El 13 de septiembre de 2007 el Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas transmite una noticia que arranca de una forma verdaderamente enfática: “La Asamblea General ha prestado un apoyo abrumador a la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas mediante la adopción de una declaración que marca un hito y en la que desemboca cerca de un cuarto de siglo de duras negociaciones”, la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El énfasis está justificado ya sólo por dicha última razón. Es el primer instrumento de derechos humanos que se negocia punto por punto, de cabo a rabo, con el colectivo interesado, con representantes indígenas, quienes comenzaron a moverse en el seno de Naciones Unidas, una organización sustancialmente de Estados, para conseguir entre otras cosas una declaración sobre sus derechos. Tras su adopción, el discurso de congratulación de la Presidencia de la Asamblea General ya incidía en dicha idea: “Soy plenamente consciente de que la declaración es producto de más de un par de décadas de negociaciones”. Se trata sin duda de un extremo clave, pues hace que la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas sea un instrumento internacional sin precedentes.

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