Al finalizar un incomprensible homenaje al Ejército, que está siendo objeto de una investigación por delitos graves, el General. Paulós fue protagonista de uno de sus periódicos actos de prepotencia. Aunque tendría todas las posibilidades para serlo, no se trata de un hecho folklórico, sino la salida a luz de concepciones e instintos autoritarios que siguen estando presentes en varias instituciones. Entre sus anatemas y amenazas, reiteró una pregunta recurrente: donde está la Bandera de los 33, haciéndose el desentendido que son los secuestradores que operaron en Orletti los que tienen que dar respuesta a esa inquietud. En contexto actual, signado por el advenimiento de un nuevo gobierno popular, ¿como se sitúan otros factores de poder en el Uruguay en plena transición hacia una democracia con justicia social y respeto por la dignidad y la libertad de la gente? 1- Sin agotar el tema, empecemos por lo más visible, los medios. En una nota en Búsqueda acerca de la censura a Jorge Lanata, se daba cuenta que se había consultado sobre el asunto a Alfonso Lessa, “gerente periodístico” de Canal 12. Demasiada proximidad entre el autor de “La Revolución Imposible” y el poder que se posee en un medio de comunicación que impone una lista de “intocables” sospechados de corrupción. Esta zona de, llamémosle, “implicancias” viene a cuento cuando aparecen actitudes como las de Paulós. Y colocan la cuestión de la utilización de los medios controlados por el poder económico y sus relaciones con otras áreas como la investigación y la reflexión histórica. 2- Aunque en otro tono, en su libro Alfonso Lessa sintetiza el discurso de las derechas. Entre otros tópicos contra la izquierda, allí se hace una referencia al destino de la Bandera de los 33 Orientales que lleva agua al mismo molino. La obra es presentada por el autor como un trabajo “para la Maestría en Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República”. Vale decir, se trata de un ensayo elaborado en un marco del quehacer académico. El problema carecería de relevancia si no se tratara de una versión muy sesgada sobre hechos por los que atravesó la sociedad uruguaya, cuyas secuelas aún arrastra, como lo es la desaparición de personas y los asesinatos políticos. Esta obra, como otras editadas en los últimos años, se ha convertido en una suerte de actualización maquillada de la historia oficial. 3- Con frecuencia surgen referencias “al robo de la bandera de los 33”, ahora para atacar al gobierno popular. Muchas “cortinas de silencio” contribuyen a dar viabilidad a los exabruptos de Paulós. Entre ellos el libro mencionado. En él lo que omite el autor es que sobre este asunto se hicieron varias denuncias judiciales y una comparecencia pública de un representante nacional que, en el Parlamento, dio testimonio acerca del destino del símbolo patrio, acusó a los secuestradores de Orletti y se expuso a las preguntas y opiniones de todos los integrantes de ese ámbito parlamentario. (Diario de Sesiones de la Cámara del 9 de abril de 1991, p. 174 a 193) Allí se sostuvo, y esto va para los rebuznos de ahora y los ensayistas de ayer, que la bandera, ese entrañable símbolo patrio, la habían hecho suya ya en la clandestinidad, los dirigentes y fundadores del PVP, Gerardo Gatti y León Duarte, ambos secuestrados y desaparecidos en la Argentina en junio y julio de 1976. La hicieron suya, de la manera más vital, auténtica y comprometida. Para ellos y para decenas de jóvenes que luchaban contra la dictadura, no fue la libertad sino la muerte. El periodista o el Master, tiene derecho a discrepar con el aporte y la acusación formulados. Pero Lessa, Paulós y otros deberían reconocer que existen hechos que ligan el destino de la bandera a la acción de los esbirros de la dictadura. 4- Antes, durante la dictadura, como en su momento lo denunciamos, cada vez que se acercaba un aniversario del 19 de abril, los servicios de inteligencia retiraban del Penal de Libertad a varios compañeros presos: Carlos Coitiño, Juan Carlos Mechoso, Raúl Cariboni y otros dirigentes de la ROE y la OPR a quienes, durante varios días, torturaban salvajemente indagándolos acerca de la Bandera. 5- Visto desde un ángulo más general, la tesis defendida por el autor es que la guerrilla revolucionaria en Uruguay constituyó un reflejo desubicado del “huracán” originado por la revolución cubana. Las causas internas (miseria, luchas sociales, represión creciente) son desestimadas. Para validar esta proposición se toman testimonios de protagonistas diversos. Muchos son extranjeros y saben poco de Uruguay y menos de la situación que se vivía en los 60. O son tan “imparciales” como Jorge Castañeda, el fabulador mejicano hasta hace poco Canciller del gobierno pronorteamericano de Fox. Otros testimonios son más bien alegatos contra la izquierda y otros no aportan elementos nuevos a lo que se ha dicho en este terreno. Así, mientras a algunos hechos se los ignora, aunque están documentados y accesibles, se dan como dignas de crédito afirmaciones de oficiales de las FFAA de la dictadura. 6 - Cuado ex jerarcas de Inteligencia, como Paulós, manejan públicamente informaciones obtenidas mientras revistaban en esos servicios cabe preguntarse ¿esa información de la que dispone el militar ahora retirado, está disponible para la investigación histórica, para el Parlamento y para los Magistrados? ¿O para los familiares y los organismos defensores de los DDHH? Es claro que no. No obstante, se los esgrime políticamente. Así ocurrió cuando se urdió el ataque contra el Senador Araújo y Paulós aportó, para su uso político, los resultados de las indagaciones que los servicios habían realizado contra el dirigente de izquierda. ¿Qué clase de estatuto pueden tener obras que incorporan de manera acrítica “conocimientos” de este origen? Como cuando se da por buena la versión, que es falsa, de “la descentralización de la acción represiva” por lo que, como los grupos de tareas actuaban libremente, los mandos superiores todo lo ignoraban y… ¡nada sabían de torturas, muertes y desapariciones! 7- Así, la debilidad del discurso de la derecha aparece atenuada por “analistas” que juegan por un lado procurando el prestigio de la labor universitaria y por otro soplando las cornetas de la confusión desde las tarimas del poder mediático. Como cuestión más de fondo, todo proyecto intelectual destinado a culpabilizar de la dictadura a los movimientos guerrilleros apunta a fortalecer una tesis peligrosa e incurre en una omisión que no se puede dejar pasar. La tesis sostiene que los responsables de la violencia son dos: los extremistas de izquierda primero, que la provocaron. Y los extremistas de derecha, que la sofocaron en forma algo excesivamente ruda. A esta conclusión convergen no una sino varias obras publicadas recientemente. Las parejitas-dialécticas (ni un extremo ni otro, el “justo medio”) siempre brindan la oportunidad de razonamientos confortables. Nulos pero mullidos: los culpables están de uno y otro lado. El pasado es sencillo y simétrico. Fácil de entender y fácil de evitar. Sobre todo, lo que hay que evitar es la rebeldía. Se evita de este modo que luego se la reprima. Pero el discurso de la parejita-capicúa comete una omisión aún más grave: hay un protagonista que ha desaparecido, un actor cuyo acontecer, a lo largo de una década y media, no alcanza la relevancia, ni la distinguida cepa de las andanzas de los dos demonios. El protagonista que falta es el pueblo organizado. Son los sindicatos agrupados en la CNT, son los cooperativistas de la FUCVAM, son los partidos que se mantuvieron en la resistencia durante la dictadura, integrados por militantes que marcharon, a granel, a las cárceles mientras se esforzaban por organizar gremios, distribuir publicaciones de denuncia o impulsar cadenas solidarias con los familiares de los presos. El relato apuntado a condenar a los dos demonios, del mismo modo que omite a la resistencia obrera, que duró tantos y tan terribles años y costó tantas bajas, omite también la menor referencia a quiénes fueron los grupos económicos y políticos que se beneficiaron con la dictadura. En esa interpretación balsámica se trata de un aparato contra otro, que disputan en una sociedad donde no hay clases sociales en lucha ni grupos privilegiados, ni dirigentes políticos cómplices, ni nada que reprochar a los manipuladores de los medios de comunicación aliados incondicionales de la dictadura, antes, durante y después de la transición democrática. - Hugo Cores es dirigente del PVP-567 Frente Amplio. La República, Montevideo, lunes 23 de mayo de 2005