Los Coup d'État en América Latina forman parte de su frágil historia política. En la complejidad de sus ejecuciones, los elementos cívicos-militares actúan regionalmente dependiendo de la naturaleza del golpe. Golpe de Palacio, golpe de estado constitucional, golpe militar, golpe cívico-militar, golpe de mercado. Son solo algunas definiciones que hacen énfasis al golpe como acto violento el cual tiene como objetivo desplazar mandatarios que no responden a las exigencias y necesidades de los denominados grupos de factos.

Revisemos algunas definiciones: el Diccionario ideológico de la lengua  española (1985) la define como: la “Medida grave y violenta que toma uno de los poderes del Estado, usurpando las atribuciones de otro”. Para el diccionario de uso del español de María Moliner (1997) es la  “Acción de apoderarse violenta e ilegalmente del gobierno de un país alguno de los poderes del mismo, por ejemplo, el ejército”. Espasa Calpe (2001) la define como la “Usurpación ilegal y violenta del poder de una nación” y el Diccionario Anaya de  la Lengua sostiene que es la “Usurpación del poder por parte de un grupo”.

Los vademécum en materia de Coup d'Étatse han preocupado de estandarizar tácticas y estrategias de injerencia civil y militar orientada a la imposición de representantes de grupos de poderes monitoreados desde Washington. Tecnica del colpo di Stato (Técnica del Golpe de Estado) de Curzio Malaparte (1930), The Man on Horseback: The Role of the Military in Politics (tit. trad. Los militares en la política mundial) de Samuel Finer y los trabajos de Gene Sharp como: El Aspecto Poli tico & la Acción (1973), Ghandi como estratega político. Ensayos y Política (1979), Poder Social y Libertad (1980), Haciendo a Europa Inconquistable: El Potencial de la Disuasión y la Defensa de Base Civil (1985), El poder de la fe (1986), entre otras, hacen del Coup d'Étatel tópico académico de índole ideológico destinado a contribuir con la perpetuación  hegemónica del sistema capitalista en el orbe.

Mientras que en Oriente los golpes cívico-militar son legitimados  desde  el  Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en América Latina, los golpes, son legitimados y monitoreados por  grupos de poderes económico-financiero-mediáticos y religiosos como la Agencia del Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID) y la Fundación Nacional para la Democracia (NED). 

El frustrado golpe de Estado en Venezuela (2002), en contra del gobierno del Presidente Hugo Chávez Frías, el golpe de Estado en  Honduras (2009) deponiendo al ex presidente Manuel Zelaya y la variación de la política de gobierno del mandatario peruano Ollanta Humala en lo que viene siendo llamado como “golpe blanco” hacen de la Institucionalización del Coup d'Étaten América Latina una peligrosa y desestabilizadora realidad que debe de ser extirpada de raíz. Lo dijeron Jean-Guy Allard y Eva Golinder: “Henry Kissinger dijo una vez que si Estados Unidos no podía controlar a América Latina “¿cómo iba a dominar al mundo?”.[1]

Las estrategias golpistas en América Latina tienen por objetivo final desmembrar toda posibilidad de presencia socialista en la región. La maquinaria desestabilizadora está en movimiento y no es apropiado subestimarla. Mientras que el mandatario peruano Ollanta  Humala señala que la deposición de facto del presidente paraguayo Fernando Lugo es "un revés al proceso democrático en la región y obliga a nuestros países a mantenerse vigilantes", la agencia norteamericana USAID, una de las principales agencias desestabilizadoras en América Latina, tiene relevante presencia político-económico en quehaceres de gobernabilidad y política de estado.[2]

¿Cómo se puede sostener estar a favor de la soberanía de América Latina mientras que  agencias, loobies y ONGs que contribuyen con mecanismos desestabilizadores cuenten con carta blanca de operaciones? Estas entidades para estatales  debilitan sistemáticamente el rol del Estado desplazándolo por la participación de la entidad privada. Estas entidades desestabilizadoras representan a gobiernos o corporaciones transnacionales que – a través de ellas - injieren en el quehacer nacional violando todo tipo de soberanía e independencia, y esto no es novedad.

Frente a la inicua deposición del presidente paraguayo Fernando Lugo, las organizaciones latinoamericanas como UNASUR, MERCOSUR, CELAC y ALBA deberían  tomar medidas preventivas  inmediatas las cuales contribuyan con la región en sus proyectos de desarrollo y fortalecimiento de la soberanía como valor supremo. Queda claro que participaciones de la OEA y la ONU obedecen a intereses neocolonialmente desestabilizadores.

Hasta ahora no hemos visto una sola declaración de autoridades de dichos organismos – OEA Y ONA - sobre la preocupante situación paraguaya. El “golpe suave”, “golpe blanco” o “"golpe de Estado express" será agresivamente impuesto en la región – smithnianamente - como un orden natural de las cosas ensayando la toma del Estado desde el poder legislativo valiéndose de loobies como USAID, compañías mineras y petroleras, ONGs, organizaciones religiosas, entre otras.

El aislamiento del Paraguay del MERCOSUR y UNASUR hasta que se establezca el “Estado de Derecho” en favor del depuesto presidente es una medida que debe ser tomada de inmediato. Deben de existir precedentes  que sirvan de referencia y advertencia a los grupos de factos frente a cualquier acción conspiradora.

Nos pone en alerta la participación política de la Iglesia Católica. Así como en el Perú, la jerarquía de la Iglesia Católica asume una vez más su carácter aliado con los grupos de poder.  La Conferencia Episcopal Paraguaya representada en las personas de Mons. Edmundo Valenzuela y Mons. Claudio Giménez solicitó, al igual que los grupos de factos, la demisión de Fernando Lugo.[3] Nos es cercana la experiencia en donde el  Cardenal Oscar Andrés Rodríguez en Honduras apoyado por su homónimo el Cardenal Julio Terrazas en Bolivia (ambos con la venia de Benedicto XVI) nos confirman que forman parte del conglomerado internacional de instituciones laicas y religiosas que tienen como finalidad promover, defender y perpetuar todo sistema que tenga al Capital como ser supremo y absoluto en todo orden de relaciones.[4]

La Iglesia, las ONGs, loobies y agencias – nacionales y extranjeras – que atenten contra la soberanía y los interés de los pueblos deberían ser seriamente observadas por  organismos tutelares como UNASUR. Es tiempo de hacer sentir al mundo entero que América Latina es coherente en sus determinaciones. Pactar con Dios y con el Diablo - mas temprano que tarde - redundará en contra de los mismos intereses de la región.

Finalmente, existe la necesidad de ventilar toda la maquinaria  conspiradora en contra de la internacionalización del socialismo. Existe la necesidad de extirpar sistemáticamente todo vestigio cultural-político neocolonizador que roe las bases de nuestras cotidianas  relaciones sociales, comerciales y de producción. Existe la necesidad de tomar medidas severas que sancionen toda entidad –personal o jurídica - que atente implícita o explícitamente contra el orden constitucional, el estado de derecho y la magnánima soberana voluntad de los pueblos del Abya Yala.

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