Medidas urgentes frente al cambio climático y a la privatización del agua

Jennifer Moore

10/04/2008

Opinión

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Citando las conclusiones del informe 2007 emitido por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, el Lic. Julio Torres Martínez del Observatorio de la Ciencia y la Tecnología de Cuba dijo que el cambio climático es una realidad que hace necesario medidas que cuestionen el modelo neoliberal de consumismo y libre comercio. Dirigió sus comentarios a los participantes que asistían al VII Encuentro Hemisférico de Lucha contra los Tratados de Libre Comercio, en La Habana, Cuba durante un panel llevado a cabo en la mañana del jueves titulado: "El Medioambiente, Cambio Climático y Defensa de los Recursos Naturales".

Cuba es un modelo, dijo, al comentar el papel del ex Presidente Fidel Castro cuando impulsó una modificación constitucional en la isla para atender el cambio climático, luego de la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992. Planteó que el cambio climático es sobre todo "una consecuencia de lo que han hecho los grandes países capitalistas", agregando que los resultados tales como la pérdida de la capa de hielo polar y los nuevos fenómenos climáticos constituyen un riesgo grave, mayormente para los países menos desarrollados, con implicaciones importantes para la salud pública y el suministro de agua.

Torres hizo referencia a las conclusiones de la Cumbre de los Pueblos en Cochabamba, Bolivia, en diciembre 2006, con relación a las iniciativas actuales hacia la integración energética en América Latina, al afirmar que la generación energética tiene que determinarse sobre la base "del beneficio de todo el pueblo de un país a través de empresas estatales y de la nacionalización y recuperación de los recursos naturales”, actualmente dominados por las corporaciones transnacionales.

Los derechos colectivos en juego

José María Villalta de Costa Rica dijo que la privatización de los recursos naturales y el monopolio de las corporaciones transnacionales sobre el petróleo, los minerales, el agua, y la biodiversidad están garantizados a través de cláusulas en los acuerdos del libre comercio y de inversiones. Villalta, miembro del Grupo Parlamentario del Frente Amplio y del Bloque Verde, agregó que para que se produzcan cambios, se debe reconocer "los derechos sobre su territorio y para definir su propio modo de desarrollo, de las comunidades seriamente amenazadas por el modelo de libre comercio”.

Desde algún tiempo los tratados de libre comercio han promovido la privatización de los servicios tales como la salud, la educación y las telecomunicaciones, pero la inclusión reciente del agua se presentó como una preocupación particular de varios participantes del panel. Esto "atenta contra el derecho de las comunidades sobre un recurso cada vez mas escaso", destacó Villalta.

Elizabeth Peredo de la Fundación Solón de Bolivia y del Movimiento Bolivariano por la Soberanía de los Pueblos, enfatizó que el agua se debe reconocer como un derecho humano. Por ahora, sin embargo, "los derechos de los cuales las corporaciones transnacionales gozan son mucho más poderosos" que aquellos de la gente y de las comunidades dijo Villalta; y según Peredo, el derecho al agua actualmente "no existe".

Tribunales privados

Villalta destacó como la capacidad de las corporaciones para demandar a gobiernos, amparadas en previsiones en los tratados de libre comercio y de las inversiones, prevalece sobre los derechos de las comunidades afectadas y perjudica seriamente a los gobiernos que tienen que atender tales procesos. Bolivia no ha firmado un tratado de libre comercio con los EEUU, y tiene una ley que da prioridad al uso del agua para el riego. Pero si tuvieran tal tratado, su gobierno podría enfrentar una demanda judicial por esta causa, y se vería expuesto a enormes penalidades, como fue el caso de Argentina, por las restricciones que ha puesto en las tarifas del agua, observó Villalta.

Adicionalmente, la privatización de la justicia con respecto a recursos naturales arbitrada por tribunales tales como el Centro Internacional de Arreglo de las Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), con sede en Washington, impide que las comunidades afectadas puedan participar en su propia defensa. La forma de selección de los árbitros puede colocar a las comunidades en desventaja, dada que en ciertas circunstancias el tercer juez puede ser escogido por el Banco Mundial, el cual, recordó Villalta, está actualmente dirigido por Robert Zoellick, nombrado recientemente por el Presidente George W. Bush de los EEUU.

Los costos de disputar tales casos también son altos, como bien lo sabe Bolivia. Durante la lucha por el agua de Cochabamba, el gobierno de Bolivia tuvo que desembolsar una cuenta de más de un millón de dólares, después de dos años en la corte, incluyendo los costos de abogados, transporte y hoteles, recordó Elizabeth Peredo, lo cual calificó de "una agresión contra los estados". Bolivia se retiró recientemente del CIADI.

El Foro Mundial del Agua y la privatización del agua a través de los servicios

La privatización del agua se produce a través de la industria del agua embotellada, cada vez más rentable, los acuerdos para la exportación ilimitada del agua, así como los usos industriales tales como la minería y los biocombustibles. Peredo agregó que otro actor importante en este proceso es el Foro Mundial del Agua, que no es electo.

Este Foro, señaló Peredo, opera bajo el principio de que el agua es una "necesidad" en lugar de ser un derecho humano, lo que significa que se lo puede comercializar. También parte de la premisa de que la industria privada se encargará "de solucionar la crisis del agua en el mundo", con prioridad sobre su uso para la agro-industria; y que promueve además el uso de semillas transgénicas.

Para concluir, leyó un extracto de una carta escrita por el Presidente de Bolivia, Evo Morales, después de la firma de la declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, citando la conclusión de que por todo el mundo estamos consumiendo cada año lo que producimos en un año y tres meses. Peredo expresó esperanza por los cambios constitucionales próximos relativos a los recursos naturales y al agua en la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador, similares a los procesos que han sucedido en Uruguay y Bolivia.

Paraguay, el Acuífero de Guaraní

Dos participantes de la Iniciativa Paraguaya, Rubén Vera Suárez y Alberto Alderete, quienes participaron al Panel, expresaron la demanda de que el agua quede fuera de las negociaciones en la OMC y de los tratados de libre comercio; plantearon el retiro de los tribunales tales como el CIADI, y que el agua sea protegida como un derecho humano con estatus especial en el convenio de los derechos humanos económicos, sociales y culturales.

Proyectos de biocombustibles, desarrollados con inversiones brasileñas y estadounidenses en áreas como San Pedro, la zona más pobre de Paraguay, están llevando a la especulación sobre la tierra y a la reducción de la producción agrícola, afectando el suministro de alimentos locales. También observaron que en lugares donde las comunidades rurales están organizas en contra de las corporaciones transnacionales como Cargill, la gente ha sido criminalizada y reprimida fuertemente por la policía y las fuerzas militares.

Finalmente, enfatizaron en la importancia estratégica del Acuífero Guaraní, que está ubicado en la frontera compartida entre Paraguay, Uruguay y Argentina, y que está amenazado actualmente por la privatización. Las corporaciones transnacionales interesadas incluyen la Coca Cola.

Durante el breve debate que siguió a las exposiciones, Adilson Viera, del Grupo de Trabajo Amazónico de Brasil, comentó que mayores investigaciones son necesarias sobre estos temas, para que se puedan plantear más demandas oficiales por los impactos que están enfrentando las comunidades. Y añadió que este conocimiento "no debe quedarse solo en las manos de los gobiernos y científicos, sino que tiene que estar en las manos de la gente".

- Jennifer Moore
ALAI/Minga Informativa de Movimientos Sociales

https://www.alainet.org/es/articulo/126933