KRISHNA PAHADI, activista de derechos humanos de Nepal, ha sido detenido por el gobierno en 28 ocasiones. Cuando lo visité en un centro de detención de la policía, en Katmandú, en febrero de 2005, poco después de que fuera detenido por vigésima séptima vez, su mensaje fue de un optimismo sorprendente. Cuantos más manifestantes pacíficos como él encarcela el régimen, me dijo, más se fortalece la causa de los derechos humanos. El descontento político generalizado y la condena internacional de las acciones del gobierno nepalí confirman la opinión de Krishna. Privado en la cárcel de todo material de lectura que no fueran libros religiosos, había terminado de leer el Bhagavad Gita, iba a empezar la Biblia y tenía la intención de seguir con el Corán. No le cabía ninguna duda de que su lucha y la de otras personas como él acabará imponiéndose. Es sólo una cuestión de tiempo, me dijo. Krishna es inasequible al desaliento. También yo lo soy, a pesar de los abusos y la injusticia, de la violencia y las violaciones de derechos humanos cometidos en todo el mundo que se documentan en el Informe 2006 de Amnistía Internacional. El panorama de los derechos humanos está lleno de promesas incumplidas y de fallos de liderazgo. Los gobiernos dicen defender la causa de los derechos humanos, pero muestran automáticamente actitudes represivas cuando se trata de sus propias políticas y actuación. Los graves abusos perpetrados en Afganistán e Irak ensombrecen en gran medida el debate sobre los derechos humanos, pues la tortura y el terror se alimentan mutuamente en un círculo vicioso. En estos y en otros países, los ataques de los grupos armados aumentan en brutalidad e intensidad, cobrándose numerosas vidas humanas. Sin embargo, un examen más minucioso de los acontecimientos de 2005 me permite abrigar esperanzas. Hubo signos evidentes de que podríamos encontrarnos ante un punto de inflexión inminente después de cinco años de ofensiva contra los derechos humanos en nombre de la lucha contra el terrorismo. A lo largo del año pasado, algunos de los gobiernos más poderosos del mundo recibieron una inquietante señal de alerta sobre los peligros de infravalorar el aspecto de los derechos humanos en sus acciones a escala nacional e internacional. Sus engaños y su doble lenguaje fueron puestos al descubierto por los medios de comunicación, cuestionados por los activistas y rechazados por los tribunales. Atisbo también otras señales de optimismo. Gracias a la gestión y la prevención internacional de los conflictos y a las iniciativas internacionales de pacificación, el número total de conflictos existentes en el mundo sigue descendiendo, llenando de esperanza a millones de personas en países como Angola, Liberia y Sierra Leona. La ONU acometió reformas institucionales con el fin de reforzar la maquinaria de los derechos humanos, a pesar de los intentos de algunos gobiernos cínicos y obstruccionistas de bloquear los avances. En todo el mundo, desde Latinoamérica hasta los Balcanes, se intensificaron las demandas de justicia por algunos de los peores crímenes comprendidos en el derecho internacional. Aunque la corrupción, la ineficiencia y la politización de los sistemas judiciales nacionales obstaculizaban en gran medida la justicia, comenzó a cambiar la situación en contra de la impunidad en algunas zonas del mundo. En 2005, varios países empezaron a investigar o a juzgar a presuntos responsables de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. A pesar de la oposición de Estados Unidos, aumentó el apoyo a la Corte Penal Internacional, convirtiéndose México en el centésimo Estado Parte en el Estatuto de Roma. La decisión del Consejo de Seguridad de la ONU de remitir la situación de Darfur a la Corte sentó un precedente importante, que puso de manifiesto el vínculo entre seguridad y justicia. Las personas corrientes se echaron a la calle para exigir sus derechos y pedir cambios políticos. En Bolivia, el país más pobre de Sudamérica, protestas multitudinarias de campesinos, mineros y comunidades indígenas provocaron la dimisión del presidente y la elección del primer jefe de Estado indígena del país. Protestas multitudinarias sorprendieron también a gobiernos represivos, obligándolos a hacer concesiones. Habrá quienes cuestionen mi optimismo. Pero estos avances y, lo que es aún más importante, las extraordinarias muestras de activismo mundial y de solidaridad humana internacional, el vigor y el compromiso de la membresía de Amnistía Internacional en todo el mundo, las ingentes multitudes que se movilizaron para «hacer de la pobreza historia» durante los preparativos de la Cumbre del G-8, y el apoyo de las personas corrientes a las víctimas del maremoto de Asia, del huracán Katrina en Estados Unidos y del terremoto de Cachemira, me infunden nuevas energías. Desde los campesinos que protestan contra la apropiación de tierras en China hasta las mujeres que reivindican sus derechos en el décimo aniversario de la Conferencia de la ONU sobre la Mujer, los sucesos de 2005 pusieron de manifiesto que la idea de los derechos humanos, así como el movimiento mundial de personas que la impulsa, es más poderosa y fuerte que nunca. La tortura y la lucha contra el terrorismo Cuando se cometieron los atentados suicidas con bomba de julio de 2005 en el centro de Londres, el primer ministro británico, Tony Blair, reaccionó anunciando planes que restringían drásticamente los derechos humanos y mostraban al mundo que «las reglas del juego están cambiando». Lord Steyn, miembro retirado de la magistratura británica, respondió con acierto: «El mantenimiento del Estado de derecho no es un juego. Es una cuestión de acceso a la justicia, derechos humanos fundamentales y valores democráticos». Afortunadamente, el Parlamento británico rechazó algunas de las disposiciones más escandalosas de la legislación propuesta por el gobierno. En 2005, el ejecutivo británico fue derrotado en dos ocasiones al tratar de conseguir la aprobación de su legislación antiterrorista; fueron las primeras derrotas parlamentarias de Blair en sus nueve años de primer ministro. También el poder judicial llamó al orden al gobierno británico. La Cámara de los Lores, el más alto tribunal del país, rechazó su pretensión de que la información obtenida mediante tortura por gobiernos extranjeros pudiera utilizarse como prueba en los tribunales británicos. En otra causa judicial, el Tribunal de Apelaciones rechazó la postulación del gobierno de que las tropas del Reino Unido en Irak no estaban obligadas por el derecho internacional de los derechos humanos ni por la legislación británica en materia de derechos humanos. Asimismo, resolvió que el sistema para investigar la muerte de presos iraquíes a manos de personal de las fuerzas armadas británicas era extremadamente deficiente. En Estados Unidos se cuestionó también la pretensión del gobierno del presidente Bush de quedar exonerado del cumplimiento de la prohibición de la tortura y los malos tratos en su lucha contra el terrorismo. Mediante una reforma legislativa se trató de reafirmar la obligación de los funcionarios y agentes estadounidenses de respetar, dondequiera que se encontraran, la prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes con todo tipo de presos. Entonces, no sólo el presidente amenazó con vetar el proyecto de ley, sino que el vicepresidente intentó que la Agencia Central de Información (CIA) quedara exonerada de su cumplimiento. La propia CIA reconoció que utilizaba la técnica de interrogatorio conocida como water-boarding (asfixia simulada), y el fiscal general aseguró que Estados Unidos tenía la potestad de maltratar a detenidos en el extranjero, siempre que no fueran ciudadanos estadounidenses. El presidente Bush acabó cediendo y se vio obligado a retirar su oposición al proyecto de ley. Sin embargo, éste tuvo un desenlace grave e inesperado, pues, en virtud de una enmienda, se privó a los detenidos de Guantánamo del derecho a presentar recursos de hábeas corpus ante un tribunal federal y de la posibilidad de obtener una revisión judicial de sus condiciones de detención y del trato que recibían. Sin embargo, el hecho de que el presidente se viera obligado a dar marcha atrás en público fue un indicio de la presión a que estaba sometido el gobierno por la existencia de fuertes divisiones en Estados Unidos y de creciente preocupación entre sus aliados internacionales. Los gobiernos europeos se vieron en una situación embarazosa a medida que se fueron conociendo casos que revelaban su papel como socios subalternos de Estados Unidos en su «guerra contra el terror». Se produjo una gran indignación social a raíz de que los medios de comunicación informaran de la posible connivencia entre el gobierno estadounidense y algunos gobiernos europeos en relación con los «lugares negros», presuntos centros de detención secretos que la CIA mantenía en territorio europeo. También suscitaron una condena social generalizada los crecientes indicios de que, desde aeropuertos europeos, se estaba trasladando a presos de forma ilegal a países donde corrían el peligro de ser torturados («entregas extraordinarias»). La demanda del cierre del centro de detención de Guantánamo se intensificó en la ONU, en varias instituciones europeas y entre dirigentes políticos y creadores de opinión, incluidas destacadas figuras estadounidenses, que sumaron sus voces a una presión cada vez más fuerte. La solitaria voz de Amnistía Internacional clamando en el desierto se convirtió en un clamor de condena del símbolo más flagrante del abuso de poder de Estados Unidos. Este logro refuerza nuestra determinación de seguir luchando hasta que el gobierno estadounidense cierre el campo de Guantánamo, revele toda la verdad sobre los centros de detención secretos bajo su control y reconozca el derecho de los detenidos a ser juzgados de acuerdo con las normas internacionales o a ser puestos en libertad. Los cambios que he observado no significan que haya desaparecido el apoyo a las medidas restrictivas ni que hayan disminuido los ataques contra los derechos humanos en aras de la lucha contra el terrorismo. Estados Unidos no rechazó de forma categórica el uso de ciertas formas de tortura o malos tratos. No inició investigaciones independientes sobre el papel desempeñado por altos cargos estadounidenses en los abusos cometidos en la prisión iraquí de Abu Ghraib y en otros lugares, pese a los indicios crecientes de su participación en ellos. Cuando los tribunales británicos declararon ilegal la detención de extranjeros sin cargos ni juicio, el gobierno del Reino Unido se apresuró a proponer una nueva legislación con el fin de poder mantener a los detenidos prácticamente bajo arresto domiciliario. Y siguió pidiendo «garantías diplomáticas» que le permitieran devolver a una persona a países donde podría sufrir tortura. No disminuyó tampoco el «valor de exportación» de la «guerra contra el terror». Con la aprobación tácita o explícita de Estados Unidos, países como Egipto, Jordania y Yemen continuaron recluyendo sin cargos y sin un juicio justo a personas presuntamente implicadas en actividades terroristas. Lo que ha cambiado en 2005 respecto a años anteriores gracias al trabajo de los defensores y defensoras de los derechos humanos y de otras personas, que está poniendo a la defensiva al gobierno estadounidense y a los gobiernos europeos, es el sentir general de la ciudadanía. Nadie está dispuesto ya a admitir el falaz argumento de que una reducción de nuestra libertad aumentará nuestra seguridad. A los gobiernos se les pide cada vez más que rindan cuentas en el parlamento, los tribunales y otros foros públicos. Se está cobrando una conciencia cada vez mayor de que el incumplimiento de los derechos humanos y del Estado de derecho, lejos de comportar una victoria en la «guerra contra el terror», no hace más que crear resentimiento y aislamiento en las comunidades objeto de estas medidas, favorecer a los extremistas y socavar nuestra seguridad colectiva. Aunque frágiles, se están estableciendo límites. Se están alzando voces. Este hecho nos brinda la esperanza de que se produzca un punto de inflexión en el debate y de que en el futuro se adopte un enfoque más ético de la seguridad y los derechos humanos. En contra de lo afirmado por el primer ministro británico, las reglas del juego no han cambiado. Los gobiernos que se toman como un juego estas reglas fundamentales no sirven adecuadamente ni a la seguridad ni a los derechos humanos. Debemos seguir condenando con la mayor energía posible los ataques abyectos y cobardes perpetrados por los grupos armados contra la población civil. Debemos oponernos con igual vigor a las estrategias insensatas y peligrosas de los gobiernos que tratan de combatir el terror con la tortura. Iniciativas reformistas El creciente desencanto y las acerbas críticas generados por la maquinaria de derechos humanos de la ONU llevó finalmente a los gobiernos a acometer importantes reformas como parte del replanteamiento del papel de la ONU en la gobernanza internacional. Los Estados miembros acordaron duplicar el presupuesto de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y centrar mucho más las actividades de este organismo en la protección de los derechos humanos mediante su presencia sobre el terreno. Decidieron también deshacerse de la desacreditada Comisión de Derechos Humanos y propusieron sustituirla por un nuevo órgano, el Consejo de Derechos Humanos, elegido por la Asamblea General y responsable ante ella y capaz de investigar a todos los Estados, empezando por sus propios miembros. Pese a ser una solución de compromiso, la propuesta constituye una oportunidad importante para mejorar la maquinaria de derechos humanos de la ONU. Por desgracia, en el momento de redactar estas líneas el futuro del Consejo pendía de un hilo debido a la negativa de Estados Unidos a apoyarlo, al parecer por sus numerosas «deficiencias». No se debe permitir a ningún Estado, por poderoso que sea, que socave un amplio consenso internacional. Espero que otros gobiernos resistan las presiones de Estados Unidos, apoyen conjuntamente la resolución y pongan en marcha el Consejo. Me anima el apoyo mostrado por los gobiernos a los cambios en la maquinaria de derechos humanos de la ONU. Este apoyo es tanto más notable si se tiene en cuenta el rechazo o el boicot de que fue objeto el progresista y ambicioso plan de reformas del secretario general de la ONU, que incluía propuestas para aumentar el número de miembros del Consejo de Seguridad, reforzar la no proliferación de armas y mejorar el equipamiento de la ONU para detener de forma eficaz el genocidio. Me animan también otros avances realizados el año pasado y a los que se ha dado menos publicidad. La ONU terminó la redacción de un nuevo instrumento, la Convención Internacional sobre la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada, destinado a abordar la detención, reclusión, tortura y, a menudo, muerte no reconocida de personas a manos de agentes estatales. Amnistía Internacional, que empezó a luchar en favor de los «desaparecidos» hace unos 35 años, acoge positivamente esta importante contribución a la protección de los derechos humanos. La ONU nombró un representante especial sobre los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales. Aunque las empresas pueden ser una fuerza positiva para el desarrollo económico y social, la repercusión de algunas operaciones comerciales en los derechos humanos puede ser muy perjudicial, como revelan la violencia generada por los intereses mineros y petroleros en lugares como el delta del Níger (Nigeria), la República Democrática del Congo y Sudán, o la facilidad con que las empresas tecnológicas y de comunicación se adaptan a las políticas restrictivas de China sobre la libertad de expresión. Una poderosa combinación de intereses económicos y políticos consiguió entorpecer los esfuerzos internacionales en favor de la promoción de la responsabilidad jurídica de las empresas respecto a los derechos humanos. Pero, a pesar de la gran controversia suscitada en torno a las normas de la ONU sobre empresas y derechos humanos, la cuestión de la responsabilidad empresarial siguió estando muy presente en la agenda internacional. Ahora la tarea consiste en aprovechar la experiencia adquirida con esas normas para elaborar un claro conjunto de principios y normas internacionales de derechos humanos dirigido a los agentes empresariales. Retórica y realidad La fortaleza de las instituciones depende exclusivamente de la voluntad política de quienes las gobiernan. Con enorme frecuencia, gobiernos poderosos manipulan la ONU y las instituciones regionales en beneficio de sus mezquinos intereses nacionales. Estados Unidos es un ejemplo destacado de ello, pero no el único, por desgracia, como ponen de manifiesto el historial de Rusia en el Cáucaso y en Asia Central y la creciente cooperación económica de China con algunos de los gobiernos más represivos de África. Los países que tienen mayor responsabilidad a la hora de salvaguardar la seguridad mundial en el Consejo de Seguridad dieron muestras en 2005 de encontrarse entre los más proclives a paralizar el Consejo e impedirle adoptar medidas efectivas sobre los derechos humanos. Tanto Estados Unidos y el Reino Unido, en relación con Irak, como Rusia y China, en el caso de Sudán, fueron ejemplos claros de esta actitud. Estos países parecen hacer caso omiso de las lecciones de la historia, según las cuales el camino del fortalecimiento de la seguridad mundial pasa por el respeto de los derechos humanos. La hipocresía del G-8 se manifestó con especial crudeza en 2005. Sus miembros aseguraron que la erradicación de la pobreza en África ocupaba un lugar destacado en su programa, mientras seguían siendo los principales proveedores de armas a los gobiernos africanos. Seis de los ocho países del G-8 figuran entre los diez mayores exportadores mundiales de armamento, y los ocho exportan grandes cantidades de armas convencionales o de armas pequeñas a países en vías de desarrollo. Esta circunstancia debería comportar para el G-8 la responsabilidad especial de contribuir a crear un sistema efectivo de control global de las transferencias de armas. No obstante, a pesar de las presiones del gobierno británico, los dirigentes del G-8 no se pusieron de acuerdo sobre la necesidad de establecer un tratado sobre el comercio de armas en la cumbre que celebraron en Gleneagles en julio de 2005. Sin embargo, al menos 50 países de todo el mundo apoyaron la demanda de un tratado mundial sobre el control de armas pequeñas. El mensaje de la campaña, organizada conjuntamente por Amnistía Internacional, Oxfam y la Red Internacional de Acción contra las Armas Ligeras (IANSA), es claro: el comercio de armas se desarrolla de forma incontrolada y debe restringirse con urgencia. Si centro la atención en las instituciones regionales, resulta decepcionante que la Unión Europea siga guardando un mutismo casi total en relación con los derechos humanos. La UE no puede esperar mantener su credibilidad con respecto a los derechos humanos ni tener autoridad moral si esconde la cabeza ante los abusos perpetrados por sus principales socios políticos y comerciales y cierra los ojos ante las políticas y las prácticas de sus propios Estados miembros en relación con las personas refugiadas y solicitantes de asilo y con la lucha contra el terrorismo. Debe mostrar una disposición mayor a enfrentarse al atroz incumplimiento de las normas de derechos humanos exhibido por Rusia en Chechenia. Debe resistir también las presiones de las empresas para que levante su embargo de armas a China. El embargo se impuso originalmente a raíz de la brutal represión de la plaza de Tiananmen en 1989 a fin de poner de manifiesto el compromiso de la Unión Europea con la promoción de los derechos humanos en China. No debe suprimirse hasta que el gobierno chino haya hecho importantes concesiones en materia de derechos humanos. Aunque la Unión Africana ha elaborado un marco progresista de derechos humanos y ha desempeñado un importante papel en la resolución de la crisis de Togo, carece por desgracia de la capacidad y de la voluntad política necesarias para cumplir sus promesas de forma coherente. Obstaculizado su trabajo por las limitaciones logísticas y el rechazo del gobierno sudanés y de las milicias armadas a respetar el derecho internacional, los observadores de derechos humanos de la Unión Africana no pudieron influir decisivamente en la situación de Darfur. La organización no se atrevió a afrontar la espantosa situación de los derechos humanos en Zimbabue. No consiguió convencer a Nigeria ni a Senegal de que cooperaran en los esfuerzos por llevar ante la justicia al ex presidente liberiano Charles Taylor y al ex presidente chadiano Hissène Habré. Los dirigentes africanos se hacen un mal favor a sí mismos y a los pueblos de África cuando utilizan la solidaridad africana para protegerse mutuamente de la justicia y la rendición de cuentas. Frente al letargo de las instituciones y los fracasos de los gobiernos, la opinión pública está pidiendo en África, en Europa y en otras partes del mundo un mayor compromiso de los gobiernos con los derechos humanos en el ámbito nacional e internacional. Gracias a quienes defienden los derechos humanos y a otras personas, así como a la creciente presión de la opinión pública, la comunidad internacional se está viendo obligada a reconocer los derechos humanos como el marco en el que concebir y aplicar la seguridad y el desarrollo. Sin el respeto de los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo son inviables. Tanto en el contexto internacional como en el regional, los derechos humanos están adquiriendo cada vez mayor reconocimiento como elemento de referencia en materia de credibilidad y autoridad de las instituciones y de los Estados. Ésa fue una de las razones por las que los gobiernos se opusieron a que Myanmar ocupara la presidencia de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). Fue la razón por la que la Unión Europea decidió al final no levantar la prohibición de la venta de armas a China. Y fue también la razón de que la India considerara los derechos humanos como un factor clave en sus relaciones con Nepal. Por razones tanto de principio como de carácter pragmático, los derechos humanos deben considerarse un elemento esencial de las estrategias sostenibles de seguridad mundiales y regionales, no una opción extra para las épocas de bonanza. No me cabe ninguna duda de que los acontecimientos de 2005 demuestran que la autoridad política y moral de los gobiernos se juzgará cada vez más en función de su actitud ante los derechos humanos en el ámbito nacional e internacional. Éste es uno de los logros más importantes del movimiento de derechos humanos de los últimos tiempos. Quedan por delante desafíos evidentes. Los despiadados ataques de los grupos armados, el aumento de la inestabilidad en Oriente Medio, la creciente irritación y aislamiento de las comunidades musulmanas en todo el mundo, los conflictos olvidados de África y otros lugares, las crecientes desigualdades y la flagrante pobreza: todos estos hechos son indicios de un mundo peligroso y dividido, en el que los derechos humanos se ven amenazados todos los días. Pero creo que, lejos de desanimarnos, constituyen un impulso aún mayor para la acción. Al establecer nuestro programa para 2006, Amnistía Internacional y sus millones de miembros y simpatizantes encontramos estímulo en los notables logros del movimiento de derechos humanos y en la fe de la gente corriente en el poder de estos derechos. En Amnistía Internacional no subestimamos ese poder. Lo utilizaremos para combatir a quienes siembran el miedo y el odio, para poner en evidencia la miopía de los dirigentes más poderosos del mundo y para pedir cuentas a los gobiernos. COMPROMISOS DE AMNISTÍA INTERNACIONAL Los compromisos de Amnistía Internacional para 2006 son: – Oponerse a los ataques contra las normas de derechos humanos, en especial al menoscabo de la prohibición absoluta de la tortura y los malos tratos. – Pedir el cierre del centro de detención de Guantánamo y de los centros de detención secretos, así como información sobre las «entregas extraordinarias» y los «detenidos fantasmas». – Condenar enérgicamente los ataques deliberados de los grupos armados contra civiles. – Luchar para erradicar la impunidad y reforzar los sistemas judiciales nacionales e internacionales. – Poner al descubierto los abusos contra los derechos humanos perpetrados durante los conflictos armados y trabajar en favor del establecimiento de un tratado internacional sobre el comercio de armas con el fin de controlar la venta de armas pequeñas. – Tratar de conseguir la suspensión en todo el mundo de la pena de muerte como un paso para lograr su abolición. – Defender el derecho de las mujeres y las niñas a no sufrir violencia ni discriminación. – Promover la protección de las personas refugiadas, desplazadas y migrantes. – Poner al descubierto el vínculo entre la pobreza y los abusos contra los derechos humanos y hacer a los gobiernos responsables de erradicar la pobreza mediante el respeto de todos los derechos humanos. – Trabajar para que los agentes empresariales y económicos rindan cuentas de sus abusos contra los derechos humanos. – Tratar de conseguir la ratificación universal de los siete tratados fundamentales de derechos humanos, que son esenciales para garantizar la seguridad y la dignidad de las personas. – Apoyar a los activistas y demás personas comprometidas con la defensa de los derechos humanos en su lucha en favor de la igualdad y la justicia. * Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional