El aforismo de Lampedusa en El gato pardo, “dejad que todo cambie para que todo siga igual” devino en consigna de batalla para los afectos al Gobierno. Todos los analistas del uribismo se esfuerzan en demostrar que el cambio de administración en los Estados Unidos lleva a que las relaciones con Colombia sigan igual. Desestiman la palabra de Barack Obama, el programa del Partido Demócrata, y el comportamiento de sus legisladores en el Congreso de ese país.

Parten del hecho de que el Plan Colombia fue aprobado por un Gobierno demócrata, el de Clinton, cuando el país del norte tenía como fundamento de su política exterior la lucha contra las drogas.  En la administración Bush el eje de esa política se desplazó a la llamada lucha contra el terrorismo. Definida vagamente, como que en cualquier parte del mundo se puede ser terrorista, el mismo George W Bush afirma: “están con nosotros o con nuestros enemigos”. Formulación que entra en lo que Estanislao Zuleta definía como lógica paranoide. Desde esta lógica se da el alineamiento de la extrema derecha colombiana, en cabeza de Álvaro Uribe Vélez, con la posición del Presidente norteamericano. Tal coincidencia de intereses resignifica el Plan Colombia, y lo dirige hacia la lucha contra el terrorismo, dejando en un lugar relegado la lucha contra el narcotráfico.

Desde esa sintonía Bush define a su homólogo colombiano como “socio” y “amigo”, insta a la primera reelección del colombiano, promueve mantener el Plan Colombia y se da la negociación del tratado de libre comercio (TLC). Colombia es el país del hemisferio occidental que más ayuda económica recibe de los EEUU. Del lado colombiano se da un alinderamiento incondicional con las políticas del republicano, es el único país de América que apoya la invasión a Irak, manda tropas a Afganistán, vota con la unión del norte en los escenarios internacionales, “compra” las peleas de Bush en América latina y, en consecuencia, se enemista con los gobiernos vecinos que han tomado distancia con el redil norteamericano, hasta aislarse en el continente. También acepta el TLC tal como lo proponen los gringos, replica en Colombia las medidas gubernamentales bushianas, como la desregulación financiera, eximir de impuestos a los más ricos y a las grandes corporaciones, subsidiar la producción de etanol, entregar la salud y educación al afán de lucro, su cruzada contra el terrorismo con desprecio a los derechos humanos, entre otras.

Hasta ahí esta sumisión puede pensarse pragmática, pero a Uribe no le bastó ello.  Creyéndose socio de Bush terció en la política partidista norteamericana, desoyendo un consejo de Bill Clinton, citado por Andrés Pastrana, de no inmiscuirse en las pugnas internas de los partidos estadounidenses. Así la primera reunión con la señora Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, fue de confrontación; desestimó los informes de la bancada demócrata, sobre Colombia, en el Congreso de ese país. Hasta llegó a señalarlos de ignorantes. Desairó al gobernador de California, Bill Richardson, a quien se negó a atender cuando este vino a Bogotá ofreciendo sus buenos oficios para gestiones humanitarias y por la paz. Hasta jugar, con mentalidad de apostador, en la campaña electoral reciente al lado del candidato republicano. Para ello invitó a John McCain a visitar el país el día esperado para la liberación de los tres norteamericanos y los secuestrados más emblemáticos, para arropar al candidato con el aura del triunfo de la operación jaque. Se mostró con la señora Palin, en el fragor de la campaña, para reforzar la imagen de aquella como ducha en cuestiones internacionales. Participó en múltiples actos de la derecha norteamericana, en varios momentos de la campaña. En el conflicto electoral norteamericano entre dos modelos, el centrado en el terror de los republicanos, y  el de los derechos humanos como eje de los demócratas, el mandatario colombiano no podía ocultar de qué lado quedaba su corazón.

Como Partido, los demócratas no han respaldado plenamente la campaña de lucha contra el terrorismo. Un sector significativo se ha opuesto a la invasión a Irak, a la suspensión de garantías ciudadanas, al creciente armamentismo y han venido haciendo énfasis en la necesidad de respetar los derechos humanos. En ese sentido se han venido presentando cuestionamientos al Plan Colombia, desde cuando los demócratas eran minoría en el congreso, el senador por Vermont, Patrick Leahy, denunció en ese recinto la complicidad del Gobierno colombiano con el paramilitarismo, las ejecuciones extrajudiciales, el exterminio de sindicalistas y la violación sistemática de los derechos humanos. De su gestión de entonces se implementaron una serie de condicionamientos a evaluaciones de desempeño en derechos humanos, a la fuerza pública colombiana para poder continuar entregando los fondos de asistencia. De esa evaluación es que hoy, cuando el senador, Leahy es el presidente del sub Comité de Apropiaciones para las Operaciones en el Extranjero que otorga visto bueno a los fondos que se entregan a otros países, hay varias unidades del Ejército vetadas para recibir esa asistencia. La voz del senador, Leía, se escuchó recientemente para señalar que las ejecuciones extrajudiciales eran asunto de varios años y que el Gobierno colombiano las ha negado sistemáticamente, con lo cual ha incrementado el fenómeno criminal. Este legislador es uno de los que ha venido pidiendo la revisión del Plan Colombia, de lo cual ha logrado que del monto total de ayuda, compuesto originalmente por un 80% de componente militar y un 20% social, se disminuya del componente militar a un 65% y se incremente al 35% el monto social.

Ahora, el mismo vicepresidente electo, senador, Joseph Biden, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, ha pedido a la oficina del Contralor General de los Estados Unidos, GAO por la sigla de Government Accountability Office, un informe de impacto del Plan Colombia. El informe de la GAO pone en jaque las pretensiones colombianas de mantener la ayuda norteamericana para financiar la guerra, al señalar que ha fracasado en su propósito de reducir al 50%, en seis años, la producción de hoja de coca y de cocaína, cuando en ese lapso se ha incrementado la producción de la primera en un 15% y la segunda en un cuatro por ciento. Otro indicador que no recoge el informe, pero que sí es tenido en cuenta por la bancada demócrata es el precio de la cocaína en las calles de los EE.UU., el cual, salvo en un periodo del año pasado cuando se encareció, ha descendido a los precios de 1990, lo cual habla  de una sobre oferta. Justo en el mismo periodo, Colombia se impuso como primer líder mundial en la producción  de hoja de coca y de cocaína, según otro informe de la GAO de febrero de este año. Tres indicadores oficiales norteamericanos que dejan mal posicionado al gobierno suramericano.

El informe atribuye estos resultados al mecanismo de la fumigación aérea, que a la par de producir un alto impacto social, empobreciendo comunidades y destruyendo el medio ambiente, lleva a que la siembra de coca se extienda por el país. Cuestiona el informe que en los sitios donde se hace la aspersión no se implementen políticas de apoyo a la población campesina que se queda sin sustento y sin otra alternativa que resembrar la coca. No señala el informe la función de los paramilitares como principales productores de coca y de cocaína, ni que el Gobierno colombiano, no puso el tema del narcotráfico en la negociación que hizo con ellos, por lo cual este factor productivo sigue intacto y creciendo.

Reconoce la GAO los éxitos en la lucha contra las guerrillas colombianas, particularmente en la reducción de su capacidad operativa, el descenso estadístico en las cifras de secuestros y asesinatos, así como las bajas producidas. Sin embargo, retoma un informe de la embajada de ese país en Bogotá, donde dice que esos triunfos pueden ser revertidos y que las guerrillas distan de ser derrotadas, que aun son una amenaza para el Estado colombiano.

En el componente social cuestiona la eficacia de los programas de desarrollo alternativo, los cuales encuentra desenfocados al no atender a los agricultores que pierden sus sembradíos por la fumigación. Recomienda diseñar e implementar un sistema de avaluación de impacto de estos programas. Llamativo que no pida evaluar el impacto de la asistencia militar, en sus efectos sobre la población civil, en el creciente número de desplazados y de desaparecidos, en términos de Derecho Internacional Humanitario y de Derechos Humanos. También es necesario evaluar si las millonadas invertidas en Colombia han mejorado en algo la calidad de vida de algún sector de la población. Hasta el presente el Plan Colombia ha aportado 6.200 millones de dólares, en seis años, y su impacto no ha sido evaluado, algo que es urgente hacer.

Tanto para el componente militar como para el social, el informe GAO  propone transferir los costos del plan al Estado colombiano, o sea, suspender la ayuda. En ese sentido se alzan algunas voces en el Congreso norteamericano de los demócratas, ahora con mayoría absoluta. También de organizaciones defensoras de derechos humanos, que solicitan expresamente cesar la ayuda militar por sus efectos nocivos para los derechos humanos, como Amnistía Internacional, y como algunas organizaciones de víctimas.

Y es que el Gobierno colombiano tiene en los derechos humanos uno de sus cuatro talones de Aquiles, el señalamiento sistemático y recurrente de sus violaciones, así como sus respuestas cínicas, lo ponen en el banquillo año tras año. Ahora la certificación de cumplimento en derechos humanos, la ha de expedir el Departamento de Estado de un Gobierno que se elige con el mandato de poner estos derechos en el centro de su política, quizá sea elegido para el cargo de Secretario del Departamento de Estado, Bill Richardson, o de encargado para asuntos latinoamericanos, el mismo Gobernador de California, desairado por el presidente Uribe. Sea quien sea, Uribe no la tendrá fácil en el trance de lograr esa certificación. El viraje del embajador republicano William Brownfield, de respaldo a la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes, antagonista del Gobierno colombiano, así como a las demás ONG’s de derechos humanos colombianas, es un indicador de tiempos de cambio.

Dos elementos centrales en las relaciones diplomáticas del gobierno Uribe con el de los Estados Unidos, Plan Colombia y TLC, están seriamente amenazados por las razones expuestas. Acaso en la suerte del TLC se de la primera pugna entre el fundamento político del gobierno Obama y el pragmatismo económico y, por la fuerza con que arranca el demócrata, es de esperarse que triunfen los principios sobre el mercantilismo.
 
Con el nuevo gobierno de Barack Obama, no se han de esperar cambios abruptos en la política antidrogas norteamericana, pero sí han de ser escuchadas las voces que arrancan con el informe GAO, de repensar la actuación en Colombia sobre tal materia, como las de las Naciones Unidas que abogan por implementar políticas de desarrollo alternativo o como las de varias ONG’s norteamericanas (Wola, Latin America Working Group Education Found, Center for International Policy, U. S. office On Colombia) que en bien fundamentado estudio titulado Un nuevo rumbo para la política estadounidense hacia Colombia, propone dejar de lado la represión y laborar en políticas de desarrollo.

Aunque, de continuar el Plan Colombia tal como está, lo cual es muy improbable, las enmiendas del senador Leahy harán que casi todas las unidades del Ejercito y la Policía colombiana queden vetadas para recibir asistencia militar, por cuenta de lo extendido y generalizado de las ejecuciones extrajudiciales y de los falsos positivos. Es mejor ir preparando el campo para trabajar en una agenda de cooperación en desarrollo alternativo con los Estados Unidos… pero, con muchísimos menos recursos.

- José Darío Castrillón Orozco es Psicólogo

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas
Corporación Viva la Ciudadanía. www.vivalaciudadania.org