Telesur desmontó el informe presentado por la organización Reporteros Sin Fronteras sobre el caso RCTV, a través de una treintena de mentiras tendenciosas allí expuestas (*). No obstante, esta organización publica un artículo de opinión en el diario El País de España, bajo el título: Hugo Chávez o el advenimiento de una monarquía mediática.  Los autores Robert Ménard y Benoît Hervieu, escriben el 12 – 06 - 2007 lo siguiente… Dejamos el texto íntegro publicado por el rotativo español y lo fuimos desmontando párrafo a párrafo:

RSF se refiere a Chávez de la misma forma en la que RCTV y en especial Marcel Granier lo hacen: “Teniente-Coronel” y no Presidente de la República.

Pero admitámoslo. Sí, Hugo Chávez, presidente electo, fue víctima de un golpe de Estado en 2002. Y sí, ese golpe de Estado fue ampliamente un asunto de los grandes medios de comunicación privados - y entre ellos RCTV- y de una oposición que no siempre tiene muy en cuenta la legitimidad democrática.

Pero, ¿cómo explicar que en cinco años no se les haya abierto ningún procedimiento judicial a esos medios que propiciaron el golpe, ni a sus direcciones?

1976, cerrada por un lapso de tres días. Gobierno de Carlos Andrés Pérez, por difundir noticias falsas y tendenciosas. 1980, cierre por 36 horas por programación “sensacionalista”, cuadro sombrío y relato de hecho poco edificante. Gobierno de Luis Herrera Campins. 1981, cierre por 24 horas, por escenas consideradas “pornográficas”. Gobierno de Luis Herrera Campins. 1984, Amonestada por riduculizar “en forma humillante” al Presidente y su esposa. Gobierno de Luis Herrera Campins. 1989, cierre por 24 horas, por la transmisión de mensajes publicitarios de tabaco y cigarrillos. Segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez II. 1991, suspensión del segmento "La Escuelita" del programa "Radio Rochela“. Ratificada por la Corte Suprema de Justicia. Segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez II.

2003: Servicio Autónomo Nacional de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), Reparo Tributario por los periodos fiscales 2001, 2002 y enero 2003, por un monto de Bs. 2.596.281.888,09. A la fecha la empresa no ha cancelado y el caso se encuentra en Tribunal Contencioso Tributario.

El 25 de mayo de 2007, y en menos de 48 horas, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó el embargo del material de RCTV para dárselo al nuevo canal público Televisora Venezolana Social (Tves), que le sucede en el segundo canal. Pero es que la ley orgánica de telecomunicaciones, del 12 de junio de 2000 -aprobada ya durante el mandato de Hugo Chávez-, establece que el material pertenece a los medios de comunicación, y que sólo las frecuencias son propiedad del Estado. Tercera denegación de justicia.

En nota de prensa publicada en la página web del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela se aclara que la Sala Constitucional, luego de analizar los derechos de los usuarios de los medios de comunicación en el marco de la Constitución y la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, estableció que el alcance del deber estatal en garantizar el servicio universal de telecomunicaciones, viene dado por el mantenimiento de una estructura operacional suficiente o adecuada que permita una eficaz “penetración, acceso y asequibilidad”, en el desarrollo de la actividad, entre otros elementos.

Además, la Sala Constitucional destacó diversas Resoluciones Ministeriales, tales como la Nº 88 dictada el 7 de marzo de 1969, del Ministerio de Agricultura y Cría, (G.O. N° 28.870 del 10 de marzo de 1969), mediante la cual el Estado Venezolano permitió la instalación de antenas y otras estructuras necesarias para la transmisión en el espacio radioeléctrico en un Parque Nacional con la finalidad de asegurar el ejercicio eficaz del servicio, no obstante de haberse reservado la titularidad sobre dichas estructuras en el caso específico. Disposición ésta que fue reformada parcialmente mediante Resolución Nº 355, del 16 de noviembre de 1973 (G.O. N° 30.259 del 19 de noviembre de 1973), que en su artículo 3 estatuye que: “Las instalaciones que se requieran, serán construidas por Radio Caracas, C.A., a sus únicas y exclusivas expensas. Tanto el terreno, como las torres y construcciones que se instalen, se entenderán propiedad exclusiva de la República y en tal sentido la compañía autorizada, deberá otorgar los instrumentos jurídicos necesarios” (7).

Finalmente, la alta jurisdicción venezolana crucificó a RCTV el pasado 27 de mayo al destituir a la magistrada encargada de que se aplicaran las medidas de protección al canal, y a su personal. Cuarto incumplimiento, esta vez del derecho internacional. Porque Venezuela, en tanto que país miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA), debe atenerse a la jurisprudencia de las instituciones que dependen de ella.

Recientemente, Hugo Chávez advirtió que eventualmente podría terminar con otras concesiones, antes de la fecha inicial de expiración. El ataque iba dirigido a Globovisión, que ahora es el único canal considerado cercano a la oposición, pero que sólo emite en Caracas y cuatro ciudades de los alrededores.

Tras la abierta participación de Globovisión en el Golpe de Estado de abril de 2002 y el paro petrolero de diciembre de 2002 y enero de 2003, RSF pretende aplicar el eufemismo de “cercano a la oposición” para calificar a Globovisión. A propósito del apoyo que el canal de noticias brindó al gobierno de facto que se instaló en Venezuela, la ancla del canal, Gladys Rodríguez, declaró que “(…) las televisoras estaban arriesgando incluso las concesiones al tirarse ese riesgo de dividir la pantalla con el Presidente de la República, sabían que por ley eso no estaba permitido, se estaban jugando la última carta” (9). Ni entonces, ni luego del sabotaje petrolero, le fue revocada su concesión a televisoras o emisoras de radio. Sin embargo, el Estado tiene el mandato constitucional de velar por la paz de la República y los mensajes de guerra, la incitación al magnicidio y las apologías al delito no están permitidos en Venezuela.

Las numerosas reacciones internacionales al caso de RCTV no han hecho más que afianzar al presidente bolivariano en su lógica. Quien le critica es golpista. Quien se opone al cierre de RCTV -incluso entre quienes le apoyan- pretende su caída o su muerte. La invocación del golpe de Estado de 2002 le sirve de coartada para hacerse con el control autoritario del espacio público, y sobre todo mediático.

Si con “numerosas reacciones” RSF se refiere, por ejemplo, a la pírrica votación del Parlamento Europeo (10), en la que apenas cuarenta y tres diputados de los 784 condenaron la medida de no renovación de la concesión a RCTV (lo cual equivale a sólo el 5,48% de diputados), entonces el pueblo venezolano, no sólo el presidente Chávez, tendría el fundamento para calificarlos de “golpistas”. No olvidemos que la resolución europea fue promovida por el conservador Partido Popular Europeo del ex presidente español José María Aznar, uno de los pocos presidentes en ejercicio que apoyaron la breve dictadura de Pedro Carmona Estanga en abril de 2002. RSF, con su silencio ante el blackout informativo de televisoras como RCTV y Globovisión cuando el pueblo reclamaba el regreso del presidente Chávez, pretendió legitimar al gobierno de facto. No es golpista quien opina, sino quien organiza, promueve o protagoniza golpes de Estado.

Ahora, Hugo Chávez cuenta con la benevolencia del principal diario nacional, Últimas Noticias, una veintena de radios, cinco canales públicos de televisión y dos privados. También es el protagonista de su propio programa -Aló Presidente- en el canal estatal Venezolana de Televisión. Dispone, en fin, de poder para requisar todos los medios audiovisuales, radios y televisiones, tanto públicas como privadas, para retransmitir sus discursos íntegros gracias a ese famoso sistema de las cadenas que, entre 1999 y el primer trimestre de 2007, ha utilizado en 1.542 ocasiones. Hugo Chávez ha totalizado 1.000 horas en antena, a las que hay que añadir otras 1.000 horas de su programa Aló Presidente, en el mismo periodo.

80% de los canales de televisión abierta de Venezuela pertenece al sector privado, Los 118 periódicos que circulan en el país, tanto de cobertura regional como nacional, están igualmente bajo el control del sector privado. Lo mismo pasa con la radio, para citar un ejemplo: solamente el circuito Unión Radio, (45) posee más estaciones que la Radio Nacional de Venezuela (42). En el país hay más de 10 circuitos de radio (privados).

Con el cierre de RCTV, ¿Hugo Chávez ha dado un primer paso hacia una "dictadura", como le acusan sus detractores? La realidad es mucho más matizada. Pero, en todo caso, ha ratificado un nuevo modelo de régimen: la monarquía mediática.

La monarquía mediática privada en Venezuela, conformada por televisoras, emisoras de radio y periódicos en manos de un puñado de familias, apenas comienza a democratizarse con el nacimiento de TVes, la primera televisora de servicio público del país.

(2) http://www.cne.gov.ve/divulgacionPresidencial/resultado_nacional.php