Antes de los 8am del domingo 16 de septiembre, centenares de campesinos, muchos abrigados con sus pesados ponchos de lana, fueron encolumnados frente al estadio municipal en Sapalache. En algunos casos habían viajado por más de un día para llegar a las tierras altas de la capital del distrito del Carmen de la Frontera en los Andes del noroeste del Perú, muy cerca de la frontera con Ecuador.

Arribaron en caballo, a pie, o codo a codo en un camión compartido entre vecinos, habían venido a participar en una consulta popular voluntaria. A los votantes les pidieron responder si están o no de acuerdo con el desarrollo de la actividad minera en el distrito.

Ese día alrededor de 17.000 votantes emitieron su voto, allí y en los distritos cercanos de Pacaipampa y de Ayabaca. La participación en las tres áreas se extendió desde el 50 hasta el 70% del electorado. Un promedio de 94.4% votó en contra de cualquier actividad minera en el área.

Una Coyuntura Crucial

Este referéndum marca una crucial coyuntura en el conflicto minero que inició cuatro años atrás con el arribo de la Minera Majaz S.A. y la fase de exploración en Río Blanco del proyecto minero de cobre y  molibdeno. Majaz es la subsidiaria de Monterrico Metals que es su única propietaria, la que vendió la mayoría de sus acciones al consorcio chino, Zijin-Tongling, a inicios de año. El proyecto aspira convertirse en uno de los dos mayores productores de cobre en Perú, convirtiéndolo en uno de los más grandes del continente.

Más allá de este proyecto, el 6 de octubre de 2006 un representante de la compañía, durante una reunión de inversionistas en Londres, Inglaterra, anticipó el desarrollo de un gran distrito de explotación minera que podría incluir partes de Ecuador. Esta iniciativa más amplia ha sido criticada especialmente en lo referente al impacto potencial de la extracción minera en la rica biodiversidad y el suministro de agua en la región, con implicaciones para las cabeceras del río Amazonas al este y  para la costa tropical seca al oeste de Piura.

Para las comunidades más directamente afectadas, su sustento depende de la tierra. La actividad agrícola a pequeña escala incluye algo de ganadería y la producción de café destinado al comercio justo, que está entre las actividades locales. Además las comunidades campesinas, que son entidades autónomas legalmente reconocidas en Perú, mantienen formas distintas de organización política, económica y cultural y gozan en gran parte de autonomía dada su ubicación remota y la carencia de la presencia local del estado, por lo menos hasta hace poco tiempo.

La contaminación social

Mientras el referéndum del 16 de septiembre fue pacífico y ordenado según los testimonios, el conflicto con respecto a la minería ha causado gran trastorno en las vidas de esas comunidades destacándose una mayor presencia policial y violencia que ha resultado en la muerte de dos campesinos, así como numerosos procesos legales. Las personas identifican la división social y la pérdida de tranquilidad con los esfuerzos de la compañía para ganar apoyo para este proyecto.

Si bien Majaz decidió no tomar parte oficial en el referéndum, sin embargo unas semanas antes la compañía anunció que establecería un fondo bajo administración privada, de US$ 80 millones de dólares, para el desarrollo local. Los lideres de las comunidades rápidamente rechazaron la oferta diciendo que “su salud no tiene precio” y que esto es una tentativa para “comprar su consentimiento”. Un informe publicado por el Peru Support Group (Grupo de Apoyo a Perú) en marzo de 2007 pregunta si una inyección grande de recursos financieros puede beneficiar al desarrollo local, en una situación en la cual se busca socavar o pasar al lado las autoridades y organizaciones locales, dependiendo de su postura con respecto a la minería, y en un momento en que el conflicto se ha polarizado.

La defensa abierta del proyecto minero por parte del gobierno nacional, junto con sus esfuerzos por descarrilar la consulta popular, generó gran tensión antes del referéndum. Mientras en agosto, los representantes del gobierno firmaron un convenio de estabilidad jurídica con la empresa, que asegura condiciones favorables para su operación, a la vez calumniaron abiertamente el ejercicio democrático, cuestionando la legalidad del proceso y en última instancia tratando de menoscabar  los resultados.

Derechos de las comunidades y las prioridades nacionales

El abismo persiste entre los derechos de las comunidades y las prioridades nacionales centralistas, no obstante los claros y transparentes resultados del proceso. Luego del referéndum, el gobierno aprobó una nueva ley que convierte en prioridad nacional a Río Blanco y otros 19 proyectos mineros.  No es la primera vez que hace una declaración de este tipo.  En 2003, como resultado de la cercanía del proyecto a la frontera ecuatoriana, y de las restricciones constitucionales sobre las actividades extractivas en la zona fronteriza, un decreto presidencial fue publicado por el entonces Presidente Alejandro Toledo otorgándole un estatus similar de prioridad.

Tampoco es está la primera vez que estas comunidades han dicho no. Mientras el gobierno nacional tiene la jurisdicción sobre los recursos del subsuelo, las comunidades campesinas tienen derecho a la tierra afectada por este proyecto. Las operaciones extractivas requieren la aprobación de las dos terceras partes de sus asambleas comunitarias para permitir la actividad. Esto fue negada en 2003 y 2004 por las dos comunidades, Segunda y Cajas, y Yanta, respectivamente. Mientras que la Defensoría del Pueblo ha desafiado la legalidad de la operación minera de Majaz como resultado, el gobierno parece hacer caso omiso a sus informes.

El informe del Peru Support Group indica que éste es un caso emblemático con respecto al conflicto minero en el Perú, particularmente lo relativo a la debilidad de los derechos campesinos. Ellos dicen que “a menos que este caso sea manejado de tal manera… que por encima de todo debe demostrar que el proceso democrático funciona tanto para la gente común y corriente, para los pobres e indígenas, como para una compañía minera de propiedad extranjera, el proyecto Río Blanco bien podría provocar mayor violencia y/o la profundización de prácticas políticas autoritarias.” La respuesta actual al referéndum tiende en una dirección autoritaria.

Sin embargo, por lo menos un partidario del referéndum, con conocimiento de tales procesos, no se sorprende por la reacción.  Es coherente con la vocación de Perú por la expansión minera, en los últimos 15 años, que recibe un fuerte patrocinio de las instituciones financieras internacionales y gobiernos extranjeros tales como Reino Unido, EE.UU, Canadá y China. Es también concordante con lo que ocurre en otros países en donde tales referéndums han ocurrido.

Tambogrande

Este referéndum sigue los pasos de otro proceso que creó un precedente, el cual tuvo lugar en el Distrito de Tambogrande, Región de Piura, más abajo en el mismo valle.  Los resultados en Tambogrande en junio 2002 fueron muy similares: el 94% del 75% de los electores que votó dijo no a la minería. Su referéndum también ocurrió en medio de un conflicto marcado por grandes divisiones sociales y violencia; en el 2001, se asesinó al reconocido líder comunitario Godofredo García Baca. Tampoco en ese caso los resultados lograron una solución inmediata. Pero Después de otros dos años y medio de esta lucha, al final el gobierno pidió a la empresa minera -Manhattan Minerals, con sede en Canadá, que se vaya.

Ulises García es el hijo de Godofredo García Baca y director de la Organización Trópico Seco de Piura. El dice que el ejemplo de Tambogrande ha ayudado a las comunidades a perder su miedo de acudir a las urnas y menciona otros ejemplos recientes incluyendo Esquel, Argentina en 2003 y Sipakapa, Guatemala en 2005. "En cada uno de estos casos," dice, “los gobiernos han intentado boicotear las consultas y en todos los casos las poblaciones dieron la contrarréplica, con actitudes pacificas y con participaciones masivas." Él cree que esto "está abriendo un episodio más democrático en el tema de las consultas y la minería" y anticipa que otros referéndums pronto serán organizados en Perú.

Varias redes regionales y nacionales en Perú, que están a favor de la democracia, la descentralización, y las propuestas de desarrollo integral basadas en el conocimiento íntimo de la ecología local y regional, están apoyando activamente estos procesos.

Abriendo espacio para las alternativas

Desde 2002 sin embargo, ha crecido la intimidación y la legislación represiva contra la participación local y las organizaciones de apoyo. En 2006, el gobierno actual del Presidente Alan García aprobó una nueva ley para reforzar el control estatal en las organizaciones no gubernamentales y para alinearlas con las prioridades del desarrollo nacional. Varios reporteros peruanos han vinculado esta ley a la proliferación de los conflictos mineros en particular. Human Rights Watch criticó la legislación, y el Tribunal Constitucional de Perú declaró inconstitucionales algunos artículos centrales, a inicios de septiembre.

El informe del Peru Support Group observa que el mensaje está claro y los impactos son serios. En un caso como Río Blanco, las comunidades carecen de los recursos para realizar demandas legales en defensa de sus derechos. Actualmente “si el procedimiento fuera asumido por terceros, estas personas y organizaciones estarían expuestas a la crítica de estar tratando de agudizar el conflicto social y de obstaculizar el desarrollo nacional”. Ello también trasciende las fronteras de Perú, “No hay duda de que en ciertos casos esta presión (aparejada, en algunas ocasiones, con la presión de sus propios gobiernos) ha llevado a algunas ONGs internacionales a dejar de financiar el trabajo de defensa legal en problemas mineros”.

¿Así, la gente de El Carmen de la Frontera tiene el derecho de decirle no a la minería en sus comunidades? ¿Tienen ellos el derecho a la autodeterminación? y ¿no debería darse una oportunidad a la gama existente de alternativas y propuestas de desarrollo local y regional en Piura? No obstante lo que conste en el papel, ello dependerá de una lucha sostenida para abrir los espacios democráticos. También dependerá de una lucha más amplia para enfrentar las intimidaciones y amenazas por eliminar la ya escasa ayuda. En particular, dependerá también de los esfuerzos internacionales por involucrarse abiertamente en el actual debate sobre la minería, que explora cómo la explotación minera pueda mejorarse, en los casos en donde la respuesta a está sea positiva. ¿Pero que sucede cuando la respuesta es No?.