Visión de fondo y comentarios sobre la quinta Conferencia ministerial de la OMC en Cancún
¿Comercio justo o mercantilismo?
28/08/2003
- Opinión
En cuanto las tecnologías de información y comunicación son el vector, el
"libre comercio" es el motor de la globalización. Ésta puede abrir las
puertas a un mundo mejor, contribuir para ampliar y generalizar la
solidaridad y el respeto de los derechos humanos y de los pueblos. El
comercio puede significar el intercambio de bienes, conocimientos,
tecnologías y metodologías. Pero en el contexto ideológico del
neoliberalismo, las potencialidades de la globalización son desviadas. El
comercio se tornó un fin en sí mismo. No apunta a satisfacer las necesidades
básicas de las poblaciones, sino el lucro y la competitividad máximos. La
globalización actual no participa de la construcción de este mundo más justo,
equitativo y solidario al cual aspiran las mayorías más pobres del mundo.
Todo, hasta la vida humana misma, se transforma en mercancía. "Todo se vende,
todo se compra; todo tiene precio, nada tiene valor".
En todo el mundo existe una misma agenda de liberalización y desregulación
promovida por las Empresas Transnacionales (ETNs) que quieren un mercado
mundial para vender sus productos. Por todas partes se firman Tratados de
Libre Comercio (TLCs) para derribar todas las restricciones a la libertad de
mercado. La Organización Mundial de Comercio, OMC, todavía muy joven, ya se
tornó el espacio simbólico y real de la elaboración del principio que en
adelante debe orientar el comercio: dejar al mercado dinamizar los
intercambios. Se supone que todos los actores son iguales. No se reconoce
que hay diferencias, desigualdades y asimetrías.
Los fuertes definen las reglas del juego y ejercen mucha presión sobre los
pequeños. No existen las condiciones básicas para una verdadera negociación.
Tratar de forma igual a actores totalmente desiguales es una gran
injusticia. Las ETNs y de las principales instituciones internacionales se
esfuerzan por deslegitimar a quienes se oponen al libre comercio. Como si
los nuevos TLCs fueran la única manera de participar en la economía mundial.
La salvación viene del ?libre mercado?: los ajustes económicos, las
privatizaciones, la apertura incondicional a las inversiones extranjeras
debían aseguran el desarrollo. Quince años son suficientes para mostrar que
la realidad, fuera del discurso ideológico, no es como se había prometido.
Centros de estudios e instituciones mundiales reconocen que no hay mejorías
sociales. Algunos indicadores macro-económicos no dan cuenta del deterioro
de las condiciones de vida de la mayoría de la población.
Los TLCs prometen la creación de riqueza y disminución de la pobreza, pero de
hecho generan una exclusión mayor y amenazan la vida de muchos pobres. A
menudo, los derechos humanos y sociales son sacrificados en función de la
lógica del mercado. La economía funciona dejando a los pobres de lado. Los
acuerdos defienden el libre mercado como un derecho, pero no defienden los
derechos fundamentales de las personas. Hay libre circulación de los
productos pero no de las personas. Las ETNs adquieren un poder desmesurado
en detrimento de las pequeñas y medianas empresas. Detrás de una supuesta
igualdad hay una profunda asimetría y desigualdad. Los acuerdos profundizan
y perpetúan las relaciones de dependencia, sin consideración de los intereses
nacionales y de los altos costos sociales y ambientales.
La OMC fue creada en 1994 para multiplicar, profundizar y acelerar acuerdos
de libre comercio, bilaterales o multilaterales. Temas sensibles, que
sobrepasan en mucho el ámbito del comercio, como la propiedad intelectual,
los servicios y el papel de los Estados en la regulación de la economía, ya
fueron introducidos en la Conferencia ministerial de Doha. El acuerdo sobre
los servicios incluye la transformación en mercancías de los servicios
básicos, considerados derechos sociales, como el agua, la seguridad
alimentaria, la vivienda, la salud y la educación,. Cuando se tornan
mercancías, esos derechos ya no son más derechos, pues son reservados a quien
puede comprarlos.
En el campo de la agricultura, el acceso de los países pobres a los mercados
de los países ricos no traerá todos los beneficios anunciados, incluso
eliminando los subsidios a la producción o exportación, Las pocas ETNs de la
alimentación controlarán las exportaciones, a base de precios bajos, que
generarán ingresos reducidos para el desarrollo nacional. La soberanía y
seguridad alimentaria son demasiado importantes para ser totalmente confiadas
a las fuerzas del mercado. En este campo, más todavía que en otros, se
necesita reconocer el principio y práctica del "tratamiento especial
diferenciado", para limitar la vulnerabilidad de los países más débiles.
Las negociaciones de Cancún
La OMC va a decidir en Cancún si se inician negociaciones para incorporar a
su mandato temas mucho más profundos que la liberalización del comercio de
mercancías como las inversiones, la competición, las compras gubernamentales
y el acceso al mercado. Estos cuatro temas, estrechamente articulados,
cubren tantos intereses profundos y afectan de tal manera la autoridad y
soberanía de los Estados, que la gran mayoría de los países en desarrollo,
junto con las organizaciones de la sociedad civil, se oponen a que sean
introducidos en Cancún en la agenda de los temas a negociar.
Ya en 1998, el tema de las inversiones (el Acuerdo Multilateral de
Inversiones, AMI) había sido vetado en el marco de la OCDE. Hoy, la
propuesta de la OMC es todavía más radical que el AMI; propone a los
inversionistas privilegios ilimitados como la prohibición por parte del país
receptor de requisitos de desempeño, como el Trato nacional (un trato igual
para todos los capitales, nacionales o extranjeros) o como la posibilidad
para las ETNs de abrir procesos contra los estados nacionales si consideran
que cualquier ley o reglamento disminuye las márgenes de ganancias. Esos
privilegios impiden cualquier proyecto nacional de desarrollo y refuerzan las
asimetrías en perjuicio de las economías débiles. Ampliar en el marco de la
OMC el tratamiento de primacía absoluta ya dado a los inversionistas en el
TLCAN (NAFTA) podría ser considerado como la creación de la "Constitución
mundial de los derechos del capital contra los pueblos".
El tema de las inversiones está articulado con los de las compras
gubernamentales, la liberalización de los servicios, de la propiedad
intelectual, de la competición y otros. Ninguno tema puede ser tratado
aisladamente de los otros. La liberalización y desregulación se aplican al
conjunto del sistema económico. Esa situación de "todo o nada" disminuye
todavía más el margen de negociación de los débiles.
Los responsables políticos multiplican las declaraciones en favor de la
transparencia, pero las prácticas contradicen sus intenciones. Las
sociedades civiles no tienen acceso a una información clara y completa que
facilite la elaboración de propuestas alternativas concretas. Faltan
diálogos sobre los efectos reales del libre comercio generalizado sobre las
economías, las sociedades y el medio ambiente. En el procedimiento actual,
los compromisos contraídos entre pocos negociadores carecen de la menor
legitimidad.
Hoy, la sociedad civil mundial emergente se moviliza en muchos eventos
nacionales o internacionales (como los Foros Sociales Mundiales de Porto
Alegre), alrededor de temas fundamentales -en particular el comercio "libre"
y las deudas- promoviendo la justicia y la dignidad humana. Un número
creciente de ciudadanos/as se da cuenta que este modelo no les hace bien. Se
van articulando luchas a favor del respecto de los derechos humanos y de la
preservación de la vida, de la unidad de los pueblos y de la protección del
medio ambiente.
La visión alternativa de este nuevo actor social se fundamenta en algunos
principios básicos para construir la paz, justicia y solidaridad: 1) No se
puede dejar el futuro bajo el control del mercado. El mercado libre es la
ley de la selva: sobrevive el más fuerte. Hace falta un mínimo de regulación
internacional. 2) El Estado es responsable frente a los ciudadanos; tiene un
mandato para la promoción del bien de todos, del bien común. 3) La
apreciación de los efectos de la globalización no depende primero de
resultados macro-económicos sino de resultados sociales. El crecimiento no
produce automáticamente una mayor justicia y el bienestar de todos. 4)
Frente a las fuerzas homogeneizadoras del mercado, es importante que cada
país pueda construir un proyecto nacional y preservar sus valores sociales,
políticos y culturales. 5) La participación democrática más directa, desde
el nivel local hasta el nivel global, es urgente para preservar el tejido
social y la integración de todos los ciudadanos. 6) La emergencia de la
globalización democrática y solidaria es un proceso lento, pautado por las
tradiciones socio-políticas y culturales. Su ritmo no puede no puede ser
determinado por la prisa de los mercados de ampliar sus ganancias.
Deudas y "libre" comercio
Es importante percibir la articulación entre el "libre" comercio y las
deudas. En los dos casos, es una cuestión de independencia y soberanía
nacional. Libre comercio y deuda son dos caminos paralelos y simultáneos de
traer el dinero del Sur para el Norte. Las deudas de la mayoría de los
países emergentes o pobres han crecido aceleradamente en el contexto de la
liberalización comercial multilateral. El sobre-endeudamiento de muchos
países es un mecanismo de dominación política y explotación económico-
financiera; somete los países periféricos a una hemorragia permanente de sus
riquezas naturales y su pocos recursos económicos.
En la mayoría de los casos, las deudas ya fueron pagadas varias veces. Los
países endeudados son exportadores netos de capitales. Intereses sobre
intereses e nuevas necesidades de financiación para pagar los costes de las
deudas aumentan éstas continuamente. Parece que "cuanto más se paga, más se
debe". Los acreedores colocan condicionalidades que aumentan la dominación
sobre los endeudados. La contracción de los gastos públicos provoca el
deterioro progresivo de la economía, de los servicios y condiciones de vida
de los pueblos y de los ecosistemas.
Grande parte de las deudas son ilegítimas dadas las condiciones y términos de
los contratos, la ilegitimidad de los representantes y de los objetivos. El
carácter impagable de éstas para muchos países arruinados debe ser
considerado un elemento más de su ilegitimidad. El tamaño y la equidad de
las deudas deben ser reconsiderados a través de auditorias públicas y
ciudadanas a niveles nacional y global.
En el fondo, el problema de las deudas es una cuestión de una relación de
poder totalmente desigual, que va empeorando con la globalización.
La crisis de las deudas continúa sin respuesta. La riqueza sigue siendo
transferida del Sur hacia el Norte. Las inversiones extranjeras disminuyen y
los términos del comercio van empeorando. Un círculo vicioso se consolida,
privando a los países pobres de cualquier posibilidad de desarrollo.
Aumentan el sufrimiento humano y la degradación ecológica. La situación
actual de la deuda es inaceptable e inmoral. El rescate de la deuda
histórica (las consecuencias de la colonización), social (el aumento de las
desigualdades y condiciones de vida inhumanas para muchos) y ecológica (el
saqueo de los recursos naturales) lanza un reto moral para todos los que
rechazan cualquier fatalismo y la sumisión al totalitarismo del capital.
* Bernard Lestienne SJ es presidente de la Red Internacional Jesuita para el Desarrollo (IJND), Brasilia.
* Bernard Lestienne SJ es presidente de la Red Internacional Jesuita para el Desarrollo (IJND), Brasilia.
https://www.alainet.org/es/articulo/109248
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