<i>- Vigilarán que no se repitan las agresiones contra mujeres que hubo en Atenco

- Las fuerzas federales ingresan a la capital estatal, después de 160 días de conflicto

- Segob avisó al clero de la entrada de la policía</i>

El movimiento feminista no dejará de contribuir a la lucha de la sociedad civil de Oaxaca, pues en una reciente visita a la capital del estado pudieron constatar “el hartazgo de la sociedad”. La situación se ha tornado crítica a raíz de la reciente entrada de la Policía Federal Preventiva (PFP) a la capital del estado.

Así lo confirmó Pilar Muriedas, directora de la organización Salud Integral para la Mujer (SIPAM), en entrevista con NotieSe. Recordó que varias organizaciones feministas estuvieron en Oaxaca apenas el jueves pasado con la finalidad de mostrar su apoyo a los sectores de la sociedad civil que demandan la salida del gobernador Ulises Ruiz Ortiz.

“Estuvimos en el Foro de Diálogo por la Dignidad y la Justicia en Oaxaca, donde se estaba definiendo la agenda del estado. Vimos que es un movimiento muy amplio, que no sólo son los radicales, como han querido hacer ver los medios de comunicación. Hay artistas, académicos, organizaciones de la sociedad civil, incluso algunos de los presidentes municipales”.

En ese momento, al entrevistarse con integrantes de la Coordinadora de Mujeres Oaxaqueñas, constataron que “Oaxaca es un territorio de mucha impunidad”, pues esta organización está conformada en gran parte por esposas de presos políticos y de hombres que han sido asesinados durante los diversos movimientos sociales que ha registrado el estado.

Sobre la reciente entrada de fuerzas armadas federales a la capital del estado, Muriedas dijo que las feministas se encuentran “muy consternadas” y convencidas de que deben unirse a las manifestaciones de protesta que se llevan a cabo en la ciudad de México, porque “si así se va a estar manejando el gobierno de Felipe Calderón, estamos perdidos”.

La activista destacó la importancia de permanecer vigilantes ante la actuación de elementos la PFP en la entidad, pues en las violaciones sexuales que cometieron contra mujeres en San Salvador Atenco, en mayo pasado, “no se ha hecho justicia”. “Es terrible que se den casos de tortura a través del cuerpo de las mujeres”, sentenció.

El conflicto

Hoy, la situación es poco clara en Oaxaca. Aunque los maestros habían anunciado el regreso a clases para este lunes, la irrupción de la PFP con tanquetas y gases lacrimógenos agudizó la crisis. Mientras, esta mañana, el vocero de la Presidencia, Rubén Aguilar, negaba que hubiera habido algún muerto derivado del operativo de ayer, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, confirmaba que hubo cuando menos dos decesos.

El secretario de Gobernación, Carlos Abascal, había asegurado en repetidas ocasiones que el gobierno apostaba a una salida pacífica al problema a través del diálogo, y a principios de octubre aseguró que “en el nombre de Dios” no se utilizaría la fuerza pública para resolver el conflicto. En relación con esto, este fin de semana el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, José Guadalupe Martín Rábago, confirmó que “alguien” de la Secretaría de Gobernación le llamó por teléfono el sábado para “explicarle” que las fuerzas policiacas federales entrarían en Oaxaca el domingo.

Este conflicto social, que en 160 días ha cobrado la vida de por lo menos 15 personas, comenzó el 22 de mayo cuando los profesores adscritos a la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación iniciaron un paro de labores demandando que su salario fuera equiparado con el de otros estados, donde los sueldos son mejores que en Oaxaca. Los profesores establecieron su plantón en el Zócalo de la capital del estado.

El 14 de junio, después de un periodo de negociaciones fallidas con el gobernador Ulises Ruiz, la policía de Oaxaca intentó desalojar a los maestros del centro histórico de la ciudad, resultando esto en un enfrentamiento que dejó varios heridos y que, al final, no logró su cometido.

Organizaciones civiles se sumaron entonces a la lucha del magisterio, cuya principal demanda es ahora la renuncia de Ulises Ruiz, creando la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO). Esta organización, nutrida por numerosos grupos de la sociedad civil, comenzó a colocar barricadas en las principales calles del centro de la ciudad, para luego tomar algunas estaciones de radio y de televisión (esta última tomada por la Coordinadora de Mujeres Oaxaqueñas), ocupar varias oficinas de gobierno y lograr cancelar la tradicional fiesta de la Guelaguetza en julio.

Ante la situación, el gobierno federal de Vicente Fox abrió una mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación, luego de haber aplazado el contacto argumentando que se trataba de un conflicto de índole local. Se había asegurado que se iban a agotar todas las vías de diálogo antes de utilizar la fuerza pública.

Por su parte, el gobernador Ulises Ruiz ha sostenido durante todo el conflicto, y aun hoy por la mañana lo reiteraba, que su renuncia al cargo “no está a discusión”.

Fuente: Agencia NotieSe
http://www.notiese.org