América Latina mira absorta dos hechos (¿desvinculados?) que están conmoviendo a la región; el golpe cívico-empresarial y militar en Honduras y la instalación de siete bases militares del Comando Sur de los Estados Unidos en Colombia.

Por suerte, luego de las sorpresas, (¿inesperadas en la era Obama?) los países de la región han reaccionado con celeridad. No voy a repasar todas las reacciones de presidentes y movimientos sociales que han obligado al presidente Uribe a iniciar una gira para explicar las supuestas razones de la continuidad y profundización de la alianza carnal-militar con los Estados Unidos. Quiero si, recordar un hecho.

Apenas unos días antes de dejar el gobierno, en una ceremonia en la Casa Blanca, el entonces presidente George W. Bush, le otorgó al presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez la distinción civil más alta que puede otorgar el Presidente de Estados Unidos. “Honramos a Álvaro Uribe Vélez por su compromiso con la libertad, la democracia y el Estado de Derecho”, acto seguido el Gobierno norteamericano le entregó la Medalla de la Libertad.

Con la nueva administración del presidente Obama, Uribe se propuso intensificar los lazos con Estados Unidos; para ello propuso cinco iniciativas: reforzar la lucha contra el narcotráfico, profundizar la lucha contra el lavado de dinero, luchar contra la corrupción y una reforma jurídica para luchar contra el narco lavado. Casi la agenda completa norteamericana para América Latina. Uribe hace honor a la medalla de la libertad.

Y ahora, como todos sabemos, la pata militar hace pié con los acuerdos entre ambos países. ¿Y UNASUR? Queda claro que Colombia está privilegiando la alianza con Estados Unidos y todo parece indicar, intentará, quizás con la ayuda de algún otro país, enfriar la Unión de Naciones del Sur.

Pero quiero enfocarme en el tópico del título.

El convenio entre ambos países establece la presencia de unos 800 militares y otros 600 contratistas.

En América del Sur el término contratista está más bien vinculado a sectores descentralizados que hacen tareas que las grandes empresas e incluso el Estado no puede hacer por diversas razones. Si un gobierno quiere una encuesta o un estudio determinado puede contratar a una empresa para que esta a su vez contrate el personal para ese fin, de esa forma, ante cualquier problema, por ejemplo de índole laboral, el Estado no tendría nada que ver, porque es una cuestión de la empresa contratista con sus contratados, es decir, son actos privados.

Decir que en Colombia 600 contratistas van a ser parte del convenio militar, no quiere decir que serán 600 sociólogos, médicos, antropólogos, etc. Lo que quiere decir el contrato es que serán 600 mercenarios, hombre que se codean con la muerte y la tortura.

Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos tiene cinco fuerzas armadas: Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Marines y los Contratistas.

Veamos quiénes son estos contratistas. Jeremy Scahill revela en su libro “Blackwater, el ejército mercenario más poderoso del mundo” que en la mañana del 31 de marzo de 2004 una columna armada norteamericana de la Blackwater ingresaba a Faluya, Irak. Fueron atacados por milicianos rebeldes iraquíes que descargaron sus armas sobre la columna blindada del ejército privado norteamericano. De inmediato, cuenta Scahill en su libro, más de 300 personas se congregaron en el lugar del ataque y sacaron del interior de los vehículos militares los cuerpos carbonizados y los colgaron de un puente sobre el río Éufrates. La imagen dio la vuelta al mundo. Todo el mundo creía que eran marines, pero no, eran mercenarios. El presidente Bush, que estaba de campaña dijo “Este atajo de asesinos (iraquíes) está intentando minar nuestra voluntad… pero los derrotaremos allí, para no tener que enfrentarlos en nuestro propio país”.

Ese grupo mercenario continuó violando todas las leyes y convenciones sobre la guerra porque no respondían a ninguna ley. Al no ser un ejército irregular, una empresa, las leyes no se le pueden aplicar. Soldados norteamericanos han sido acusados y juzgados por asesinato y torturas en Irak, pero el Pentágono no ha sometido a sus numerosas fuerzas privadas a los mismos criterios. Incluso, en 2006, en una reunión de una comisión de investigación del Congreso dedicada a la investigación de los contratistas, el director del Pentágono en esa área, interpelado por la comisión, no supo explicar por qué ningún contratista había sido acusado de ciertos delitos arto demostrado. Pero entones, dice un diputado, “estos contratistas pueden asesinar impunemente cuando quieran porque no parecen estar sujetos a ley alguna y por consiguiente tienen licencia para tomarse la ley en sus manos”.

Blackwater ha declarado abiertamente que sus fuerzas están por encima de la ley, sin embargo los contratistas operan bajo un código de conducta redactado por la propia empresa denominada “Asociación Internacional de Operaciones de Paz”. Interesante garantía humanitaria.

Poco tiempo después, el gobierno iraquí se negó a renovar la licencia de Blackwater tras el asesinato de diecisiete iraquíes en la Plaza Nisoor de Bagdad, ocurrido en 2007. No hubo investigación ni juicio, solo un intento de revocación de licencia. Digo intento porque luego la Blackwater, que ahora se denomina ‘Xe’, continuará trabajando en otras zonas de Irak. La empresa Triple Canopy tomará el lugar de Blackwater en Bagdad y se espera que recontrate a muchos de sus viejos guardias.

Como si fuera poco, en julio de este año, estas empresas contratistas han convencido al presidente Obama para que anule una prohibición del Congreso que prohibía a los contratistas estar presentes en las sesiones de interrogatorios a los combatientes enemigos.

¿Queda alguna duda que ahora los contratistas son la quinta fuerza armada de los Estados Unidos?

El presidente Uribe, cuando visite a los presidentes de la región ¿explicará los alcances reales del convenio militar con los Estados Unidos o solamente se ceñirá a los aspectos formales?

Sería bueno, muy bueno, que alguna comisión parlamentaria de la oposición colombiana inicie una investigación sobre las tareas que cumplirán los contratistas como así también el marco legal y sus alcances de inmunidad e impunidad.

Ya se dice que las guerras del futuro no serán entre ejércitos regulares o nacionales, serán entre empresas privadas a nombre de terceros países. ¿No es este un tema urgente a debatir en el naciente Consejo de Defensa Sudamericano? Que las empresas contratistas/mercenarias empleen mano de obra latinoamericana es una cosa, pero que ahora ya estén operando en nuestro suelo, parece demasiado.

- Juan Roque es Secretario General del Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos (Mopassol) www.mopassol.com.ar