Porque no nacimos donde no hay que comer

No hay porque preguntarnos como le vamos a hacer

Si nos pintan como a unos huevones

No los somos

¡Viva México, cabrones!

Molotov. Banda de rock mexicana

Cumpliendo con el implícito destino subyacente en la ya famosa frase de Rubén Darío “pobre México, tan cerca de los EEUU y tan lejos de Dios”, la nación azteca fue la primera de las naciones latinoamericanas en ser penetrada por los intereses y acciones de las grandes transnacionales anglosajonas del petróleo.

En el mes de marzo (mes clave en la historia petrolera mexicana, como ya lo veremos más adelante) del año 1.901, la Mexican Petroleum Company comenzó la explotación del campo El Ébano, en la zona de Tampico, dando inicio a la era petrolera en ese país. Ya para el año 1.911 los campos mexicanos vomitaban 12 y medio millones de barriles, elevándose esa cantidad a 93 millones en el año 1.912.

Hasta el año 1.938 se decía que el petróleo mexicano al norte de Tampico era propiedad de la Standard Oil of New Jersey de Rockeffeller y al sur pertenecía a la Royal Ducht Shell.

La Revolución mexicana, con su huracán de violencia popular, dirigió sus reivindicaciones más hacia la propiedad y redistribución de la tierra y sus dirigentes no prestaron el debido interés a la recuperación de las riquezas del subsuelo, situación por lo demás entendible dado el carácter profundamente agrario y rural de dicha revolución y sus motivaciones.

El dieciocho de Marzo de 1.938, el General Lázaro Cárdenas del Río, en medio de una huelga de los sindicatos de trabajadores petroleros de la República mexicana y empujado por la arrogante, irrespetuosa y colonialista actitud de los representantes de estas empresas transnacionales, decreto la nacionalización de los hidrocarburos en México. Inglaterra respondió, a lo que consideró una inaceptable agresión a sus intereses por parte de un país bárbaro y atrasado, rompiendo relaciones diplomáticas con la nación azteca, mientras los “lobbystas” de la Estándar Oil of New Jersey exigían al departamento de estado de la administración de Franklin Delano Roosselvet que invadiera México para poner orden, (su orden), y cobrar la para ellos afrentosa acción.

Sin embargo, esta administración se cuidó mucho de tomar semejante acción porque los vientos de guerra que soplaban desde Europa desaconsejaban abrir un frente de guerra en las propias fronteras o tener un país vecino con una población (un número importante de la cual vivía en los propios EEUU), enardecida por la ofensa y vejación que significaría una invasión, sobre todo porque la población mexicana respondió con un fervor y adhesión casi unánime a la medida nacionalista y digna del General Cárdenas.

De ese proceso nacionalizador va a nacer PEMEX, que por décadas ha sido el soporte económico de los planes educativos, sanitarios, de infraestructura y de seguridad social con que el estado mexicano ha dotado a su población.

Los República mexicana desde 1.938 hasta la fecha, ha obtenido de PEMEX cifras que oscilan entre el 40 y el 45 % de sus ingresos totales y del 15 al 18 % de su producto interno bruto.

Por mucho tiempo México ha sido considerado uno de los países con mayores índices de corrupción administrativa en el mundo, al punto que el término “mordida mexicana” se ha internacionalizado. Como bien se ha podido apreciar en los últimos años, la corrupción, las mafias, los carteles de la droga han perneado todas y cada una de las instituciones del estado mexicano (policía, fuerzas armadas, partidos políticos, medios de comunicación, etc), y PEMEX no ha sido la excepción de esta regla. Desde la alta dirigencia política, pasando por la encumbrada elite tecnocrática, hasta llegar a la mañosa y venal burocracia sindical, por años el clientelismo, la corrupción y los malos manejos han medrado en el gigante petrolero mexicano, situación en nada diferente a las grandes corporaciones mundiales bien sean estas financieras, automovilísticas o petroleras, porque en el capitalismo la corrupción es parte estructural del sistema, como tan bien acaba de quedar demostrado con la crisis financiera y automotriz estadounidense; la diferencia esencial radica que mientras en empresas estatales como PEMEX el grueso de sus ingresos debe ser distribuido (por lo menos nominalmente) a la población a través del estado, en las corporaciones privadas estos ingresos, provenientes de un bien natural propiedad de todos los habitantes de un país, van a parar a manos de un círculo cada vez más pequeño de multimillonarios sin patria que ni en forma nominal ni real están obligados a compartir o distribuir nada.

Quizás no el mayor, pero si uno de los más representativos rostros del cáncer de la corrupción en PEMEX fue Joaquín Hernández Galicia “La Quina”, sempiterno representante sindical (y sempiterno traidor) de la clase obrera en la industria petrolera de esa país, depuesto y encarcelado al inicio de su gobierno por Carlos Salinas de Gortari, a quien por este acto el lector desprevenido o desconocedor de la reciente historia del neoliberalismo en Latinoamérica podría suponer un adalid anticorrupción o un cruzado moral llegado al palacio de bellas artes, sede del gobierno Mexicano. La realidad fue que con el corrupto, mafiosos y finalmente criminal gobierno de Salinas (1.988-1.994) se aceleró el desmantelamiento institucional de PEMEX y se acentuaron las políticas fiscales suicidas del gigante petrolero mexicano, políticas que según la hoja de ruta neoliberal, eran las indicadas para llevar a la empresa al estado de insolvencia y atraso tecnológico y financiero necesario para justificar su privatización. La prisión de Hernández Galicia “La Quina”, saludada con alborozo por buena parte de la población mexicana quien vio, o quiso ver, en ella el inicio de un proceso de adecentamiento de la administración pública y castigo para los culpables del robo a la cosa pública en ese país, sólo se realizó para descabezar y atemorizar a la clase obrera dentro de PEMEX con vistas a su debilitamiento frente a la ofensiva privatizadora que se gestaba. Nada nuevo bajo el sol latinoamericano de esos tiempos.

En esos años finales de la década de los ochenta y principios de los noventa, Menen en Argentina y Pérez en Venezuela, llevaban adelante exactamente las mismas estrategias en contra de Yacimientos Petrolíferos Fiscales en la nación del sur y de PDVSA en la tierra bolivariana. Eran los años de la apoteosis triunfal del neoliberalismo, y las tesis de los Chicago boys de Milton Friedman y las directrices del Consenso de Washington eran perrunamente acatadas por los representantes de la más cipaya clase política que por años se ha conocido al sur del Río Grande.

Estos operadores políticos, especie de capataces criollos de las grandes transnacionales en cada país, mantenían en su equipo de gobierno un pequeño ejército de tecnócratas que con el brillo de sus condecoraciones académicas del primer mundo intentaban justificar “científicamente” las políticas de saqueo y despojo que se realizaban en contra de sus pueblos.

Precisamente este tipo de políticas entreguistas, antipopulares y venales, llevadas a cabo en los anteriores gobiernos de Miguel De la Madrid y Salinas de Gortari, gobiernos signados por la más absoluta incapacidad, inmoralidad e ineptitud condujeron a México a la crisis del años 1.994, en los comienzos del gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León. Esta crisis que produjo una severa devaluación del paso mexicano y una fuga de capitales que puso a nivel de cero sus reservas internacionales y casi lleva a la bancarrota al estado mexicano sólo pudo ser superada gracias al auxilio del gobierno federal estadounidense, de la administración Clinton, por el orden de los 50.000 millones de dólares, sumados a 17.000 millones de dólares concedidos por el Fondo Monetario Internacional, 10.000 millones de dólares dados en préstamo por el Bank for Internacional Settlement y 1.000 millones de dólares entregados por el Bank of Canadá, en negociaciones que nunca se clarificaron del todo pero en el que la lógica y el sentido común indican que la única garantía aceptable que México pudo ofrecer por un plan de rescate de esa magnitud, y la única en que realmente estaban interesadas esas entidades, fue su petróleo.

A partir de ese momento se intensificó la campaña mediática dirigida a formar una matriz de opinión sobre las deficiencias financieras de PEMEX, de la carga fiscal que la ahogaba, de la pérdida de competitividad y eficiencia, de la caída en su capacidad operativa, del atraso en su plataforma tecnológica argumentos que siempre obviaban (aun hoy lo hacen) mencionar las causas estructurales por las que de ser cierta esta situación (hay autorizadas voces que no comparten totalmente estas tesis)*, nunca se señala quienes son los culpables de que se haya producido y en beneficio de quien.

Esta estrategia no es nueva ni exclusiva de la clase política mexicana pues repite casi con puntos y comas la estrategia privatizadora que en la década de los años noventa del siglo pasado adelantó la apátrida tecnocracia petrolera que, como un estado independiente, dirigía Petróleos de Venezuela y cuyas principales líneas de acción fueron:

• Drástico y severo debilitamiento de la infraestructura productiva de la empresa.

• Fomento de la desarticulación de la empresa matriz en subsidiarias inconexas y contendoras entre sí.

• Paulatino abandono de las actividades petroquímicas y de gas.

• Políticas de endeudamiento y colocación de los activos de la empresa como garantía de los mismos.

Multimillonaria y agresiva campaña mediática dirigida a crear matrices de opinión favorables a la privatización, apertura, desestatización o el término que escogieran las corporaciones publicitarias contratadas para tal fin. Esta estrategia estaba dirigida a satanizar el manejo de la empresa por parte del estado agregándole visiones pesimistas y sombrías del futuro del negocio petrolero y una sostenida campaña de desinformación y manipulación sobre lo referente a reservas, prospecciones, negociaciones de áreas marinas y submarinas y estado fiscal de la empresa.

Analistas como John Saxe Fernández, investigador de la UNAM, Laura Carlsen del Programa de las Américas del Centro para la Política Internacional y Alfredo Jalife Rahme, han denunciado repetidamente que funcionarios de PEMEX han saboteado la industria con el fin de crear una matriz de opinión favorable a su privatización¹.

A pesar de que la crisis operativa y financiera de PEMEX se viene estructurando desde hace ya varias décadas, se agudizó sensiblemente durante el pasado sexenio de Vicente Fox, en el que no casualmente fungió como secretario de energía el actual Presidente Felipe Calderón.

En los últimos ocho años de gobierno panista (Fox-Calderón), PEMEX obtuvo, gracias a los altos precios en que se llego a cotizar el barril de crudo, ganancias históricas. A pesar de la declinación de su producción las ventas totales de PEMEX alcanzaron los siguientes montos:

72.297 millones de dólares en el año 2004

86.798 millones de dólares en el año 2005

99.298 millones de dólares en el año 2006

106.073 millones de dólares en el año 2007

119.501 millones de dólares en el año 2008.

Los ingresos de PEMEX en los dos últimos años son comparables a los de la Exxon-Mobil y mayores que los ingresos conjuntos de las 30 mayores empresas asentadas en territorio mexicano (Wal Mart, Cemex, Bimbo, Telmex, Televisa, Fensa, Tv.azteca), sin embargo, casi nada de estos colosales ingresos se revirtieron en la infraestructura productiva de la empresa, llevándola, conciente y deliberadamente, a la situación que presenta hoy.

A pesar de estos gigantescos ingresos y a pesar de que las fuerzas retardatarias y entreguistas del Partido Institucional de la Revolución (PRI) y el Partido de Acción Nacional (PAN) controlan el congreso de la unión mexicana de forma casi absoluta, nunca se intentó algún tipo de medida dirigida a sanear PEMEX, a intentar crear el marco jurídico para corregir los supuestos errores y fallas estructurales de la empresa, por el contrario, durante el sexenio de Vicente Fox la deuda de PEMEX se elevó a la astronómica cifra de 51.195 millones de dólares (más que la deuda externa total de Venezuela), convirtiendo al gigante azteca en la empresa petrolera más endeudada del mundo. Paralelamente a esto, desde el año 2000 al 2007, los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón han gastado más de siete mil millones de dólares en inventariar y mapear los yacimientos de hidrocarburos de México. Estos trabajos exploratorios han revelado que más de la mitad de los recursos petroleros y gasíferos de la República mexicana se encuentran en tierra firme, especialmente en los sureños estados de Chiapas y Tabasco*. Esto viene a desmentir la mediática estrategia entreguista y privatizadora del gobierno del espurio presidente Felipe Calderón acerca de que al encontrarse la mayor parte de las reservas mexicanas bajo las aguas del golfo era necesario asociarse con grandes corporaciones que cuentan con los recursos y la tecnología para explotarlos.

Uno de los más manidos y recurrentes “modus operandi” de las grandes transnacionales del petróleo en trance de tomar por asalto los recursos hidrocarburíferos de un país es hacer que las empresas estatales asuman los costos que implica localizar, mapear y confirmar los nuevos yacimientos existentes para luego obtener subrepticiamente, ilegal y muy económicamente esta información, y ya con los datos y detalles en su poder, pasar a adquirir bloques o concesiones “a riesgo”, pagando precios ridículamente bajos por estos.

Esta situación se conoció en Venezuela durante el publicitado intento de privatización de la industria petrolera de esa nación suramericana conocido como “apertura petrolera” en donde campos que luego se revelarían de categoría supergigante, como el de Tomoporo en el occidental estado Zulia o el de Guarapiche-El Furrial en el oriente de ese país, fueron adjudicados en amañadas y fraudulentas subastas por precios que en ninguno de los dos casos llegaron a los setenta millones de dólares en ninguno de los dos casos.

A poco más de tres meses de que el congreso mexicano aprobará el proyecto de reforma constitucional en materia energética (el modelo de democracia Mexicana no estila consultarle al pueblo para este tipo de reforma), reforma que en un lapso que va desde este año en curso hasta el año 2016 prevé la privatización de la industria de los hidrocarburos de ese país, la propia PEMEX por boca de su Director de Producción y Exploración Carlos Morales Gil, en la práctica el segundo en la escala jerárquica de esa empresa, anuncia, en titulares a ocho columnas en el diario el Universal de México, gigantescos hallazgos en el antiguo yacimiento de Chicontepec, en los centrales estados de Puebla y Veracruz. Según estas declaraciones en dichos yacimientos se habrían descubierto “reservas” por el orden de los 139.000 millones de barriles de petróleo (3.8 veces mayor que Cantarell, hasta la fecha el mayor yacimiento Mexicano). Este supuesto descubrimiento colocaría a México como tercer país con mayores reservas en el mundo; sin embargo, como bien lo aclara el destacado Geólogo Dr. Aníbal Martínez en un extenso reportaje publicado en la revista electrónica especializada en temas petroleros Petroleumworld.com²

El informe emitido por PEMEX y cubierto espléndidamente por los muy poco objetivos medios privados mexicanos, confunde intencionalmente los conceptos de reservas probadas de la nación azteca que hasta diciembre del año 2007, ultimo registro oficial disponible, se estimaban en 14.700 millones de barriles, con lo que en la terminología especializada de la industria petrolera se conoce como POES (Petróleo original en sitio).

Según el propio Morales Gil, Chicontepec contiene un 39% de las reservas totales de México (probadas, probables y posibles), y según los mismos informes de PEMEX, las reservas de ese país estarían por el orden de los 44.500 millones de barriles (incluyendo crudo, gas líquido y seco), por lo que entonces Chicontepec sólo poseería cerca de 18.000 millones de barriles, de los que un 70 % correspondería a petróleo crudo, es decir, cerca de 12.500 millones de barriles, montos y cifras muy alejadas de las que señala en sus declaraciones el funcionario pemexista.

Este tipo de manejo en las cifras es altamente engañoso. Es como si Venezuela y su estatal petrolera (PDVSA) anunciaran que las “reservas” de la faja del Orinoco son de tres billones (millones de millones) de barriles de crudo; esto sería una forma absurda de inflar o fortalecer a futuro la posición

Venezolana en los mercados financieros y petroleros mundiales porque esas gigantescas cantidades corresponden a POES, es decir petróleo Original en Sitio, de la que sólo una fracción corresponde a petróleo crudo y de este sólo una fracción es extraíble con los actuales medios convencionales.

Aquí surgen con fuerza las clásicas preguntas estilo policial:

• ¿Qué objetivo persiguen con este tipo de declaraciones los jerarcas mexicanos de la energía?:

• ¿Inflar el valor de PEMEX de cara al proceso privatizador que se inicia este año?

• ¿Calmar una opinión pública inquieta por la posibilidad de que su estado y su estructura gubernamental se queden sin su principal fuente de recursos?

• ¿Utilizar estos anuncios de nueva riqueza petrolífera y su necesidad de protegerla para justificar la militarización de los estados del sur del país?, en donde los reclamos de inclusión y justicia social de movimientos populares han venido cobrando cada vez más fuerza.

• ¿Servir como maniobra de distracción de la opinión pública mexicana frente a las negociaciones que se llevan a cabo con los EEUU sobre la delimitación, exploración y explotación de los yacimientos off shore del Golfo de México, especialmente los de los Hoyos de la Dona?

• ¿Estará ligada esta declaración al encubrimiento o justificación de iniciativas como el plan Puebla-Panamá, ahora denominado “Proyecto Mesoamérica” que busca controlar los recursos de toda esa zona?, ¿o al mega proyecto del Istmo de Tehuantepec (Veracruz, Chiapas, Tabasco y Oxaca)?, ¿o al plan “Nuevos Horizontes” que conlleva la militarización de la frontera Mexicano-Guatemalteca por parte de los ejércitos de EEUU, México y Guatemala?, ¿O a la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN-SPP) firmada entre los gobiernos de Canadá, EEUU y México pero dirigida por representantes de un grupo de treinta corporaciones entre las que se destacan Chevron-Texaco, Sunoco y Exxon-Mobil?, o al Plan México, ahora conocido como Iniciativa Mérida, que al igual que el plan Colombia busca controlar los movimientos insurgentes disfrazándose de iniciativa contra las drogas?.

El Golfo:

Como ya se señaló anteriormente, y tomando como fundamento las declaraciones de funcionarios mexicanos que van desde la administración de Vicente Fox hasta la actual de Felipe Calderón, las reservas petroleras de México que se localizan en tierra firma oscilan entre los 12.500 y los 20.000 millones de barriles. En el golfo las estimaciones se elevan sensiblemente, con cifras que van desde los 40.000 millones las más conservadoras, hasta los 100.000 millones las más optimistas.

Es incomprensible (y da pie para pensar en teorías conspirativas), que funcionarios y directivos de PEMEX y de la secretaría de energía de México conociendo estas informaciones acerca de la riqueza petrolera que supuestamente subyace bajo el lecho marino del golfo, nunca se preocuparan por desarrollar capacidad tecnológica para explotar yacimientos de estas características; para colocar un ejemplo contrario a esta lesiva manera de actuar, (lesiva a los intereses del pueblo mexicano se entiende), la estatal petrolera brasileña (PETROBRAS) al poseer indicios de que en su plataforma continental podrían existir ricos yacimientos de hidrocarburos, comenzó, desde hace ya bastantes años atrás, a desarrollar una plataforma tecnológica en esta área, siendo hoy por hoy uno de los líderes mundiales en perforación y producción en aguas profundas.

Si PEMEX no posee tecnología para perforar y explotar petróleo en aguas profundas, las transnacionales que lo hagan por ella en carácter de socias impondrán sus términos y condiciones, sacando para ellas la parte del león.

Las principales formaciones geológicas en el Golfo de México en donde se estima existan grandes reservas de hidrocarburos se denominan “Hoyos de la Dona”, dos yacimientos con forma de polígonos: el occidental enfrente de las costas del mexicano estado de Tamaulipas y del estadounidense estado de Texas y el oriental que se encuentra entre la península de Yucatán y las costas de Nueva Orleáns, con una porción bajo el mar territorial de la República de Cuba.

México y los EEUU han logrado acuerdos en lo referente a la delimitación de la región occidental del golfo, precisamente en donde se encuentra ubicado el polígono occidental del Hoyo de la Dona. De los 17.900 kilómetros cuadrados que posee esa zona, México logró reconocimiento de su soberanía sobre un 61.78% del espacio, es decir, sobre 10.629 kilómetros cuadrados, mientras que los EEUU obtuvieron el 38.22%, esto es, 7.371 kilómetros cuadrados.

Esta delimitación, que llevaba años de disputas y negociaciones, fue objeto en el año 2000, durante los gobiernos de George W. Bush y Vicente Fox, de una moratoria en las negociaciones hasta el pasado año 2008. Hace unos meses atrás se logró un acuerdo rápido y sumario que fue presentado a la opinión pública mexicana como un triunfo absoluto de su cancillería; sin embargo, hay sombras y ruidos que enturbian tanto triunfalismo.

En las aguas del Golfo de México existía (así, en pretérito), una isla denominada Isla Bermeja, que figura en todas las cartas marítimas y mapas españoles del virreinato de la Nueva España de los siglos XVI, XVII y XVIII y los mapas mexicanos de los siglos XIX y XX. Esta isla fijaba los límites marítimos entre los EEUU y la República mexicana en cierta parte del golfo, concediéndole derechos a la nación azteca sobre una mayoritaria porción de los espacios marítimos del mismo. Esta isla aparece incluso en mapas oficiales estadounidenses anteriores a la fecha de las negociaciones de delimitación.

Hoy, la isla Bermeja ya no existe.

La isla desapareció “misteriosamente” de las aguas del golfo, y con ella, todos los registros oficiales, precisamente en una época en que México y los EEUU negociaban una moratoria sobre la delimitación de áreas marinas y submarinas y los derechos económicos de cada país sobre los recursos petrolíferos subyacentes bajo el lecho del golfo. Esta desaparición ha provocado que los derechos de los EEUU hayan avanzado sensiblemente hacia el sur, incluyendo obviamente al polígono occidental del Hoyo de la Dona.

Con la Isla Bermeja y el islote Punta Arenas, (también oportunamente desaparecido), México detentaba un 76% de soberanía sobre el polígono occidental del Hoyo de la Dona, frente al 61 % en que ahora quedó. Como se ve, la lesión a los intereses de la nación mexicana que produjo esta extraña desaparición, han sido enormes.

Hasta la fecha, estas negociaciones entre los gobiernos de ambos países han mantenido un aire de secreto, sin que sean accesibles al público las minutas de ellas.

Una de las pocas voces que dentro de las estructuras del poder mexicano se alzó para denunciar y protestar por la extraña desaparición de la Isla Bermeja, y en contra de las labores de exploración y perforación que en las aguas en disputa llevaban adelante compañías estadounidenses, fue la de José Ángel Conchelo, presidente de la comisión de relaciones exteriores del senado mexicano, quien a la manera de los best selers de espionaje y juegos de poder mundiales, murió en un accidente automovilístico en las afueras de Ciudad de México en 1.998, en plenas negociaciones de delimitación, accidente nunca aclarado del todo por las autoridades de ese país³.

Este tipo de accidentes no son para nada extraños o inusuales en la vida política de México. El año pasado murió en otro extraño accidente, esta vez de aviación, Juan Camilo Mouriño, próximo zar energético de la administración Calderón, quien por detentar la nacionalidad española aparte de la mexicana, era visto en ciertos círculos corporativos como un representante de los carteles ibéricos (Repsol, Iberdrola, Endesa, BBVA) en la lucha por el control de las riquezas de la otrora Nueva España.

México: Petróleo, Privatización y Geopolítica.

El 28 de octubre del pasado año 2008 el congreso mexicano (allá no se practica la democracia participativa) aprobó el proyecto de reforma del artículo 27 de la constitución de ese país y de un conjunto de sus leyes reglamentarias, que permitirá, en los próximos años, la paulatina privatización de PEMEX.

Esta reforma dispone una sostenida y progresiva reducción de los aportes fiscales que PEMEX hace al estado mexicano, reducción que va desde un 35% en este año 2009, hasta prácticamente el 100% en el año 2016.

Para vencer la resistencia que el término privatización genera en nuestras sociedades, hartas de ver como las promesas asociadas a la privatización, de mejoría en las empresas, en el trabajo y en sus condiciones de vida, se quedan en simples trucos de magia para ilusionar y estafar incautos, el gobierno de Felipe Calderón utilizó el sofisma de insistir en que con la reforma el petróleo seguía siendo propiedad exclusiva del estado mexicano y lo único que se perseguía era abrir PEMEX a la participación privada, como si empresas como Halliburton no tuvieran años contratando y asociándose con ella.

La privatización de PEMEX se convirtió durante los dos últimos años, en el principal escenario de lucha por el control político de México, y al parecer, el gobierno de Felipe Calderón, utilizando una táctica de desgaste de la resistencia popular, ha triunfado temporalmente.

El gobierno imperial de los EEUU y los jerarcas de las grandes corporaciones petroleras anglosajonas quieren (necesitan) garantizarse el potencial petrolero del Golfo de México como una reserva estratégica, dada su extrema cercanía a sus mayores centros industriales y demográficos.

La lucha por el control del petróleo en el mundo recrudecerá en los años venideros en la medida que este combustible fósil se haga cada vez más escaso y por ello más costoso.

La activación de la cuarta flota por parte de las elites del poder usamericano no puede desligarse de este hecho. La vigilancia y control de, las muy ricas en hidrocarburos, aguas del Golfo de México, de las bocas del Orinoco y el Golfo de Venezuela y de las costas cariocas y paulistas en Brasil, tienen una importancia crítica para el poder imperial usamericano en momentos en que su control del medio oriente se compromete en Irak, en que rusos e iraníes se hacen fuertes en la zona del Caspio y que China se posiciona estratégicamente en África, por ello, las recientes maniobras conjuntas de barcos de guerra rusos en aguas del Caribe con la armada venezolana y su visita a puertos nicaragüenses y cubanos han creado zozobra en los centros de análisis estratégico de las fuerzas armadas usamericanas.

La creciente militarización del orden público en México también debe verse y entenderse a la luz de la privatización de PEMEX. Las dos primeras fuentes de ingresos de la sociedad mexicana en los últimos 70 años han sido los aportes que PEMEX hace al fisco y las remesas que los trabajadores emigrados a los EEUU envían a sus familias en México.

Con PEMEX en trance de disminuir sus aportes fiscales casi a cero y con la economía estadounidense en plena recesión, con lo que esto significa en términos de una significativa baja en la cantidad y cuantía de las remesas, el escenario sociopolítico mexicano puede presentar severos estallidos de conflictividad social, tal y como los que se han observado en Chiapas, Guerrero y Oaxaca en los últimos años. Es probable que la construcción del gigantesco muro fronterizo a lo largo de la frontera mexicana-estadounidense por parte del gobierno usamericano sea en previsión a estos escenarios y a las oleadas de personas desesperadas que intentarán cruzar la frontera huyendo de los mismos. No es en modo alguno casual que México y Colombia, los dos gobiernos mas afines y comprometidos con los intereses imperiales de las elites usamericanas, hayan incluido dentro de sus respectivas legislaciones (utilizando como excusa la creciente violencia de los carteles de la droga, violencia agudizada por lo demás en un momento muy oportuno) la criminalización de cualquier forma de protestas populares. Los EEUU apuestan por convertir a Colombia en su portaviones suramericano y a México en su depósito petrolero y a la vez policía fronterizo mesoamericano.

En la lucha que las fuerzas populares de México libran por la defensa de PEMEX, y de su soberanía y futuro como pueblo, el resto de los latinoamericanos no podemos ser indiferentes, porque nos jugamos mucho en ello, y por eso mismo, aparte de compartir un mismo origen, un mismo pasado y por ende un mismo futuro, debemos apoyar los esfuerzos y las duras pruebas que a los hijos de la tierra de Cuauhtemoc les esperan en los próximos años.

- Joel Sangronis Padrón es profesor Universidad Nacional Experimental Rafael Maria Baralt (UNERMB), Venezuela.