Guatemala/ Incidencia Democrática El miércoles de la semana pasada el ministro de Gobernación, advirtió su decisión de "entrarle a las invasiones" de fincas. Ayer cumplió su amenaza. El saldo: 9 personas perdieron la vida en medio de un violento y trágico desalojo a la finca "Nueva Linda". Otras 24 resultaron heridas, casas incendiadas y otros daños políticos y sociales. Al momento se contabilizan tres agentes de la policía y seis campesinos muertos. La versión de las autoridades señala que un contingente de unos 800 policías, en cumplimiento de una orden judicial, llegaron hasta la finca, ubicada en Retalhuleu, y fueron recibidos con disparos. La respuesta de los oficiales fue inmensamente superior a la fuerza de los atacantes y dieron muerte a seis labriegos. Finalmente lograron su objetivo de entregar las tierras al ciudadano de origen español, Carlos Vidal Fernández Alejos, a quien los ocupantes de la finca acusan de haber ordenado el secuestro del administrador de la finca. Los incidentes fueron captados por reporteros de los medios de comunicación, quienes al final terminaron larga y brutalmente vapuleados, por agentes de la policía. Otra exageración de fuerza. En busca de una solución negociada y para evitar nuevos enfrentamientos, por la tarde llegó al lugar una delegación presidencial conformada por: Rigoberta Menchú, Premio Nóbel y embajadora de la paz; Frank La Rue, Comisionado presidencial de Derechos Humanos; Víctor Montejo, Secretario de la Paz y, Álvaro Aguilar, ministro de Agricultura. Cómo ocurrieron los hechos aún no está plenamente establecido y serán las investigaciones del Ministerio Público las que aclaren e identifiquen a los responsables. Investigaciones que ojalá se hagan con absoluta transparencia. Parte de las respuestas que deben buscarse incluyen indagar, ¿de dónde y cómo obtuvieron las armas los campesinos?, si las autoridades tenían conocimiento certero de que los campesinos estaban armados ¿por qué no tomaron las medidas correspondientes? y, ¿por qué los agentes del Estado, agredieron innecesaria y ferozmente a los periodistas?, esas entre un mar de preguntas que saltan a la vista. La investigación no empieza de cero. Se sabe que el ministro Vielman de manera anticipada había advertido los desalojos, pero se cuidó de decir cómo los ejecutaría. Se tienen los nombres, fotografías y posibles paraderos de los pocos campesinos que estaban armados, porque hasta el momento sólo un fusil ha sido presentado. Ello por supuesto no justifica ni se perdona que las demandas sociales, como el ancestral problema de la tierra, se libren por medio de las armas. Quienes poseían armas y las accionaron contra los agentes deben ser procesados. De igual manera debe detenerse y procesar a los agentes que vapulearon a los periodistas y este proceso debe ir mucho, mucho más allá de la paliza propiamente dicha, porque las versiones de los reporteros es que los agentes la arremetieron contra ellos luego de que sus cámaras captaran la ejecución extrajudicial de al menos tres campesinos, entre ellos un anciano. El relato de un periodista destaca que los agentes le dispararon en la cabeza a un anciano que ya habían capturado, luego le repitieron otros cinco tiros y, enardecidos patearon el cadáver y brincaron sobre él. Cuando los agentes se percataron que los reporteros habían visto el hecho, los corrieron, los golpearon, los maltrataron verbalmente, les quitaron su equipo y lo destruyeron. Acaso para eliminar la evidencia de las presuntas ejecuciones extra judiciales. Aún queda mucho por averiguar, pero se pueden identificar algunos elementos. La PNC sabía que los campesinos estaban armados; la rabia de los agentes enardecidos la descargaron sobre los periodistas; las fuerzas de policía demostraron un elevado nivel de incapacidad para manejar esa situación; el gobierno de Oscar Berger, se siente lo suficientemente respaldado como para romper un compromiso adquirido con las organizaciones campesinas de no desalojar fincas (el Ejecutivo se defiende diciendo que los campesinos muertos no estaban en ninguna organización campesina. ¡Vaya consuelo!). El trágico suceso es el resultado del tratamiento marginal que el gobierno actual le da al tema agrario; se hace notar la presencia, dentro de la cúpula gubernamental, de un grupo de personas interesadas en promover e incentivar los desalojos, (algo ya identificado desde los primeros meses); son apresuradas las declaraciones del ministro Vielman al acusar a los campesinos de pertenecer al crimen organizado o ¿acaso él ya lo sabía?, o quizá hay que recordarle que es precisamente la policía la que está infiltrada y contaminada por esas redes del crimen organizado; y, por último, los hechos dejan constancia de lo enraizado que está en la sociedad la costumbre de resolver los asuntos por la vía de la violencia y las armas. A futuro lo previsible para el gobierno es un escenario con menor campo de maniobra y de consensos inmediatos con el sector campesino. Ojalá estemos equivocados. Ahora le quedan al gobierno otras tareas a resolver, que antes de ayer no tenía; recomponer los lazos de comunicación con los campesinos; capturar al grupo de personas armadas que dispararon contra los agentes; procesar a los policías que vapulearon a los periodistas y, demostrar, contra corriente, que es un gobierno con el cual "ganamos todos" no sólo el sector empresarial y agrario.