “ALCA a la carta”, con el cual momentáneamente le permite evadir la discusión de los polémicos temas fundamentales, destrabar la oposición y además deja las condiciones establecidas para firmar un ALCA –incluso de contenidos más radicales que los del proyecto inicial, un ALCA+—en la medida en que abre la posibilidad de negociaciones subregionales y/o bilaterales[2].

Así, la resolución de la 8ª. Reunión Ministerial ALCA permite a Estados Unidos asilar la oposición, excluir de las negociaciones a los gobiernos en desacuerdo para incluir en acuerdos subregionales y biliaterales sólo a aquellos países que “lo deseen”, superando con ello lo que antes era una limitación real para hechar a andar el ALCA en 2005, dado el compromiso de asumir las decisiones por consenso.

Es obvio que esta vía abre la puerta a escenarios más adversos para las pequeñas economías, quienes en el plano subregional –como Centroamérica—o bilateral –como El Salvador—nada tienen que adversar a los Estados Unidos, como lo demuestran los once meses de “negociaciones” del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (TLC CA-EU ó CAFTA, por sus siglas en inglés) durante los cuales los gobiernos de la región se han reducido a “regatear” el acceso al mercado estadounidense para algunos productos, mientras que responden “amén” a todos los aspectos sustantivos del Tratado planteados por el equipo negociador estadounidense[3].  

La Reunión prevista inicialmente para dos días, adelantó sorpresivamente un día su finalización. El escaso tiempo previsto para encontrar acuerdos en temas tan complejos y polémicos como subsidios agrícolas, protección medio ambiental, servicios, inversiones, derechos de propiedad intelectual y pequeñas economías, se gastó en extensos discursos y largas presentaciones, evidenciando que la táctica era disponer del mínimo de tiempo efectivo para la discusión y así evitar el debate sobre los puntos críticos del ALCA. Sorpresivamente, en un abrir y cerrar de ojos, en no más de quince minutos, el texto final de la Reunión de Ministros del ALCA estaba aprobado.

El documento aprobado representa un auténtico “ejercicio de malabarismo”, sus partes están cuidadosamente pegadas con hilos muy débiles, que hubo que cuidar para evitar que pudieran romperse con una enorme facilidad; no obstante, la declaración es todo lo general como para ser presentada por cualquier gobierno como un resultado exitoso, en tanto deja abierto amplios márgenes para negociar con los límites, alcances y profundidad que cada gobierno defina.

Ahora se dispone de un “ALCA a la carta” donde teóricamente cada gobierno podrá servirse lo que desea del menú, pero que en la práctica es conocido –como lo demuestran la experiencia del Tratado de Libre Comercio de Norte América—que el plato es escogido y servido por quien se adueña del banquete, con independencia de las preferencias y gustos de los “invitados”.

En el texto precario y frágil de la declaración final, las decisiones de fondo fueron evadidas  por los Ministros y trasladadas al Comité de Negociaciones Comerciales (CNC) y al Comité Técnico de Asuntos Institucionales (CTI)[4], con ello se logró saltar los cuellos de botella, se obvió al fantasma del fracaso y ha permitido argumentar el éxito de la 8ª. reunión. Transferir los nudos y desacuerdos del ALCA al CNC resulta excesivo, dada la limitación de sus competencias, que deja fuera de su alcance asumir decisiones sobre los puntos pendientes de resolución. Sólo mediante un acto de magia espectacular la próxima reunión del CNC de febrero podría resolver esta compleja situación, que ha de marcar el destino del ALCA.

Tanto para los gobiernos que han propugnado por un “ALCA profundo” –como Estados Unidos, El Salvador y Chile--, sin restricciones para la inversión extranjera y con proteccionismo agrícola estadounidense, como para otros países que buscaban un “ALCA light” –cual es el caso de Brasil--, la declaración final de la Reunión de Miami, les aporta elementos para articular un discurso triunfalista.

Los primeros porque ahora tiene “luz verde” para ir completando el rompecabezas del ALCA colocando pieza por pieza, es decir TLC por TLC, sin que enfrenten obstáculos a sus propósitos; mientras que los segundos, que identifican una “victoria” en la flexibilización táctica que los Estados Unidos asumió en Miami, argumentando que ha tenido que ceder a su propósito inicial de un “ALCA profundo”, aunque es obvio que el ALCA continúa adelante, hechando mano de nuevas tácticas.

Después de Miami, de ninguna manera nos encontramos frente a una situación victoriosa y mucho menos, favorable para los pueblos de las Américas, pues simplemente los temas sustantivos han quedado relegados en otro plano y el acuerdo alcanzado permite profundizar tanto como lo permitan y/o deseen los gobiernos. Ahora en el plano regional no se exigirá que los 34 países del ALCA lo suscriban, con lo cual se obvia la oposición que Venezuela o Brasil pudieran sostener, eliminando así las ventajas “no buscadas” por el resto de países de la región que se derivarían de la postura negociadora de la oposición. Quedamos abandonados a una negociación subregional –donde se ha hecho desaparecer la oposición inspirada en los intereses nacionales—y bilateral, a través de los TLC, donde el poder negociador para las pequeñas economías no existe.

Esta salida táctica de Estados Unidos sólo pudo ser posible con la aceptación de quiénes se han opuesto al proyecto del “ALCA profundo”. Venezuela ratifica la declaración con reserva de las fechas[5], incluye en el texto que los compromisos deben ser compatibles con la soberanía de los Estados y sus Constituciones[6] y propone revisar el octavo párrafo[7]; esto último puso en pánico generalizado a la Reunión durante los 15 minutos de debate, pues se veía fracasar el intento, hasta que Brasil –que copreside la Reunión juntamente con Estados Unidos-- diluye la situación, compromentiéndose a un acercamiento bilateral y apoyando que la propuesta venezolana se abordaría en la próxima reunión de Puebla, México del CNC.

Por otra parte, la declaración final de Miami tampoco define mandatos, traslada al CNC esa respondabilidad; mientras tanto la negociación permanece estancada, los diferentes grupos están paralizados esperando el mandato que se espera dinamará milagrosamente de la próxima reunión de febrero del 2004.

Para la región centroamericana, que en diciembre del 2003 proyecta finalizar las “negociaciones” de un TLC con Estados Unidos, el resultado de la Reunión de Miami poco modifica su situación actual, pues los gobiernos de la región ya han avanzado en el otorgamiento de todas las condiciones que Estados Unidos podría buscar en el ALCA, dada la enorme coincidencia de contenidos y principios entre ambos proyectos; es en este sentido que se ha planteado que para Centroamérica el TLC CA-EU es el ALCA.

Además, la vía adoptada en Miami, confirma que los tratados bilaterales –como los TLC y Tratados Bilaterales de Inversión (TBI)—constituyen el instrumento táctico utilizado por Estados Unidos para consolidar un bloque económico continental bajo su hegemonía.

La obsecuencia y el entreguismo de los gobiernos centroamericanos, aunado a la desproporcionada capacidad para determinar e imponer la agenda por parte de Estados Unidos, convierte a estos tratados en un medio que garantiza la transformación de privilegios en derechos para las empresas transnacionales estadounidenses, en la medida en que estos acuerdos internacionales subordinan toda la legislación secundaria de nuestras naciones, modificando así nuestros marcos jurídicos.

A diferencia del discurso oficial y de las gremiales empresariales, que identifican en el ALCA y el TLC como instrumentos eminentemente comerciales, que se promocionan como medios para el fomento de las exportaciones y generación de empleo; por sus contenidos y principios es evidente que con el ALCA y los TLC estamos frente a proyectos que tienen un alcance mucho más profundo y complejo, que trasciende a todos los órdenes de la vida, su alcance está sólo limitado por el interés de las inversiones extranjeras de suprimir cualquier tipo de regulación por parte de los estados nacionales y lograr un acceso irrestricto en todas las áreas posibles.

No obstante, los gobiernos centroamericanos en ningún momento han cuestionado los aspectos medulares del TLC  y ALCA que minan la soberanía de nuestras naciones, limitan la posibilidad de definir nuestras propias políticas nacionales de desarrollo, amarran a las empresas públicas para la competencia con transnacionales; además  amenazan con acabar la producción agropecuaria, apropiarse de nuestros recursos naturales y biodiversidad, avanzar en las áreas de los servicios públicos que aún no han sido privatizadas y desplazar a las empresas nacionales en las licitaciones públicas. 

Frente al estado del ALCA y el TLC sería ridículo esperar que los gobiernos garantizaran para nuestros pueblos acuerdos que salvaguarden sus intereses y derechos. Los compromisos de transparencia y participación de la sociedad civil son sólo recursos discursivos que buscan imprimirle un barniz democrático a un proceso esencialmente antidemocrático, como lo demuestra la mal llamada consulta de la sociedad civil organizada en San Salvador con ocasión de la última reunión Vicemisterial del ALCA, que en esencia fue una reunión en un lujoso hotel capitalino donde algunas universidades privadas –de manera engañanda—planteraron sus puntos de vista respecto del ALCA.

Después de Miami se hace más evidente aún la necesidad de profundizar la lucha desde lo nacional y local, y fortalecer las articulaciones continentales. Parar el ALCA y construir “Otra América” impone el reto de avanzar en la organización y resistencia coordinada desde los territorios, elevar la articulación de los movimientos sociales, continuar en los esfuerzos de alfabetización y de movilización social, y trabajar en el desarrollo de propuestas alternativas que, desde principios de participación democrática, reducción de las desigualdades y sustentabilidad, afirmen nuestro proyecto de desarrollo nacional.

* Raúl Moreno. Economista, catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador, Presidente del Centro para la Defensa del Consumidor y miembro de la Red Sinti Techan.