En el pasado mes de septiembre dos periódicos locales, de diverso carácter, La Nación S.A. y el “Semanario Universidad”, se refieren a la peligrosidad del oficio de periodista en América Latina (y seguro en otros sitios de las galaxias). R. Saba y R. Varenik, autores de “El precio del silencio”, realizan su alegato bajo el título “… las autoridades arremeten contra la libertad de expresión”, pero lo hacen desde una noción unilateral, y por ello pobre, del contenido de ‘autoridades’. El periódico universitario por su parte informa sobre los resultados de un estudio publicado con el título “El precio del silencio: abuso de publicidad oficial y otras formas de censura en América Latina”. El enfoque de la investigación es semejante al de Saba y Varenik. La pugna enfrentaría a periodistas y medios interesados en informar y a funcionarios gubernamentales interesados en que se conozca solo la versión oficial de los asuntos. De nuevo se pone en evidencia un criterio estrecho y unilateral que enfrenta a ‘periodistas’ y medios ‘independientes’ con gobiernos y funcionarios.

Se puede introducir la discusión involucrada en el párrafo anterior con el texto que encabeza el artículo de Saba y Varenik. Hace referencia al asesinato de José Carrasco Tapia en Chile (1986). La ejecución la realizó uno de los comandos del terror de Estado del régimen de Seguridad Nacional de ese país. Pero ese terror de Estado provenía no solo de militares, sino también de empresarios, de políticos civiles, de católicos fervientes y hasta de curas. De hecho, a José Carrasco lo asesinaron no por periodista, sino por militante político (MIR) que, además, ejercía como periodista. Su muerte salvaje fue una represalia por el intento frustrado, no de él sino de la organización Manuel Rodríguez, de destruir el auto donde viajaba el general Pinochet. La muerte del general la habrían llorado militares, empresarios, políticos “decentes”, obispos y, en ese tiempo, toda la prensa comercial y seguramente muchos gacetilleros simpatizantes de la dictadura empresarial-militar. La liquidación de Carrasco sin duda resultó grata a muchos y variados sectores. José Carrasco fue llorado por su familia, por militantes y cercanos. Es poco probable que algunos de estos dolientes fuese un gran empresario. Y menos de la prensa.

Lo que se desea enfatizar es que las amenazas (y eventuales ejecuciones) contra el ejercicio del periodismo en América Latina no provienen solo de círculos gubernamentales, sino que también pueden darse desde unidades y circuitos empresariales (comenzando por los del propio medio masivo) y, en términos amplios, de variados grupos de presión incluyendo a los religiosos.

El punto se relaciona asimismo con el explícito peso político de los medios masivos comerciales (tv, periódicos, radios), o mediocracia, fácil de percibir, en el caso costarricense, en el acoso a Abel Pacheco (presidente del país, 2002-06) y por las quejas del actual presidente Arias contra la crítica de los medios después que un referéndum le dio fuerza de ley a un tratado de libre comercio con EUA. En breve: grupos mediáticos lo atacan, poniéndolo en su sitio, después de utilizarlo. La cuestión de la capacidad de incidencia política de los medios masivos, que sin duda puede ser utilizada para airear acciones poco transparentes pero también para tratar de imponer criterios mercantiles corporativos, no es un tema que le agrade discutir a los propietarios de estos medios ni tampoco a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que reúne a ejecutivos de periódicos y agencias informativas (usualmente personal de confianza de sus empresas), que asumen los desafíos que enfrenta el ejercicio del periodismo desde el ángulo formal y abstracto de la libertad de expresión y de prensa y no desde la perspectiva del ejercicio profesional del periodismo, o sea del trabajo de los periodistas de a pie. Tampoco extreman su inquietud por la responsabilidad ética de los medios ni por el carácter de la información (incluyendo la propaganda comercial) con que alimentan a sus ‘públicos’.

Esta última cuestión puede ser resumida así: en países como Costa Rica la línea editorial de las empresas periodísticas, y sus páginas de opinión, han comenzado a “chorrear” o “embarrar” las páginas de información, de modo que lo que parece legítimo (que la línea editorial posea sesgos políticos particulares derivados de los posicionamientos de los dueños), se transforma en ilegítimo (que las páginas periodísticas o de información pasen a “adoctrinar”, a determinar enemigos (malos) y amigos (buenos) de manera semejante a lo que hacen las páginas de opinión. Las páginas propiamente periodísticas, es decir realizadas por profesionales de la comunicación, son presionadas y penetradas (pautadas) por intereses empresariales e ideológicos. A las presiones gubernamentales y partidarias, que sin duda existen, hay que agregar las de los dueños de los medios y sus círculos de negocios, las de los políticos que los personifican y, más acá todavía, las de los grandes avisadores privados que resentirían información que les perjudicara.

Desde esta perspectiva aparecen violados derechos humanos y profesionales de los periodistas y también derechos ciudadanos y humanos de los lectores o receptores de los medios.

El reto puede tornarse trágico en países pequeños como Costa Rica donde un virtual monopolio del empleo periodístico hace que un despido de este tipo de trabajador por “revoltoso” o por profesional (es decir por no querer sesgar la información), en alguno de los pocos medios significativos implique tener que dedicarse a otro oficio. Sin la discusión de estos aspectos del desafío a la práctica de los empleados/periodistas la denuncia de la autocensura en los medios masivos comerciales, derivada de presiones, amenazas y crímenes, no va más allá de una simulación en beneficio de sus dueños y de sus servidores ‘de confianza’ (directores, jefes de información, etc.) que, obviamente, no tienen ningún interés en derechos humanos para sus empleados comunes ni tampoco en proporcionar información balanceada a sus públicos para que éstos construyan sus opiniones. Visto así, el chileno José Carrasco Tapia puede seguir siendo asesinado, “en democracia”, de muy diversas maneras

El apartado anterior sostiene básicamente algo que es ya lugar común: que en las sociedades actuales los medios masivos comerciales tienden a constituirse como un factor político (mediocracia) bajo las formas elementales de grupos de presión, de falsos partidos y de condicionadores y manipuladores de ‘opinión pública’ sobre cuestiones determinadas, como la globalización capitalista y sus opositores, por ejemplo, y, sobre todo, mediante funciones más básicas (lo que no es ya tanto un lugar común) centradas en la configuración de una sensibilidad ‘política’ única, dominante y de dominación, que depura, transfiere o invisibiliza los conflictos al presentarlos como meras opiniones de ‘diversos’ y que desplaza la necesidad del trabajo político ideológico y orgánico partidario o social por escenarios mediáticos centrados en azarosos sucesos sin historia (y que por ello no requieren de mayor análisis) y la focalización en imágenes de personalidades, mediáticamente construidas, a las que se adjudica prestigios que simulan ser ‘naturales’ (la sinceridad y valor de Juan Pablo II, o la etiqueta de “líder democrático” a Álvaro Uribe o “de patán villano con petrodólares” al ‘populista’ y ‘golpista’ Hugo Chávez, por ejemplo). Encontramos en esta segunda función e incidencia un aspecto central del fenómeno de corrupción del ámbito político (no de su venalidad clientelar, que es asunto vinculado pero distinto) y de su recomposición degradada, proceso que, con otros factores, sostiene las instituciones de los regímenes democráticos restrictivos latinoamericanos.

El concepto de ‘regímenes democráticos restrictivos’, aplicado a la fase de democratización actual de las sociedades latinoamericanas, es una determinación regional o subcontinental de la no factibilidad de la universalización del principio de agencia, referente básico tanto de los regimenes democráticos de gobierno como de derechos humanos, bajo la organización capitalista de la existencia. Esta no-factibilidad se sigue de las lógicas de propiedad excluyente y destructiva que sostiene a las formaciones sociales capitalistas y ‘capitalistas’ señoriales (situación latinoamericana) y de su proyección en la adjudicación de capacidades y prestigios (racionalidad, por ejemplo).

En las condiciones latinoamericanas, la no factibilidad de la universalización del principio de agencia encuentra un terreno particularmente propicio por la densidad e internalización de una cultura señorial u oligárquica a la que se articula, en el caso costarricense, la tendencia al monopolio de la propiedad de medios masivos y su orquestación informativa, la ignorancia socio histórica de los gacetilleros, la alta precariedad de sus condiciones de empleo y la permeabilidad de los públicos que reciben y consumen los contenidos y sensibilidades de los medios comerciales como si fueran ‘verdaderos’ (‘reales) o ‘naturales’.

A la anterior consideración habría que agregar, como un plano complementario, aunque no irrelevante, la articulación entre la necesidad de captar ‘públicos’, fundamento para la publicidad, y la tendencia asociada a transformar la información en entretenimiento (lúdico o masoquista) aderezado con falsa participación (chats, reality shows, etc.).

En un plano puramente práctico y en esta discusión, sin considerar los elementos sistémicos económicos y culturales de la acumulación de capital, debería tomarse en cuenta que:

a) el carácter de personal empleado de los periodistas no debería incidir sobre su desempeño profesional, tanto en su proceso de reclutamiento como en su específica tarea de comunicadores y en su responsabilidad social de informadores y creadores de comunicación;

b) directores, editores y otro personal “de confianza” de las empresas mediáticas deben ser valorados no únicamente como ‘comunicadores’, sino como personeros de la línea editorial y política empresarial del medio;

c) los periodistas/empleados, no el personal de confianza, deberían tener entera autonomía en su desempeño como informadores/comunicadores sin perjuicio de un diálogo permanente con las secciones editorial y de publicidad de la empresa periodística. Esta autonomía debería expresarse en la organización interna del medio (código de ética informativa, consejo de periodistas que resuelve la producción informativa del medio, defensoría de los usuarios o públicos, etc.), en la estabilidad laboral de los gacetilleros a partir de su propio juicio colectivo sobre su desempeño, y en una protección jurídica especial para quienes desempeñan la labor periodística, normativa legal específicamente orientada a impedir la autocensura y a castigar las presiones gubernamentales, empresariales y del crimen organizado (estatal o privado) sobre el desempeño de las tareas de información.

En cuanto a la consideración más conceptual acerca de la despolitización de la sociedad vía la eliminación del conflicto y la imposición, a través de los medios de una cultura de la opinión y el consenso (incluye la ausencia de crítica al capitalismo y potencia el individualismo del “sí se puede si el individuo quiere”), basta indicar que la nueva Carta Constituyente de Ecuador (Septiembre del 2008) si bien ataca el vínculo existente en ese país entre sectores financieros y medios masivos y determina la necesaria existencia de medios de información y comunicación populares, comunitarios y alternativos, al mismo tiempo que establece jurídicamente la responsabilidad social de los medios y de los informadores, ‘resuelve el desafío de la calidad o carácter ideológico de la comunicación mediática (politizada, en el sentido popular, o ‘despolitizada’ en el sentido procurado por la dominación vigente) buscando hacer prevalecer “…los contenidos con fines educativos y culturales en la programación de los medios” y prohibiendo “la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos”. Esto quiere decir que una redacción jurídica ‘progresista’ y reciente se inclina por una despolitización temática que niega los conflictos efectivos de la formación social ecuatoriana (no habrá racismo ni violencia si no se la publicita, enfoque radicalmente restrictivo) y torna cuestión moral el papel de la información para la población que quiera enterarse de ellos y asumir su superación (transformación liberadora) mediante un trabajo político social o partidario permanente.

Esto no quiere decir que la nueva Carta Constitucional no sirva a los propósitos del pueblo ecuatoriano. Pero su redacción en este punto es una señal de que no se ha alcanzado la claridad necesaria respecto del papel y carácter de la “mediocracia” comercial privada en la reproducción del ‘orden’ antipopular vigente en las sociedades actuales y más específicamente en las latinoamericanas.

El apartado antecedente remite en lo fundamental hacia dos núcleos temáticos: la “mediocracia” comercial viola derechos profesionales y humanos de sus empleados/periodistas al transferir su línea editorial como canon para organizar las páginas informativas, determinar y organizar las primeras planas, etc. Al mismo tiempo, esta mediocracia viola el derecho a una información balanceada de los receptores de los ‘mensajes’, información desde la que ellos podrían producir conocimiento y comunicación haciéndose actores agentes de ‘opinión pública’. El segundo núcleo se centra en que la estética de la mediocracia comercial despolitiza a la ciudadanía al invisibilizar la conflictividad propia de las formaciones sociales capitalistas y al hacer del consenso entre opiniones el motor de la libertad de expresión y de la existencia democrática al mismo tiempo que utiliza la cosmética de los sucesos sin historia (procesos) y de la acción de los ‘individuos’ públicos (venta de imagen de ‘líderes’ mediáticamente producidos) como factor que desplaza y reemplaza el trabajo político y social organizado del que depende la vitalidad de las instituciones políticas y, con ella, de su transformación. La estética de la mediocracia impone, de esta manera, a veces conspirativa, a veces inercialmente, un “final de la historia” operativo: el mundo actual carece de alternativa. Las soluciones a su desafío están todas contenidas en la reproducción del sistema.

Para la situación latinoamericana, en la que no se puede ocultar la existencia de conflictividades dadas las penurias sociales (desagregación familiar, empleo escaso y de mala calidad, polarización social, racismo, sexismo, adultocentrismo, inseguridad, etc.) y su tratamiento señorial u oligárquico, la despolitización toma la forma de una representación mediática del conflicto sociopolítico bajo una forma moral: los conflictos se dan entre ‘buenos’ y ‘malos’, entre incorruptos y corruptos, entre verdad/bondad absolutas y mentira/maldad absolutas. Este esquema señorial maniqueo, reforzado por el peso cultural del catolicismo, puede aplicarse a individuos, sectores sociales o corrientes de pensamiento. Así, por ejemplo, los inmigrantes no deseados son malos y criminales y desestabilizan las finanzas públicas. Algo semejante ocurre con ‘comunistas’ y ‘terroristas’. Quienes adversan un tratado de libre comercio mal negociado con EUA son fanáticos antipatriotas resentidos que quieren destruir el país. En el límite, y en situaciones de crisis o pre-crisis, la población se escinde en personas y no-personas, en ciudadanos y ‘desechables’ (Colombia) o en ganadores legítimos y ‘perdedores’ culpables (neoliberalismo), en ciudadanos e indios pezuña de chancho, o en blancos y negros. Patriotas bien nacidos y antipatriotas hijos de perra, suele ser un mote básico.

En el mismo movimiento se postula que corruptos, delincuentes, partidos políticos de cuadros, organizaciones de los trabajadores (sindicalistas) y acosadores sexuales (como veremos en un examen posterior) son todos expresión de algo perverso. Son aceptables únicamente los partidos no ideológicos centrados en personalidades (mediáticas), es decir que no realizan trabajo de organización ciudadana ni social, o que apologizan el equilibro natural (autorregulación y armonía) de la vida social entendida como competitividad en diversos mercados. En esta última trama, centrada en personalidades, opiniones, competividad y mercados, se ubican los acuerdos y decisiones legítimas, es decir las de los ‘bien nacidos’ y su diversidad relativa. En este campo se ubica, por definición, la prensa ‘libre’ e independiente.

La forma gruesa de expresar el panorama anterior es la denuncia de que los medios comerciales (y sus empresarios o junta de accionistas), hacen coincidir libertad de expresión y prensa con libertad de empresa capitalista en un mercado de la información sin responsabilidad social, en la que las clientelas reciben un servicio ‘deficiente’ porque ellos, en su ‘libertad’, resuelven leer, escuchar o ver los medios que los desinforman. O sea, que les impiden constituirse como agentes. De esta manera un factor importante de la comunicación social (e ideologización) se resuelve unilateralmente como incidencia política de un grupo de interés (el medio masivo) que busca asegurar sus específicas posiciones particulares en el mismo movimiento en que impone también las de su sector o sectores sociales (lógica de clase) a sus ‘públicos’.

En este último segmento, y para efectos principalmente (aunque no exclusivos) costarricenses, comentamos someramente dos textos aparecidos en el principal medio periodístico escrito de este país (La Nación) en los que, desde la perspectiva de la dominación, se trata de estos temas. El objetivo central es remarcar los estereotipos que postulan la mediocracia comercial como guardián constitutivo de las libertades públicas.

El primero de estos textos se titula “La prensa, antídoto contra la corrupción” (LN: 6/10/08, p. 37A), y es firmado por A. Ureña a quien el periódico identifica como ‘profesor universitario’. El texto, que ocupa un tercio de una plana del diario, se organiza en dos grandes campos temáticos: el ensalzamiento de la prensa por ser enemiga ‘natural’ de la corrupción, y un corolario que constituye un campo en sí mismo: la superioridad de la prensa ante los circuitos judiciales. Ambos núcleos aparecen en el marco de una exaltación de la libertad individual: “Aunque la belleza cansa y el amor acaba (…), es inmortal nuestro tórrido idilio con la libertad. Prensa libre es libertad para todos”.

El primer campo puede ser ilustrado con el texto siguiente: “La prensa es luz, revelación, aire puro, verdad, autonomía del pueblo frente a sus administradores, mientras que el ladrón y el pervertido comete sus crímenes a la sombra o en total oscuridad”. En el texto, “pervertido” debe asociarse con acoso sexual y quienes lo protegen. En una misma línea aparecen el acoso, sus encubridores, los ladrones y los corruptos. Estos últimos parecen ser los funcionarios públicos (a su correlato inevitable, los corruptores privados, no se los menciona): “Todo acosador sexual, encubridor, ladrón o corrupto tiene miedo a una prensa libre”, escribe el autor.

Remarquemos lo obvio: “prensa libre… ¿de qué? ¿Es libre porque no está en el Gobierno? ¿Porque no ejerce militancia en un partido? ¿Porque no toma unilateralmente partido ante las políticas públicas e incluso ante las acciones privadas que le disturban, hieren o molestan? En el caso costarricense, por ejemplo, la prensa ‘libre’ ¿no toma partido ante la existencia y acción de los sindicatos y ante las convenciones colectivas? Sindicatos y convenciones colectivas son más estigmatizados por la mediocracia costarricense que la delincuencia común. No es raro: sindicatos y convenciones son o esfuerzo político de la fuerza de trabajo organizada o resultado de ella. Apuntan hacia una conflictividad social y hacia un trabajo (esfuerzo) no mercantil, aunque no necesariamente con desenlace ‘comunista’.

Pero esta prensa ‘libre’, ¿lo es de los intereses comerciales y empresariales de sus propietarios y miembros de su junta de accionistas? El medio, ¿está organizado internamente de una forma explícita para que estos intereses no presionen la búsqueda y producción de información? ¿O se supone que este ‘efecto’ de independencia será espontáneo, o emergerá de la naturaleza de las cosas? La información producida, ¿da posibilidades al discernimiento crítico de los usuarios, por ejemplo respecto a las formas actuales de la globalización? ¿O se limita a repetir/informar, como alguna prensa estadounidense y europea, que la crisis financiera del 2008 es un ‘tsunami’, o sea una catástrofe ‘natural’?

Ahora, toda expresión humana, incluyendo la que aparece impresa en los periódicos o es presentada a los televidentes o radioescuchas, es una producción. Puede contribuir a hacer luz, a incentivar la búsqueda y el discernimiento, aportar al diálogo…pero ninguna producción humana es sin más la ‘luz’, la ‘revelación’, el ‘aire puro’, o ‘la’ autonomía del pueblo frente a sus administradores. Aunque solo fuera por razones de espacio y tiempo las producciones periodísticas no son, ni pretenden serlo (si los periodistas y editores son serios), la verdad. El tema de ‘la’ verdad remite al Espíritu Santo. A los seres humanos nos corresponde la construcción de ‘verdades’ situadas (o propuestas fundamentadas) en procesos que pueden contener y utilizar el diálogo, la cooperación o lucha sociales, y, por desgracia, también la guerra y otras formas de coacción y violencia.

Desde esta concepción ‘naturalizada’ de la información mediocrática comercial como ‘verdadera’ el autor del texto proclama su axioma: “La corrupción y la prensa son enemigos naturales y, por tanto, incompatibles (…) Donde usted vea un periodista, puede estar seguro de que hay libertad”. Por supuesto, el axioma descansa en una serie de identificaciones altamente polemizable: la del periodista o informador de a pie = empleado de un medio masivo = los intereses particulares de la empresa periodística y sus vínculos políticos = la libertad de expresión como ‘verdad’. Cuando se critica esta identificación o asociación, por arbitraria, surge de inmediato la posibilidad de que los intereses particulares del medio, que existen siempre, corrompan, en el sentido de desnaturalizar o hacer perder propiedad, la información que recoge y produce el empleado de ese medio. Un empleado (especialmente en un mercado laboral estrecho) no es exactamente una posición social que ‘naturalmente’ genere libertad. Un empleado está determinado por su necesidad salarial que, para él, es constitutiva de existencia. Y la empresa que lo emplea, y el jefe de informaciones que lo administra, lo saben. Y el asalariado, si no lo sabe, lo siente. O resiente.

Por lo tanto la prensa ‘independiente’ tiene sus propias lógicas de corrupción. Son sociohistóricas, al igual que las que afectan a los funcionarios públicos. Pero aunque comparten el factor sociohistórico con la delincuencia y la pederastia (un tipo de delito, normalmente), estas lógicas de corrupción mediática y gubernamental admiten el carácter de ‘funcionales’ para el sistema en su conjunto, al menos en América Latina, mientras que las diversas formas de delito, por definición, son valoradas como disfunciones.

Desde su dudoso axioma, el autor brinca a consecuencias prácticas: “… la rendición de cuentas constante y permanente se ejerce lo mejor posible no frente a la oposición –que también tiene su agenda política-- , sino frente al pueblo, por medio de la prensa (…) Para eso está la tribuna mediática, con la que no se juega”.

Los actores políticos explícitos, gobierno y oposición, ya se ve, son culpables por tener agenda propia o particular. La prensa, según el texto, no la tiene. Solo tiene la responsabilidad de informar ‘de cara al pueblo’.

Es obvio que los medios masivos tienen su agenda propia o particular y que ella es política (en el sentido básico de contribuir o no contribuir a la reproducción de la sociabilidad fundamental y puede serlo también en sus sentido restringidos: como grupo de presión u opción partidaria), solo que, a diferencia de los partidos, no tornan explícita esta agenda. Para el imaginario que anima el texto, la libertad de prensa carece de toda determinación sociohistórica. En este sentido, metafísico, es el fundamento de toda libertad: “… sabemos que la libertad descansa no sobre bayonetas, sino sobre plumas (de escribir), cámaras y teclados, que deben ir y escudriñar hasta el último rincón (…) dado que los jueces nos han comunicado (…) que no es en los tribunales donde vamos a detener a los corruptos”.

Este tipo de presentación, sin necesidad de forzar la memoria, resulta grotesca en Costa Rica donde el acoso sexual, por ejemplo, de un diputado de gobierno (denunciado en los circuitos judiciales) es escondido o minimizado por la mediocracia “independiente” y veladas y desviadas las acusaciones judicializadas de pederastia cuando ellas comprometen a religiosos de la iglesia católica. Este ‘apoyo’ o desinterés favorece la frecuente desestimación de los casos por el ningún apoyo público que reciben las víctimas. Se menciona aquí este tipo de ejemplos sin que se acepte la continuidad que establece el autor de “La prensa…” entre corrupción política y acoso o delitos sexuales, que no poseen ese tipo de vínculo, pero que a él establece para dotar de sensibilidad ‘moral’ a su texto.

La última cita textual nos introduce al segundo campo temático del escrito: los reportajes de la prensa son más efectivos contra la corrupción que los circuitos judiciales: “La realidad nos está indicando que, contra la corrupción, puede más un mal reportaje que el mejor de los jueces. Ya no es la Corte Suprema de Justicia sobre la que se sustenta nuestra democracia (…) La prensa ha llenado ese vacío y, por dicha, ha tomado el lugar dejado por los jueces penales y su impávida inercia procesal”.

Obviamente se trata de un exabrupto. El mismo artículo reconoce que la prensa ‘independiente’ “salpica con gotas de libertad”, hace “surgir alergias y miedos” en los corruptos, “alumbra en la total oscuridad”, garantiza “la libertad”, es “antídoto excepcional contra la tiranía, la corrupción y el desenfreno”…, pero no castiga en su sentido jurídico. El ‘juicio’ mediático puede señalar con el dedo, alterar prestigios, arruinar una reputación, etc.,…, pero no sanciona.

Aunque su autor no lo sepa, se trata de una aproximación al carácter de la mediocracia. No es el Estado ni el gobierno, porque allí están los corruptos, pero es condición para que funcionen Estado y gobierno no sin corrupción, cuestión no factible por razones que no se discutirán aquí, sino sin desafíos de gobernabilidad. Los medios están puestos en situación para ejecutar un tipo de chantaje (vía la exposición de los prestigios sociales) que los constituye como un formidable grupo de presión. La mediocracia se alimenta tanto de su línea editorial como de reportajes sesgados y de sondeos de opinión (encuestadoras) y de su publicación, usualmente amañada. La fuerza de los medios comerciales consiste en que la gente (públicos, usuarios) diga y repita lo que los medios reiteran, insinúan o propagandizan. La cuestión, una lucha por el posicionamiento de prestigios e imágenes, y por el carácter de la acción política, tiene un efecto en la ‘gobernabilidad’. Negativamente, el efecto puede ser irreparable. En términos positivos, las imágenes ensalzadoras de gobiernos o personalidades pueden cambiar en la siguiente campaña mediocrática.

La diferencia entre los circuitos judiciales y los mediocráticos es abrumadora. Si se es acusado en los primeros y se es absuelto, la imagen personal puede salir robustecida. Si se es condenado, se cumplirá la pena. Arruinado y acosado por los medios, la misma figura pública debe asumir un costo irreparable que solo los mismos medios podrían alterar (y no siempre). Se excusa aquí lo obvio: en los circuitos judiciales los cargos deben probarse. A los medios les basta, en cambio, informar/propagandizar hasta alcanzar un efecto de opinión relativamente generalizada para que la cosa se considere definitivamente juzgada.

Existe otro ángulo en esta pretensión de que el juicio mediático asegure la libertad y la democracia, cosa que los circuitos judiciales habrían dejado de hacer bajo la influencia de doctrinas como el garantismo. En las sociedades modernas la legislación y su sanción judicial tienen un efecto material en la internalización de identificaciones inerciales básicas: ser libre, ser propietario, ser joven, ser mujer, ser inmigrante, por ejemplo. Destruir o menoscabar el poder judicial alcanza, entonces, efectos en la reproducción del sistema vía el aflojamiento social de las identificaciones existenciales y su traspaso al campo de las imágenes y de las opiniones. La objetividad de la existencia deviene la cosmética de un reality show. El mundo efectivo del trabajo y el sexo, por ejemplo, objetivados por el mercado, la administración social de la libido y la legislación, pasan a ser mediatizados por el mundo de las opiniones/imágenes sin historia y sin análisis proporcionados por la prensa. La opinión pública tiende a tornarse enteramente manipulable. Lo correcto e incorrecto se sigue de una mayoría de opiniones sin sustento o, lo que es lo mismo, sustentada en imágenes. Los medios habitan en las subjetividades y las autorreferencias. Sin análisis, tiende a extinguirse la posibilidad de la crítica social (es morosa, ardua, teórica, compleja, pesada) y con ello el discernimiento de la transformación posible y deseable. El imperio de los medios opera como un mecanismo político conservador que desagrega o difumina, esteriliza y cercena las necesidades y posibilidades del cambio. Su dominio tiene el efecto inverso del que se enorgullece el autor de “La prensa, antídoto…”: “Prensa libre es libertad para todos”. La libertad, o sea la facultad de elegir, no es factible si la gente no puede discernir y asumir las necesidades, capacidades y posibilidades objetivas y subjetivas del cambio o no quiere hacerlo, si ella no puede producir, desde sí misma, repertorios de opciones y al mismo tiempo su propia capacidad para elegir entre ellas y hacerse responsable por sus elecciones (principio de agencia). La libertad bajo el dominio mediocrático es semejante a la que propone The Matrix: una empresa imposible porque ella se ha hecho parte de un sistema cerrado. Es decir, antihumano.

El segundo texto que examinaremos escuetamente es el del coordinador editorial y de opinión del mismo periódico, es decir de quien se supone conoció (tal vez pidió) y aprobó el artículo anterior. Se trata de un texto más breve y sencillo que autoestima el periodismo que practica La Nación como ‘pluralista’ por ser esto “el mejor negocio”. Afirma que un periódico que solo informa de de sus intereses, fracasa: “La tradición costarricense indica que la prensa política o politizada perece (…) Dos periodistas anunciaron en Radio Universitaria (…) la creación de un blog periodístico, el cual sería diferente de “los grandes medios” que solo informan “de acuerdo a sus intereses”” (LN, En Vela, J. Rodríguez, 24/10/08). Como se advierte, a diferencia del texto anterior, arenga celebratoria directamente política, éste se ubica a la defensiva y es ‘profesional’.

La defensa se realiza indicando que quienes atacan lo hacen desde prejuicios, simplezas y simplificaciones que ni siquiera escaparían a un niño. Por ello, quienes critican deben ‘madurar’ para reducir (al parecer no pueden eliminarlas) la plaga de los prejuicios y las simplezas. Finaliza con una admonición moral: “Una mente ordenada es mejor que una mente llena”.

Se observará que en el texto no existe ninguna argumentación sólida contra los opiniones y observaciones de los ‘otros’. Se parte de la tranquilidad moral de tener la razón y de la suficiencia de quien tiene, para cada caso, la respuesta apropiada. Desde esta ‘tranquilidad’ se desautoriza el trabajo y las acciones de los otros por ser ‘inferiores a lo que sabe un niño’. La suficiencia esconde un argumento contra las personas: son inmaduros.

Veamos el texto con más detalle: su cuerpo comienza criticando la idea de que los periódicos deberían dar explícitamente su adhesión a algún candidato o al partido (de sus preferencias) en su línea editorial en lugar de sesgar la información sobre ellos (o acomodar la información, que no es lo mismo). Obsérvese que quienes opinan así, los críticos, se pronuncian principalmente sobre el sesgo informativo como algo negativo para quienes buscan ser informados. Replica el editorialista: “… un editorial a favor de un candidato no garantiza una información imparcial, como tampoco su ausencia indica parcialidad informativa. El pluralismo informativo proviene de otros valores”. La respuesta no se refiere al tema. El tema propuesto por los críticos es que los lectores estarían mejor informados si supieran que un medio como totalidad, o sea como empresa, apuesta a un determinado candidato o partido, propuesta de políticas públicas o ideología… y no se presentara como neutral o pluralista cuando no lo es. Un lector que escoge un periódico comunista (cuando existían) lo hace sabiendo que encontrará en él información comunista, entrevistas comunistas, organización comunista de la información y chistes comunistas. Pero un lector que compra un periódico comercial ‘independiente’ no necesariamente sabe que encontrará en él criterios empresariales, organización empresarial de la información, sesgos empresariales respecto de los candidatos, chistes o comics (individualizados) que sustentan el imaginario empresarial capitalista (como la serie Olafo, por ejemplo) que pueden estar combinados con otros criterios pero que tienden a entregar un mensaje único: empresarial (hoy, neoliberal), o una sensibilidad única (sólo el capitalismo es posible). Mensajes y sensibilidades no son lo mismo.

El editorialista resuelve la cuestión escindiendo opción editorial de producción de información y ocultando (o ignorando) que lo que se discute es su vínculo.

El paso siguiente es audaz en su autosuficiencia impávida. Como no puede sino reconocer que su periódico sí toma partido político, juega de grupo de presión y realiza campañas contra ideas y personas ‘como si fuera un partido’, redacta: “… si La Nación tomó ciertamente partido editorial por el TLC (…) fue, lisa y llanamente, por ser éste un tratado comercial, no un partido político”. En realidad el periódico fue factor central en la campaña política que buscó infundir terror entre la ciudadanía costarricense si el TLC mencionado no se aprobaba, especialmente en los días en que la propaganda estaba oficialmente prohibida. Hizo su papel, al igual que la televisión empresarial, editando como información (o entrevistas) lo que era el discurso del Sí o lo apoyaba. Además se pronunció editorialmente en el sentido de que en el tratado se jugaba la suerte del país. Es decir que el TLC era político (cuestión, por lo demás, evidente). El editorialista dice ahora que el pronunciamiento editorial se debió a que se trataba de un tratado comercial (“técnico”, nos imaginamos), como adquirir una cafetera, y no una declaratoria a favor de un partido político. Tras el TLC costarricense estaban los que se hacen llamar “partidos tradicionales” (PLN, PUSC), un grupo emergente (Movimiento Libertario) y un buen número de organismos empresariales, en particular los exportadores. Pronunciarse ‘con todo’ a favor del TLC implicaba pronunciarse a favor de ellos, y en contra de sus opositores, si se lo quiere ver así. Pero no es necesario asumir como efectivas o legítimas las separaciones que establece el editorialista, todas ellas ideológicas: no existe vínculo entre un tratado comercial y política, tampoco existe elección política cuando se apoya abiertamente el punto de vista de un partido o grupo de partidos y sectores sociales en un referéndum político, no técnico (si es que esto último existe). El editorialista busca reducir la opción política a ‘estar con un partido’, pero esto resulta notoriamente insuficiente, incluso arbitrario.

Sin embargo, desde la óptica de una despolitización efectiva y repolitización mediocrática el editorialista siente que está en su derecho a invisibilizar que su opción política no consistió únicamente en un editorial, sino en información sesgada, propaganda brutal contra personas, en el ataque sistemático a los partidarios del No como “falsos patriotas” y en el anatema exasperado contra sus formas básicas de organización (los Comités Patrióticos). El editorialista encabeza el párrafo que analizamos --que puede sintetizarse en la fórmula “Cuando hacemos política (que es siempre), entiéndase que no la hacemos”--, con la siguiente sentencia: “La tradición costarricense indica que la prensa política o politizada perece”. La expresión ‘tradición costarricense’ debe asumirse como la tendencia al monopolio de la información vía el monopolio de la propiedad de medios, su orquestación y el vínculo con agencias de propaganda. “Prensa política”, en el vocabulario del editorialista es sinónimo de medios partidistas. Ahora, en Costa Rica, desde el punto de vista conceptual, no existen partidos. Los actores políticos, embozados tras el rótulo de ‘partidos’, solo tienen intereses empresariales o de prestigio o clientelares o todos ellos. Los que se hacen llamar ‘partidos’ son argollas de ‘personalidades’ y cercanos, parientes y clientelas sin más ideología que la de ejercer cargos públicos, enriquecerse o figurar. Son ‘partidos’ verticales y personalistas sin mayor pretensión de vínculo con la ciudadanía a la que mayoritariamente clientelizan. En este año 2008 podrían considerarse partidos embrionarios (también afectados por la sensibilidad personalista) los todavía emergentes Movimiento Libertario y Partido de Acción Ciudadana. Pero su consolidación como partidos está por verse. Y el diario que emplea al editorialista ataca como la principal disfunción política del país al segundo (PAC), por el momento el más numeroso de ‘oposición’ desde el punto de vista electoral. En relación con él también el periódico toma partido. Por supuesto, en contra.

Sin embargo, ahora resulta posible traducir adecuadamente, en las condiciones costarricenses, la frase del editorialista: “La tradición costarricense indica que la prensa política o politizada perece”. No es partidaria porque no existen partidos efectivos, sino ‘personalidades’, argollas de intereses y ambiciones. En relación con esta carencia y carácter, el periódico puede aspirar a desempeñar el papel de partido efectivo. Por ello no ‘elige’ ningún partido. Elige inducir a sus lectores desde sus propios intereses empresariales y de clase sobre la legitimidad de ciertas personalidades y puntos de vista, a descalificar absolutamente a otras por impertinentes o falsas y, sobre todo, bajo la apariencia de pluralismo (por su organización en secciones y porque en él caben casi todos los puntos de vista), transmite una sensibilidad de ausencia de conflictos efectivos lo que muestra la irrelevancia del trabajo político que busca organizar a la población para que quiera, si es del caso, y pueda, cambiar el estado de cosas. En eso consiste su elección política, que no tiene, ni puede en Costa Rica, ser partidaria.

El secreto del falso pluralismo consiste entonces en el monopolio u oligopolio del sentido de la información que se produce y propala. En este monopolio la mediocracia trama empresas de sondeo de opinión, organización interna del periódico, transferencia de criterios editoriales a la información, predominio de la estética del reality show, ‘analistas’ burdos y lúcidos (estos últimos autocensurados), atención particularizada a públicos, reiteración de tópicos, ausencia de periodismo profesional. No se trata básicamente de contenidos (también importantes en momentos de crisis), sino de un estilo.

No andan tan extraviados pues quienes denuncian que ‘los grandes medios solo informan de acuerdo a sus intereses’, cuestión de que se ocupa el siguiente párrafo del editorialista. Solo que ‘intereses’ debe entenderse en planos articulados de la realidad: básico, la invisibilización, denostación y el desplazamiento de la actividad política material que organiza a las fuerzas alternativas al statu quo. Complementario, la variedad de secciones, campos temáticos, opiniones, desempeños, calidades articulados por la matriz básica. Suplementario, lo demás, lo que puede jugar el papel de lo ‘exótico’ admisible por admitido en el reality show. Los medios se organizan siguiendo el modelo de los partidos ómnibus: como hay que evitar las alternativas al sistema, todos, o la gran mayoría, deben creer que subiéndose a ellos arribarán a su destino.

El editorialista remacha lo que estima verdad de Perogrullo: “… si un periódico informa según sus intereses económicos o políticos, no dura tres días”. Pero la mediocracia no se limita a informar sobre sus intereses económicos y políticos. Lo hace sobre la necesidad de reproducir la dominación estructural existente. Lo otro no es necesariamente ruinoso, pero políticamente no resulta eficaz por insuficiente porque lo que está en juego no es la propaganda puntual sino la captura subjetiva permanente de los públicos.

El editorialista termina el párrafo, último de su columna, con un despectivo, “Los buenos son ellos”, o sea los críticos. El texto quiere significar: ‘los buenos somos nosotros. La prueba es que vamos ganando’. Es una tesis de poderío para nada benigno. Pero puede revertirse.

Referencias:

Amin, Samir: “Democracia y medios de comunicación”, en América Latina en movimiento, N° 436, septiembre 2008, Quito, Ecuador.

Gallardo, Helio: Democratización y democracia en América Latina, CENEJUS, San Luis Potosí, México, 2007.

Los textos referidos del periódico La Nacion (Costa Rica) pueden encontrarse en http://