El terrorismo de Estado es una forma de ejercicio del poder estatal cuya regla de reconocimiento permite y/o impone, con miras a crear el temor generalizado, la aplicación clandestina, impredecible y difusa, también a personas manifiestamente inocentes, de medidas coactivas prohibidas por el ordenamiento jurídico proclamado, obstaculiza o anula la actividad judicial y convierte al gobierno en agente activo de la lucha por el poder (Garzón Valdes, Ernesto. Filosofía, política, derecho, Universitat de Valencia, 2001, p. 131).

El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, defiende la tortura así: “Nuestra mayor responsabilidad es detener los ataques terroristas. Y este no es momento para que el Congreso abandone técnicas que tienen un historial comprobado de mantener a Estados Unidos a salvo”. Son las palabras del Gobierno de un Estado liberal defendiendo la tortura y vetando la prohibición legal establecida por el Congreso.

El Gobierno norteamericano legitima la tortura del agua (waterboarding), la hipotermia, las descargas eléctricas, el obligar a los reos a realizar actos sexuales, y la inanición provocada como técnicas válidas contra “terroristas endurecidos”.

La degradación moral de Estados Unidos en su lucha contra el terrorismo ha implicado la eliminación del hábeas corpus, la aceptación de 22 millones de grabaciones a ciudadanos norteamericanos, la destrucción por parte de la Central de Inteligencia Americana (CIA) de las grabaciones de los interrogatorios a reos, las cárceles clandestinas, las torturas en Abu Ghraib, la captura y detención ilimitada, la negación del debido proceso y del derecho de defensa a los reclusos de la cárcel de Guantánamo.

Colombia limita al norte con la tortura. El Gobierno estadounidense es el que certifica a Colombia en derechos humanos y lo ha hecho a contrapelo de todas las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU.

La Constitución Política de 1991 proscribe la pena de muerte, pero el Gobierno colombiano con su ministro de defensa, Juan Manuel Santos, el comandante de las Fuerzas Militares, general Padilla de León, y el Director Nacional de la Policía, Oscar Naranjo, señalan sin rubor el éxito de una muerte planeada y ejecutada en territorio ecuatoriano.

No sólo se violó la Carta de la OEA, también se violó la Carta Política. El Gobierno salió avante en la legitimación de estos hechos a nivel interno, pero, confesó y por eso adhirió a la Resolución 930 del Consejo Permanente de la OEA que califica el hecho como una incursión en territorio del Ecuador, en la provincia de Sucumbíos, sin consentimiento expreso de ese país.

Dice el Consejo Permanente de la OEA que el hecho constituye una violación de la soberanía y de la integridad territorial del Ecuador y de principios del derecho internacional.

El Gobierno colombiano suscribió la Resolución 930/08 de la OEA admitiendo su responsabilidad, pero no hace lo mismo en el derecho interno. Al contrario, califica el bombardeo como un éxito sin antecedentes.

Colombia tiene un Gobierno sin límites. La Colombia de Uribe V. es una Colombia sin límites morales. El ex viceministro de justicia, hoy Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, legitima la muerte de un jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y de su compañera a manos de un guerrillero subalterno que lo hace para reclamar una recompensa millonaria. Alias “Rojas” mató a su jefe, le desmembró la mano derecha al cadáver y va a ser premiado con $5.000 millones de pesos. Ejecutar el terror en el adversario lo absuelve ante la Fiscalía. ¡Qué horror!

El comandante del Ejército Freddy Padilla de León, de manera pragmática, participa de esta teoría que privilegia los resultados sobre la dignidad humana. Anteponen estos funcionarios los “positivos” a la inviolabilidad del cuerpo, a la integridad física y moral de las personas, ellos desconocen la Constitución; no tienen Constitución, tienen enemigos.

Reconocen ambos funcionarios que no es una acción legítima pero sí legitimable. ¿Cómo legitimarla? Aplaudiendo su valor, su osadía, su frialdad y, por supuesto, valorando el resultado. Dice el Fiscal que puede que sea ilegal, pero que el principio de oportunidad permitiría exonerarlo por la utilidad del muerto y de la información entregada. ¡Que horror!

Si el caso Jamundí (Valle del Cauca), el de la masacre de policías en manos de una unidad de alta montaña del Ejército, hubiera estado en manos de la justicia castrense, con el general Padilla de León como última instancia, estuviera asegurada la impunidad, se hubiera exculpado a los responsables, quizás de la misma manera cómo se han exonerado de responsabilidad a centenares de autores de ejecuciones extrajudiciales. ¡Que horror!

En Colombia la pena de muerte no es ni constitucional ni legal, ni legítima, pero sus autoridades la están legitimando afirmando que se debe pagar una recompensa a quien la practica en personas perseguidas por el Ejército o la Policía, o absteniéndose de iniciar una investigación penal, como lo hace el fiscal general Mario Iguarán.

En una encuesta de medios el 83% de los colombianos aprobó los medios y la muerte del guerrillero de las Farc, pero eso no quiere decir que sea una muerte inscrita en el Estado de derecho, o que sea una muerte legítima, es una muerte legitimada que tiene autores intelectuales y materiales responsables. Los jueces no pueden fallar consultando las encuestas, están obligados a fallar aplicando la Constitución y la ley.

Todos los Estados miembros de la OEA, el 100%, reprobó los medios utilizados por Colombia para dar muerte al comandante guerrillero, afirmaron que se había violado el derecho internacional, que se violó el principio de inviolabilidad de las fronteras. Que fue una acción ilegal.

El Gobierno colombiano ha legitimado internamente su acción en la guerra contra el terrorismo, pero debió pedir excusas por la violación de las fronteras del Ecuador. Externamente su acción no fue considerada legítima y los 34 Estados la reprobaron.

En Colombia los terroristas se deben perseguir de la misma forma como se persiguen los no terroristas. No hay una Constitución para los terroristas, no hay pena de muerte para los terroristas.
Hay que decir que Colombia no tiene una guerrilla terrorista y, además que Colombia no es un Estado terrorista. La guerrilla colombiana no es la ETA y Colombia no es Israel. Lo primero: decir que la guerrilla es una organización terrorista es decir una verdad a medias que es lo mismo que decir una mentira, pero se dice para justificar otra violencia, considerada mal menor, la del paramilitarismo y la de las violaciones a los derechos humanos.

La guerrilla es una organización delictiva que comete actos terroristas, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra que deben ser juzgados a nivel nacional e internacional. Pero, reducirla a terrorismo es ignorar sus causas.

Así como los secuestros no gozan de legitimidad, pero son legitimados por los mandos guerrilleros como retenciones, así la muerte planeada de jefes guerrilleros no tiene legitimidad, pero están siendo legitimadas por las autoridades de un Estado de derecho como resultados positivos producto de una guerra contra el terrorismo.

Lo segundo, Colombia no es un Estado terrorista, pero tiene agentes que cometen actos terroristas como las desapariciones forzadas, el desplazamiento forzado, la tortura, ejecuciones extrajudiciales o el desmembramiento.

La eficacia del actual Gobierno colombiano fundada en la legitimación de la muerte no es éticamente admisible, es una eficacia propia de un Estado que usa el terrorismo para afianzarse en el poder. Cuando el Gobierno exhibe el cadáver de su adversario persigue un efecto de intimidación que es más efectivo que el de la destrucción del enemigo.

Cuando un Gobierno logra intimidar gracias a su arbitrariedad coactiva está instituyendo un Estado de facto, así sea promovido con el pomposo nombre de Estado comunitario.

Aunque la consigna de la reelección presidencial “Adelante Presidente”, ha sido leída y aplicada como una patente de corso para erradicar el denominado terrorismo, ella no puede convertirse en una licencia para derrumbar el precario Estado de Derecho existente.

Medellín, 11 de marzo de 2008

Rafael Rincón
Director de háBeas Corpus, Oficina de Derechos y Gobernabilidad.
Fuente: el yesQuero
www.elyesquero.blogspot.com

Medellín, Colombia