El acceso al aborto es ley en España

Sarah Babiker

11/03/2010

Opinión

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El 24 de febrero se aprobó en el senado español la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, más conocida como la nueva Ley del Aborto. Así finaliza un largo proceso que ha marcado al Partido Socialista durante su última legislatura, y que lleva varios años en el epicentro del debate público. Con la nueva ley de plazos, España se equipara al resto de Europa en el acceso de las mujeres a los derechos sexuales y reproductivos.

La distribución de los votos en la Cámara Alta refleja la profunda polarización de la sociedad respecto a temas relativos a la familia y la moral. Los 132 votos que han refrendado la ley fueron emitidos por los senadores del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), y por grupos de la izquierda estatal, y nacionalista, junto con algunos senadores de los partidos nacionalistas conservadores que tenían libertad de voto. Los 126 en contra, junto a la única abstención, provienen del Partido Popular (PP) y de algunos senadores de estos mismos partidos nacionalistas conservadores. De este bloque también provienen los tres vetos y muchas de las 88 enmiendas que se plantearon al proyecto de ley y que han sido rechazadas en su totalidad por el Senado.

La nueva ley, que entrará en vigor en un plazo de cuatro meses a partir de su publicación el 25 de febrero en el Boletín Oficial del Estado, permite la interrupción del embarazo libre y voluntaria hasta la semana 14. Si la vida o la salud de la mujer están en una situación de grave riesgo, o si el feto presenta anomalías serias, se podrá interrumpir el embarazo hasta la semana 22, con el permiso de dos médicos distintos del que realice la operación. El dictamen de un comité será necesario para casos excepcionales de interrupción más allá de ese plazo.

La mujer que incumpla la normativa no se enfrentará a pena de cárcel si no que deberá pagar una multa. Los profesionales que realicen prácticas ilegales si podrán ir a prisión. Queda así mismo regulada la objeción de conciencia.

La ley, que prevé introducir educación sexual en las aulas y financiar, a través de la seguridad social, métodos de anticoncepción de última generación, presenta una novedad que ha conllevado una gran polémica: establece la edad mínima para poder decidir sobre el embarazo en los 16 años. Si bien - a diferencia de lo recogido en el proyecto inicial- se deberá informar al menos a uno de los progenitores o al tutor legal, a no ser que la adolescente demuestre, de modo debidamente fundamentado, que comunicar su estado o su decisión podría derivar en violencia o maltrato hacia su persona.

Un largo camino…

La Ministra de Igualdad, Bibiana Aído, y la Secretaria de Organización del Partido Socialista (PSOE), Leire Pajín, fueron las encargadas de defender el proyecto ante el Senado. La senadora Pajín argumentó que 'la ley no obliga a nadie a abortar, da libertad y seguridad a las mujeres que decidan hacerlo.' Tras la votación, la ministra Aído daba muestras de su satisfacción, por la aprobación de una ley que 'cubre un vacío mantenido durante demasiado tiempo'.

En efecto, la legislación todavía vigente data de 1985. En la juventud de la democracia, tras cuarenta años de régimen nacional-católico, las feministas consiguieron que se modificase el código penal introduciendo tres supuestos bajo los que la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) quedaba despenalizada: en caso de que el embarazo fuese consecuencia de una violación, si se daban graves taras físicas y psíquicas en el feto, o si existía un peligro para la vida y salud física o psíquica de la madre. El contexto del momento no dio para más, pero una lectura amplia de la ley se impuso en los siguientes años.

Bajo el supuesto de peligro para la salud psíquica de la madre se han producido el 97% de las IVE los últimos años, siendo así permitido de facto el aborto dentro de unos plazos. Realizados mayoritariamente en clínicas privadas, eso sí, basta con un informe positivo por parte de un psicólogo, requisito que ha acabado convirtiéndose en un mero trámite. Prueba de ello es que entre 1998 y 2008 el número de abortos pasó de 53.487 a 115.812, todo bajo la misma legislación, según datos del Ministerio de Sanidad y Consumo.

En 2006, se iniciaron acciones legales contra profesionales de clínicas de Barcelona y Madrid. Se les acusaba de realizar interrupciones de embarazos avanzados o sin el informe psiquiátrico pertinente. Empezaron a producirse interrogatorios a pacientes de estas clínicas mientras el personal médico denunciaba que se sentía amenazado y perseguido. La beligerancia de los autodenominados 'grupos pro-vida' puso de manifiesto que la ambigüedad de la ley dejaba desamparadas a mujeres y profesionales, y contribuyó a que se incrementase la presión sobre el partido socialista para concretar en su segunda legislatura el compromiso de crear un nuevo marco jurídico, iniciativa registrada en su programa político para las elecciones de 2004, pero que había quedado congelada tras la dura lucha por sacar adelante la legalización del matrimonio homosexual.

... lleno de obstáculos

Los conservadores ya han anunciado que recurrirán la nueva ley ante el Tribunal Constitucional. El miércoles, tras perder la votación en el Senado, la portavoz del PP, María del Carmen Dueñas, advirtió que la ley 'impone el aborto libre' a la sociedad, atentando 'contra uno de los pilares de la sociedad española, como es la familia.'

Se trata de los mismos argumentos esgrimidos por la poderosa y omnipresente conferencia episcopal, y las numerosas organizaciones ultracatólicas en guerra con las políticas liberales del gobierno. Dos de ellas, Hazteoír.org y Derecho a Vivir, entregaron el pasado 17 de febrero más de un millón de firmas contra la nueva ley.

Los grupos anti-elección han anunciado además una gran movilización para el próximo 7 de marzo bajo el lema: 'España Vida Sí'. Manifestaciones similares han acompañado la vida del proyecto de ley a medida que iba pasando los trámites necesarios para su promulgación. En ellas, grupos como Hazteoir.org, o el Foro por la Familia, han demostrado un gran despliegue de medios, con autobuses provenientes de toda España y abundante merchandising que incluía globos, camisetas, tazas, gorras y unas reproducciones de fetos de 12 semanas de plástico a los que llaman, como a la ministra de Igualdad, Bebé Aído.

Tras apoyar la marcha de los movimientos autodenominados 'pro-vida', el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino, exigió la abolición inmediata de la ley, proponiendo su propia cita de protesta, el 25 de marzo. La plataforma de padres y madres católicos España Educa en Libertad arremetió por su parte contra la introducción de la educación sexual en las escuelas por considerar que vulnera el derecho a elegir en qué valores serán educados sus hijos.

La contienda entre defensores y detractores de una ley de plazos ha llegado hasta Europa. El Instituto de Política Familiar presentará ante el Parlamento Europeo un informe donde alerta de la creciente práctica de IVE en la Unión Europea (UE) con España en el quinto lugar. La entidad pretende denunciar que la nueva legislación aumentará el número de abortos.

Parece improbable que la UE, donde muchos estados cuentan desde hace más tiempo con una ley de plazos, tenga algo que decir con respecto a la ley española. Por otro lado, a nivel nacional, el PP, que muy probablemente gobernará a partir de 2012, no hizo nada para evitar el más de medio millón de abortos que se dieron en los ocho años que estuvo en el poder. Así pues, parece poco probable que cambie la ley una vez aprobada.

Esta última batalla, sin embargo, ha puesto en evidencia la efervescencia de una derecha católica hiperactiva, que se apoya sobre una amplia plataforma mediática y que, en nombre de la vida y de la familia, clama en contra de los derechos conseguidos estos últimos años.

Fuente: http://www.artemisanoticias.com.ar/site/notas.asp?id=22&idnota=6889

https://www.alainet.org/es/articulo/139984