General Eugenio Vides Casanova

Ayer llegó al país, deportado de Estados Unidos, el general Eugenio Vides Casanova, director de la extinta Guardia Nacional (1979-83) y ministro de la Defensa (1983-89). El ex militar fue detenido inicialmente por cometer fraude migratorio, pero al final fue deportado por “haber participado en torturas y ejecuciones durante la guerra civil salvadoreña”.

De no ser por la protesta de un grupo de organizaciones de derechos humanos y de familiares de víctimas, el retorno de este criminal de guerra y delincuente de lesa humanidad habría pasado hasta desapercibido. Ningún fiscal ni policía lo esperó en el aeropuerto para arrestarlo, como habría sido en cualquier país donde la justicia y el estado de derecho funcionan mínimamente.

Cuando este prominente miembro de la llamada “Tandona” fungió como director de la Guardia y ministro de Defensa se cometieron miles de torturas, asesinatos y masacres de civiles (El Mozote, El Sumpul, los jesuitas de la UCA, etc.) Por eso su impune retorno al país es un “¡Viva la impunidad!” y un “¡Muerte a la verdad, la justicia y dignidad de las víctimas!”

Este “¡Viva la impunidad!” fue propiciado por la Asamblea Legislativa que aprobó en 1993 la Ley de Amnistía, que cubrió con un manto de impunidad las graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante la guerra civil y es perpetuado por la Corte Suprema de (in)Justicia que se niega revertir esa ominosa normativa.

La Sala Constitucional había anunciado una pronta sentencia contra la referida ley, pero recientemente el magistrado Florentín Meléndez se retractó. En su “zafada”, Meléndez dijo que “es la Asamblea la que debe derogarla”. (Menos mal que tales declaraciones fueron en el marco de la recordación del martirio de Monseñor Romero, cuyo asesinato está impune gracias a la Ley de Amnistía)

Pero este “¡Viva la impunidad!” también es alimentado por la Fiscalía y el Sistema Judicial que no actúan, a pesar de que los delitos de lesa humanidad son inamnistiables e imprescriptibles. De hecho, una sentencia de inconstitucionalidad del año 2000 estableció que para estos delitos no aplica la Ley de Amnistía.

El Fiscal Luis Martínez debió proceder de oficio y decretar orden de captura para que la Policía llevara directo a un tribunal a la otrora “voz terrorífica de la guerra”, como llamó a Vides Casanova un torturado por la Guardia Nacional.

Así que “¡Viva la impunidad!”, señores diputados de la Asamblea Legislativa. “¡Viva la impunidad!”, honorables magistrados de la Sala Constitucional. “¡Viva la impunidad!”, señor Fiscal General y señores jueces.

Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS)

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