Las actuaciones de Estados Unidos y la Unión Europea socavan el avance de los derechos humanos a nivel mundial, según ha denunciado la organización Human Rights Watch (HRW) en su informe anual. El progresivo recorte de libertades en las democracias consolidadas y su apoyo a Estados autoritarios que se esconden bajo una fachada democrática amenazan los derechos fundamentales de los ciudadanos y, con ellos, su dignidad.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos cumple su sesenta aniversario y aún no se han establecido los mecanismos efectivos para que se respete y aplique. En todos los países, aunque de diferentes maneras, se violan estos derechos. Sin embargo, no pueden ser sólo una quimera porque constituyen la premisa mayor sobre la que se fundamenta la justicia: el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad.

Desde hace años, muchos gobiernos quieren hacer de la “democracia” una etiqueta; a su imagen pero sin semejanzas. El presidente chino, Hu Jintao, que pronunció 60 veces “democracia” en un discurso en el Congreso del Partido único, es un claro ejemplo.

Cada vez es más fácil para los gobiernos autócratas lograr el reconocimiento internacional por el simple hecho de celebrar unas elecciones. Lo hacen con el beneplácito de sus aliados, y a estos no parece importarles que países, como Nigeria, Jordania, Tailandia, Kenia y Rusia, recurran a técnicas que son ilegales en el derecho internacional, como el fraude electoral, la supresión de los opositores o el control de los medios de comunicación y de la sociedad civil. Al mismo tiempo ignoran la violación de los demás derechos, reconocidos o sin reconocer, que pertenecen a todos sus ciudadanos por el mero hecho de ser personas, sin los cuales unas elecciones, por muy limpias que estén las urnas, no pueden componer una democracia.

A pesar de que el reconocimiento de los derechos humanos fundamentales es la mayor conquista histórica, las democracias tradicionales los entienden como una cuestión de intereses. Según Kennenth Roth, director ejecutivo de HRW, “Washington y los gobiernos europeos están dispuestos a aceptar incluso la elección más dudosa, siempre y cuando el vencedor sea un aliado estratégico o comercial”. Sólo así se entiende que Estados Unidos e Inglaterra no hayan condicionado su ayuda financiera y militar a Pakistán, donde las elecciones se han celebrado en Estado de excepción y con más de 2.000 jueces y opositores detenidos. Y, de la misma forma, sólo por las grandes reservas de petróleo y gas se entiende que la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa haya otorgado la presidencia en 2010 a Kazajistán, a pesar del fraude en las elecciones del pasado año.

Las propias democracias consolidadas utilizan la defensa de los derechos humanos para violarlos de forma constante. Es su excusa preferida para justificar guerras, bloqueos, torturas y muertes de millones de civiles sin dar cuenta ante los tribunales. Uno se pregunta con qué legitimidad va a invocar los derechos humanos la Administración Bush, que aún mantiene en la Bahía de Guantánamo a 275 detenidos sin acusación formal ni garantía alguna, entre otras muchas atrocidades de su guerra contra el terror. O cómo lo va a hacer Inglaterra mientras actúe como una “Stasi británica”, tal y como la ha definido el analista Timothy Garton Ash, y se empeñe en involucionar con numerosos recortes de libertades derivados de su política antiterrorista, que le acercan de manera peligrosa al autoritarismo.

Todo indica que sería bueno rescatar la idea de una Declaración Universal de los Deberes Humanos, defendida por José Saramago y otros intelectuales. Del mismo modo que tenemos unos derechos irrenunciables, deberíamos ser conscientes de nuestro deber de exigir que estos se cumplan siempre, en cualquier lugar del mundo, y no tolerar más violaciones. Si queremos que éste sea el siglo de los derechos humanos, deberíamos empezar por reclamar a nuestros gobiernos que prediquen con buenos ejemplos para que dejen de anteponer sus intereses, alianzas y obsesiones a la justicia. Para impedir que la democracia se convierta en una farsa. Para que nos devuelvan lo que somos.

- José A. Fernández Carrasco es periodista

Fuente: Centro de Colaboraciones Solidarias (CCS), España.
www.solidarios.org.es