Oculta entre tantas injusticias que asolan esta nuestra Tierra, existe una terrible ofensiva por la dominación de las tierras cultivables. En nuestros países industrializados la especulación urbanística es el peor enemigo de las pocas familias que viven aún de su trabajo en el campo. En los países empobrecidos del Sur, las buenas tierras se las disputan dos modelos de entender el desarrollo. Por un lado, la mayoría de gobernantes, respaldados por las instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, y el apoyo de las grandes empresas de agronegocios, defienden un modelo neoliberal. Su propuesta es muy simple: dedicar las mejores tierras a cultivar productos que puedan ser exportados y convertidos en divisas, con las que supuestamente después podrán importar los alimentos necesarios para el país. Así nos encontramos con países grandes exportadores de soja, flores o gambas con tremendos índices de malnutrición para la mayoría y con bolsillos repletos para una elite. La tierra se valora (y revalora) por la cantidad de dinero que se le pueda cosechar. En este sentido, la creciente difusión de los biocombustibles (combustibles generados a partir de semillas oleaginosas) puede encarecer aún más el uso de la tierra para el cultivo de alimentos. Por otro los pequeños campesinos, con el humilde respaldo de algunas ONG, que a mi entender, con buena lógica defienden un mundo rural vivo, que produzca en primera instancia los alimentos que necesitan localmente. La lucha es desigual y parece claro quienes son los perdedores. Calculen ustedes las posibilidades de un gobierno, respaldado por los dólares de las multinacionales y la vista gorda de la comunidad internacional, frente a los colectivos campesinos. En Paraguay, por ejemplo, el formidable negocio que supone la producción de soja transgénica, ha destrozado a la familia de una luchadora incansable por los derechos campesinos, Petrona Villasboa. Su hijo, el niño Silvino murió intoxicado con los agroquímicos que las avionetas lanzan para fumigar los campos de soja. Su hermano Serapio ha sido asesinado el pasado mes de mayo y son fundadas las sospechas que apuntan a escuadrones que siembran el miedo y el terror en las comunidades agrícolas con el pretexto de mantener el orden y la seguridad de sus pobladores. En realidad se trata de una política para erradicar a las organizaciones del campo y seguir así desarrollando modelos de producción agrícola de monocultivos de exportación en manos de terratenientes. Como explica Rosalía Ciciolli de la Regional Latinoamericana de Trabajadores de la Alimentación, “ desde hace tres años, el gobierno del Paraguay viene ejecutando una serie de variantes persecutorias hacia los labriegos, especialmente de aquellos que se encuentran organizados, mediante la implementación desde el Ministerio del Interior de las llamadas Guardias Urbanas, grupos compuestos por civiles armados que tienen luz verde para controlar, perseguir y sojuzgar a los pobladores de zonas rurales con el fin de evitar que los mismos se organicen y reclamen respuestas a su demandas sociales. Estos grupos civiles están generalmente conformados por personas con dudosa moralidad, muchas de ellas son operadoras políticas del partido de gobierno, cuentan con antecedentes criminales o no gozan de muy buena reputación en sus comunidades”. Decía que ya está claro quienes son los perdedores: los perdedores somos todos, porque con esta agricultura que alimenta al primer mundo (y en breve puede hacer andar a nuestros coches) se provoca el éxodo de millones de campesinos acorralados en la pobreza, se degradan rápidamente las tierras más fértiles y se talan bosques ricos en biodiversidad fundamentales para un planeta sano. - Gustavo Duch es director de Veterinarios sin Fronteras http://www.veterinariossinfronteras.org/