La frase que mejor define los juegos políticos de la Sala Constitucional es “una de cal y otra de ARENA”. En su maniobra más reciente suspendió el desalojo de 80 familias pobres y un día después revirtió un millonario endeudamiento público.

La suspensión del desalojo afecta a la oligárquica familia Dueñas que pretende construir más centros comerciales y residencias de lujo en las tierras de los antiguos pobladores de la Finca El Espino. Dicha acción fue, por tanto, aplaudida por organizaciones progresistas que defienden el derecho de las comunidades a la posesión de sus tierras y criticada por élites empresariales que la consideran un acto que impide nuevas inversiones.

Y la reversión del endeudamiento público es un duro golpe contra las finanzas estatales. Esta decisión es, desde luego, aplaudida por la derecha opositora que apuesta por el desfinanciamiento como forma de boicot contra el Ejecutivo y criticada por la izquierda gobernante que la considera un zarpazo contra las posibilidades de ingresos estatales.

Por presuntas anomalías en la aprobación, la Sala admitió una demanda presentada por personeros de derecha contra el decreto legislativo que permitía al Ejecutivo emitir títulos valores por 900 millones de dólares; y, mediante la suspensión del acto reclamado, revertió los 100 millones que ya habían sido contratados para financiar políticas de seguridad, programas de prevención de la violencia y planes antidelincuenciales.

Esto desnuda a la Sala en su estrategia deliberada para afectar los ingresos gubernamentales a través de sentencias de inconstitucionalidad contra reformas tributarias, el FONAT, etc.

Así, la Sala juega a favor de la derecha oligárquica que sabotea financieramente al gobierno de izquierda. Esta estrategia incluye la evasión y elusión tributaria de grandes empresas, el bloqueo de los diputados de ARENA a la reforma fiscal y a los préstamos, las exigencias de austeridad y reducción del gasto público que plantean ANEP y FUSADES, y las sentencias de inconstitucionalidad que golpean los ingresos estatales.

El país debería reflexionar profundamente sobre el impacto de las sentencias de la Sala Constitucional y la ciudadanía entera debe movilizarse para exigir a los magistrados que dejen de conspirar contra los intereses nacionales, en este caso contra las posibilidades de financiar acciones urgentes en materia de seguridad pública y combate a la violencia.

ARPAS

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