En los últimos años, el número de refugiados había disminuido en todo el mundo significativamente, pero la realidad en 2005 era más compleja y mucho más sombría de lo que los números dejaban ver. En 2004, último año del que se disponían estadísticas, el número de refugiados registrado había sido el más bajo en casi 25 años. El descenso del número de refugiados se debió, en gran medida, a la cantidad de refugiados que habían vuelto a sus países de origen, aunque no todos pudieron retornar a sus hogares y pueblos, y muchos regresaron en condiciones que no fueron voluntarias, seguras ni dignas. En total, más de cinco millones de refugiados habían regresado –no todos voluntariamente– a sus países de origen entre 2001 y 2004. Muchos de los retornos fueron a países como Afganistán, Angola, Burundi, Irak y Liberia, donde no siempre era posible garantizar la seguridad y dignidad de los retornados. Algunos de esos retornos vulneraron el principio fundamental de no devolución (non-refoulement), piedra angular de la protección internacional a los refugiados, que establece que nadie puede ser devuelto contra su voluntad a una situación en la que corra peligro de padecer graves abusos contra los derechos humanos. La importancia concedida a las cifras por la comunidad internacional y por gobiernos concretos hizo que a menudo no se tuviesen en cuenta los derechos de los refugiados. En muchos países, a los solicitantes de asilo se les impedía solicitar protección, materialmente o por medio de procedimientos que no garantizaban una vista justa de sus casos. En Grecia, por ejemplo, sólo 11 solicitantes de asilo habían sido reconocidos como refugiados en 2004, y 3.731 habían sido rechazados. La tasa de rechazos en los procedimientos de solicitud de asilo por vía rápida en el Reino Unido era del 99 por ciento. En Sudáfrica algunos solicitantes de asilo fueron expulsados arbitrariamente a causa de prácticas corruptas en los centros de recepción de refugiados y en las fronteras. En China se detuvo y expulsó a cientos, o quizá miles, de solicitantes de asilo norcoreanos sin darles la posibilidad de presentar sus solicitudes. A la vez que el número de personas que cruzaban fronteras internacionales en busca de protección disminuía, el número de personas desplazadas internamente, muchas de ellas desde hacía años, se había mantenido inmutable –25 millones– en 2004. Los Estados persistieron en su renuencia a autorizar que observadores internacionales vigilaran las condiciones y la situación de los derechos humanos de las personas desplazadas internamente en sus territorios. El secretario general de la ONU, en su informe de marzo de 2005 sobre la puesta en práctica de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, titulado Un concepto más amplio de la libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos, recomendó fortificar la respuesta interinstitucional a las necesidades de protección y asistencia de las personas desplazadas internamente. La nueva «aproximación de grupo» interinstitucional que resultó del informe contenía la promesa de una mayor rendición de cuentas, pero quedaba por ver si proporcionaría una protección más previsible, firme y coherente a los millones de personas desplazadas internamente en todo el mundo. Para los refugiados que vivían en campos, las condiciones empeoraron en 2005, especialmente porque muchos debieron enfrentarse a reducciones de las raciones de alimentos –señal del incumplimiento por parte de los gobiernos del mundo de su obligación internacional de compartir la responsabilidad de proteger y asistir a los refugiados–. A menudo esta situación provocó un aumento de la violencia contra las mujeres, incluida la violencia en el ámbito familiar, y de su explotación sexual, ya que se veían obligadas a mantener relaciones sexuales a cambio de raciones de alimentos como único medio de supervivencia. Siguió negándose a los refugiados la libertad de circulación fuera de los campos, lo que les impedía ganarse la vida y planteaba cuestiones graves sobre los efectos que la política de permanencia a largo plazo en los campos tenía en los derechos y la vida de los refugiados. En los ámbitos urbanos, a muchos refugiados se les negaban la condición jurídica de tales y el derecho al trabajo, forzándolos a la indigencia o a una búsqueda peligrosa de supervivencia en algún otro lugar, lo que a veces implicaba el traslado a otros países. A los gobiernos interesados en minimizar su obligación de proteger a los refugiados, la retórica de la «guerra contra el terror» les proporcionó una excusa más para incrementar los controles fronterizos. En muchos países, los políticos y los medios de comunicación fomentaron la xenofobia y el racismo, relacionando falsamente a los refugiados con el terrorismo y la criminalidad y provocando hostilidad contra los solicitantes de asilo.