Un sustentado y contundente veredicto que condena al Estado peruano por la violación de un conjunto de derechos humanos de las mujeres, emitió el primer Tribunal ético político impulsado por la sociedad civil con la finalidad de evidenciar los diversos patrones de vulneración de estos derechos de las peruanas. El fallo emitido por el tribunal compuesto por cinco juezas y presidido por la abogada peruana integrante de Amnistía Internacional-España Giulia Tamayo, sostiene que el Estado continúa dando la espalda a las víctimas de violaciones de derechos civiles y políticos, así como económicos, sociales y culturales, y persiste sin hacer frente a la discriminación por razón de género, raza, orientación sexual y edad. “Instamos al Estado peruano a cuantificar los daños ocasionados y repararlos integralmente, lo que incluye garantías de no repetición, y a adoptar todas las medidas necesarias sin más dilación para la realización de los DES de todas las mujeres en el Perú”, añade. Este es un fallo simbólico que busca acercar la verdad, justicia y reparación a las mujeres afectadas en sus derechos económicos, sociales y culturales DESC, que se espera lleve al Estado a corregir su actuación y a centrar sus políticas en los derechos humanos, lo que hasta el momento no ocurre de acuerdo al veredicto del Tribunal. Este Tribunal por los DESC de las Mujeres fue impulsado por una coordinación compuesta por nueve organizaciones de larga trayectoria en la promoción y defensa de los derechos humanos de las peruanas, la misma que viene trabajando desde hace tres años como parte además de una articulación regional que involucra experiencias similares en Bolivia, Argentina, Chile, Ecuador y Colombia. Lo conforman en Perú DEMUS, Asociación Aurora Vivar, Milenia Radio, Grupo Género y Economía, Femoccpaalc, LUNDU, la Centran Nacional de Mujeres Mineras, Coordinadora de Lesbianas Feministas y el Centro Flora Tristán. Más de 400 personas provenientes de gremios sindicales, barriales, organizaciones sociales, entidades públicas, universidades, organismos no gubernamentales, entre otros, siguieron atentamente el desarrollo del Tribunal durante las nueve horas que tomó la presentación de los seis casos emblemáticos de vulneración de DESC de las mujeres en Perú, la deliberación de las juezas y emisión del veredicto, así como la clausura a cargo de la Defensora de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, Rocío Villanueva. El auditorio de la Derrama Magisterial donde se realizó el Tribunal el último 2 de junio, se mantuvo repleto durante toda la jornada. Los asistentes, mayoritariamente mujeres, escucharon con atención cada una de las presentaciones y no pudieron reprimir exclamaciones de indignación ante la crudeza de los testimonios. Dejando a un lado el temor y la vergüenza, un grupo de mujeres testimonió públicamente sobre las diferentes formas en que sus DESC fueron vulnerados, como una muestra de lo que es la realidad cotidiana para gran parte de las peruanas. La sala conoció el caso de Janet, dirigente de las mujeres vinculadas a la actividad minera, quien relató la forma en que viven sus compañeras en los asentamientos mineros junto a sus familias, donde el agua con que se asean y preparan los alimentos está contaminada y genera enfermedades, y el acceso a servicios de salubridad, educación y salud son escasos. A través de Luisa, la realidad de brutal discriminación a las mujeres lesbianas salió del silencio e invisibilidad en que se encuentra. Condenadas por una intolerancia ampliamente aceptada por la sociedad, no pueden vivir su sexualidad, deben ocultarla y continuar como las ausentes eternas para las políticas públicas. Si soy una ciudadana que cumple con todas sus obligaciones, por qué no puedo tener derechos, preguntó Luisa en nombre de sus compañeras. También se denunció el caso de Ana, una joven a la que se le negó la atención por aborto terapéutico, legal en el Perú, y a quien un hospital del Estado obligó a llevar un embarazo anencefálico pese a los graves riesgos que implicaba para su salud física y mental. “No quiero que se repita lo que me sucedió a mi”, dijo Ana en el testimonio escrito que envió desde España donde ahora reside. Pese a la distancia impuesta con el Perú, los daños sufridos por la terrible experiencia vivida hace más de tres años siguen latentes. Su caso es actualmente evaluado por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En el Tribunal se presentaron además los testimonios de Gladys, una obrera de la agroexportación despedida por formar un sindicato, y de María Antonieta, trabajadora del hogar en situación de humillación y discriminación constante. Igualmente se denunció la situación de impunidad en que se encuentra el crimen de Mamérita Mestanza, una de las víctimas de la política de esterilizaciones forzadas contra mujeres pobres de zonas rurales aplicada durante el régimen del depuesto Alberto Fujimori. El Tribunal invitó a representantes del Estado de los diferentes sectores involucrados en las demandas con la finalidad de que realicen sus descargos. Sin embargo, sólo se hizo presente el Ministerio de Salud con un equipo de profesionales que respondió a las preguntas de las juezas, hecho que fue saludado públicamente y trasladado a la titular del sector la doctora Pilar Mazetti. Además de la presidenta Giulia Tamayo, intervinieron en forma destacada las juezas Relinda Sosa, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres por la Vida y el Desarrollo Integral; Jennie Dador, abogada y feminista; Susan Portocarrero, secretaria nacional de promoción de la mujer y el niño de la Confederación General de Trabajadores del Perú; y Juana Sotomayor, del Centro de Derechos Económicos y Sociales del Ecuador. Al finalizar la jornada, los rostros lucían conmovidos, movilizados hacia una acción en defensa de los derechos humanos de las mujeres desde los ámbitos de desarrollo de cada persona. La admiración hacia el valor de las testimoniantes era explícito, así como la indignación hacia el nivel de discriminación, que pese a ser el pan de cada día para buena parte de las peruanas, se mostraba en forma descarnada en los diferentes patrones denunciados. El Tribunal cumplió así con su objetivo de llamar la atención de la sociedad, de la opinión pública, de los diferentes actores del Estado, sobre la urgencia de tomar medidas a fin de asegurar la justicia y reparación para las mujeres cuyos DESC han sido vulnerado y de aplicar políticas que permitan a las mujeres peruanas el pleno disfrute de estos derechos. Para mayor información escribir al correo tribunaldesc@yahoo.com