La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sigue retrasando la resolución de las demandas de inconstitucionalidad contra la Ley de Telecomunicaciones promovidas por la Red por el Derecho a la Comunicación (ReDCo). Así, los magistrados postergan la posibilidad de iniciar un proceso de profunda reforma al marco normativo de las comunicaciones.

Las referidas demandas impugnan el carácter de bien privado de las concesiones radioeléctricas, la subasta al mayor postor como único mecanismo de asignación de frecuencias, la eternización de las concesiones por medio de renovaciones automáticas, la falta de límites antimonopólicos que contrarresten la concentración mediática, el uso ineficiente del espectro radioeléctrico debido a excesivos anchos de banda y la exclusión de los medios comunitarios y públicos.

En mayo del año pasado, la Sala se comprometió a resolver las demandas en un período “no mayor de 30 días” y durante los últimos meses algunos magistrados vienen diciendo que ya “está próxima” la emisión de sentencia. Pero nada.

A este retraso, se suma el riesgo de que la eventual resolución no se ajuste a los principios constitucionales aludidos por las demandas: igualdad, libertad de expresión, orden económico con justicia social, prohibición de prácticas monopólicas, régimen de concesiones y prevalencia de los tratados internacionales sobre las leyes secundarias.

Existe el peligro de que la Sala con su posible sentencia perpetúe el actual esquema mediático corporativo y excluyente, en vez de propiciar una reforma que actualice el marco jurídico de las comunicaciones y permita la construcción de un modelo mediático más plural que garantice mayor diversidad de voces.

Esta preocupación tiene a la base resoluciones criticables como la que declaró constitucional el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Increíble pero cierto: la Sala avaló principios como la expropiación indirecta, trato nacional a empresas extranjeras y otros que condiciona las políticas públicas, menoscaban la soberanía nacional y violentan la autodeterminación del país (Por cierto, ni las organizaciones antiTLC ni los demandantes se pronunciaron sobre la ominosa sentencia).

Así que, debido a este nefasto antecedente, las organizaciones promotoras de la democratización de las comunicaciones estamos vigilantes de la Sala exigiéndole que la eventual resolución se corresponda con los principios constitucionales y con los estándares internacionales sobre libertad de expresión, derecho a la comunicación y medios.

Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS)

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