Perú

Prohíben distribución de píldora del día siguiente en hospitales públicos

Zoraida Portillo, Julia Vicuña Yacarine

27/10/2009

Opinión

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En menos de diez días un nuevo tema relacionado con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres peruanas divide al ejecutivo y desata un acalorado debate en los medios de comunicación y entre la opinión pública.

A la polémica que se generó por la decisión de la Comisión Revisora del Código Penal Peruano de mantener la legalidad del aborto terapéutico y despenalizar el aborto por violación y por malformaciones congénitas (ver: Perú: Debate sobre aborto divide al gabinete y la ciudadanía) se sumó esta semana la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que prohíbe al Estado la distribución gratuita de la 'píldora del día siguiente" también conocida como Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE), "por tener propiedades abortivas".

La decisión levantó una ola de protestas de diversos sectores por su carácter 'profundamente discriminatorio', ya que la píldora sí podrá venderse en las farmacias y usarse en las clínicas privadas con una advertencia de que "podría" inhibir la implantación del óvulo fecundado.

El precio de la píldora al tipo de cambio actual equivale a unos 12 dólares, imposible de costear para la población pobre que, muchas veces, percibe menos de un dólar al día. En cambio, el ministerio de salud la compra a S/.1,16 (aproximadamente 40 centavos de dólar) y la distribuyen gratuitamente a la población.

Fue el propio Presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén, quien dio a conocer el sábado que el Ejecutivo estudia la posibilidad de acudir a tribunales internacionales para solucionar la controversia generada por la sentencia del Tribunal Constitucional, cuyos fallos son inapelables.

En declaraciones a la agencia estatal Andina, señaló que aunque el ejecutivo aún no ha tomado una decisión respecto del controvertido fallo, sí se evaluará en los próximos días sus efectos y se dará a conocer la posición oficial del ejecutivo. "De acuerdo al marco de la Constitución nosotros tenemos la jurisdicción internacional", declaró.

Por su parte, la ministra de la mujer, Nidia Vílchez, dijo que el fallo del TC no hará retroceder al gobierno en su política de planificación familiar. Y Mauricio Mulder, Secretario General del partido gobernante, reconoció que la sentencia genera un problema en las políticas de salud del Estado peruano y sugirió que el Ministerio de Salud siga distribuyendo la píldora gratuitamente como se viene haciendo desde 2006.

El titular de ese sector, Oscar Ugarte no ocultó su indignación por lo que calificó de un acto discriminatorio contra las mujeres pobres del país. "Es una medida absurda e injusta, pues afecta a la población más pobre que no tendría como acceder a este método vía el Ministerio de Salud. Sin duda es un fallo que tendrá que ser acatado, pero vamos a evaluar que otras alternativas tenemos", adelantó.

La sentencia del TC fue en respuesta a una demanda de amparo interpuesta por la organización no gubernamental "Acción de Lucha Anticorrupción sin componenda" que tiene entre sus miembros honorarios a Yahvé, Jesucristo, al Espíritu Santo y a María del Perpetuo Socorro.

Interrogado al respecto por SEMlac, Mulder dijo que ello demuestra "de dónde provienen estas ideas" y que se están mezclando "peligrosamente" en las leyes cuestiones científicas, con creencias religiosas.

Como para que no queden dudas de ello, el ministro de Defensa, Rafael Rey, miembro conspicuo del Opus Dei, aplaudió la sentencia y propuso que la prohibición se extienda a todos los establecimientos privados del país. En el mismo sentido, el cardenal Juan Luis Cipriani, también del Opus Dei, exhortó a las autoridades a dar ejemplo de "tolerancia democrática", acatando la decisión.

Sentencia contradictoria y digitada por la Iglesia

Sin embargo, el fallo es muy controvertido pues contradice una sentencia anterior emitida por el propio TC en 2006, autorizando la distribución gratuita de la píldora en los establecimientos de salud pública de todo el país, debido a que científicamente no se había podido demostrar que fuera una píldora abortiva.

Javier Alva Orlandini, ex Presidente del TC y miembro del mismo cuando se emitió dicha sentencia, instó al organismo a corregir su fallo, por ser discriminatorio —ya que solo afecta a quienes no pueden comprar la píldora en las farmacias—, por atentar contra el derecho ciudadano de elegir un método anticonceptivo y porque el TC se contradice a sí mismo.

Pero para un amplio sector de la opinión pública y líderes políticos, queda claro que esta decisión ha sido empujada por sectores de la Iglesia Católica, como respuesta a la ratificación que el pasado 20 de octubre realizó la comisión revisora del Código Penal del Congreso de la República, de despenalizar el aborto en caso de violación y de malformación congénita incompatible con la vida, a pesar de las presiones y advertencias de la jerarquía eclesiástica.

Gaby Cevasco, directora del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, dijo a SEMlac que esta decisión "es un retroceso frente a su anterior sentencia en la que señalaba, previa consulta a organismos científicos nacionales e internacionales, la necesidad de que las mujeres pudieran acceder a este método, pues al no ser distribuida por los servicios de salud públicos se convertía en una forma de discriminación".

Lamentó que no se haya tenido en cuenta el alto número de mujeres víctimas de violaciones sexuales y de la ocurrencia de relaciones sexuales sin protección que originan embarazos no deseados, principal causa de los abortos, cuyas complicaciones por realizarse en condiciones clandestinas y de riesgo, al estar penalizado, constituyen la tercera causa de mortalidad materna en el país.

Jeannette Llaja, directora del Estudio para la Defensa y los Derechos de la Mujer (DEMUS) señaló que la sentencia del TC es un retroceso en el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, en particular al derecho a acceder a la más amplia gama de métodos anticonceptivos, y evidencia que el Estado peruano, pese a ser constitucionalmente laico, tiene instituciones que no actúan en forma autónoma.

"El TC cimenta la situación de discriminación de las mujeres, sobre de todo de las más pobres, las principales beneficiarias del sistema público de salud, quienes ante embarazos no deseados no tendrán otra alternativa que recurrir a abortos inseguros para sus vidas", señaló.

Por su parte, Susana Chávez, del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), propuso que los laboratorios rebajen el precio de la píldora el día siguiente, a fin de que la población de bajos recursos económicos pueda adquirirla a un precio simbólico.

Según Chávez, representantes del sector salud deberían tratar este tema directamente con los laboratorios, sin dejar de lado cualquier otra salida que impida que las mujeres pobres se vean perjudicadas en su derecho a acceder a la anticoncepción social de emergencia por una sentencia que carece de sustento científico.

"Esto genera una brecha entre la población y genera que la condición económica de cada persona defina si tiene acceso o no a lo que debe ser una política de salud pública", dijo a SEMlac.

Para las organizaciones de mujeres, la sentencia del TC no ha tenido en cuenta la opinión de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), del Colegio Médico del Perú ni de la Academia Peruana de la Salud que en su momento puntualizaron que la AOE no es abortiva y no impide la implantación del óvulo fecundado ya que no tiene efectos sobre el endometrio.

Fuente: http://www.redsemlac.net/noticias/2009/091026zp.htm

https://www.alainet.org/es/articulo/137355