La agenda internacional de Colombia

Rubén Sánchez David

30/07/2009

Opinión

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En un contexto marcado por el fantasma de la seguridad, la política exterior colombiana se ha desarrollado en los últimos años alrededor de tres temas que han determinado el curso de las relaciones bilaterales con los países de la región: la integración regional, el conflicto armado interno y la lucha contra las drogas.

Sobre la base de una lógica fundamentada en la guerra que los Estados Unidos declararon al narcotráfico y al terrorismo y a la que Colombia se ha sumado sin el más mínimo cuestionamiento, se ha subordinado la integración regional a los intereses norteamericanos y convertido los tratados de libre comercio en el objetivo principal de su política exterior. Atrás quedaron los tiempos en los que la integración con los países vecinos tenía como propósito sustituir las importaciones del resto del mundo por la producción nacional y afianzar el intercambio intrarregional entre economías autocentradas. Consecuente con la concepción general de un mundo global animado por un proceso constituido principalmente por aumentos considerables del comercio internacional, de las inversiones directas en el extranjero realizadas por empresas multinacionales, de flujos de capital a corto plazo y de intercambios tecnológicos, la agenda internacional gira alrededor de la firma y ratificación de tratados de libre comercio, principalmente con los Estados Unidos, el principal comprador y vendedor del país.

Es evidente que en términos de comercio, de flujos de capital o tecnológicos, la mayor integración mundial incrementa los intercambios internacionales. En efecto, en un escenario global, la construcción de espacios económicos planetarios de gestión para la producción de bienes destinados al mercado internacional, se encarna en la proliferación de redes de interdependencia. Sin embargo, lo que no está tan claro es si la eliminación de barreras al comercio y la libertad de circulación de capitales dificulta o no la acción de los Estados y las relaciones entre los mismos, si fomenta una mayor cooperación internacional o perjudica a los más débiles. En realidad, las redes de interdependencia que se forman no son únicamente económicas e implican un tejido que abarca temas como el medio ambiente y los derechos de propiedad e irradian lazos políticos en los campos militares y de seguridad, así como en la ejecución de políticas sociales.

En la primera parte de este escrito se describen a grandes rasgos el contexto en el que se diseña la política exterior de Colombia y los efectos de la globalización económica en los Estados nacionales; en una segunda parte se hace una presentación crítica de los tratados de libre comercio que ha negociado o negocia Colombia con Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea; en una tercera parte se estudia la posibilidad de nuevos escenarios, particularmente con la Comunidad Suramericana de Naciones y a manera de conclusión se expondrán algunas reflexiones sobre el tema.

El contexto

Los vertiginosos y profundos cambios que se han producido en el orden internacional durante las últimas décadas y especialmente en el sistema interamericano – caracterizado por la hegemonía de los Estados Unidos (Smith 1999) – han significado una disminución de la capacidad política de los Estados latinoamericanos y mermado la posibilidad de que la región se constituya en un escenario político con expectativas comunes (Drekonja 2000). La consolidación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el despegue de MERCOSUR, el relativo éxito comercial internacional de un solitario Chile, el fracaso de la CAN y el nacimiento de la Comunidad Suramericana de Naciones revelan un panorama latinoamericano caracterizado por una heterogeneidad donde los intereses nacionales son cada vez menos comunes.

Tras dos décadas de reformas estructurales, las cifras del crecimiento económico se han detenido en la región ante el desorden financiero que sacude al mundo y pone de manifiesto que la raíz de la crisis es el derrumbe del orden económico internacional, crisis que se ha manifestado bajo la forma de un colapso del intercambio comercial a lo largo y ancho del mundo. El estancamiento económico resalta las desigualdades entre los países en un escenario estructural pesimista y deja al descubierto que los datos de desarrollo humano son desalentadores. Según la CEPAL, las economías latinoamericanas lograron avances importantes en términos macroeconómicos durante los últimos veinte años, no así en el ámbito de la equidad dado el deterioro de los mercados laborales y, por ende, la situación de los ingresos de la población. El resultado en el diseño y aplicación de políticas exteriores ha sido que América Latina ha dejado de existir como un todo concreto (Drekonja 2001). En realidad, puede hablarse de tres modelos de desarrollo en el subcontinente: el que privilegia las relaciones de mercado, próximo al paradigma neoliberal y que tiene como principales exponentes a Colombia, Costa Rica, Panamá y Perú; el modelo que pregona el socialismo del siglo XXI, liderado por Cuba y Venezuela y con el que se identifican Ecuador, Nicaragua y Paraguay y un tercer modelo que busca articular políticas sociales al mercado, representado por Brasil, Chile, El Salvador, México, República Dominicana y Uruguay.

En este escenario plural, la política colombiana desborda constantemente los límites de un aparato institucional que no representa la diversidad regional, étnica y cultural de la sociedad, que se levanta sobre formas clientelares, patrimoniales y caudillistas de búsqueda de adhesión y legitimidad dando lugar a una política exterior acomodada a una visión legalista de la realidad internacional pero supeditada a liderazgos personalizados y a diplomacias paralelas. Una política exterior que, a pesar – o a causa - de su centralización y concentración, goza de un consenso general entre quienes llevan las riendas del poder en el país. La existencia de una Comisión Asesora de Relaciones Exteriores – no siempre consultada por los primeros mandatarios - cuya función primordial es dar a conocer al Presidente de la República si cuenta con consensos en sus iniciativas en materia de política exterior y a la que pertenecen por derecho propio los expresidentes y representantes del Congreso, casi siempre provenientes de las comisiones segundas del Senado y Cámara, permite evitar debates públicos sobre temas candentes.

Siendo la política exterior asumida en la mayoría de los casos por un consenso político, es difícil precisar qué iniciativas o gestiones pertenecen a un partido. Sin embargo, al igual que las demás políticas estatales, la política exterior colombiana no puede sobreponerse a la condición estructural de un Estado fragmentado y de una sociedad marcada por dinámicas de exclusión, a lo que se suma la falta de continuidad de las políticas trazadas por los distintos presidentes, a veces proclives a una relación estrecha con los Estados Unidos (política de respice polum) y otras a una diversificación de la política exterior (respice similia) o a la predilección por diferentes áreas geográficas. Recuérdese la intensa actividad desplegada en el Caribe durante los gobiernos de Turbay y Gaviria, el protagonismo asumido por Colombia en el Grupo de Río durante los gobiernos de Gaviria y Samper o la presidencia colombiana de los No Alineados durante la presidencia de este último, posiciones muy distantes del alineamiento con los Estados Unidos que ha asumido el gobierno de Uribe.

En cuanto al ámbito en el que se desenvuelve la política exterior, aunque el fenómeno de la globalización ha encontrado tropiezos que se expresan en la falta de acuerdo en el seno de la OMC para reducir las subvenciones agrícolas que otorgan los países industrializados a sus campesinos o la tensión de Estados Unidos y Europa frente a China que ha inundado los mercados con sus textiles, por ejemplo, no parece que esas dificultades impliquen un freno a la globalización. En un mundo cada día más interdependiente el retorno a cierres proteccionistas de las economías nacionales tiene unos costos muy altos. Sin embargo, no puede perderse de vista que la dinámica globalizadora plantea retos muy fuertes a los Estados nacionales de la periferia. En efecto, debido a la competencia fiscal, la globalización repercute en la capacidad recaudadora y constituye una camisa de fuerza que resta toda flexibilidad a la política cambiaria a la vez que tiende a desregular la economía y flexibiliza la legislación laboral en aras del mantenimiento de la competitividad.

Al contrario de lo que pregonan muchos defensores de la apertura de las economías, la globalización per se no elimina los fallos del mercado sino que los internacionaliza. Por ello la intervención pública también se ha convertido en internacional y se ha trasladado fuera de los Estados, a organizaciones supranacionales y organismos internacionales. En consecuencia, podría pensarse que en este contexto el derecho internacional y la cooperación internacional adquieren más importancia ya que es en el ámbito supranacional donde la regulación y el control públicos resultan efectivos. Sin embargo, la experiencia enseña lo contrario. Las organizaciones internacionales presentan en bastantes ocasiones una estructura de poder con influencia desproporcionada de algunos de sus miembros lo que lleva a su fragmentación.

Es evidente que la cooperación permite obtener ventajas netas de la acción colectiva y que estas ventajas explican la existencia de actividades públicas supranacionales, como también lo es que una economía globalizada no podría funcionar sin que se cumpla el derecho internacional. El problema radica en que no siempre el derecho es equitativo como tampoco los son los tratados de libre comercio que acuerdan algunos países para establecer reglas y normas para el libre intercambio de bienes y servicios.

Al margen de situaciones específicas que toca analizar caso por caso, los hechos demuestran que el comercio y la ayuda internacionales siguen un curso ascendente lo que ha llevado a plantear la pregunta de hasta dónde la integración económica mundial vulnera la soberanía de los Estados. Esclarecer el tema obliga a tomar en cuenta muchas variables pero de forma liminar puede plantearse que ante la utopía de un federalismo global que coordine y contrarreste las acciones de los Estados nacionales y el altísimo costo económico del aislamiento nacional, la única solución viable es aprender a vivir con las restricciones que plantea la globalización a los Estados cuya capacidad de actuarse ve reducida, lo cual no siempre es negativo. Por ejemplo, existe un acuerdo general en la profesión económica de que la disciplina financiera de los Estados favorece el logro de la confianza de los mercados financieros o la atracción de inversiones directas. Del mismo modo cobran importancia las regulaciones internacionales referidas al equilibrio ecológico o al libre acceso a recursos como la pesca.

El elemento primario de la globalización es la defensa del libre comercio internacional y en este terreno la OMC es la organización fundamental en el logro de propuestas multilaterales. No obstante, muchos países apuestan todavía por la relación bilateral en el comercio. De especial interés en este campo son los efectos sobre el libre comercio mundial del desarrollo de agrupaciones regionales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la Cooperación de Asia y el Pacífico, MERCOSUR o la Unión Europea, que facilitan el comercio dentro de sus áreas geográficas pero pueden constituir un obstáculo al proceso globalizador cuando entorpecen la difusión del conocimiento.

La regionalización sirve para que los países integrantes de un bloque regional logren un mejor control económico de sus propios intereses frente a la globalización y supone una forma de protección de esas economías frente al resto del mundo. Un elemento central de este asunto es la protección de los derechos de propiedad intelectual que otorga al propietario de los derechos una situación de monopolio durante un lapso más o menos dilatado según los diversos países. Esta situación que parece correcta como mecanismo de fomento a la innovación puede derivar en una protección excesiva lo que plantea aspectos éticos en algunos casos, particularmente en el ámbito de la industria farmacéutica. De allí que se discuta si las rentas monopolistas de la propiedad intelectual deben alcanzar el mismo nivel de extensión en todas las áreas geográficas y hacerse extensibles a todos los derechos de propiedad intelectual.

Es cierto también que el regionalismo aumenta los intercambios en el seno del bloque y que facilita la armonización supranacional de políticas cuando de países homogéneos y semejantes se trata lo que permite negociar con el resto del mundo con más poder y menores costos de lo que lograría cada país independientemente. El paradigma en este tema es la Unión Europea cuya evolución sirve de referencia a otros grupos regionales. No obstante, dado que el punto nodal de este proceso es el mantenimiento compartido de la soberanía, asunto que conduce en el tiempo, no sin tropiezos, a un modelo de mayor integración política que el esquema de cooperación intergubernamental, el problema se plantea cuando la integración se lleva a cabo entre actores muy desiguales, sobre todo cuando los mercados internacionales actúan con su propia lógica, fundada en el beneficio económico, sin contar con la legitimidad que la sociedad civil constituida políticamente otorga al Estado, máxime cuando las empresas multinacionales disponen de un poder económico superior al de los Estados.

Los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea

El Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito el 22 de noviembre de 2006 con Estados Unidos representa uno de los hechos que puede determinar el rumbo del desarrollo del país en los próximos años tanto más cuanto que pertenece a los llamados de segunda generación en la medida en que no se limita a la reducción de aranceles sino que incluye muchos otros temas como la eliminación de los controles a los flujos de capitales, la protección a la inversión extranjera y a los derechos de propiedad, la liberación del comercio de servicios, el comercio en productos remanufacturados y los mecanismos de resolución de controversias.

Los tratados de libre comercio y particularmente el TLC con Estados Unidos son presentados con frecuencia como la opción más importante que tiene Colombia en el contexto de la integración internacional en un mundo global en el que los países que entran primero en el juego tienen más probabilidades de obtener mayores beneficios. Por ello algunos analistas han insistido en la urgencia de seguir la ruta que emprendió Chile y llegar a acuerdos rápidamente con un número significativo de países para evitar que otros países logren establecerse antes en los mercados mundiales. Cabe, empero, preguntarse acerca de las posibilidades reales de obtener esos beneficios en términos de inversión y empleo y canalizarlos hacia la generación de un mayor crecimiento y un incremento en la competitividad.

La negociación del TLC con Estados Unidos comenzó en mayo de 2004 en Cartagena y se desarrolló a lo largo de casi dos años. Aunque, en principio, el texto no podía modificarse según el compromiso entre las partes, ha sido objeto de modificaciones unilaterales por parte de la Casa Blanca y llevado a la mayoría del Congreso colombiano a la situación insólita de aprobar dos veces un tratado que los congresistas estadounidenses ni siquiera han comenzado a tramitar.

Si bien las negociaciones del TLC terminaron oficialmente el 27 de febrero de 2006, el mismo no ha entrado en aplicación porque el Congreso de los Estados Unidos no lo ha ratificado a pesar de las frecuentes visitas del presidente Uribe a Washington para neutralizar la oposición del Partido Demócrata y los grupos de la sociedad civil estadounidense que se resisten a viabilizar el tratado. Las razones de los demócratas para paralizar su firma se refieren a la situación de los derechos humanos en Colombia pero también se sustentan en la resistencia de los sindicatos estadounidenses, temerosos de perder puestos de trabajo a favor de regiones marginales en razón de la deslocalización de empresas ansiosas de rebajar costos. En Colombia, la oposición al TLC ha sido liderada por la Red Colombiana de Acción Frente al Libre Comercio y el Alca – RECALCA, conformada por un conjunto de organizaciones gremiales, sociales y políticas que han asumido una posición crítica frente al proyecto de acuerdo del ALCA y a los tratados de libre comercio tal como están hoy concebidos. Han sido particularmente relevantes contra el TLC las movilizaciones de los indígenas y de las centrales obreras.

a) ¿Es el rechazo al TLC una acción infundada?

La oposición al TLC con los Estados Unidos y otras naciones no se debe a un rechazo a ultranza a tratados de libre comercio – casi tan antiguos como el comercio mismo - sino a los términos acordados sustentados en preocupaciones alejadas de un trato justo. En palabras de Joseph Stiglitz, antiguo funcionario del Banco Mundial y premio Nobel, el tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Colombia “no es ni libre ni justo” (citado por Jorge Enrique Robledo, 2009). Tanto para el gobierno del presidente Bush, tal como lo han reconocido altos funcionarios del mismo, como para el del presidente Uribe, el objetivo está inspirado en razones de seguridad nacional. Para Estados Unidos, el propósito de los tratados bilaterales de libre comercio con los países del sur es garantizar a las empresas norteamericanas el control de todo el hemisferio americano; para el gobierno de Uribe, seguir contando con el apoyo de Estados Unidos en su guerra contra el narcotráfico y la subversión.

Tal como está contemplado en el capítulo sexto de la Estrategia de Seguridad norteamericana, una de las formas de satisfacer el interés nacional estadounidense en la materia es la promoción del crecimiento global mediante, entre otros instrumentos, acuerdos de libre comercio. De hecho, la aprobación del Trade Preference Act, en el que se sustenta la Ley de Preferencias Andinas, obedeció a la convicción de que la expansión comercial es vital para el crecimiento, la fuerza y el liderazgo norteamericanos; de acuerdo con esta ley, la subregión andina, cuya inestabilidad se percibe como una amenaza para Estados Unidos y el mundo, puede disminuir su vulnerabilidad a través del otorgamiento de esa facilidad cuya contrapartida es el esfuerzo antinarcóticos.

Lo anterior cobra pleno sentido cuando se tiene en cuenta que a partir de una consideración amplia de la seguridad, Estados Unidos ha desagregado la dimensión de seguridad de su comercio en tres planos: en primer lugar, la Estrategia de Seguridad Nacional de septiembre de 2002; la Ley de Preferencias Comerciales en segundo lugar y, finalmente, una compleja legislación sectorial promulgada a propósito de los trágicos que promueve el crecimiento económico global y regional mediante el incremento de los flujos comerciales de los acuerdos que lo estimulen. El tercero establece una serie de requerimientos a las importaciones estadounidenses y a la infraestructura comercial que la sostienen; en la práctica dichos requerimientos constituyen nuevas barreras comerciales al elevar los costos de transacción. Esta legislación establece unilateralmente requisitos de seguridad en los ámbitos del transporte, las fronteras y aduanas, la infraestructura portuaria, los contenedores y de los productos.

El Gobierno de Colombia, por su parte, ha convertido a los tratados de libre comercio en el fin de su política exterior para diversificar sus exportaciones y obtener los recursos y el apoyo necesarios para llevar a cabo su política de seguridad democrática y el combate contra el terrorismo, olvidando que los tratados de libre comercio no son sino medios para alcanzar objetivos estratégicos.

En el TLC que se negoció con Estados Unidos se trataron los siguientes temas: Acceso a Mercados, Agencia Comercial, Agricultura, Asuntos Ambientales, Asuntos Institucionales, Asuntos Laborales, Comercio Electrónico, Compras Públicas, Defensa Comercial, Fortalecimiento de la Capacidad Comercial, Inversión y Jurídica.

También se fijaron mesas de negociación en Medidas Disconformes, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Obstáculos Técnicos al Comercio, Política de Competencia, Procedimientos Aduaneros, Propiedad Intelectual, Reglas de Origen, Servicios Financieros, Servicios Transfronterizos, Solución de Controversias, Telecomunicaciones y Textiles.

Con frecuencia se plantea que en el mundo global cada vez más interdependiente, el crecimiento económico y el desarrollo van en paralelo o dependen de las exportaciones; los hechos, sin embargo, desmienten esta afirmación. En efecto, los países más desarrollados no son aquellos cuyas economías están volcadas hacia el exterior sino los que cuentan con mercados internos integrados cuya fortaleza depende de la demanda interna. A este respecto, las cifras son elocuentes: si se compara la relación entre las exportaciones y el Producto Interno Bruto (PIB), se encuentra que en 2004 esta proporción era de 9.55% en Estados Unidos, 11.84% en Japón, 20.84% en Colombia, 73.5% en Angola y 91% en el Congo (Robledo, 2009, p.31). Más allá de esta relación, es evidente que una economía basada primordialmente en las exportaciones está más expuesta que una economía autocentrada a las crisis y las oscilaciones de mercados externos que escapan a su control, a períodos de bonanza como a la contracción de la demanda de sus productos en épocas de recesión.

Otro punto importante a tener en cuenta es el destino y la naturaleza de los recursos provenientes de las exportaciones. Si esos dineros son utilizados para importar bienes de capital o elementos necesarios para el desarrollo, no cabe ninguna objeción. Pero si dichos recursos son empleados para comprar bienes suntuarios destinados a una minoría opulenta, los tratados de libre comercio se convierten en herramientas peligrosas para una economía equilibrada.

Si bien es cierto que con la firma de tratados de libre comercio se estimula el intercambio, y por tanto se incrementan las exportaciones, también es cierto que aumentan las importaciones. En este sentido, y habida cuenta de la actual estructura de la economía colombiana, existen estudios del Departamento de Planeación Nacional y del Banco de la República que plantean que con el TLC con Estados Unidos el porcentaje de crecimiento de las importaciones doblará el de las exportaciones. En efecto, según el estudio Efectos de un acuerdo bilateral de libre comercio con Estados Unidos, publicado por el DNP en 2003, se acepta que las importaciones crecerán a 11.92 contra 6.44% y que la producción colombiana se reducirá en ocho de los diez sectores en los que la dividieron para el análisis. Por su parte, el Banco de la República en el estudio El impacto del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en la balanza de pagos de 2006, reconoció que el país perdería en su comercio exterior y que aumentaría la dependencia de Colombia al agravarse su desfavorable balanza comercial-

Para defender la negociación del TLC el gobierno argumentó que el mismo permitiría a los empresarios colombianos entrar al mercado más grande del mundo en condiciones preferenciales y que, ante la baja formación interna de ahorro y la necesidad de atraer flujos de inversión extranjera, el TLC era el camino para lograrlo. Otro argumento expuesto por los partidarios del TLC con Estados Unidos es el que llevará a la economía del país a ser más competitiva, olvidando que hay que diferenciar entre el potencial teórico y aquel al que puede aspirarse de acuerdo con las realidades económicas y políticas vigentes A este respecto no sobra recordar que el PIB de Estados Unidos es 80 veces superior al colombiano y que su capacidad técnica es superior, motivo por el cual pensar en términos de competencia es un despropósito, sobre todo cuando las exigencias no son similares.

b) ¿Qué se negoció con Estados Unidos?

Cuando el TLC entre en vigencia se convertirá en ley de la República dado su carácter de acuerdo internacional y adquirirá un nivel similar al de las normas constitucionales; no así para Estados Unidos donde prima el derecho interno. En ese momento comenzarán a sentirse los efectos de la renuncia a la soberanía por cuanto el TLC es un tratado de doble vía que conlleva derechos pero también obligaciones.

Mientras Colombia puso en la negociación todos los intereses del país, en todos los sectores económicos, y se anticipó a aprobar normas que se sabía iban a ser exigidas por los negociadores norteamericanos, muchas de las cuales van más allá de lo acordado en la OMC, la posición del gobierno estadounidense se dotó antes de empezar las negociaciones de la Ley de Comercio de 2002 (Trade Act of 2002) que impuso límites a sus potestades con la advertencia de que si sus funcionarios se salían de dichas condiciones, el Tratado no sería ratificado por el Congreso.

Más escandaloso el hecho de que como respuesta al repudio del TLC por parte de numerosos sectores de la sociedad colombiana, el presidente no tuviera empacho en afirmar que firmaría “rapidito” así le llovieran “rayos y centellas”, el gobierno norteamericano, argumentando razones de seguridad nacional, dejó sentado desde el comienzo de las negociaciones que no permitiría que se tratara el tema de sus subsidios agrícolas que sumaron más de 71.000 millones de dólares en 2002. Desde las primeras reuniones los negociadores norteamericanos fueron tajantes al afirmar que los subsidios y las ayudas que da el gobierno estadounidense a sus agricultores sólo serían objeto de discusión en el seno de la OMC que ha postergado su desmonte hasta el 2013. Al igual que en el sector agrario, tampoco fueron objeto de negociación los subsidios que Estados Unidos otorga a sus industriales, menos conocidos que los agrarios pero no menos significativos. En el TLC tampoco se contempla que Estados Unidos adhiera a los tratados sobre asuntos laborales y de medio ambiente que ha suscrito Colombia, lo que abre la puerta a todo tipo de litigios.

Lo cierto es que la totalidad de la economía colombiana quedará expósita frente a la poderosa competencia estadounidense en un plazo de máximo diez años. El estudio realizado por Luis Jorge Garay, Fernando Barberi e Iván Mauricio Cardona intitulado Evaluación de la negociación agropecuaria en el TLC Colombia-Estados Unidos, además de confirmar con cifras las pérdidas que sufrirá el país, demuestra que lo suscrito por Colombia fue peor que lo firmado por los países centroamericanos en el Cafta. Un solo dato: mientras la parte de las importaciones de Colombia con desgravación inmediata ascendió al 94.5% del total, la de los centroamericanos llegó al 69.45%. Por añadidura, y a diferencia del TLC entre Estados Unidos y Chile, Colombia se comprometió a no utilizar el sistema andino de franjas de precios desde el inicio del tratado; tampoco logró salvaguardas con vigencias superiores al período de desgravación (Robledo, 2009, p. 71).

También renunció el país a la cláusula de balanza de pagos, norma que aparece en los artículos XII y XVIII de la OMC, en el XII del G-3 y en la decisión 439 de la Comunidad Andina de Naciones, por lo que quedará sin instrumentos para hacer frente a la especulación y a los problemas que pueden presentársele con relación a las reservas de divisas, los pagos de la deuda, las tasas de interés y el precio de las monedas. Del mismo modo y con base en la falacia de la igualdad entre las partes, el Tratado abre las puertas a las empresas estadounidenses a las compras públicas, uno de los instrumentos clave de los desarrollos nacionales.

Otra de las cláusulas más temidas del Tratado –amén de los controles fitosanitarios que Estados Unidos puede imponer unilateralmente- es la de “Anulación y menoscabo” la cual prevé que, en el evento de que no se cumplan las expectativas de ganancias de las empresas estadounidenses, atribuibles a medidas gubernamentales, habría lugar a indemnizaciones a las mismas. Esta cláusula que promete ser una fuente permanente de controversias, sería dirimida por tribunales internacionales en los que la capacidad de lobbying de Estados Unidos es mayor que la que pueda tener Colombia.

c) ¿Qué se está negociando con otros países?

Aunque el presidente Uribe ha anunciado que la aprobación del TLC con Estados Unidos está próxima, lo cierto es que su puesta en práctica está detenida porque las mayorías del Partido Demócrata consideran insuficientes las explicaciones y acciones del gobierno colombiano relacionadas con el asesinato de sindicalistas. También se ha anunciado una posible reapertura de las negociaciones si bien todavía no se sabe cuáles son las condiciones de la Casa Blanca para reabrir el tema. En realidad, ni siquiera hay un temario para retomarlas. Por el contrario, es claro que el gobierno de Obama, a pesar de las declaraciones del presidente norteamericano de impulsar el TLC con Colombia, no ha pensado introducir el tema en el Congreso y que varios parlamentarios demócratas han señalado que si se comienza a tramitar la agenda comercial de Bush se dividiría la mayoría congresional del actual presidente.

Los tropiezos del TLC con Estados Unidos y la situación de derechos han repercutido en la aprobación del tratado de libre comercio que tramita Colombia desde junio de 2008 con Canadá donde reservas en el Partido Liberal y la oposición del Grupo de Quebec frenaron el visto bueno del Parlamento. De allí que a pocas semanas del viaje del presidente Uribe a ese país los conservadores retiraran de la agenda legislativa el proyecto de ley que habría dado vía libre al TLC, sin indicio alguno de reprogramar el voto.

Caso diferente la negociación que adelanta el país con la Unión Europea desde septiembre de 2007 y que, según cálculos del gobierno, después del fracaso de la negociación en bloque con los países de la CAN, debiera estar firmado antes de finalizar este año.

Según el Gobierno, que avanza presuroso en la firma de un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea en medio de la peor crisis económica de las últimas ocho décadas, el mismo está destinado a multiplicar la inversión y el comercio; en los hechos, el Tratado está llamado a ampliar el control que ya poseen las multinacionales europeas en áreas vitales de la economía nacional como el agua, la energía, las telecomunicaciones, el sistema bancario y los recursos mineros. Además, la Unión Europea pretende aumentar la duración de las patentes que generan exclusividad en la producción de medicamentos.

Según los críticos del Tratado, el mismo otorgaría más derechos a las empresas en detrimento de los trabajadores al propiciar un cambio de la legislación nacional para adecuarla a las necesidades corporativas como viene ocurriendo con las exenciones tributarias, las Zonas Francas Especiales y los contratos de estabilidad jurídica. Particularmente afectadas serían las mujeres pues empeorarían las condiciones de trabajo en áreas de la economía con predominante participación de mano de obra femenina.

Alrededor de 85% de los productos que vende Colombia a la Unión Europea y que representan un 11% del total de exportaciones del país son carbón, ferroníquel, café, banano y petróleo; los mismos que se seguirán vendiendo si se firma el TLC porque lo que compra la UE al mundo son equipos eléctricos, bienes industriales, vehículos y productos químicos que no produce el país. Tampoco cambiarían las condiciones para el ingreso de productos colombianos en razón de los subsidios que otorga la UE a sus campesinos y al hecho de que puede, motu proprio, imponer normas fitosanitarias sin consulta previa.

La Unión Europea ha manifestado el interés de que sus productos circulen libremente por los países andinos que participan en la negociación (Ecuador, Colombia y Perú) pero pide la exclusión de algunos productos de manera que su arancel no se elimine totalmente, como el caso del azúcar y el banano por los que ofrece a cambio un cupo de exportación. Precisamente, la negativa de la UE a cumplir con un fallo de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que la obliga a reducir el arancel de importación para el banano condujo al presidente ecuatoriano a condicionar la participación de su país en la negociación a una solución definitiva del conflicto del banano. Bruselas, sin embargo, ha condicionado cualquier entendimiento a un acuerdo previo en la Ronda de Doha de la OMC.

Dadas las condiciones en que se desarrolla la negociación con la Unión Europea, el proceso parece tener un carácter más político que comercial destinado a mejorar la imagen del mandatario colombiano, en la medida en que un acuerdo con la UE crearía un precedente que contribuiría a desentrabar el TLC con Estados Unidos. Por su parte, con los Tratados de Libre Comercio, la Unión Europea busca ante todo garantizar la propiedad intelectual en un momento en que sus países miembros promueven en la región andina acuerdos bilaterales que brinden seguridad a sus inversiones.

¿Existen escenarios de transición hacia nuevas formas de integración?

Después de un periodo en el que los procesos de integración otorgaron beneficios importantes a los países miembros de los distintos organismos que se crearon después de la década de los sesenta del siglo XX, la región suramericana atraviesa una fase de parálisis y fragmentación debido a las asimetrías que perduran y se amplían, así como por la polarización política que surge motivada por el descontento de amplios conglomerados humanos hacia el modelo neoliberal.

En la actualidad, la polarización ideológica entre un modelo proclive a las dinámicas del mercado y otro que busca contrarrestar la hegemonía de los Estados Unidos y dar vida a un modelo alternativo basado en el intervencionismo ha politizado el comercio dando pie a una dinámica de conflicto.

El primer modelo, proclive a la firma de tratados de libre comercio es cuestionado por la necesidad de Venezuela de consolidar un espacio público en el ámbito internacional para llevar a cabo su revolución bolivariana.

Entre estos dos polos se ha abierto camino la propuesta brasileña de conformar un área de libre comercio a partir de la integración física de los países suramericanos con el propósito de manejar las asimetrías mediante la construcción de una plataforma para negociaciones multilaterales. La Comunidad Sudamericana de Naciones, concreción de este ideal, fue lanzada por doce países de la región el 8 de diciembre de 2004 en la ciudad peruana de Cusco y establece en su Declaración acciones en:

· Concertación y coordinación política y diplomática de la región

· Convergencia entre MERCOSUR, Comunidad Andina y Chile en una zona de libre comercio

· Integración física, energética y de comunicaciones impulsada por la Iniciativa de Integración Sudamericana (IIRSA)

· Armonización de políticas de desarrollo rural y agroalimentario

· Transferencia de tecnología y de cooperación horizontal en todos los ámbitos de la ciencia, educación y cultura

· Creciente interacción entre las empresas y la sociedad civil en la integración

En la misma reunión se decidió el establecimiento progresivo de medidas, acciones y ámbitos de acción conjunta sobre la base de las institucionalidades existentes con el propósito de fusionar la CAN y el MERCOSUR en el seno de la Comunidad Sudamericana de Naciones convertida en UNASUR en 2007.

A pesar de sus buenas intenciones y del dinamismo que le puede imprimir Brasil, país que aspira a ejercer un liderazgo regional y aspira, con cierta legitimidad, a representar la región en el concierto internacional sin una confrontación directa con Estados Unidos, UNASUR tiene un futuro complicado dado que Venezuela tiene las mismas aspiraciones de liderazgo regional y que el proyecto busca articular once países con distintos grados de inestabilidad, ya sea política, económica, social y/o institucional

El liderazgo regional que reclama Brasil se debe tanto a su peso específico como al papel estabilizador que ha desempeñado en su extensa frontera. La consolidación de UNASUR permitiría fortalecer el proyecto económico que busca proteger y expandir su industria nacional así como su proyecto diplomático (entrar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como miembro permanente). En cuanto a la presencia protagónica de Hugo Chávez y su discurso americanista tienen en esta organización un lógico ámbito de resonancia desde el cual generar mayor repercusión a su proyecto bolivariano. Sin duda, las posibilidades a las que se enfrenta el proceso suramericano implican una reformulación de los modelos de integración pregonados hasta ahora. Tan desfasados están los proyectos que se inspiran en el superado Consenso de Washington como los que fomentan un discurso confrontativo renuente al compromiso. Entre los motivos de confrontación más importantes se pueden destacar la tensión entre socios respecto del poder de decisión y la falta de un objetivo común sobre la necesidad de la integración.

Con el fin de evitar la polarización de los procesos de integración y facilitar su convergencia se debe dar un salto cualitativo respecto de sus propósitos y funcionamiento. En la actualidad las variables sobre las cuales trabajan los distintos proyectos de integración se basan en acuerdos de índole económica y no en una integración socialmente incluyente. Una integración que responda a las necesidades actuales debe darse sobre bases claras y sólidas para que el proceso no quede a merced de voluntades políticas circunstanciales. Si los gobiernos comparten ideas de integración regional las diferencias no son obstáculos insalvables y el proceso deja de ser exclusivamente económico.

En este contexto, Colombia debe volver a su tradicional política multilateral y recomponer las relaciones con sus vecinos ampliando su agenda internacional.

Tanto o más importantes que los tratados de libre comercio son una política de fronteras que genere bienestar y seguridad a los habitantes de la zona, recuperar el liderazgo en el Caribe, asumir con responsabilidad el rol que le compete al país en la región amazónica.

Sin embargo, no hay que caer en la trampa de las ilusiones. América Latina pierde tiempo precioso enzarzándose en discusiones que no van más allá de la retórica política tradicional: firma de acuerdos bilaterales, continuación de negociaciones con miras a crear tratados de libre comercio con países fuera del área, utilización de las reservas monetarias para comprar bonos del Tesoro norteamericano, aceptación del Tribunal de la Banca Mundial (CIRDI) para resolver los conflictos con las multinacionales, negociaciones en el marco de la Agenda de Doha, etc. Es así como, se teje una red de convenciones y tratados económicos internacionales, regionales y bilaterales que subordinan o suplantan los instrumentos fundamentales del derecho internacional y regional, las constituciones nacionales y las leyes sociales que tienden a atenuar las desigualdades y la exclusión. La red funciona como un sistema de vasos comunicantes en virtud de la aplicación de la cláusula de la nación más favorecida que figura en casi todos los tratados y que permite que las políticas de desregularización y de privatización se consoliden como regímenes jurídicos de carácter obligatorio. Esta especie “de derecho corporativo” se acompaña de dispositivos coercitivos que aseguran su aplicación: sanciones económicas, presiones diplomáticas, etc, de modo que la solución a los diferendos entre las partes se realiza en tribunales arbitrales creados al margen del sistema judicial y del derecho público nacional o internacional.

- Rubén Sánchez David, es Profesor Investigador de las Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 169, Corporación Viva la Ciudadanía. www.vivalaciudadania.org

https://www.alainet.org/es/articulo/135452