El contexto

En una reciente entrevista a la BBC el famoso historiador inglés, Eric Hobsbawn, hace una lectura sobre la actual crisis del capitalismo financiero- de casino- y presenta una importante consideración global sobre el impacto de esta crisis.

A la pregunta: ¿lo que vemos ahora es el equivalente de la caída de la Unión Soviética para la derecha? ¿Los desafíos intelectuales que esto implica para el capitalismo y el libre mercado son tan profundos como los desafíos que enfrentó la izquierda en 1989?

Hobsbawn responde: “Sí, así lo creo, creo que este es el equivalente dramático al colapso de la Unión Soviética. Ahora sabemos que se terminó una era. No sabemos que vendrá.

Siempre dijimos que el capitalismo se iba a chocar contra sus propias dificultades, pero lo que yo siento no es reivindicación. Lo que si es cierto es que la gente descubrirá que de hecho lo que estaba pasando no ha producido los buenos resultados que se predecían. Mire, por 30 años todos los ideólogos dijeron que todo iba a estar bien: el libre mercado es lógico y produce crecimiento máximo. Sí decían, produce un poco de desigualdad aquí y allá, pero no importa porque también los pobres eran un poco más prósperos. Decían que funcionaría mejor que cualquier cosa.

Ahora sabemos que lo que pasó es que se crearon condiciones de inestabilidad enormes, que han creado condiciones en las que la desigualdad afecta no sólo a los más pobres, sino cada vez más a una gran parte de clase media. Los beneficios de los últimos 30 años han favorecido élites de Occidente con una condición de vida inmensurablemente superior a cualquier otro lugar. Y me sorprende mucho que el Financial Times diga que lo que esperan que pase ahora es que este nuevo tipo de globalización controlada beneficie a quienes realmente lo necesitan, que se reduzca la enorme diferencia entre nosotros que vivimos como príncipes y la enorme mayoría de los pobres y los desaventajados” (Semana, octubre 2008).

De estas consideraciones de Hobsbawn es posible desprender varios asuntos que vamos a trabajar a lo largo de este documento.

Se terminó una era. ¿Cuál? la de los treinta años de hegemonía del llamado neoliberalismo o neoconservadurismo, de teología del mercado y de un capitalismo voraz, financiero y de casino, de una gran actividad especuladora y fraudulenta.

Millones de personas se van a ver afectadas de distinta manera en el Sur, pero también en el Norte. Fueron engañadas y perdieron o perderán su vivienda, su pensión, sus ahorros y su empleo, según “la OIT 200 millones de personas podrían sumarse a las filas del desempleo mundial” (El Tiempo, noviembre, 2008). Mientras el Banco Mundial empieza a hablar de 20 millones de nuevos pobres en el planeta. Como lo advierte Hobsbawn, no sólo los pobres históricos se van a ver afectados, millones de personas de la clase media del planeta, corren el riesgo de caer bajo la línea de pobreza. Quien pierde su empleo y su vivienda, está a un paso de la pobreza. ¿Cuántos millones más de pobres habrá en el mundo después de esta crisis?

¿Pero, no todos perdieron? ¿Quienes son los responsables? El Informe de Naciones Unidas del año 2000 precisa que “los activos de las 358 personas más ricas del planeta equivalen al ingreso de 2.300 millones de personas de bajos ingresos en el mundo”. De igual manera que “los activos de los tres principales multimillonarios eran superiores al PIB de todos los países menos adelantados y sus 600 millones de habitantes. El 20% de la población mundial que vivía en los países más desarrollados, tenía el 86% del PIB mundial; en tanto que, el 20% inferior tenía el 1% de ese PIB. Finalmente 2.800 millones de personas en el mundo vive con menos de dos dólares diarios, mientras que 1.200 millones trata de sobrevivir con un dólar al día” (Naciones Unidas. 2000. Informe sobre el Desarrollo Humano).

Ulrich Beck ratifica estas cifras al señalar que “un 20% de personas afortunadas disfruta actualmente de casi el 90% de la riqueza. Las doscientas personas más ricas del mundo disponen de una fortuna muy superior al billón de dólares. Esto equivale a los ingresos anuales de la mitad de la población mundial” (Beck, 2002, p 57)

Según Jeffry Sachs, actualmente más de ocho millones de personas mueren todos los años en el mundo porque son demasiado pobres para sobrevivir. Todas las mañanas, los periódicos podrían informar: “Más de 20.000 personas murieron ayer a causa de la pobreza extrema”. Los artículos situarían en su contexto las escuetas cifras: hasta 8.000 niños muertos de malaria, 5.000 madres y padres muertos de tuberculosis, 7.500 adultos jóvenes  muertos de sida y otros varios miles muertos de diarrea, infecciones respiratorias y otras enfermedades mortales que atacan a los cuerpos debilitados por el hambre crónica.

Los pobres mueren en salas de hospitales que carecen de medicamentos, en aldeas que carecen de mosquiteras para prevenir la malaria, en casas que falta el agua potable. Mueren en el anonimato, sin que se haga pública su muerte. Por desagracia, tales artículos rara vez llegan a escribirse. La mayor parte de la gente ignora la lucha diaria por la supervivencia y los miles de personas empobrecidas de todo el mundo que pierde esa lucha.

Pero ha desatendido las causas más profundas de la inestabilidad mundial. Los 450.000 millones de dólares que Estados Unidos dedicará este año a gastos militares no servirán en ningún caso para conseguir la paz si el país sigue gastando aproximadamente una treintava parte de esa cifra, tan solo 15.000 millones de dólares, en hacer frente a la grave situación de los más pobres del planeta, cuyas sociedades se ven desestabilizadas por la pobreza extrema y, debido a ello, se convierten en focos de malestar, violencia e incluso terrorismo mundial.

Esos 15.000 millones de dólares representan un porcentaje minúsculo de las rentas de Estados Unidos, tan solo 15 centavos por cada 100 dólares del producto nacional bruto, o PNB, del país. La parte del PNB estadounidense dedicada a ayudar a los pobres lleva décadas disminuyendo, y constituyendo una porción diminuta de lo que reiteradamente Estados Unidos ha prometido y no ha dado. También es mucho menos de lo que Estados Unidos debería aportar para resolver la crisis de la pobreza extrema y de ese modo garantizar su propia seguridad nacional. Este libro relata sobre la toma de decisiones acertadas, unas decisiones que pueden conducir a un mundo mucho más seguro, basado en la veneración y el respeto auténtico por la vida humana” (Sachs, 2007, 25-26)

La otra cara de este grave panorama de pobreza, desigualdad y exclusión, es el cada vez mayor poder y mayor riqueza de las grandes multinacionales y de las potencias del Norte. Veamos algunas expresiones de esto.

El número de empresas multinacionales superó ya la cifra de 50.000. Controlan un setenta por ciento del comercio internacional, aunque en términos laborales, el número de puestos de trabajo que directamente ofrecen es inferior a 100 millones. El mercado de divisas, de especulación sobre la diferencia de cambio en las monedas, era ya en 1995 sesenta veces superior al intercambio real de bienes y servicios. Mientras tanto, las dos décadas que van desde 1980 al 2000 supusieron “veinte años de descenso en el progreso”: los niveles de crecimiento económico de los países más pobres pasaron del 2% a registrar un decrecimiento real; también en sanidad o en educación las tasas de mejora de las décadas precedentes no pudieron mantenerse[1].

Este modelo económico se alimenta desde el Norte, donde están radicadas las empresas más importantes, se concentra el poder político[2], y se dan los grandes niveles de consumo del 20% de la población mundial más acaudalada del planeta.
De otra parte, desde el llamado Sur, el cobro de la deuda externa supuso un envío de 372.575 millones de dólares en el 2003, cifra cinco veces superior a lo que los gobiernos enviaron en concepto de ayuda al desarrollo, que fueron 69.000 millones de dólares.

“Una condición global extrañamente poco debatida que es causa de una intensa miseria y también de privaciones persistentes, atañe a la participación de las potencias mundiales en el comercio globalizado de armas –casi el 85% de las armas vendidas internacionalmente en los años recientes provinieron de los países del G8, las grandes potencias que desempeñan una función fundamental en el liderazgo del mundo-. En este campo se necesita con urgencia una nueva iniciativa global, que vaya más allá de la necesidad de ponerle coto al terrorismo, donde se concentra hoy el foco de atención” (Sen, 2007, 188).

Lo que ha ocurrido en América Latina y en Colombia en estas décadas lo vamos a ver un poco más adelante al considerar el tema de la nueva cuestión social. Veamos ahora las responsabilidades políticas de esta profunda crisis social global.

Dando una rápida mirada a las políticas económicas y sociales aplicadas en el siglo XX tenemos que decir que se presenta un importante cambio, tanto en Europa, como en los Estados Unidos y en América Latina, desde los años ochenta. El libertarianismo en el plano teórico y la derecha en el plano político enfrentaron tanto el modelo del socialismo real, como la socialdemocracia y lograron imponer un modelo neoconservador orientado a brindar todas las garantías y facilidades al gran capital nacional y transnacional principalmente de tipo financiero y especulativo, acabar o reducir el Estado Social, privatizar la prestación de los derechos sociales, focalizar el gasto en los más pobres y priorizar, más en el discurso que en la realidad, los derechos y libertades civiles, en particular, los que tienen que ver con el sagrado derecho de propiedad.

En Europa cae tanto el muro de Berlín y se derrumba el proyecto del socialismo real[3], como también comienza a desmantelarse el Estado Bienestar primero en Inglaterra con el liderazgo de Margaret Thatcher, y después en la gran mayoría de países europeos (Francia, Alemania, Holanda. Italia). En los Estados Unidos el camino lo inicia Ronald Reagan, con la asesoría de Milton Friedman y lo profundiza la familia Bush (padre e hijo). Como lo advierte Joseph Stiglitz estas políticas no sólo afectaron a los cuarenta millones de pobres de los Estados Unidos, sino también a la próspera e importante clase media norteamericana:

“En los Estados Unidos los ingresos reales de la clase media todavía no se recuperan a los niveles que tenían antes de la última recesión, en 1991. Cuando George Bush fue electo, afirmaba que los recortes de impuestos a los ricos solucionarían todos los problemas de la economía. Los beneficios del crecimiento económico impulsado por ellos se propagarían a todos los niveles. Estas políticas se han puesto de moda en Europa y otros lugares, pero han fracasado. Se suponía que los recortes de impuestos estimularían el ahorro, pero los ahorros de los hogares de Estados Unidos se han desplomado a cero. Se suponía que iban a estimular el empleo, pero la participación de la fuerza de trabajo es menor que en los años 90. Si hubo crecimiento, benefició sólo a unos cuantos privilegiados” (Stiglitz, El Espectador, 2008, p52).

Un reciente trabajo de Ronald Dworkin reitera esta perspectiva de Stiglitz y señala que: “La distribución de la riqueza y de la renta en Estados Unidos es sobrecogedora. En 2001, el 1% de nuestra población poseía más de un tercio de la riqueza, el 10% superior de la población era dueño del 70% de ella, mientras que el 50% inferior sólo poseía el 2,8%. En 2001, según registró la Oficina del Censo de Estados Unidos, el 20% superior en lo tocante a renta ingresó más del 50% de la renta agregada, y el 5% superior ingreso más del 22%. En 2004, según un informe del Instituto de Estudios Políticos, un alto ejecutivo de una gran compañía ganó 431 veces, lo que ganó un trabajador de esa misma compañía.

Las rebajas fiscales de Bush abrieron aún más la enorme brecha existente entre ricos y pobres. Más de la mitad de los beneficios de una sola exención –la que exime los beneficios de las empresas del pago de impuestos- fluirían hacia el 5% superior de la población. Esta rebaja fiscal reportó de media a cada una de las personas con ingresos anuales superiores al millón de dólares un beneficio quinientas veces superior al que obtuvieron las personas con ingresos inferiores a 100.000 dólares” (Dworkin, 2008, 120).

Esto deja en claro en favor de quienes han gobernado personajes como George Bush, y, cuál es el resultado de las políticas económicas y sociales neoliberales aplicadas desde los años ochenta. No sólo la pobreza, el desempleo y la desigualdad se presentan en América Latina, también en el gran imperio ocurre lo mismo, y como lo muestran todas las cifras, el problema no es de falta de recursos, es de mala distribución de los mismos.

Por la misma época, en América Latina se produce en Chile el golpe de estado del general, Augusto Pinochet, quien empieza a poner en práctica, de manera explícita, todo el modelo neoliberal. Este modelo se va extendiendo por toda la región y se aplica, con matices, en la mayoría de países en los años ochenta y noventa.

Dos características queremos destacar en el caso latinoamericano. La primera tiene que ver con el hecho de que el liberalismo económico, la apertura, la privatización y la focalización va de la mano con la restricción de las libertades civiles; políticas por parte de varias dictaduras militares en los setenta y ochenta y de gobiernos autoritarios en los noventa; en el actual siglo (Fujimori en el Perú y Uribe Vélez en Colombia). La segunda tiene que ver con la justa protesta de los pueblos de buena parte de países de Suramérica que han mostrado su gran inconformidad con ese modelo y esas políticas y, por las vías democráticas han elegido gobiernos independientes o de izquierda, con la esperanza de lograr cambios que mejoren sustancialmente su bienestar[4].

Mirando de conjunto estas políticas se puede sacar la conclusión de que ni la izquierda marxista y su socialismo real; ni la derecha y su capitalismo salvaje, especulador y rentista, lograron cumplir con la tarea de ayudar a construir sociedades más igualitarias, libres, justas, diversas y democráticas[5]. Se puede aceptar que el liberalismo social, la socialdemocracia que se aplicó, sobre todo, en países del norte de Europa y del sur de América Latina a mediados del siglo XX, ha sido hasta ahora la alternativa más cercana en este propósito. Lamentablemente la derecha neoconservadora dominante en Estados Unidos y en buena parte de Europa fue la principal opositora de estas propuestas e hizo todo lo posible por su desmonte. En contraste con esta tendencia mayoritaria en el Norte, países de América Latina como Ecuador, Bolivia, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile y Paraguay, hacen esfuerzos por superar los estragos producidos por el neoliberalismo y se mantienen como esperanza para construir sociedades más democráticas y equitativas. Ciertamente hay importantes matices en estas propuestas y habrá que esperar los efectos de la actual crisis capitalista en estos esfuerzos.

Lo que cada vez se torna más evidente es el rotundo fracaso de esos 30 años de neoconservatismo y la necesidad de buscar nuevas alternativas. Los propios propagadores  del mercado, cuando se ven en aprietos, dejan su ideología y su adoración al todo poderoso mercado y acuden al Estado para que repare los monumentales daños que ellos han ocasionado.

En este contexto, como lo anota Hobsbawn, cada vez más se volverá a Keynes y menos a Friedman y Hayek.[6] ¿Qué va a pasar finalmente después de esta profunda crisis y este cambio de era? Como también lo anota Hobsbawn “No sabemos que vendrá”. Lo único, que por ahora, se puede decir, es que lo peor que le puede pasar a la sociedad actual, es que “todo cambie, para que todo siga igual”. No tiene ningún sentido, ni ninguna esperanza para los pueblos del mundo y para una visión más equitativa que Bush, uno de los principales responsables de esta crisis, convoque a los mismos ricos del mundo, culpables de esta situación a buscar “salidas” a la crisis ¿A favor de quien? ¿Desde qué postura económica y moral? ¿Buscando qué? ¿Recompensar a los criminales que han producido más pobreza, dolor e inequidad en el mundo? Ya les van a entregar 700.000 millones de dólares,  dinero con el cual se sacaría ya de la pobreza a todos los pobres del mundo. ¿Qué más les van a dar? ¿Qué va a hacer el nuevo Presidente de los Estados Unidos, qué va a cambiar de las políticas del peor presidente en la historia de ese importante país, el señor George Bush?

La Tesis.

La cuestión social es principalmente la desigualdad y la exclusión.

La cuestión social hoy esta más asociada a las diversas expresiones de exclusión general y a las profundas desigualdades económicas y sociales, que a la persistencia de la pobreza y la indigencia. Garantizar los derechos de ciudadanía, promover la equidad, lograr un desarrollo humano y ampliar la democracia, impone reducir de manera notable los actuales niveles de exclusión y de desigualdad. Avanzar por este camino permite además enfrentar de manera más seria y sostenida la pobreza.

Ciertamente persiste y en algunos casos crece la pobreza, el hambre, la vulnerabilidad y la segregación para grupos específicos de la población (niños, jóvenes, mujeres, campesinos, indígenas, negros, desterrados y ancianos); pero el origen y la explicación básica de muchos de esos problemas y de su intensidad se relaciona con la conformación histórico- política y, en particular, con la distribución del poder económico y político del país y de sus regiones.

De otra parte, el énfasis y la mayor parte de las políticas y de los recursos de los gobiernos y de los organismos internacionales se han dirigido en los últimos años a reducir la pobreza y aliviar el hambre[7], pero frente a la desigualdad y la exclusión no se hace nada, simplemente se aceptan como consecuencias inevitables de los modelos imperantes.

La realidad de América Latina y de Colombia

Existe un amplio reconocimiento de que América Latina es la región más desigual del planeta y que Colombia se ha mantenido como uno de los países más desiguales en Latinoamérica. Recordemos algunas cifras y análisis que lo ratifican ampliamente.

En un trabajo reciente de Nora Lustig se ponen de presente varias cifras que corroboran los análisis tradicionales sobre América Latina. Según sus cálculos el “decil más rico recibe el 48% del ingreso y el decil más pobre el 1,6%”. En los países avanzados, en contraste, las cifras son del 29,1% y el 2,5%, respectivamente. El coeficiente de Gini, en promedio, durante los noventa fue de 0.522 mientras que en los países avanzados de Europa del Este y Asia fue de 0.342; 0.328 y 0.412 respectivamente. En Guatemala el decil más alto recibe 59 veces más ingreso que el decil más bajo. En Europa el país que muestra una diferencia mayor es Italia y la cifra es de 12. En América Latina, en términos generales, la desigualdad ha ido en aumento en las últimas tres décadas del siglo XX, si bien dicho crecimiento fue más pausado en los noventa” (Lustig. 2005, 232).

En sentido similar se expresa José Nun cuando señala que la desigualdad en América Latina significa que: “el 20% más rico tiende a apropiarse de 60% del total de los ingresos; el 40% siguiente, de 30%; y, al 40% más pobre sólo le queda el 10%” (Nun, 2002, 158).
 
Recientemente, Andrés Oppenheimer, apoyado en el “Informe Mundial de la Riqueza 2008” trae unas cifras desoladoras acerca de la voracidad y la capacidad de enriquecimiento de las élites latinoamericanas. “Los ricos en América Latina se están enriqueciendo más rápidamente que sus pares en todas las demás regiones del mundo, y ya han acumulado 623 trillones de dólares en valores financieros, sin contar sus casas ni sus colecciones de arte. Esto significa un incremento del 20.4%, frente a uno del 17,5% de los ricos de los países petroleros, en Asia un 12,5%, en Europa de un 5,3% y en Estados Unidos y Canadá de un 4,4%.

Con respecto a los “ultraricos”, definidos como las personas que tienen más de 30 millones de dólares en ahorros disponibles, sin contar colecciones de arte, ni residencias primarias, Latinoamérica es la región de mayor concentración de riqueza del mundo. Alrededor del 2,5% de los ricos de la región son “ultraricos”, comparado con el 2% en África y el 1,1% en Medio Oriente” (Oppenheimer, 2008, El Colombiano, 4).

Veamos algunas expresiones en el caso de Colombia en el siglo XX. El índice de Gini es la medida más tradicional y universal para medir la condición de desigualdad en un país determinado. En el caso colombiano este índice pasó de 0.4537 en 1938 a 0.584 en el año 2005[8], esto es, un incremento en la desigualdad de 13 puntos en 67 años. Según el estudio de Juan Luís Londoño llama la atención que después de la intensa violencia que vivió el país a mediados del siglo XX, la desigualdad se acentuó en Colombia, al pasar de 0.45 en el año 1938 a 0.52 en 1951 y a 0.55 en 1964. En veintiséis años de conflicto armado interno la desigualdad se incremento en 10 puntos y colocó al país en un punto en el que se ha mantenido a los largo de estos años. Esto muestra una clara correlación entre conflicto armado- la época de la violencia- y un incremento de la desigualdad (despojo de la tierra en alto grado).

Observando los últimos treinta años se mantiene una ligera tendencia al incremento de este indicador, si tenemos en cuenta, que según el Banco Mundial pasamos de 0.53 en el año 1978 a 0.57 en 1999 y según la CEPAL, en el 2004 se sube a 0.577 y a 0.584 en el 2005. Sin ser el propósito de este trabajo, si llama la atención esta evidente correlación entre 60 años de conflicto armado interno, y una mayor concentración de la propiedad, la riqueza y el ingreso en Colombia.

Esto se puede apreciar con mayor claridad al analizar la insólita concentración de la propiedad en el principal epicentro de estos conflictos armados, las zonas rurales colombianas. Un estudio reciente revela que el Gini en la tenencia de tierra calculado con base en el avalúo catastral es hoy de 0.85. En países como Japón y Corea en los que la reforma agraria constituyó una de las claves del despegue económico en los años 50, el Gini es de 0.38 y 0.35 respectivamente. La muy desigual tenencia de la propiedad rural va de la mano con su uso irracional: subutilización de tierras aptas para la agricultura (sólo 30% es usada) y sobreexplotación (33% del total ocupado). Mientras terratenientes y narcos tienen lotes de engorde en tierras fértiles, campesinos arrinconados siembran para coger en páramos y selvas. (Uribe. M. 2005, 8-9).

Estas cifras son corroboradas dramáticamente en la revista Semana del mes de julio del 2008, allí se anota que “17.670 propietarios son dueños del 64% de las parcelas rurales existentes en el país. Esto quiere decir, que más de la mitad del país esta en manos del 0,04% de la población” Adicionalmente se señala que 45 millones de hectáreas están dedicadas a la ganadería, lo que significa nueve veces más que las dedicadas a la agricultura y finalmente que en departamentos como Sucre, Cesar y Magdalena, existen tierras en producción que pagan tan solo 80 pesos de impuesto predial por hectárea. (Semana, 2008).

Estos resultados no hablan bien de la noción de justicia y equidad en la sociedad colombiana, ni del manejo de la economía y de las políticas aplicadas por los distintos gobiernos colombianos en las últimas décadas. Por el contrario, ponen de manifiesto algo más estructural, propio de la mayor parte de las sociedades latinoamericanas: un modelo económico y político concentrador de la propiedad, de la riqueza y del poder político en la mayor parte de ellas. Para la reflexión que proponemos estas son buenas pistas sobre cuál es la Cuestión Social en Colombia.

Los gobiernos, los Organismos internacionales y muchos investigadores reclaman que América Latina y Colombia han experimentado grandes avances en materia social en el siglo XX y en lo que va del XXI. Si miramos algunos indicadores tradicionales es fácil ponerse de acuerdo con dicha afirmación. En Colombia y en América Latina se ha reducido la indigencia y la pobreza; han mejorado las coberturas en los servicios sociales y los índices de Desarrollo Humano y Calidad de Vida. Estos son buenos resultados que no pueden ser negados en este balance.
 
Mirando cifras de la pobreza en el largo plazo para el caso Colombiano nos encontramos con que en 1905 la pobreza en el país era del 94% y hoy se ubica más o menos en un 50% (Sarmiento, 2007, Revista Cepa)[9] Lo que indica una importante reducción en 100 años. Algo similar se puede encontrar en la región latinoamericana. Para el conjunto de la región la tasa de pobreza paso de 48,3% en 1990 a 35,1% en el 2007. Por su parte, la indigencia (pobreza extrema) que era del 22,5% se redujo al 12,7% en el 2007 (Cepal, 2007 Panorama Social.).

Siguiendo con el caso colombiano, la Cepal da cifras de pobreza del 52,5% para 1994 (en América Latina era de 45% en el mismo año) y de 46,8% en el 2005 (en A. L. era de 39%). También la indigencia baja en Colombia al pasar de 28,5% en 1994 (era del 20% en A. L.) al 20,2% en el 2005 (era del 15% en A. L.). (Cepal, 2005).

De otra parte, las mejoras en cobertura educativa y de salud, servicios públicos domiciliarios, vivienda e infraestructura son notables en las últimas décadas y por eso el IDH ha subido de manera importante y ha ubicado a Colombia, según estos indicadores, como un país de desarrollo humano medio-alto (según clasificación de Naciones Unidas). Este índice sube de 0.742 en 1994 a 0.791 en el 2006[10].

Estos resultados, matizarían, en parte, el pésimo panorama en materia de desigualdad económica y social ya registrado y hablarían mejor de las políticas públicas sociales. De esta manera, Colombia y América Latina presentan una doble condición, de un lado, las clases dominantes han logrado mantener el control de la mayor parte de la riqueza generada por el conjunto de la sociedad, ser cada vez más ricos en términos de ingreso y del control de la propiedad y del poder político y, del otro, mejorar la condición social de grandes sectores de la población, es especial en las áreas urbanas, incrementar indicadores como los de Calidad de Vida, de NBI, del Índice de Desarrollo Humano y reducir algunos puntos la pobreza. Esto estaría indicando que las políticas públicas sociales pueden ayudar a reducir, parcial y transitoriamente, las tasas de pobreza –por lo menos hasta un límite- y mejorar algunos servicios sociales, sin afectar para nada la altísima desigualdad en términos de la concentración de la propiedad y del ingreso[11].

Esta constatación es importante en dos sentidos. De un lado, indican que antes de la imposición del modelo neoliberal en América Latina, se realizaron por parte de algunos gobiernos acciones para mejorar las condiciones de vida de la población y en segundo lugar que no se puede acusar a las políticas propias de este modelo de abandonar por completo la inversión en materia social, de no prestar atención a la lucha contra la pobreza y de no obtener algunos resultados en este campo.

En el caso colombiano por ejemplo, por mandato de la Constitución de 1991 el gasto social ha crecido en los últimos gobiernos de manera importante; de ser el 7% del PIB en 1970, sube al 15% en 1996 (cuando ya entra en vigencia plena la nueva Constitución); posteriormente baja a niveles del 13 por ciento, donde se ha mantenido[12]. Por su parte la pobreza ha bajado, por ahora, unos puntos (más claramente en las ciudades)[13].

El problema y la gran diferencia esta en otro lugar; en no enfrentar a fondo las causas que producen y reproducen la pobreza, la desigualdad y la exclusión social; en plantear la lucha contra la pobreza extrema (su énfasis); pero no implementar políticas públicas para reducir drásticamente la desigualdad y la exclusión; en el manejo asistencial y focalizado de ese gasto social con el argumento de que no hay recursos y por ello es necesario concentrar la inversión en los más pobres de los pobres; en las nociones de ciudadanía y derechos que manejan (prioridad a los derechos civiles y no reconocer a los pobres con derechos de ciudadanía y con opciones de llevar una vida digna); en asumir los derechos sociales como servicios que deben producir altos niveles de rentabilidad y que se pueden entregar al sector privado (caso de la salud); en la  gran ruptura entre las políticas económicas; sociales y la prioridad de las primeras sobre las segundas; en el manejo neoclásico de la economía y en la orientación de la misma en favor del gran capital nacional e internacional (reformas tributarias, fiscales y laborales regresivas) y en contra de un desarrollo productivo que atienda las necesidades de la población colombiana, genere empleos e ingresos dignos y produzca excedentes para la exportación y finalmente, en la ausencia de unas políticas redistributivas más estructurales y audaces que de verdad reduzcan los enormes niveles de desigualdad y de exclusión.[14]
 
Es probable que estas políticas neoliberales hayan aliviado la situación de personas y familias en extrema pobreza y, por ello, permitan mostrar mejoras en indicadores sociales tradicionales, lo que no estarían mal; nuestro debate tiene que ver con el enfoque de los programas previstos para ello y con el mantenimiento de las tremendas desigualdades en materia de concentración de la propiedad, de la riqueza y del ingreso.

Esto vuelve a remitir a preguntas de orden más estructural: ¿Es éste un buen resultado desde la perspectiva de una sociedad realmente justa y democrática? ¿Por qué se reduce la pobreza y no la desigualdad? ¿Por qué si mejora notablemente la cobertura de la educación y de la salud, la esperanza de vida (lo que algunos llaman, el capital humano) no se reduce drásticamente la desigualdad? ¿Hay que aceptar este modelo? ¿Estamos condenados a él? ¿Ese es el modelo propio para sociedades como las nuestras?
  
Ciertamente la pobreza, la indigencia, el analfabetismo, la enfermedad, la ignorancia, la falta de vivienda o la precariedad de la misma y de los servicios públicos domiciliarios, el desempleo, la informalidad, la exclusión, la segregación y la desigualdad han hecho y siguen haciendo parte de la Cuestión Social, sin embargo, es evidente que estas han presentado modificaciones y han ocupado lugares distintos en otras épocas históricas. Ya reconocíamos que en el caso Colombiano hay una evidente mejora en materia de coberturas de servicios públicos –en especial en las zonas urbanas-, en reducciones del analfabetismo, en ampliación de las coberturas en educación básica, en coberturas en materia de salud (afiliación) y en el control de ciertas enfermedades, en la adquisición o mejora de la vivienda y en la reducción de la pobreza sobre todo en las ciudades.

En estas condiciones consideramos que la Cuestión Social hoy en Colombia esta más asociada a las profundas desigualdades económicas y sociales, las diversas expresiones de exclusión social[15], a la falta de garantía universal de los derechos de ciudadanía y a los obstáculos en el desarrollo de las capacidades humanas con las cuales avanzar en términos de libertad real y de igualdad social. Esta es, en nuestra opinión, la actual agenda del desarrollo social y de la democracia y, además, la mejor garantía de que la lucha contra la pobreza y el hambre tenga más solidez y profundidad.

Queremos respaldar esta consideración con el reconocimiento efectuado en un reciente informe del Banco Interamericano de Desarrollo.

En la edición 2008 del “Informe Progreso Económico y Social del BID”[16], se señala con toda claridad que: “la exclusión social es la amenaza más peligrosa que enfrenta la democracia en América Latina y el Caribe. La esperanza de vida, la nutrición, la escolaridad y muchos otros indicadores de bienestar han mejorado y continúan haciéndolo. Sin embargo, la pobreza, la desigualdad y la falta de buenos empleos y oportunidades para facilitar la movilidad social de la mayoría representan áreas en las cuales aún queda mucho por hacer”  Si esto lo dice un Organismo como éstos, que tiene gran responsabilidad en este estado de cosas por las políticas y programas promovidos, ¿qué se puede esperar de un discurso y unas políticas de Alcaldes, Gobernadores, funcionarios democráticos con un mayor compromiso social?

Por ello, la cuestión social y la agenda pública en este campo hacen imperativo hablar y enfrentar la desigualdad, la excesiva concentración del ingreso y de la riqueza, las múltiples expresiones de la exclusión no sólo de los grupos tradicionalmente excluidos (los que están “afuera”), sino como el mismo Banco anota: “ La exclusión social, históricamente arraigada en diferentes formas de estigmatización de grupos tradicionalmente identificados por la raza, el origen étnico o el género, ha cambiado tanto como lo ha hecho la región misma y actualmente afecta a grupos mucho más diversos y numerosos de la población, particularmente a aquellos que se ganan la vida a duras penas en empleos precarios sin perspectiva alguna de mejorar. Su exclusión no se debe a que se encuentren “afuera”, aislados, dejados de lado, sino a que están interactuando con sociedades más modernas y prósperas”.

En consecuencia, el conflicto social moderno se centra en el combate de las desigualdades que restringen la plena participación ciudadana por medios sociales, políticos, económicos o culturales, y en el establecimiento de titularidades y provisiones que constituyen un estatus de ciudadanía rico y pleno.

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- Jorge Bernal Medina es Investigador social

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas
Corporación Viva la Ciudadanía. www.vivalaciudadania.org